Ecuador

Cidh-Oea, ONG's del <i>establishment</i> de EEUU, chicos de El Universo y mass media de Ecuador

Alexis Ponce

31/10/2011

Opinión

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En estos días, periodistas del establishment criollo, dirigentes de la Conaie (que jamás acusaron a ningún gobierno conservador de lo que hoy acusan al de Rafael Correa (escuchen bien de qué lo acusan: de "GENOCIDIO" ¡¿?!), y viajantes de ONG's ecológicas y de DH que han hecho vida eterna en el circuito tradicional de la CIDH-OEA, tienen las primeras planas en la CNN, los medios de EEUU, y -obviamente- los mass media locales de Ecuador (canales, radios y periódicos de los grupos monopólicos privados).

En estos días, en Washington, esos "actores": de la fundación criolla Fundamedios el uno; de diario El Universo el otro; y del canal de televisión del grupo financiero Egas, Teleamazonas, el último; fueron stars-system del show mediático en la Comisión Interamericana de la vetusta OEA.

A la par, como consta en el aviso publicitario abajo anexado que circula profusamente por los parajes electrónicos de las ONG’s del continente, esos tres “actores” se presentaban en este otro circuito, el de la llamada “sociedad civil" estadounidense, a través de una ONG de EEUU “experta en asesorías sobre litigios estratégicos” en el mismo sistema interamericano.

Se trata de la DPLF ("Fundación para el Debido Proceso Legal") con sede en Washington, que invitó a los mismos tres periodistas ecuatorianos (Cristhian Zurita, César Ricaurte y Wilson Cabrera) quienes pasaron en la OEA exhibiéndose como víctimas y testigos de la “atroz represión estatal” contra la sacrosanta ‘libertad de expresión’, a ser expositores en un evento muy del gusto de las ONG's norteamericanas que reniegan de otros temas de DDHH y que únicamente sostienen el viejo y occidental enfoque liberal de los derechos.

Averiguado el asunto, resulta que la DPLF, según su web, solo se preocupa por "el imperio de la ley", concepto muy caro al establishment de EEUU, y de "la modernización de los sistemas nacionales de justicia de América Latina". Ojo: no se preocupan del sistema de justicia de su mismo país, EEUU, o de "las Américas", como dicen para referirse a este continente, sino de los sistemas de justicia de América Latina. (Se pretende, según la vetusta visión de la OEA y de las ONG’s liberales de DDHH de Occidente, que el sistema de justicia de EEUU es un modelo ejemplar, y los de Latinoamérica, en cambio, vestigios de la prehistoria de la democracia, y expresión de lo tan incivilizados que aún estaríamos).

La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), según su web, se promociona como “la única organización privada sin fines de lucro, con sede en los Estados Unidos, que promueve la reforma y la modernización de los sistemas nacionales de justicia de América Latina, para asegurar que el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos sean el sello fundamental de los sistemas de justicia. Todo este trabajo lo realiza a través de actividades académicas, de investigación, capacitación y asesoría en litigio estratégico”.

Su consejo directivo es presidido por el ciudadano Thomas Buergenthal, eslovaco, nacionalizado estadounidense, cuya hoja de vida inicia con un fuerte espaldarazo humano: haber pasado por un campo nazi de concentración en condición de víctima; pero luego aparece, en lo profesional, asumiendo muchos cargos, y uno de ellos me llamó la atención: gran alfil (juez) del viejo sistema interamericano (OEA) entre 1970 y 1991. Es decir que, luego de ser parte de la CIDH-OEA como juez, hoy preside una ONG que hace "lobbie" por temas estratégicos -entiéndase: demandas contra estados latinoamericanos- en la misma CIDH-OEA. Pero luego hallé una perla: fue juez del tribunal administrativo del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, una de las instituciones cuyas políticas en gran favor de los derechos sociales y económicos de Latinoamérica, las padecimos durante dos décadas perdidas: los 80as y los 90as.

