Una tendencia en nuestro país es dejarse seducir por la coyuntura y a partir de allí derivar análisis que sólo consideran lo inmediato y hacen caso omiso de los factores relevantes y los efectos más profundos.

En los últimos meses la política nacional ha venido girando alrededor de problemas asociados a la desmovilización de los grupos paramilitares primero, luego al proceso de la parapolítica y ahora alrededor de la liberación de los supuestos miembros de las FARC y en especial del caso de Rodrigo Granda. Pero todo lo anterior tiene un elemento en común y poco o nada se habla del mismo: el narcotráfico.

Los grupos paramilitares se volvieron poderosas máquinas de guerra al convertirse en apéndices o controladores del negocio del tráfico de drogas ilícitas; la parapolítica no es otra cosa que la relación de políticos de distintos niveles con grupos de paramilitares y de narcotráfico para acceder a cargos de poder político; el conflicto interno armado, han repetido fuentes oficiales y analistas, se alimenta y expande en los últimos años porque se nutre de las rentas del narcotráfico para su reproducción. Si vamos atrás en nuestra historia política, la crisis de fines de los 80s que llevó al proceso constituyente del 91, en buena medida estuvo asociada a los ‘bombazos’ del narcotráfico –el narcoterrorismo generalizado- para tratar de incidir en la política de extradición y de nuevo la crisis política de mediados de los 90s –lo que se conoce como el proceso 8000-, se asocia a los ‘billetazos’ del narcotráfico para financiar campañas políticas –incluida la presidencial-.

Y pese a lo anterior, el narcotráfico sigue ahí, posicionado en la sociedad colombiana y extrañamente poco o nada se habla del mismo. Pareciera que a raíz de la narcotización de las relaciones colombianas durante el gobierno Samper, la salida haya sido no volver a hablar del tema, como si ignorándolo se solucionara. Pero la realidad es tozuda.

En lo relativo a los cultivos de uso ilícito, podemos decir que ‘gozan de buena salud’. Según la CIA las hectáreas de coca pasaron de 169.000 en 2001 a 114.000 en 2004 y a 156.000 en 2006, -de las cuales una cuarta parte corresponde a parques nacionales, zonas de frontera y reservas indígenas donde la fumigación es muy compleja– este incremento, según expertos, se asocia a la mejor calidad de los satélites que hacen el monitoreo y logran detectar áreas que anteriormente eran ignoradas; la ONU, presenta cifras más optimistas pero todo indica que se debe a deficiencias en sus sistemas satelitales de monitoreo y a sus métodos de estimación de las áreas. Adicionalmente, cerca de 200.000 familias campesinas están asociadas a esta actividad productiva y de allí derivan buena parte de su subsistencia. Y las otras fases del proceso del narcotráfico parecen seguir actuando de manera muy activa –diversos indicadores de incautación de coca o pasta de coca y del volumen de cocaína que llega al mercado de USA así lo indicarían-.

Y frente a ello, la única política repetitiva que se ha ensayado en los últimos decenios ha mostrado, con las cifras mencionadas de los propios Estados Unidos, su rotundo fracaso: la erradicación forzosa a través de la fumigación –la erradicación voluntaria y manual ha sido marginal-. Resultados más alentadores parece haber dado la interdicción.

Lo anterior lleva a plantearse si no va siendo hora que el tema del narcotráfico se coloque encima de la mesa nacional y se comience a hablar en voz alta sobre las soluciones posibles y viables, asumiendo además que hay corresponsabilidad con los países consumidores de estupefacientes. Porque no se va a encontrar solución real al conflicto interno armado, a la terminación de los grupos paramilitares, a la parapolítica, sino se encuentran soluciones de fondo y eficaces frente al narcotráfico.

Alejo Vargas Velásquez
Profesor Universidad Nacional