El Estado colombiano, de la misma manera como lo ha hecho cuando se declara el estado de calamidad en un territorio que ha sido afectado por fenómenos naturales de carácter catastróficos, en el caso del desplazamiento en donde por causales igualmente catastróficas pero en este caso de origen antrópico, miles de familias quedaron sin vivienda, sin bienes, ni patrimonio, sin empleo, sin acceso a servicios básicos, todo lo cual ya poseían y les  fue  arrebatado violentamente, al tiempo que fueron  rotas sus redes  sociales y culturarles,  sin que el Estado hiciera nada por evitarlo, son suficientes causales para que el mismo, bajo la responsabilidad directa de su nivel central, comprometiendo a todas las localidades implicadas en esta diáspora y con todos los recursos a su alcance, declare como prioridad nacional, ( como señala la Corte), la puesta en marcha de un plan de vivienda único, integral y de escala nacional cuyo objetivo central sea el de proveer de una vivienda digna, que cumpla con las condiciones de mínimo vital para con todas y cada una de las familias que en los últimos 20 años hayan sido víctimas del desplazamiento forzado, todo ello en el menor tiempo posible.

Una primera revisión de los resultados del programa de subsidios para la población desplazada, nos indica que en los últimos 5 años se han adjudicado 38.106 subsidios por un valor de 316.610 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado un 55% de los subsidios asignados (equivalente al 49% de los recursos) y se encuentran en las cuentas de ahorro programado 16.970 subsidios (45% del total),  por un valor de 158.337  millones de pesos (que representa un 51% de los recursos).

Una emergencia social como la de la vivienda popular y con mayor razón la vivienda para la población desplazada, no puede manejarse con una lógica de mercado, colocando a las víctimas de esta emergencia a defenderse en la selva del mercado de la construcción y del sistema financiero, que por razones obvias es inflexible frente a las carencias de la población objeto.

Es necesaria la organización de un Plan Nacional, que debe comprometer todos los esfuerzos presupuestales e institucionales del Gobierno. Garantizar a las familias desplazadas, la restitución del derecho a la vivienda, mediante la asignación de una vivienda propia subsidiada, para lo cual se hace necesario otorgar, un Valor único de reconocimiento, equivalente al valor de una solución de vivienda.

Aclarando  el sentido de la nueva política, es conveniente reemplazar el concepto de asignación de subsidios de vivienda, por el de otorgar un Valor único de Reconocimiento, para obtener una solución de vivienda subsidiada.

Para implementar un plan que permita atender, en un horizonte de cinco años, a 543.632 familias aproximadamente, que demandan una solución de vivienda, se hace necesario contemplar un esfuerzo presupuestal, de $15.5 millones en promedio por familia, teniendo en cuenta la localización de los desplazados, los costos diferenciales de la vivienda mínima de acuerdo al tamaño de las ciudades, la aplicación en otras alternativas como vivienda usada, mejoramiento, construcción en sitio propio etc. que se sintetiza en el siguiente cuadro.

5.1.2. Otras soluciones de vivienda

El plan Nacional de vivienda para desplazados, tendría un costo aproximado de 8.68 billones de pesos, considerando los costos administrativos asociados a la ejecución del plan y podrían distribuirse de acuerdo a los esfuerzos nacionales, territoriales e institucionales así:

Valores en millones de pesos (2008)

Valores en millones de pesos (2008)

Tanto para organizar la estructura institucional, como para operativizar la ejecución del plan de vivienda para desplazados, se requiere establecer un marco normativo que permita con flexibilidad, asegurar la eficacia en la ejecución del plan.

En estas circunstancias se hace necesario acceder a fuentes complementarias del presupuesto Nacional, endeudamiento externo, nuevas fuentes tributarias (4 por mil destinado a las víctimas de la violencia, etc.) y alternativas en el marco del sistema nacional de vivienda, dentro de las cuales se pueden considerar los recursos disponibles y no aplicados, por las Cajas de Compensación del país.

La garantía real del goce de los derechos reclamados por la Corte Constitucional, depende en casi todos los casos de la estabilidad de los ingresos permanentes de las familias.

-Germán Avila, Director Ejecutivo Nacional, FENAVIP

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org