El nuevo intento de solucionar por decreto el drama de los derechos humanos, manifestado con la propuesta de la UDI y la declaración de ocho ex-tenientes generales, una vez más se volvió en contra de quienes sustentaron el golpe militar, pues lo único que produjo fue un nuevo avance de la verdad histórica, en este caso las revelaciones que salieron a la luz acerca de las exhumaciones de cuerpos de detenidos desaparecidos entre 1978 y 1989, que no hacen sino develar la naturaleza de política de Estado que estuvo en el origen de las conductas criminales de sus agentes. Algunos celebran alborozados estas manifestaciones como un paso hacia la reconciliación, en circunstancias que sólo se limitan a reconocer lo que todo el mundo sabe y lo que sufrimos en carne propia desde el primer día, y que por lo demás está siendo comprobado día a día en el plano judicial. ¿Qué avance hay en ello? ¿Y qué significaba lo contrario? El hecho que hoy aparezcan reconociendo lo que el peso de los hechos les impide seguir negando no hace sino desnudar la falsedad y la cobardía de la actitud que mantuvieron hasta entonces. No sólo mataron sino que mintieron y engañaron durante todos estos años. Pero ahora que la verdad histórica ha aflorado de manera incontestable, se hace necesario esclarecer conexiones y consecuencias. Hay un aspecto que ha pasado casi inadvertido en esta polémica, pero que a nuestro juicio presenta una absoluta interrelación. Nosotros hemos sostenido invariablemente que así como el Golpe Militar de 1973 no fue un hecho abstracto ni fue producto "de la espiral de violencia" de la cual "todos fuimos responsables", la violación de los derechos humanos tampoco obedeció sólo a la patología criminal de los autores directos. Afirmamos que hay una correlación indisoluble entre la violación de los derechos humanos y la implantación a sangre y fuego del actual modelo socioeconómico imperante, esto es, el sistema neoliberal. Es más, postulamos que la violación de los derechos humanos fue una condición de posibilidad para la implantación del modelo, caracterizado por inéditos niveles de desigualdad y sufrimiento social, escandalosa distribución regresiva del ingreso nacional e inusitada concentración de la riqueza y la propiedad de los medios de producción, cuyas bases esenciales permanecen inalteradas al cabo de tres gobiernos de la Concertación. Un ejemplo reciente de las orientaciones básicas del modelo se encuentra en la aprobación del incremento del 1% del IVA, con el pretexto de financiar programas sociales. Es decir, se asiste al absurdo de que las políticas asistenciales del Gobierno se financian con el castigo al consumo de los destinatarios de esas políticas, en lugar de haber corregido las injusticias de la distribución regresiva del ingreso, financiando esos programas sociales con un royalty a las exportaciones de la gran minería del cobre, o por medio de un IVA diferenciado con recargo a artículos suntuarios o reduciendo el gasto militar, el más elevado de América Latina. De aplicarse un royalty a las exportaciones de la gran minería privada del cobre, se obtendrían a lo menos 300 millones de dólares por año, de sobra suficientes para financiar el gasto social solicitado por el Gobierno, pero se prefiere meterle la mano al bolsillo de la gente con el agravante de que eso ocurre en un país que ostenta uno de los mayores índices de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. En el último informe del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, dado a conocer sólo hace unos pocos días, aparece que Chile es el segundo país de peor distribución en Latinoamérica, detrás de Brasil. Chile ostenta el dudoso privilegio de figurar como el noveno país del mundo de peor desigualdad en la distribución del ingreso, sólo superado por Sudáfrica, Brasil, Paraguay, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Botswana y Swazilandia, en ese mismo orden. En el rubro Desigualdad del Ingreso, el mismo informe del PNUD establece que en el año 2000, el 10% más pobre tuvo una participación del 1,1% del ingreso o consumo, mientras el 10% más rico tuvo una participación del 34,6% del mismo. Si este indicador se mide por quintiles de ingreso, tenemos que el 20% más pobre tuvo una participación del 3,2% del ingreso o consumo, mientras el 20% más rico tuvo una participación del 61,3% del ingreso. Las cifras del informe de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, del año 2000, elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional, son consistentes con el informe del PNUD, toda vez que demuestran que el 10% de la población de mayores recursos concentra el 42,3% de los ingresos, y que recibe lo mismo que los ocho primeros deciles, esto es, gana el equivalente a la suma de los ingresos del 80% de la población. La diferencia entre los dos deciles extremos, vale decir el 10% más rico y el 10% más pobre, aumentó de 30,14 veces en 1990, a 38 veces en el año 2000. Los guardianes del dogma neoliberal postulan que el "chorreo" del crecimiento es el único factor de reasignación de recursos y la exclusiva vía para terminar con la pobreza. Pero la realidad muestra que lo único que consiguieron fue elevar el 30% de la población bajo la línea de pobreza en la década de los 70, hasta el 40% el año 1990. La suma del desempleo y el empleo informal desemboca en una cifra cercana a los dos millones de personas excluidas del mercado del trabajo. Si se considera su grupo familiar, a un promedio 4,4 personas por familia según cifras del INE, implica que el sistema condena a la pobreza a cerca de ocho millones de chilenos, o a más de nueve, si se incluye a los aproximadamente 500 mil trabajadores que ganan el sueldo mínimo. La ofensiva para "flexibilizar" el mercado del trabajo actualmente en boga, bajo el pretexto del "crecimiento", somete al sector asalariado a crecientes grados de explotación, con sueldos miserables y jornadas cada vez más prolongadas, muchas veces sin contratos ni leyes sociales, bajo permanente amenaza de despidos e inestabilidad laboral. Sus organizaciones sindicales son perseguidas y se les impide el derecho de huelga real. La otra cara de la medalla es la extraordinaria concentración los medios de producción y la transnacionalización de la economía chilena. Además de la gran minería del cobre, en la actualidad, la presencia de capital transnacional es mayoritaria y extraordinariamente concentrada en sectores vitales para la economía del país, como la banca, la previsión y los seguros; la actividad agroexportadora y la industria salmonera; la electricidad, el gas y las telecomunicaciones; los servicios sanitarios y la infraestructura vial, puertos y aeropuertos. Ahora que la verdad histórica acerca de la génesis del golpe militar de 1973 y la violación de los derechos humanos ha quedado establecida, no debemos soslayar que su fin último apuntó a instalar un modelo socioeconómico injusto, excluyente y estructuralmente desigual, como esta apretada síntesis de cifras y estadísticas contribuye a demostrar. 30 de julio de 2003 * Presidenta del Partido Comunista.