Pese a que por medio del canciller, Édgar Gutiérrez, el Estado de Guatemala intentó el lunes 17 suspender el inicio del proceso para el esclarecimiento del asesinato de la antropóloga Guatemalteca Myrna Mack, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en la diligencia del el martes 18, abrir juicio contra el Estado por su responsabilidad en ese crimen ocurrido el 11 de septiembre de 1990. Con esta resolución la CIDH rechazó la petición de Gutiérrez debido a que no abarca la aceptación de que el Estado Mayor Presidencial (EMP) instruyó y planeó la violación al derecho a la vida de Mack; y tampoco aceptó que la responsabilidad institucional se pueda entender como la aceptación de que agentes del Estado hayan obstruido la justicia; hayan efectuado amenazas e intimidaciones contra actores del proceso. En la audiencia se escucharon los testimonios de Claudio Grossman, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Lucrecia Mack, hija de la antropóloga, y de Virgilio Rodríguez, un vendedor de periódicos exiliado en Canadá, quien aportó detalles de la vigilancia que mantenían elementos del Estado Mayor Presidencial sobre la víctima. También declararon monseñor Julio Cabrera, así como Helen Mack, hermana de la víctima. El miércoles 19 se conoció que El Estado de Guatemala abandonó su defensa en el juicio que celebra en su contra la CIDH. Según se indicó, el Estado anunció, además, que sólo volvería a la audiencia la tarde del jueves 20, para plantear una posición final. El representante del Estado, Ricardo Alvarado Ortigoza, dijo que como hombre de Estado no podía seguir escuchando testimonios que debilitan al Estado de Guatemala y a su sistema de administración de justicia. De acuerdo con la interpretación de expertos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la decisión del Estado de retirarse del juicio significa -técnicamente- que ha incurrido en desacato, contumacia, rebeldía y abandono de la defensa. Los representantes del Estado, al abandonar el juicio contra su representado, posiblemente buscan fines maliciosos ulteriores, como desconocer todo lo actuado en las audiencias. Según Helen Mack, que actúa como parte acusadora, el abandono del juicio constituye un agravio, una falta de respeto y una bofetada a la CIDH y al sistema interamericano en su conjunto. Técnica y tácitamente, el retiro equivale a desconocer a este sistema y su competencia, dijo. El viernes 21, el Estado a través de Ortigoza aclaró solicitó permiso a la Corte para retirarse del periodo de rendimiento de pruebas, más no del juicio. También dijo que la CIDH, al referirse a "mínima parte" quiere decir que "hay derechos conculcados que física y materialmente ya no es posible restituir". Explicó que "contumacia" significa "confesión por ausencia", y que al comparecer el Estado a la audiencia convocada por la CIDH y confesar su responsabilidad institucional en la violación al derecho a la vida de Myrna Mack, no se dio tal situación. Declaró que espera que la Corte permita al Estado guatemalteco decidir las indemnizaciones reparatorias que en mínima parte alivien los daños y el sufrimiento causado a los peticionarios de Myrna Mack. Mientras tanto, el proceso en segunda instancia programado para el 26 de febrero en los tribunales guatemaltecos, podría retrasarse si la Sala Cuarta de Apelaciones acepta una recusación presentada el martes 18 por el Ministerio Público (MP) en contra de la jueza Rosa María de León Cano por haber trabajado como asesora del hospital Militar, razón por la cual pudo haber caído en imparcialidad. Por el asesinato de la antropóloga el ex especialista del EMP Noel de Jesús Beteta se encuentra purgando 30 años de cárcel como autor material. El coronel Juan Valencia Osorio fue condenado en octubre de 2002 a 20 años de cárcel, mientras el general Édgar Godoy el también coronel Guillermo Oliva Carrera se encuentran encarcelados mientras se define el proceso. En dos meses, la CIDH, tendrá un veredicto sobre las pruebas y alegatos que representantes estatales y de la víctima presentaron. Organizaciones internacionales piden investigar y desarticular a grupos clandestinos Diversas organizaciones de Europa, Canadá y Estados Unidos, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Acción Ecuménica Sueca, el Centro Sueco de ONG para el Desarrollo, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia-Alemania, manifestaron, en un comunicado de prensa, su firme apoyo a la propuesta hecha por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en torno a que pida a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su colaboración en la comisión, para desarticular los grupos clandestinos y aparatos paralelos de seguridad en el país. Las organizaciones urgieron al gobierno que solicite formalmente a la ONU y a la OEA su participación en la comisión, como una muestra clara de su voluntad política y compromiso de combatir a dichos cuerpos. En Guatemala también seis entidades humanitarias señalaron en un comunicado su preocupación porque esas estructuras se han fortalecido durante el gobierno de Alfonso Portillo, sin que éste las investigue para desarticularlas y procesar a sus integrantes. Las entidades, entre ellas, las fundaciones Rigoberta Menchú y Myrna Mack, así como por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA), denunciaron que el Estado guatemalteco no muestra voluntad para crear la comisión referida. Los grupos indicaron que hace más de un mes que el Procurador de Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, y el Congreso de la República, pidieron a Portillo que creara la comisión investigadora. Sin embargo, hasta el momento no ha mostrado voluntad política para constituirla. * Centro de Estudios de Guatemala
La Semana en Guatemala. Resumen de noticias, del 17 al 23 de febrero de 2003