Sobre 30 mil trabajadores y trabajadoras participaron en una marcha por la zona bancaria de San Juan, Puerto Rico, para denunciar los planes de despidos y privatización del gobernador, Luis G. Fortuño, el pasado primero de mayo. Los despidos—que podrían superar los 50 mil trabajadores en distintas agencias del gobierno—son parte de las medidas anti-obreras aprobadas por el nuevo gobierno en medio de la peor crisis económica que ha vivido el país en décadas.

La marcha se realizó tras una convocatoria a paro de un día para el primero de mayo, día internacional de los trabajadores. El paro fue impulsado por 5 uniones obreras, entre las que está la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Acueductos, 3 de las uniones de mayor tradición de lucha y combatividad en el país. Dentro de sus respectivas áreas, el paro tuvo un seguimiento casi total de las matrículas y la enorme marcha, una de las más grandes en la historia del primero de mayo, así lo demostró.

El paro ha sido el acto más contundente de una serie de protestas y actividades que se han organizado contra el gobierno desde que la nueva administración de Fortuño llegará al Capitolio en enero pasado.

El paro denunciaba la aprobación de una serie de leyes y medidas legislativas que destruyen los derechos laborales e institucionalizan la privatización.

Se trata de un paquete de medidas legislativas, similares a los ajustes estructurales impulsados durante décadas en Latinoamérica por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, principales responsables del incremento de la pobreza y de la destrucción de los derechos laborales en América Latina.

En el caso de PR, como colonia de EEUU, se trata de la voluntad de los bonistas de Wall-Street—específicamente de Moody’s y Standar and Poor—reguladoras del crédito del Gobierno de PR.

Durante los últimos años, estás casas crediticias han exigido medidas agresivas del gobierno, amenazando con degradar el crédito de PR a chatarra si estas medidas no se tomaran. “Hay que balancear el presupuesto. No tenemos alternativas.  Las casas acreditadoras básicamente me dijeron 'tienes una oportunidad al bate'”, aseguró Fortuño a la prensa tras una reunión con lo bonistas a principios de este año.

El asunto del crédito de PR es de vital importancia para garantizar las ganancias de los bancos y las corporaciones, así como para poder mantener un clima de inversiones favorable para las compañías extranjeras. Estas empresas extranjeras se llevan sobre $34 billones de dólares del país todos los años, mientras pagan un mínimo de esas ganancias en contribuciones. Estas mismas casas crediticias han sido responsables del aumento en los costos de matrícula en la universidad del estado, del aumento de agua y la electricidad, y de la imposición hace 3 años de un impuesto de 7% sobre las compras.

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Desde su victoria en noviembre, el gobernador Luis G. Fortuño ha establecido una política clara de entrega a la banca y las corporaciones. Mientras que durante la campaña política del año pasado Fortuño imitó el lema de cambio de Barak Obama, la realidad es que su gobierno no se distancia de los gobernantes anteriores de la isla.

Su gobierno ha establecido una clara dictadura del capital y las empresas sobre la clase trabajadora. Muchas de las medidas impulsadas por su gobierno salen directamente de un Comité de Empresarios a los que el gobierno les encargó la tarea de investigar las finanzas del gobierno y recomendar medidas para atajar la crisis. Es este grupo empresarial, compuesto de los 12 empresarios más influyentes de la isla, los que realmente están gobernando al país. Entre los banqueros se encuentra el presidente del Banco Popular, Richard Carrión, uno de las personas más ricas de la isla, y vinculado a muchos de los procesos de privatización del gobierno, incluida la venta de la compañía de teléfonos hace una década.

Estas medidas están recogidas en una ley llamada la “Ley Especial Declarando el Estado de Emergencia Fiscal”. Esta consta de tres fases dirigidas a reducir dramáticamente el tamaño del gobierno. La primera fase intentaba “incentivar” miles de renuncias voluntarias, ofreciendo plan médico por 1 año y la liquidación de los días de vacaciones y enfermedad, así como un incentivo en dinero por renunciar. Esta etapa ha sido un fracaso, acogiéndose un número pequeño de personas, en su mayoría empleados que ya estaban a punto de retirarse. Es evidente, con la enorme crisis económica en que estamos, que nadie desea perder su trabajo. El desempleo oficial en la isla asciende a casi el 15%, mientras que los cálculos extraoficiales lo colocan por encima del 20%.

La segunda fase del plan de restructuración del gobierno consiste en despidos masivos. El gobierno habla de sobre 30 mil despedidos, mientras que los sindicatos aseguran que de cumplirse los planes del gobierno, sobre 50 mil personas podrían quedarse sin trabajo. Esto dejaría sin sustento a cientos de miles de familias en la isla, agravando aún más la crisis.

La tercera fase consiste en suspender todos los convenios colectivos negociados por el término de dos años, dejando sin aumentos, sin beneficios marginales y sin derechos laborales a todos los empleados del gobierno. Se trata, como se decía arriba, de una dictadura descarada del capital.

