La negación de derechos humanos continuó siendo la realidad diaria de muchas personas en América, en especial de las pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las comunidades indígenas, las mujeres y los menores. Sin embargo, la sociedad civil y el movimiento en favor de los derechos humanos continuaron ganando fuerza e influencia en sus reclamaciones de mejores condiciones de vida, transparencia y rendición de cuentas gubernamentales y respeto por los derechos humanos. La vida de la mayoría de las personas estaba arruinada por la discriminación y la pobreza, que condujeron al malestar social y a la inestabilidad política en muchos países. Los movimientos indígenas, que representaban a algunos de los pueblos más pobres y marginados de América, intensificaron su desafío a las estructuras políticas tradicionales, especialmente en la región de los Andes. Los abusos, la tortura y los malos tratos a detenidos a manos de la policía continuaron siendo prácticas generalizadas. Siguieron denunciándose «desapariciones» en el contexto del conflicto interno de Colombia. La violencia contra las mujeres tuvo carácter endémico en toda la región, y los asesinatos de cientos de mujeres en El Salvador, Guatemala y México, así como la evidente indiferencia de las autoridades, provocaron indignación general. El conflicto de Colombia y el alto índice de delincuencia organizada existente en toda la región continuaron ejerciendo un efecto negativo sobre los derechos de una enorme cantidad de personas. Las políticas estadounidenses aplicadas en nombre de la seguridad socavaron los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países de todo el mundo. Los desastres naturales, como una serie de huracanes devastadores que afectaron a países del Caribe y de América Central y a estados del sur de los Estados Unidos, intensificaron los ya graves niveles de pobreza y marginación. En muchos casos, como en el de Nueva Orleans y otras comunidades del estado de Luisiana, en Estados Unidos, las autoridades no proporcionaron protección adecuada, y el suministro de ayuda fue lento e insuficiente. Seguridad nacional y «guerra contra el terror» La hipocresía y el desprecio por los principios fundamentales de derechos humanos y las obligaciones jurídicas internacionales continuaron siendo las características principales de la «guerra contra el terror» de Estados Unidos. Miles de personas permanecieron recluidas sin cargos, bajo la custodia de Estados Unidos, en Irak, en Afganistán, en la base naval de la bahía de Guantánamo en Cuba, y en centros secretos de detención conocidos como «lugares negros», que se creía que existían en Europa, el norte de África y otras partes del mundo. Continuaron recibiéndose informes de torturas y otros malos tratos, y surgieron nuevos indicios de que las autoridades de Estados Unidos habían «externalizado» la tortura por medio de las denominadas «entregas extraordinarias», o traslados de detenidos a otros países sin ningún tipo de proceso judicial o administrativo y algunas veces en secreto. Cerca de 500 personas permanecían detenidas en Guantánamo, en condiciones que constituían trato cruel, inhumano o degradante y sin derecho a impugnar la legalidad de su detención. Pese a los crecientes indicios de que el gobierno de Estados Unidos había aprobado las «desapariciones», así como técnicas de interrogatorio que constituían tortura u otros malos tratos, ningún alto cargo rindió cuentas al respecto, ni siquiera los que podían haber sido responsables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. Durante 2005 se pusieron en tela de juicio las políticas de «guerra contra el terror» de Estados Unidos, que minaban las normas de derechos humanos. Se aprobó legislación que prohibía la tortura y el trato inhumano de detenidos en todo el mundo, pese a las objeciones iniciales de la administración Bush de que la prohibición obstaculizaría sus posibilidades de obtener información de los detenidos. Sin embargo, el proyecto de ley limitaba severamente el acceso de los detenidos de Guantánamo a los tribunales federales y cuestionaba el futuro de unos 200 casos pendientes, en los que los detenidos habían impugnado la legalidad de su detención. Estados Unidos aumentó su programa de asistencia militar a Colombia pese a los continuos indicios de violaciones graves de derechos humanos cometidas por personal militar y por grupos paramilitares que operaban con su apoyo activo o tácito. Conflictos y delincuencia Las prácticas gubernamentales abusivas, la corrupción, la discriminación y la desigualdad, que provocaron la protesta social de comunidades marginadas, amenazaron al Estado de derecho, en especial en los países andinos. Los movimientos indígenas