Un gravísimo déficit de credibilidad distingue a las instituciones, los partidos y la política en su conjunto, incluido el gobierno de la República.

No otra cosa pone de relieve la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, difundida por la Secretaría de Gobernación, pero realizada por el presuntamente autónomo Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, a cargo de Eduardo Sojo García-Aldape, distinguido integrante de la Organización Nacional El Yunque.

Los resultados de la muestra aplicada a 4 mil 383 ciudadanos por medio de entrevistas de conocimientos, fueron dados a conocer por la secretaría que encabeza Fernando Francisco Gómez-Mont Ureta --el exitoso abogado del Grupo México, mutado a responsable de la política interior--, primero a través de un boletín de prensa y enseguida en un acto al que no fueron convocados los medios de comunicación, como si buscaran reforzar la desconfianza ciudadana.

En vísperas de las intermedias para elegir a los integrantes de la Cámara de Diputados, de congresos locales y presidencias municipales –jefes delegacionales en el caso del Distrito Federal-- en 14 estados de la Federación, en seis de ellos también para votar por gobernador, se reconfirma lo que es secreto a voces: 66 de cada 100 mexicanos opina que las elecciones no son limpias. Sólo 31 por ciento tiene “mucha confianza” en el Instituto Federal Electoral, conducido por Leonardo Valdés Zurita.

Y el Consejo General del IFE reaccionó ante la aguda pérdida de credibilidad que le heredó Luis Carlos Ugalde Ramírez --el extraordinario gesticulador que se subordinó con ordinariez al Anpri el imborrable 2 de julio de 2006--, con una campaña mediática de altísimos decibeles y escasa creatividad que agravian los oídos y el sentido común. No se requiere agudeza para augurar que la ofensiva publicitaria generará efectos opuestos a los que busca la elite partidizada del instituto.

Los que mejor salieron librados fueron la Iglesia --¡en singular!-- con 42 por ciento y el Ejército con 38 por ciento de “mucha confianza”. Relativícelo usted mismo, generoso lector, porque insisto en la tesis de que la milicia es temida más que respetada, amén de que sería pertinente separar a la jerarquía católica, cada día más impugnada por sus abiertos vínculos de connivencia con los poderes terrenales y la protección a los sacerdotes pederastas, respecto a la institución que dirige.

El conjunto de los datos pone en relieve una severa crisis de las instituciones básicas de la política, de las formas de conducirlas y de actuar, muy a la mexicana por cierto.

Para Sara Lovera López, autora de Palabra de Antígona, se trata del fracaso de la transición a la democracia. Es decir, además de lenta y longeva, ya fracasó la que arrancó con el anuncio formulado en abril de 1977, en Chilpancingo, Guerrero. Es de desearse que la feminista se equivoque.

Más allá de los deseos, la realidad exhibe en estos días de emergencia sanitaria por la influenza por virus porcino en México --y de alerta de la Organización Mundial de la Salud por los brotes en varios países--, la incredulidad ciudadana ante las explicaciones y medidas gubernamentales.

Al antiguo y extendido condicionamiento de leer e interpretar al revés los anuncios oficiales, no podían escapar por desgracia las medidas tomadas para el Distrito Federal, el estado de México y San Luis Potosí.

La severa falta de vacunas y medicamentos –como Tamiflú, de Roche; y Relenza, de Glaxo--, aunque Felipe de Jesús Calderón Hinojosa asegure lo contrario, además de la pifia de asegurar que el único sitio con brote epidemiológico es México, agravian la credibilidad, indispensable para afrontar con éxito la emergencia sanitaria.

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