El 19 de febrero de este año se ha inscrito, con brutalidad, en la historia de Guatemala, como uno de los días más aciagos desde la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Siempre comprendimos que los principales retos que debíamos enfrentar, como sociedad, eran la insultante pobreza y desigualdad que caracteriza a nuestro país, que presenta el nada honroso blasón de ser el país más desigual de América Latina. Y por otro lado, la enorme debilidad de la institucionalidad de un Estado que sabíamos penetrado por la construcción paralela al amparo del régimen contrainsurgente y el inconmensurable poder económico del crimen organizado.

El asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y el conductor de su auto, junto a todos los hechos que se desencadenaron en días subsiguientes, así como una serie de declaraciones de funcionarios medios y de dirección de la Policía Nacional Civil, que permiten visualizar que la problemática es mucho más grave que la que mostraron los hechos, que ya de por sí son muy graves.

El que públicamente se haya aceptado que personas que no son parte de la institución policial realizaban labores de inteligencia, que participaban en operativos de alto impacto, como la toma de la Granja Penal Pavón, en los que usaban armas como fusiles de asalto, es de una gravedad extrema. Si a eso se le suma que el jefe de la unidad de combate al crimen organizado declare públicamente que fue informado, por sus subalternos que asesinaron a los 4 salvadoreños, del “error que habían cometido, porque no sabían quienes eran sus víctimas”. La situación que él revela es de terrible importancia, para este personaje, el error no es haberles asesinado, sino que no eran las personas que ellos creían.

La serie de barbaridades que llevan a la posterior ejecución extrajudicial de los investigadores, estando recluidos en un centro penitenciario, que sólo supuestamente es de “alta seguridad”, ya nos sumergió en el mundo de Kafka, en el que ya no es posible ninguna explicación racional.

Si a estos elementos se suman las acciones desarrolladas, aprovechando la inestabilidad que produjo la Superintendencia de Bancos al intervenir el BANCAFÉ, para desestabilizar al segundo banco más grande del país, en una clara operación de inteligencia de la más rancia y espuria escuela, que estuvo muy cerca de producir una corrida bancaria generalizada, lo que hubiera llevado al país al caos; y que al banco involucrado le significó el retiro de Q80 millones en depósitos, en un día; entonces y sólo entonces podremos hacer una valoración real y objetiva del problema al que está expuesto el país.

El grupo operativo que puede activar esa clase de acciones, y que seguramente está vinculado a una estructura de poder muy grande, para disponer de los recursos que ha exhibido, evidencia que puede hacer casi cualquier cosa, generar acciones de desestabilización generalizada y poner al país en un vilo, si decide que le conviene a sus espurios intereses.

A partir de estas constataciones, se puede visualizar la dimensión del problema y de las soluciones que hay que buscar implementar. Está muy claro que esta grave crisis, que puso en peligro la ya precaria gobernabilidad democrática del país, rebasa con mucho las capacidades de la débil institucionalidad del Estado. Éste, por tanto, no es un problema solamente de este Gobierno, aunque necesariamente deba asumir las responsabilidades que le corresponden, éste es un problema de carácter nacional, que demanda soluciones de carácter nacional y con visión de Estado. Lo que está en juego son los intereses del país y la posibilidad de que éste siga siendo un país viable y vivible.

Esta comprensión es absolutamente básica e indispensable para que la ciudadanía, especialmente las élites sociales, económicas y políticas, y los partidos, asuman con responsabilidad un papel de apoyo a la búsqueda de soluciones al problema.

El recurso fundamental al que el Gobierno recurrió fue a la propuesta de creación del Sistema Nacional de Seguridad, que el Consejo Asesor de Seguridad formuló hace un año y medio, y que ha servido de base de discusión en diversos espacios, para sólo mencionar los más importantes, la Mesa Nacional de Diálogo sobre Seguridad y Defensa del segundo semestre del 2005 y los trabajos de la Comisión de Seguridad del Foro de Partidos Políticos, que produjo importantes aportes, cristalizados en su ante proyecto de Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la que hace pocos días obtuvo dictamen favorable en el Congreso de la República.

Ante la gravedad de la crisis era indiscutible que el Gobierno debía hacer cambios, algunos de ellos era necesario realizarlos en los mandos medios de dirección, tardaron tal vez más tiempo del necesario en ejecutarse; eso hizo que la escalada de deterioro continuara, llegando a rozar muy peligrosamente a las máximas autoridades políticas; y en el caos y deterioro de la institucionalidad nadie gana, aunque en el corto plazo parezca lo contrario.

La creación del Sistema Nacional de Seguridad, que resume y contiene todo un entramado de creación y transformación institucional, que gradualmente habrá que ir desarrollando, rebasa con mucho las posibilidades de la actual Administración. Concebida como una política de Estado, los pasos que se han estado madurando entre el Consejo Asesor de Seguridad, con el apoyo de las organizaciones sociales especializadas en seguridad, y las más altas autoridades del país; al que los partidos han hecho importantes aportes, deben ser sólo los primeros de un largo camino a recorrer, aunque la iniciativa no puede estar exenta de la necesidad de producir resultados en el corto y mediano plazo.

Frente a la gravedad del problema y ante el deterioro de la imagen y credibilidad del Gobierno, una limitación que no podía dejar de considerarse era: ¿Quién se atrevería a asumir un cargo en condiciones tan desventajosas? Abrió la brecha, la idea de un estimado amigo, analista, y luchador social de toda la vida, de crear las condiciones para que los funcionarios que pudieran ser nombrados, para los distintos cargos, que no sean personas identificadas con el proyecto político de los actuales gobernantes y, por tanto, deberían llegar arropados de una imagen de amigos del proceso por el que se ha estado luchando para hacer realidad la implementación del paradigma de la Seguridad Democrática.

El primer paso ha sido el nombramiento en el Ministerio de Gobernación, que transitará pronto hacia convertirse en uno de Seguridad, éste recayó en una luchadora de los derechos sociales, con amplia experiencia en algunas áreas de intervención policial, lo que se conoce poco. Algunos cuestionamientos, inevitables en un clima de campaña electoral no declarada, son naturales y hasta comprensibles, si consideramos el subdesarrollo político de nuestro sistema; y que en Guatemala la descalificación es una especie de deporte nacional.

Otros nombramientos tendrán que venir, los más importantes se refieren a la persona que deberá conducir el proceso de sentar las bases de construcción del organismo de Inteligencia de Estado, sobre la base de la actual Secretaría de Análisis Estratégico; y la persona que cumplirá las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que será factor estratégico para el funcionamiento sistémico.

A pesar de algún clima de hostilidad, hay personas honorables y capaces que están dispuestas a encarar el reto de construir una política de Estado que busca sentar las bases de solución de la problemática de la inseguridad, por medio del fortalecimiento institucional, en el marco del Estado democrático de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Esperamos que se les permita realizar su trabajo en un clima de respeto, considerando que su principal reto es derrotar a los enemigos de la democracia.

- Enrique Álvarez - Analista y director del Reporte Diario

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
http://www.i-dem.org