estuvieron nuevamente en la primera línea de muchas de las prolongadas protestas, y fueron cada vez más aguerridos en la exigencia de sus derechos y en su participación en la vida política. Los gobiernos de Ecuador y Bolivia se vieron obligados a dimitir como consecuencia del descontento masivo. En Colombia, fueron las políticas del gobierno, en el contexto del prolongado conflicto, las que amenazaron al Estado de derecho. Todas las partes en el conflicto continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, que afectaban especialmente a la población civil. Los altos índices de violencia alcanzados en varios países, especialmente en áreas urbanas, también amenazaron los derechos humanos y el Estado de derecho. En algunas ciudades de Brasil, América Central y el Caribe, había barrios enteros atrapados entre la delincuencia violenta, muchas veces relacionada con la actividad de bandas, y la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad del Estado, cuyos métodos violaban los derechos de comunidades enteras. Aunque la atención de la opinión pública se centró en su mayor parte en los delitos contra personas adineradas, fueron los sectores desfavorecidos urbanos los que, privados de protección estatal, se vieron más afectados por la violencia. Continuó la tendencia hacia la militarización de las funciones policiales. En América Central, el papel de las fuerzas armadas se orientó cada vez más al mantenimiento del orden público y el combate de la delincuencia. En Haití, grupos armados ilegales y agentes de policía estuvieron implicados en el homicidio y secuestro de civiles. La proliferación de armas pequeñas continuó siendo motivo de preocupación, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos por restringir su uso y tenencia. En un referéndum que se llevó a cabo en Brasil, el 64 por ciento del electorado votó en contra de una propuesta de prohibir la venta de armas de fuego. Impunidad y justicia Los miembros de las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos con impunidad. Se recibieron informes procedentes de toda la región sobre torturas y otros malos tratos, que a veces tuvieron como resultado muertes bajo custodia, pero pocas veces los autores fueron castigados. Las víctimas, sus familiares o quienes los representaban cuando presentaban denuncias, así como los testigos, los miembros de la judicatura y los investigadores, eran frecuentemente objeto de intimidación, hostigamiento, amenazas de muerte y, en algunos casos, homicidio. Muchas cárceles tenían graves problemas de superpoblación y carecían de los servicios esenciales. A menudo, las condiciones constituían trato cruel, inhumano y degradante. Esta situación dio origen a varios motines en toda la región, que se saldaron con decenas de muertes, en su mayoría de hombres jóvenes y pobres. La existencia de sistemas judiciales ineficientes, corruptos y discriminatorios hacía que, si eran detenidas, las personas pertenecientes a comunidades pobres y marginadas pudieran consumirse durante meses e incluso años en la cárcel sin ser juzgadas ni condenadas, con frecuencia sin tener acceso a un abogado defensor. Se recibieron informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a fin de poner freno a la delincuencia y a disturbios de la población civil en Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, Paraguay y otros puntos de la región. Algunos de estos casos se saldaron con muertes. La falta de independencia e imparcialidad de los sistemas judiciales de la región –causada por la corrupción o la parcialidad política, o por intereses corporativos de tribunales policiales y militares– siguió siendo un grave motivo de preocupación, y continuó alimentando la espiral de impunidad de las violaciones de derechos humanos. Hubo un significativo progreso a la hora de abordar el legado no resuelto de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en algunos países latinoamericanos. El ex presidente chileno Augusto Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario por cargos relacionados con violaciones de los derechos humanos. Como fue privado de su inmunidad penal y declarado «mentalmente competente» para ser enjuiciado, las víctimas y sus familiares tenían esperanzas de que, tras más de 30 años, su búsqueda de justicia llegara a su culminación. Las víctimas y los familiares de víctimas de violaciones graves de derechos humanos más recientes vieron su derecho a la justicia más próximo a hacerse realidad cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue detenido en Chile, en espera del resultado de una petición de extradición por cargos de asesinato, desaparición forzada y tortura. La Suprema Corte de Justicia de Argentina declaró nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, abriendo así el camino hacia la verdad y la justicia para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el país entre 1976 y 1983. Adolfo Scilingo, ex oficial naval argentino que había admitido estar a bordo de aeroplanos que transportaban personas detenidas a quienes se drogaba, desnudaba y se arrojaba al mar durante el gobierno militar de Argentina, fue juzgado y condenado en España, acusado de crímenes de lesa humanidad. En otro caso, una decisión del Tribunal Constitucional de España abrió el camino para que el ex presidente de Guatemala Ríos Montt y otros ex militares pudieran ser juzgados por violaciones de derechos humanos. Sin embargo también hubo reveses significativos. En Colombia, la Ley de Justicia y Paz amenazaba con garantizar la impunidad a miembros de grupos armados ilegales implicados en abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que accedieran a desmovilizarse. En Haití, decenas de ex militares y paramilitares que cumplían condena por su participación en masacres cometidas en el pasado escaparon de la cárcel o, en algunos casos, fueron excarcelados incondicionalmente sin razón legal aparente. Pese a haber ocupado el cargo durante cinco años, el fiscal especial nombrado para llevar ante la justicia a los responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en México durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, no logró prácticamente progreso alguno. Violencia de género La violencia contra las mujeres continuó siendo uno de los desafíos más urgentes de América en materia de derechos humanos. Incontables mujeres y niñas se enfrentaban a la violencia diariamente y no podían confiar en sus gobiernos para recibir un grado básico de protección y seguridad, pese a ser uno de sus derechos fundamentales. Los gobiernos de toda la región continuaron haciendo caso omiso de las disposiciones de los tratados relativos a los derechos humanos de las mujeres. Aunque la mayoría de los países poseían leyes para proteger a las mujeres de la violencia y prevenirla en el ámbito de la familia y la comunidad, las investigaciones policiales de las denuncias de violencia contra las mujeres pocas veces eran efectivas, los sistemas de justicia penal no se tomaban con seriedad este problema y los responsables rara vez eran castigados. El número de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, México, continuó creciendo, y no se hicieron progresos suficientes para poner fin a la impunidad de los autores de los secuestros y asesinatos cometidos en el pasado, tanto en esta ciudad como Chihuahua. El número de homicidios de mujeres cometidos en Guatemala aumentó de 527, en 2004, a 665, en 2005, y continuó el incremento de los abusos sexuales y los asesinatos de mujeres que había comenzado en El Salvador en 2002. Casi no hubo adelantos en las investigaciones de estos homicidios ni en su prevención. La ausencia en las leyes de tipificaciones específicas de la violencia contra las mujeres como delito continuó siendo un obstáculo para lograr que se hiciera justicia, en una región donde la discriminación basada en el género seguía siendo endémica dentro de las instituciones estatales. Sin embargo, se pudo progresar en alguna medida. En México, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la violación dentro del matrimonio era un delito, poniendo fin a una batalla jurídica de 15 años de duración, en la que algunos miembros del sistema judicial argumentaban que, ya que la finalidad del matrimonio era la procreación, las relaciones sexuales forzadas con el cónyuge no constituían violación sino el «ejercicio indebido de un derecho [conyugal]». En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad suspendió una ley que permitía a los violadores, en ciertas circunstancias, evitar el procesamiento si se casaban con sus víctimas. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) continuó sufriendo discriminación y violencia. En Estados Unidos, un estudio realizado por Amnistía Internacional indicó la existencia de un aumento de la falta sistemática de ética y de los abusos en el trato dispensado por la policía a las personas transgénero y a los integrantes del colectivo LGBT cuando eran de color, jóvenes, inmigrantes, personas sin hogar o profesionales del sexo. En Nicaragua, las relaciones entre gays y lesbianas siguieron constituyendo delito, y en algunos países del Caribe todavía se encontraban en vigor diversas leyes contra la sodomía. Derechos económicos, sociales y culturales Según estudios de la ONU, se percibían signos de una leve reducción de la pobreza en varios países de la región. Sin embargo, a veces estas cifras ocultaban focos de deterioro en lugares como Haití