Sin embargo, mientras todas las denuncias públicas se han concentrado en los despidos masivos de empleados públicos, el proyecto de gobierno de la administración Fortuño no se limita a atacar el empleo público. Se trata de un ataque global contra toda la clase trabajadora.

La privatización del gobierno estará garantizada a través de la estructuración de las Alianzas Publico Privadas, una ley que facilitaría la entrega del gobierno a empresas privadas. Mientras que la privatización no es nueva, la agilidad e institucionalización de la privatización amenaza todos los derechos laborales y los servicios esenciales que necesita el pueblo. Es la lógica de despedir para luego volver a contratar a los trabajadores, sólo que con sueldos más bajos, sin ningún derecho laboral y sin ninguna organización sindical. La paga doble los domingos en las empresas privadas también está amenazada.

Para la escuela pública el ataque es similar. El gobierno desea privatizarlas a través del establecimiento de las Escuelas Charter, escuelas que han sido rechazadas consistentemente por los maestros en PR desde 1993. El año pasado, una huelga de 10 días convocada por la FMPR logró un acuerdo que comprometía al Departamento de Educación a dejar fuera el establecimiento de las Escuelas Charters. La FMPR fue desertificada como unión oficial de los maestros durante la huelga y derrotó los intentos de la SEIU de apoderarse de la representación de los maestros en octubre pasado. En estos momentos, la FMPR ha advertido que de ser necesario, el semestre que viene se irá a la huelga para defender el empleo y para rechazar las Escuelas Charters.

El panorama sombrío se completa mientras miles de empleos se pierden en el sector privado y aumentan los problemas relacionados con la pobreza, la falta de cuidado médico y la violencia y tensión social.

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Ante la magnitud del ataque patronal, la respuesta de la clase trabajadora ha dado indicios importantes de respuestas. En enero pasado se constituyó el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha—un frente de sindicatos, organizaciones comunitarias, sociales y políticas.

El FASyL pretende aglutinar a todos los sectores opuestos al gobierno en una agenda de lucha que ha incluido varias actividades exitosas de denuncias. Pretende también constituir el germen para comités de trabajadores por regiones en la isla, que puedan, a largo plazo, movilizar y organizar mejor a la clase trabajadora de la isla. Mientras que estos esfuerzos aún no han madurado lo suficiente, la iniciativa de unidad en la acción es importante de cara a los grandes retos que enfrentarán los trabajadores en PR.

Algunos sindicatos como la FMPR han iniciado sus preparativos y discuten abiertamente la necesidad y posibilidad de avanzar hacia más paros y huelgas contra las medidas del gobierno.

En la Universidad de Puerto Rico, los estudiantes llevan todo el semestre denunciado los recortes de presupuestos, clases y servicios en sus diferentes recintos. La semana del paro del primero de mayo, los estudiantes marcharon y ocuparon una Facultad todo el día y la noche en denuncia por los recortes presupuestarios que ascenderán a más de $300 millones de dólares, una tercera parte del presupuesto total del la Universidad. La ocupación transcurrió sin ningún incidente, ante la mirada de decenas de guardias de seguridad que ante la demostración de poder estudiantil no pudieron hacer nada.

El enorme potencial de la clase trabajadora está floreciendo en protestas y marchas, y la clase empresarial del país lo sabe. El editorial de uno de los periódicos locales advierte: “lo que no hace un buen servicio al País ni a la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones, sobre todo en estos momentos, es el seguir alimentando una retórica del pasado, explosiva y antagonista, que trasciende lo sindical y se adentra en lo político, como es el que mantiene una minoría del liderato laboral”.

El editorial, publicado luego del paro y marcha del primero de mayo, es un llamado de atención al gobierno para que se siente con gran parte del liderato de las uniones del país, sobretodo con el sector del movimiento obrero afiliado a la AFL-CIO y la SEIU. Llaman a negociar, para evitar que las uniones del país se salgan de la ‘esfera sindical’, y comiencen a articular demandas de clase.

“El matiz político que han dado a sus argumentos, esgrimiendo razones de lucha de clases e incorporando elementos hostiles a la discusión razonada de asuntos como la reestructuración gubernamental, afectan a priori las posibilidades de colaboración. Y es un punto que hay que tomar con preocupación, toda vez que la incursión política intransigente en la vida de los sindicatos retrasa el alcance de una nueva forma de pensar, de vivir y de atender los problemas que nos atañen en Puerto Rico”.

Aunque todavía es temprano para predecir el curso que tomará la lucha de clases en PR, el poder de la clase trabajadora ha comenzado a articularse en diferentes espacios y movilizaciones. Todo ese poder necesita ser organizado y movilizado para que aumente su combatividad y capacidad de respuesta. A la larga, sólo la incursión del movimiento obrero puertorriqueño en la política, con una política para la clase obrera, podrá desarrollar una nueva forma de pensar, de vivir y de atender los problemas en Puerto Rico.