Cuántos muertos más son necesarios en las cárceles de Honduras
15/02/2012
- Opinión
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares CPTRT, lamenta la muerte prevenible de 355 hondureños en la Granja Penal de la ciudad de Comayagua, el pasado 14 de febrero a las diez de la noche.
Lo ocurrido en la Granja Penal es producto de la negligencia histórica del Estado, el abandono en que permanecen los privados de libertad de los diferentes centros penales del país y una muestra del desprecio por la vida en una sociedad inmersa en un clima de violencia.
Hoy la comunidad nacional e internacional debe preguntarse, si la Granja Penal de Comayagua que se ha considerado una de las mejores cárceles del país, cuál será la situación de las demás cárceles de Honduras.
Los testimonios y denuncias que hemos recibido, indican que hubo negligencia a la hora de responder al momento de la tragedia. Los prisioneros murieron sin poder salir de sus celdas.
Los privados de libertad son seres humanos con derechos inalienables, que el Estado debe garantizar su protección, tal como establecen los tratados y convenios internacionales.
Hoy más que nunca hacemos nuestras las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas que estableció en visita al país el año 2009, que es necesaria “la adopción de una política penitenciaria que defina un plan integral con metas, objetivos y etapas, creándose una estructura autónoma, independiente de la policía, que pueda llevar a cabo las misiones y funciones necesarias a sus fines”.
Es evidente que en Honduras no existe una política adecuada para el manejo de los centros penales del país.
Condenamos la falta de voluntad política para establecer un sistema de rehabilitación en las cárceles del país, convertidas en universidades del crimen.
Hoy demandamos de toda la clase política, el pueblo así lo reclama, acciones concretas como la aprobación de la nueva Ley Penitenciaria, engavetada en el Congreso Nacional desde el año 2008, que podría contribuir a mejorar la situación de las personas privadas de libertad en las cárceles de Honduras.
Expresamos nuestra solidaridad permanente con los familiares de las victimas que hoy sufren la muerte de sus seres queridos, les acompañamos y demandamos de las autoridades una investigación independiente, transparente y que se haga justicia a las víctimas de este nuevo crimen cuya responsabilidad es del Estado de Honduras, por violar los derechos humanos de las personas.
Tegucigalpa 16 de febrero de 2012.
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