Marianela Paco Durán (MAS) explica la norma de Telecomunicaciones. Dijo que el espectro electromagnético (el espacio por donde circulan las señales de radio, televisión y otros) es un recurso natural, un bien público reconocido por la CPE. 

En la siguiente entrevista, la diputada Marianela Paco, del MAS, da algunas pistas sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que fue sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La asambleísta destaca la democratización del acceso a los medios y el fin de los oligopolios mediáticos como dos de los varios rasgos de la futura norma que espera 

— ¿Cuáles son los alcances del proyecto de Ley de Telecomunicaciones?

— En cuanto a los alcances, que son los fines que persigue este proyecto de ley,  tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento del derecho adquirido por las ciudadanas y ciudadanos del mundo y el que se ha traducido (en enero de 2009) en la Constitución Política del Estado (CPE), otorgándole al Estado boliviano el reconocimiento del espacio electromagnético como un recurso natural. Un recurso natural como bien público y como un derecho en cuanto a servicios se refiere. 

El derecho a servicios es la finalidad con un carácter universal y democrático desde la administración y su propia promoción de crecimiento. En ese mismo ámbito (hay) un objetivo mucho mayor que es tener una sociedad boliviana comunicada, intercomunicada, y una sociedad informada y con justicia en la administración de este espacio electromagnético, ése es el objetivo central.

Además de un elemento crucial en este momento de la historia de la humanidad como es la tecnologización, que permite transparentar la administración de la gestión pública, que es otro objetivo. No solamente ello, sino de reconocer los documentos digitales como medios de prueba en procesos judiciales, es decir, (los medios tecnológicos de las telecomunicaciones), no sólo sirven para transparentar la administración pública, para hacer negocios electrónicos, sino también para validar documentos como elementos de prueba en un proceso judicial.

— ¿Cuáles son las perspectivas de las telecomunicaciones a partir de esa nueva ley?

— (Con esta ley) mejoramos un posicionamiento que estaba retrasado en cuanto se refiere a ese sistema, porque hasta ahora las comunicaciones masivas (radio y televisión) se han elitizado, no llegan a todos los rincones; aún existen pueblos en Bolivia sin radios, ningún canal de televisión y menos Internet. Recientemente, en este Gobierno se ha logrado universalizar, aunque no en su totalidad, la telefonía móvil. Entonces esto han hecho que debamos cumplir con un mandato constitucional de otorgar ese derecho, legal y legítimo a la ciudadanía a partir de esos principios, la democratización, la universalización y la justicia.

— ¿Cómo era la anterior estructura?

— De acuerdo con la estructura neoliberal que teníamos, se asignaba casi la totalidad de la administración del espacio electromagnético al sector privado, el Estado se quedó casi sin nada. Actualmente, de casi 1.000 radioemisoras que existen en Bolivia, unos 80 son comunitarias y del Estado. A simple vista, podemos decir que en cuanto a radios, todas son privadas y una sola del Estado, como radio Patria Nueva; en cuanto a televisión, podemos ver que de 10 canales, uno es del Estado, como canal 7 (Bolivia Tv) y otros nueve canales de televisión  pertenecen a las universidades públicas, que habrá que ver si cumplieron o no con su función.  Entonces, hay esa desproporción, esa asimetría de que en una administración del espacio electromagnético no nos han permitido tener una comunicación eficaz, efectiva y de calidad.

— ¿Cómo será la distribución del espectro electromagnético con esta ley?

— Se establece que sea el 33% a cargo del sector privado, porque tienen su derecho de lucrar, ganar en cualquier rubro como están reconocidos en la Constitución Política del Estado. Del otro 33% se hará cargo el Estado boliviano para que haga llegar a todo el país una comunicación, una información directa por el medio que sea y a través del nivel central. Las gobernaciones y los municipios ahora, por esta ley, pueden adjudicarse los espacios electromagnéticos con más facilidades. Las normales y las universidades también podrán hacerse de estos espacios para fines educativos. El otro 34% se divide en dos actividades económicas también reconocidas en la CPE, una de ellas son las institucionales como las cooperativas mineras, las fundaciones, la Iglesia y otros. Esas entidades que no persiguen fines de lucro, y en la denominación de esta ley están como social comunitarias. 

En ese segundo componente de este grupo del 34% de frecuencias están las comunidades indígenas originarias campesinas y afrobolivianas a quienes se les está garantizando esos espacios electromagnéticos. Imagínense, en una época de dictadura no había una radio que hable, y por una sola (cadena) se tenía que escuchar todo, y todo lo querían estos gobiernos, hoy con esta ley ya no será así, porque se reconoce la pluralidad, profundiza la democratización y la universalización de la comunicación.

— ¿A qué atribuye las reacciones contrarias?   

— Los empresarios no han manifestado sus miedos, han trabajado más bien en el mejoramiento y fortalecimiento del proyecto de Ley del Telecomunicaciones a través de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia. Quienes han manifestado sus susceptibilidades por medio de sus defensores y abogados de oficio son los sectores que defienden sus propios intereses e inversiones, con tendencia neoliberal e imperialista de querer generar monopolios, oligopolios de medios de comunicación. A éstos, el país les ha dado una señal: que aquí no se permiten los oligopolios, que bajo supuestos de globalización nos estaban monopolizando por ejemplo los refrescos a través de la Coca Cola y otros. Ahora estamos diciendo que se nos respete nuestros derechos en nuestras diversidades, y eso estamos introduciendo en la Ley de Telecomunicaciones.

— ¿La Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) participó en el diseño de esta ley?

— Han participado. Es más, en una reunión que tuve con ellos, yo me predispuse a que me hagan llegar (sus)  observaciones, pero lo hicieron directamente a la Comisión (de Diputados), por lo tanto no hay más susceptibilidades que esas que dicen que se les va a quitar en justicia por los demás. (...) Entonces son susceptibilidades de protección de intereses muy particulares, y aquí en definitiva lo más importante es el bien mayor y el bien común de todos y no de unos cuantos.

— ¿Sobre la concesión de frecuencias?  

— Están garantizadas. Hay una disposición transitoria al final de la ley, en la que se menciona que los derechos adquiridos se respetan. Estos derechos adquiridos están a largo plazo, en la mayoría de los casos, incluso, hasta 2017. Entonces, no se les puede quitar, lo que sí, una vez que concluyan sus licencias, sus permisos deben entrar en igualdad de condiciones y oportunidades en esas cuatro formas de organización que reconoce la CPE. Eso es lo principal, sin embargo, que tengan miedo ir a una competencia es más que natural; pero de ahí, que eso sea obstáculo para aplicar la ley, no es posible. Toda ley tiene su tiempo para ponerse en vigencia plena respetando los derechos, por lo tanto esos temores no son razones para trabar las transformaciones necesarias del Estado, más si se trata de tener una sociedad bien informada y bien comunicada.    

— ¿Qué pasará con las radios ilegales? 

— Con esta ley se está prohibiendo y sancionando, porque son ilegales e interfieren una señal clara y nítida. El ruido en materia de comunicación es distorsionar la información y generar desinformación.