El proceso de negociación con los grupos paramilitares por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta serias dificultades así la gran prensa, los partidos de la coalición uribista y el gobierno no lo reconozcan. Cuando se haga público el séptimo informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA el debate se profundizará, pues, en dicho informe este organismo que ha ganado en independencia desde que asumió como Secretario General de la OEA, el chileno, José Miguel Insulza, planteará con claridad varios de los más profundos vacíos. En su informe trimestral al Consejo Permanente, no dejará de reconocer las enormes dificultades y las grandes falencias de un proceso mal hecho y de espaldas al país, a las víctimas y a la verdad. Por ejemplo, no dejará de reconocer que hay un rearme general bajo la coordinación de los mandos medios para apropiarse de las enormes economías ilegales existentes (contrabando, narcotráfico, vacunas a empresarios y sectores agrarios, despojo de la propiedad de la tierra, etc.) en las zonas de dominio paramilitar; no dejará de señalar que los paramilitares siguen delinquiendo como en el caso de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge Cuarenta, que no solo está señalado de ser el autor intelectual de la masacre de Curumaní sino también de secuestros después de declararse el cese de hostilidades y con posterioridad a la aprobación de la Ley 975 de 2005. Múltiples violaciones al cese al fuego le vienen dando la razón a quienes desde el comienzo señalaron que el proceso no sólo estaba mal concebido, sino que tenía enormes grietas que facilitaría la violación de los acuerdos. También el informe señalará la inexistencia de una política de reinserción, criticará el hecho que las armas entregadas no hayan sido destruidas y en general, mostrará de manera crítica el rearme y la marcha del proceso en su conjunto. El nuevo tono de los informes de la misión se debe a mi entender a dos circunstancias: a que el Secretario General, José Miguel Insulza es chileno y por ello menos influenciable que el anterior Secretario General, César Gaviria Trujillo y en segundo lugar, a la vinculación dentro de la lógica de la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, lo cual le ha dado a la Comisión un nuevo aire y mayor responsabilidad al tiempo que mayor proyección de largo plazo. Pero las dificultades principales estriban en el fallo de la Corte Constitucional, proferido el 17 de mayo del año en curso sobre la constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, el cual no dudamos en calificar de acertado y que dio la razón a quienes como los congresistas Rafael Pardo, Gina Parody, Luis Fernando Velasco, Andrés González y organismos de derechos humanos y coaliciones como la Confluencia por la Democracia y contra la Guerra y las organizaciones de víctimas, las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, las centrales sindicales, etc. etc. señalaron en su momento que tanto la Ley como el proceso en su conjunto no buscaba la verdad, desconocía los derechos de las víctimas y favorecía la impunidad, además de no garantizar el estándar mínimo en materia de derechos humanos a nivel internacional. La Corte enderezó el camino dando legitimidad a un proceso incierto, mentiroso y secreto, del cual no conocemos toda la información ni los detalles de la negociación. El gobierno viene insistiendo desde el conocimiento del fallo en que va a reglamentar la Ley y durante esta semana permitió la filtración de un “borrador” de reglamentación que aún el gobiernista diario El Tiempo no dudo en señalar que “de expedirse tal cual se ha conocido, el decreto desdibujaría la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 975 de Justicia y Paz, a la que hace el quite en puntos clave, pues los paramilitares podrían evitarse condiciones impuestas en esa sentencia y acogerse a las más generosas de la versión original de la Ley” (1) Los principales asuntos contenidos en el borrador tienen que ver con la pretensión del gobierno de que a los jefes paramilitares no debe aplicarse la Ley que incorpora el fallo de la Corte Constitucional, sino el texto de la Ley tal como salió del Congreso de la República y que fue enmendado por el fallo de la Corte Constitucional en asuntos fundamentales. El borrador dice que los beneficios de la norma se aplican desde la decisión de desmovilizarse, es decir lo que regiría para los paramilitares sería el texto de la Ley aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente Uribe y no la Ley como quedó después del fallo de la Corte Constitucional. A esto lo llaman principio de favorabilidad. Lo que buscan es que los paramilitares no tengan que decir toda la verdad ni responder con sus bienes para la reparación de las víctimas. Pero además, el decreto establece que el narcotráfico es un delito conexo con el paramilitarismo con lo cual seguramente pretenden establecer una suerte de seguro en contra de la extradición. También plantea que los paramilitares después de pagar 2.8 años en una cárcel puedan pagar el resto de la pena alternativa en “fincas” que seguramente serán donadas por ellos mismos como cuando Pablo Escobar construyó su propia “cárcel” en Envigado, la famosa Catedral, desde la cual siguió delinquiendo. En suma lo que dice el “borrador” filtrado tiene que ver con una estrategia que busca dejar sin efectos prácticos el reciente fallo de la Corte Constitucional, que como lo reconocen organismos nacionales e internacionales buscaba enderezar el nefasto marco jurídico aprobado por el Congreso y redactado en la propia casa de Nariño con la directa participación del Presidente de la República. Así mismo, los juristas han señalado que cualquier decreto reglamentario tendrá serias limitación puesto que en su esencia, la Ley de Justicia y Paz es ante todo una ley penal dirigida a los delitos atroces que contiene un procedimiento y unas penas alternativas. El fallo de la Corte Constitucional pasa a ser “cosa juzgada constitucional” y debería ser acatado por el gobierno. De no hacerlo seguramente seguirán las condenas al Estado colombiano en la Corte Interamericana y eventualmente en la Corte Penal Internacional. Nota (1) Editorial diario El Tiempo, Borrando con el codo… Jueves 3 de agosto de 2006, Pág. 1-18. - Ricardo de Lima: ensayista, desde Madrid, España Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 0024 Viva la Ciudadanía http://www.vivalaciudadania.org/