Dos hechos recientes han marcado la pauta de lo que Costa Rica ha de hacer ante los desafíos que conlleva la unión entre el desarrollo y la conservación. Uno en la Asamblea Legislativa y el otro en la Municipalidad de Santa Cruz. Los señores diputados de la Comisión de Ambiente, en forma unánime, desecharon el proyecto de ley que, entre otras cosas, buscaba incorporar como parte del “Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste”, una franja terrestre colindante con el mismo, donde se han propuesto costosas e innecesarias expropiaciones. Proyecto redactado por el Centro Científico Tropical, por encargo del “The Leatherback Trust”, ente conocido por los “experimentos” en que se decapitaron cientos de tortuguitas baula en Playa Grande. Proyecto que también plantea la posibilidad de una administración privada del Parque Nacional, mientras reconoce la inexistencia de franja de terreno alguna más allá de los 50m como parte del área protegida. De esta forma, los diputados dijeron no a una de las cuestionables maniobras “conservacionistas”, desarrolladas como parte de la “cooperación ambiental” financiadas por organismos como “Conservación Internacional”. Está demostrado que la brutal matanza que sufren las baulas es producida por la pesca incidental en aguas muy alejadas de la costa costarricense, y que desde la creación del Parque (hace 11 años) las tortugas han caído a números que las tienen al borde de la extinción. Pese a que entonces el doctor James Spotila (el de las tortuguitas decapitadas) dijo que su creación “hará que paulatinamente se incremente la llegada de los quelonios a esta playa” (La Nación, 18.7.95). Por otro lado, el gobierno local de Santa Cruz, aprobó un Reglamento de Zonificación que permitirá un desarrollo controlado, a todo lo largo de la franja de terreno privado colindante con el Parque Nacional Marino. Con la finalidad de no causar daño alguno a las pocas tortugas que todavía llegan a desovar a Playa Grande, en forma concertada se han dispuesto directrices que solo permitirán un desarrollo de muy baja densidad en una franja de hasta 200m de ancho. Barreras vegetales, altura de los inmuebles, orientación e intensidad de las luces, tratamiento de las aguas, emisión de ruidos, entre otros, son aspectos estrictamente reglamentados. De esta manera, y según las normas del desarrollo sostenible, mientras por un lado se le evita al Estado una serie de conflictos innecesarios derivados de expropiaciones forzosas, por otro se estaría fortaleciendo la protección de las maravillosas baulas al tiempo que toda una comunidad, como Matapalo y alrededores, se verá favorecida en lo social y lo económico. - El Dr. Freddy Pacheco es catedrático d e la Universidad Nacional de Costa Rica.