Ayer, 18 de septiembre, a una semana de la masacre de campesinos en Filadelfia y Porvenir, y cuando se iniciaba el diálogo entre el Gobierno y los Prefectos en la ciudad de Cochabamba, cinco campesinos aún con balas en sus cuerpos llegaban desde sus comunidades ubicadas en Pando hacia Riberalta. Llegaban en busca de ayuda médica, pero por supuesto que no querían ir a un centro médico por temor a ser identificados por grupos y personas –que no sólo están en Pando- y que continúan amedrentándolos, y hostigándolos. Asimismo, en Pando recién ayer lograron encontrar dos cadáveres, uno de ellos era de un niño.

Mientras se va instalando con dificultad el diálogo en el valle, todavía mucha gente de las comunidades en la amazonía continúa sin ninguna seguridad y sin que sus más elementales derechos humanos estén garantizados por el Estado. Y es que lo sucedido en Filadelfia y Porvenir no ha acabado, y más bien se han desplazado hacia otras zonas donde la gente vive atemorizada, perseguida, amenazada y golpeada. Aún no hay una aplicación efectiva del estado de sitio en aquel departamento y las zonas a donde no alcanza esta medida no cuentan con protección o ésta es tan mínima que raya en la ausencia.

No es posible que la gente, a una semana de los sangrientos hechos, continúe sin protección estatal y que la ayuda humanitaria y el apoyo a tantas personas desplazadas esté sólo, o mayormente, en manos de la cooperación internacional. Y, ¿qué decir de la ausencia de la asistencia jurídica a los afectados para que puedan sentar sus denuncias por los atropellos, humillaciones y vejaciones a las condiciones más inhumanas a las que han sido sometidas y que hemos visto por los medios televisivos? Continúa la cacería de dirigentes y campesinos de base para evitar que denuncien los hechos, circulan listas de nombres de dirigentes y alcaldes quienes no tienen condiciones ni protección para presentar sus denuncias.

La comunidad internacional ha puesto sus ojos en Bolivia y ha seguido de cerca los acontecimientos ocurridos en estas semanas y se ha solidarizado con las familias que han perdido a sus seres queridos, con los dirigentes y líderes perseguidos y amenazados, con tantas personas desaparecidas y que permanecen ocultas, con las organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos y de la plena vigencia de la democracia en el país y que condenamos los hechos acaecidos en Filadelfia y Porvenir. Y es que la masacre de Pando ha sacudido, y sigue sacudiendo, nuestras fibras más profundas, en Bolivia y en el mundo entero.

Desgraciadamente, tuvo que ocurrir la masacre para hacernos caer en cuenta que en el país hemos tomado el camino más largo y equivocado para llegar al diálogo. Esperemos que el mismo que ahora se inicia con dificultad se encamine a sentar bases para construir un país con equidad, justicia social y con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que tantas personas, mujeres y hombres, han perdido la vida en la historia del país, y ahora en Pando, aunque esta vez frente a fuerzas irregulares que responden a intereses de determinados sectores y grupos.

Demandamos al Estado que no se sustraiga de su responsabilidad de otorgar seguridad a los ciudadanos(as) de Pando y que los responsables de la matanza del 11 de septiembre no queden en la impunidad, que sean juzgados y sancionados de acuerdo a Ley.

- Lorenzo Soliz es Director General de CIPCA
CipcaNotas, Boletín Virtual No 247, Año 7. Septiembre de 2008. www.cipca.org.bo