Uno de los miembros de esta ONG, Alejandro Garro, planteó en una carta suscrita por varias eminencias del Human Rights Watch (HRW), su “preocupación” al extinto presidente progresista Néstor Kirchner, citando su fin: “evaluar las eventuales consecuencias de iniciativas legislativas que podrían afectar aquellas instituciones democráticas que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, tales como la prensa libre y un poder judicial independiente”; documento que -extrañamente- lo filtró de inmediato como "nota exclusiva” el conservador diario LA NACION, que es como “El Universo” de la avenida Corrientes.

Hay que recordar que esta otra ONG de los EEUU, ésta sí muy famosa, realiza una cena de gala anual donde recibe donaciones de algunas empresas acusadas de violación a los derechos humanos, como Nike o Reebook, se precia de estar asesorada, ‘entre otros reconocidos académicos y analistas’ como reseña su web, por Peter Hakim y Michael Shifter del Interamerican Dialogue ("Diálogo Interamericano", la espada conceptual de la reconversión neoliberal de los estados latinoamericanos en los 90as), y el ex asesor del presidente Bill Clinton, Arturo Valenzuela. Según sus registros, Alejandro Garro, junto al profesor de Harvard, Kenneth Maxwell y el famoso inversor financiero George Soros, hacen parte del comité asesor de HRW.

De igual forma, DPLF publicita que colabora en litigios estratégicos y ofrece asesoría técnica a sus contrapartes y sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que “asistencia técnica legal y capacitación en diversos temas con la finalidad de que su trabajo pueda tener un mayor impacto a nivel nacional e internacional”.

“Finalmente, y tal vez lo más importante (así señala su web), los seminarios y talleres vinculan a nuestras contrapartes con actores clave, como Oficiales gubernamentales, jueces (…) y altos funcionarios de Naciones Unidas y la OEA, que participan en nuestros eventos. De esta manera, nuestras contrapartes pueden desarrollar vínculos importantes y levantar su perfil público, optimizando así su posición estratégica para influir en el diseño y ejecución de las políticas públicas sobre derechos humanos en su región”.

‘A confesión de parte, relevo de prueba’, decían los expertos de la abogacía. ¿Ese, pues, fue el aporte de DPLF a los expositores de Fundamedios, El Universo y Teleamazonas?; ¿cabildear y organizar eventos para que “os tres mosqueteros criollos "desarrollen vínculos importantes y levanten su perfil público, optimizando así su posición estratégica para influir” en la CIDH-OEA?

De manera veloz, por ejemplo, en Washington, el reciente 17 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, urgió al Estado de Bolivia “a garantizar la integridad física y seguridad de los manifestantes que participan en la marcha contra la construcción de una carretera que atravesaría el TIPNIS”. La experiencia en el cabildeo y la diligente rapidez en la vetusta CIDH-OEA, que por contraste “congela” cientos de casos que nada tienen que ver con Evo ni Correa, sino con el gobierno de EEUU, sirvió para que ese llamado de atención sea emitido tan rápido.

Así que… laboran previamente en el circuito, trabajan en (o para) la CIDH-OEA, luego forman ONG’s y fundaciones de DDHH, invitan a eventos a los mosqueteros, y finalmente hacen cabildeos para que la CIDH-OEA bendiga las posturas de estos Athos, Porthos y Aramis de la desestabilización en la parroquia.

"¡Bingo!", dirían los mass media.

Epílogo: Sea esta, otra razón, para sugerir a nuestro Mashi que no tienda la alfombra roja, ni acepte que llegue al país, y cancele la invitación a la conservadora CIDH-OEA. Luego, vayamos pensando en exigir a la CIDH-OEA, como a la misma OEA, equilibrio en sus posturas. En el 2007 propuse que la UNASUR junte a los activistas sociales de DDHH de todo el subcontinente comprometidos con el cambio, y junto a los gobiernos diseñemos una nueva arquitectura institucional de los derechos humanos, que supere a la matusalénica OEA y a las ONG's y fundaciones del circuito liberal.

Alexis Ponce, asesor social del ministro del Agua, activista social de los derechos humanos.

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