Las autoridades han decretado Estado de Prevención durante 15 días en cinco municipios de San Marcos. La medida, la primera de este tipo que adopta el Presidente Óscar Berger, implica la restricción de ciertas garantías ciudadanas, que según las mismas autoridades, permitirá actuar con mayor precisión en un plan de seguridad previsto para este tiempo (15 días). Sin embargo hay varios factores que han favorecido la implementación de esta medida, considerada drástica. Se conoce que los campesinos ganan mucho más dinero por el cultivo de la amapola, que con sus cultivos tradicionales, que además no tienen mercado. El Presidente Berger aseguró que con los operativos iniciados en San Marcos, se busca, no sólo erradicar las plantaciones de amapola, sino además motivar a los pobladores a que se dediquen a la siembra de otros cultivos, con el propósito de generar ingresos para sus comunidades, algo no compartido por los campesinos ya contaminados, porque no les permite tener las ganancias que obtienen del narcotráfico. Es decir, el Gobierno debe ganar la “mente y corazones” de la población que apoya a los narcos. El gobierno cae en varias imprecisiones, al no contar con la legitimidad necesaria, porque el Decreto Gubernamental que inicia el operativo contra la narcoactividad, para nada indica esos propósitos, sino lo justifica con problemas limítrofes y problemas del uso del agua entre comunidades, en el mencionado decreto se justifica: “porque se ha mantenido un constante clima de enfrentamiento social y tiene por objeto evitar que se agrave dicha situación y garantizar la seguridad y la vida de las comunidades afectadas”. El otro aspecto a destacar es la necesidad de declarar un estado de excepción, para poder operar. Esa situación permite desarrollar acciones, que mediante la vigencia del Estado de Derecho, no se podrían realizar. Además, demuestra la debilidad del Estado para tener presencia permanente en esas comunidades. Y cuando se plantea tenerla no se trata que el Ejército, la institución que siempre ha estado presente en las comunidades más apartadas, regrese a ocupar esos lugares,. Al decir presencia del Estado, nos referimos a las instituciones encargadas de la Seguridad, Justicia, Salud, Educación, Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, etcétera. Se trata de fortalecer al Estado, terminado con el desmantelamiento en que lo colocó el neoliberalismo. Se trata de que el Estado pueda desarrollar sus funciones para lo cual fue creado, sin recurrir permanentemente al Ejército, justificándolo en el grado de organización que posee, y como única alternativa, a partir de no contar con capacidades instaladas. Este en el caso de los desastres, en la descentralización y apoyo a las comunidades y sus corporaciones municipales; y hasta para repartir fertilizantes y, desde luego, para hacer frente a la narcoactividad. Sin embargo, cuando se pone al Ejército a cumplir funciones para las que no fue constituido, se cae en el problema de desnaturalizar instituciones, duplicar funciones y el gasto de recursos, siendo que el mismo Estado debe financiar la realización de esos dobles esfuerzos. Una campaña de vacunación la debe llevar a cabo el Ministerio de Salud; las carreteras las debe construir el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La distribución de fertilizantes lo debe hacer el Ministerio de Agricultura; así como el problema recurrente de los incendios forestales en los veranos, debe ser atendido por CONRED y el Ministerio de Ambiente. Lo mismo diremos que el Ministerio de Educación debe repartir los libros de texto de las escuelas y Gobernación debe velar por la Seguridad Ciudadana. ¿Por qué razón la institución armada, está metida en todas esas actividades? En primer lugar porque lo dice la Constitución, cuando le asigna misiones de Seguridad Interior; pero a pesar de que esto es constitucional y por lo tanto legal, no es legítimo, en tanto no permite el fortalecimiento de las instituciones estatales, encargadas de cumplir las funciones descritas. La participación directa o indirecta de la institución armada, en distintas esferas de la actividad del Estado, más allá de las estrictamente relacionadas con la participación militar en la defensa nacional, supone una serie de inconvenientes para la consolidación democrática del Estado mismo. Es también un indicador del incremento de la institución armada en las esferas del poder. Esto se empieza a demostrar cuando constituye una de las voces que hablan al oído del Presidente de la República, lo que presupone un reposicionamiento. Destaca el hecho que Guatemala carece de una política de Estado, tanto en materia de seguridad interna como de defensa nacional. Es una gran debilidad del Estado tener que recurrir al Ejército cada vez que se deben enfrentar diferentes riesgos o amenazas. Como ocurre con los operativos en San Marcos, además de restringir las libertades ciudadanas, recurso muy utilizado durante el Conflicto Armado Interno, tienen la característica de ser llevado a cabo con gran despliegue de recursos, medios y equipo. Restringir a los medios de comunicación que no pueden difundir determinada información, por lo que ciertas noticias podrían ser consideradas incitación a la rebelión, pero no se definen los criterios. Se exige a los órganos de publicidad o difusión, que eviten a todas las publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Esto es una aberración en una democracia que apenas empezamos a construir. Un agravante es que se parte de aplicar normas obsoletas, como la Ley de Orden Público, que es una de las formas que adoptó la Contrainsurgencia. No se niega que el Estado deba recurrir a la fuerza en determinados momentos, para mantener el orden y aplicar la ley. Pero no se vale que se haga en contra de la población civil, en donde las acciones represivas van dirigidas por igual, sin importar si se es inocente o no. El operativo en Ixchiguán Chiquito, denota la pobre información con que cuentan las fuerzas desplegadas. Las primera condición para iniciar una operación, sobre todo de gran envergadura, es contar con la adecuada información de inteligencia. Desde hace tiempo que el Congreso aprobó la creación de la Inteligencia Civil, DIGICI que no entra en funcionamiento por falta de presupuesto. Queda entonces la información recabada y procesada por el Ejército, ya que la SAE no está en capacidad de hacerlo. Si se contara con información concreta y actualizada, no sería necesario hacer ese nivel de despliegue y se iría directamente a los responsables y siembras. Lo grave es hacer grandes operaciones para recabar información y sobre la marcha montar el operativo antinarcóticos; porque denota no solo estar dando palos de ciego, sino improvisando. Es previsible que ante las presiones, y la falta de información detallada los resultados constituyan un fracaso. Guatemala está contra el tiempo ante la amenaza de que puede ser desertificada por Estados Unidos, si no se es efectivo en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno de Guatemala, quiere demostrar que es “digno” del voto norteamericano para estar en la silla del Consejo de Seguridad y aliado de los gringos contra Venezuela. Esas presiones, tienen corriendo a los ministros de la Defensa y de Gobernación, por el Ixcán, Petén y San Marcos; para demostrar que son eficientes y que sus instituciones lograrán resultados positivos; además con la campaña electoral en camino. - Arnoldo Villagrán- Coodinador de producción y analista de Incidencia Democrática. Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 1041/ Incidencia Democrática (Guatemala)
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