Aunque los chilenos están acostumbrados a las repentinas crisis de salud, que vive Pinochet cada vez que se acerca un momento crucial en sus numerosos procesamientos, el infarto sufrido este fin de semana parece ir en serio a juzgar por lo categórico del parte médico de esta mañana y la segunda intervención quirúrgica que requirió y que se desarrolla desde las 16 horas. Si estos antecedentes se confirman y la situación se agrava, el Gobierno se vería en una díficil situación producto de su falta de decisión para impulsar la privación de grados militares al ex dictador en virtud de su implicancia en torturas, homicidios, secuestros, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos entre otros de los más graves delitos ampliamente probados en contra del general golpista.

Por su parte, en caso de que Pinochet muera, los tribunales tendrán que hacer frente al hecho de que - con toda la legislación internacional vigente en Chile- no fueron capaces de dictar ni una sola condena al homicida multiple más grande de la historia de nuestro país, cuya condena histórica nacional e internacional -en todo caso- está ya suficientemente dictada.

En una de las anteriores y repetidas crisis de salud del ex dictador, la Presidenta Michelle Bachelet comentó que muchos chilenos "se sentirían violentados" si Pinochet fuera sepultado con honores de Estado, lo que claramente no es un sentir personal, ni sólo inspirado en su calidad de víctima de la dictadura al igual que su padre y madre, sino reflejo del pensamiento de la mayoría de los chilenos, que mayoritariamente han repudiado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Pinochet, incluyendo a sectores que formaron parte de la gestión dictatorial y que hoy toman una oportuna distancia.

Para las víctimas, los familiares de las víctimas y el movimiento por los derechos humanos, este no es en todo caso ningún momento para celebrar, pues a pesar de los cientos de procesos, Pinochet moriría ad portas de ser condenado, tanto en el caso Riggs como por el de la tortura y desaparecimiento de más de 40 personas en Villa Grimaldi. No obstante, la ardua campaña de información y movilización desplegada durante años por estas organizaciones logró develar -sin lugar a dudas- el rol de Pinochet como jefe y articulador directo de la represión durante su régimen.

Sin embargo, hay algo en lo que se debe poner atención: Pinochet quizás muera en estos días o en unos meses -tiene 91 años- pero el escenario en que lo hace es muy distinto al de 1998, cuando los acuerdos que se suscribieron entre la dictadura y la Concertación para dar paso a la transición, lo pusieron al margen de la posibilidad de ser juzgado. Tiempos en que los tribunales amnistiaban y aplicaban prescripción como un trámite más en su jornada y quienes porfiadamente se oponían a la llamada "reconciliación" y a la "verdad y justicia en la medida de lo posible" aparecían como resentidos y anacrónicos que se resistían a mirar el futuro.

El escenario de hoy, está marcado - antes que nada- por la lucha incansable de las agrupaciones de derechos humanos y aquellos partidos políticos de izquierda que mantuvieron en el primer plano las demandas de "verdad y justicia, nada más pero tampoco nada menos".

Esta marcado asimismo, por la querella interpuesta en 1998 por Gladys Marín -cuando se cerraba en Chile toda posibilidad de hacer justicia- por genocidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal, entre otros cargos. Querellarse contra Pinochet cuando no había ningún procesado cumpliendo cárcel por los más de tres mil crímenes de la dictadura, parecía en ese entonces sólo un acto simbólico y mediático, pero la historia se encargó de demostrar que sería el comienzo del fin para el poderío y la imagen de Pinochet.

A esta querellla se sumarían otras decenas y luego cientos. Como un acto de dignidad, quizá un postrero homenaje, cada familia, cada preso político, cada colegio profesional y sindicato, fue encadenando su reclamo al de otros hasta sumar cientos de querellas sacando a la luz desde los casos más conocidos hasta los más anónimos.

Entre ellas estaban el asesinato del ex jefe del Ejército, general Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires (1974) y la Operación Colombo (1975), con un total de 119 chilenos desaparecidos.

El caso de la Caravana de Muerte, con decenas de chilenos asesinados a lo largo de Chile, que posteriormente resultó en el sobreseimiento de Pinochet, en el 2001, tras alegar que sufría una supuesta "demencia subcortical moderada".

Todas ellas tuvieron su recompensa en la detención de Pinochet en Londres, que se mantuvo durante casi un año y medio y que sólo terminó gracias a los desesperados esfuerzos del Gobierno concertacionista de traerlo de vuelta a Chile.

Este año,abogados de derechos humanos lograron el primer procesamiento de Pinochet por torturas y otros cargos relacionados con el centro de detención clandestino Villa Grimaldi.

A ello se suma, el escándalo financiero del Caso Riggs, nombre del banco norteamericano donde escondía millones de dólares mal habidos, que lo ligan a una red de ilícitos entre los que no se descarta el tráfico de armas.

Pinochet ha sido judicialmente desaforado en 14 ocasiones, perdiendo así su inmunidad como "senador Vitalicio", sin embargo no ha sido nunca condenado por un tribunal.

Ello gracias, en parte, a la estrategia de su abogado defensor el ex integrante del movimiento violentista "Patria y Libertad", Pablo Rodríguez Grez, quien es un experto en dilatar el trámite de los procesos a través de distintos recursos judiciales que no van a l fondo de las acusaciones, pero que consiguen ganar tiempo para que el natural desenlace de la vida de su cliente ocurra antes de que pueda recibir una condena que lo despojaría de sus grados militares.

Uno de estos resquicios logró apartar hace un par de meses al Juez Carlos Cerda, uno de los más respetados magistrados de la judicatura chilena, de la investigación del caso Riggs, imputándole el haber emitido una opinión anterior al juicio sobre el estado mental de Pinochet. La Corte Suprema acogió este recurso cuando el magistrado había cerrado dos aristas de investigación y se aprestaba a dictar condena.

En estos años no pocas veces se propusieron leyes especiales, destinadas a terminar con los juicios por la vía administrativa e impedir que el camino abierto por la movilización ciudadana en los tribunales terminara rompiendo los acuerdos políticos de la transición.

Ninguno de ellos fue capaz de imponerse a la fuerza de las organizaciones de derechos humanos, que una vez tras otra lograron desbaratar los intentos de impunidad en el Parlamento, en los tribunales, haciendo lobby, enfrentando al "guanaco", marchando en las calles.

Y es que el impacto moral de aquellas mujeres con la fotografía de sus hijos prendida al pecho exigiendo justicia, tiene la cualidad de adquirir insospechados apoyos en la ciudadanía, que a fuerza de horrores ha adquirido una indoblegable conciencia en materia de derechos humanos (una fuente de La Moneda, le confesó en una ocasión a un dirigente de la AFEP, que no había nada que le enfureciera más a Ricardo Lagos Escobar que ver a las madres e hijos de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos protestando frente al Palacio de Gobierno), cosa que los Gobiernos saben bien.

Por eso, la muerte de Pinochet -ahora o después- sin condena judicial a pesar de la innegable condena nacional y mundial, quizás sea nada más que un símbolo de lo que ha sido la transición chilena y lo más probable es que con independencia de lo que digan las normas y las declaraciones tibias del Ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber ante esta nueva crisis de salud, quien eludió el tema calificando como "de mal gusto" referirse al fallecimiento de una persona que aún está viva, es poco probable materialmente que se le rindan honores al ex dictador, pues aún en el caso de que Bachelet decidiera relativizar sus dichos anteriores, no parece posible que el movimiento de derechos humanos deje el paso libre a lo que constituiría una última afrenta de Pinochet a las víctimas.