y en algunas zonas rurales de Guatemala, Perú y otros países. Las desigualdades de ingresos y sociales continuaron figurando entre las mayores del mundo, socavando el potencial del continente para el desarrollo general. Las comunidades marginadas y desposeídas, tanto de zonas rurales como urbanas, seguían viviendo en la pobreza extrema, y se hacía caso omiso de su derecho a la atención de la salud, el agua potable, el sustento, la educación y la vivienda. La participación de los pueblos indígenas en la vida política no estuvo pareja con el mejoramiento de su disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, pese a los repetidos llamamientos que hicieron bancos internacionales y otros organismos para que se aumentasen la ayuda y el apoyo a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes y para que se invirtiese en las comunidades rurales. Un estudio del Banco Mundial sobre pueblos indígenas de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú concluyó que tenían entre un 13 y un 30 por ciento más de probabilidades de ser pobres que los pueblos no indígenas. La epidemia de VIH/sida se cobró unas 24.000 vidas en el Caribe en 2005, lo que la convirtió en la principal causa de muerte entre adultos de 15 a 44 años de edad. Se creía que unas 300.000 personas seropositivas vivían en la región, 30.000 de las cuales habían contraído el virus en 2005. En otras partes del continente, las tasas de infección aumentaron, especialmente entre los hombres. También se vieron seriamente afectadas las profesionales del sexo. Los conflictos por los recursos naturales, como la tierra y el agua, y por los planes de privatización se vieron reflejados en el número de defensores y defensoras de los derechos humanos que fueron atacados a causa de sus esfuerzos por exponer motivos legítimos de preocupación en relación con estas cuestiones. Una cumbre de gobiernos americanos que se celebró en Argentina en noviembre no logró desbloquear las negociaciones para establecer el Área de Libre Comercio de las Américas, estancadas desde hacía largo tiempo. Algunos países, liderados por Argentina, Brasil y Venezuela, se opo¬nían vigorosamente a la iniciativa. Sin embargo, la liberalización del comercio y de las inversiones siguió prevaleciendo en la región, a través de acuerdos bilaterales o convenios subregionales. Hubo protestas por estos convenios, pues se consideraba que arraigaban aún más la pobreza en amplios sectores de la población y que los gobiernos no se habían asegurado de incorporar a ellos salvaguardias para la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos continuaron ocupando un segundo lugar frente a los intereses económicos, lo que aumentó el peligro de que prácticas comerciales o decisiones de inversión irresponsables los menoscabasen. Los derechos laborales, el acceso a medicinas a precios razonables y el derecho de propiedad intelectual fueron algunas áreas específicas de preocupación. Pena de muerte Continuó imponiéndose la pena de muerte en varios países, como Belice y Trinidad y Tobago. Sin embargo, sólo se llevaron a cabo ejecuciones en Estados Unidos. México abolió la pena de muerte para todos los delitos. En diciembre tuvo lugar la milésima ejecución llevada a cabo en Estados Unidos desde la reanudación de esta práctica en 1977. A pesar de este hito vergonzoso, la tendencia a restringir la aplicación de la pena de muerte se iba afirmando. En marzo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos proscribió la ejecución de personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito, con lo que puso al país en línea con las normas internacionales que prohíben las ejecuciones en tal caso. Se excarceló a dos condenados a muerte tras demostrarse su inocencia. Sin embargo, entre los 60 que fueron ejecutados en 2005 había personas con discapacidad mental, personas que no habían tenido acceso a una asistencia letrada adecuada y ciudadanos extranjeros a los que se había negado sus derechos consulares. Defensores y defensoras de los derechos humanos Las personas dedicadas al activismo en favor de los derechos humanos de toda América llevaron a cabo una vigorosa campaña a fin de que los gobiernos y los grupos armados cumplieran con su obligación de respetar las normas internacionales y nacionales de derechos humanos. Las personas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres lucharon para que se modificaran leyes anticuadas sobre la violación y la violencia en el ámbito de la familia y a menudo fueron amenazadas o intimidadas por tratar de prestar apoyo a víctimas de violencia y abusos sexuales. El colectivo de activistas indígenas de América Central abogó por el derecho de sus comunidades a defender sus medios de vida y a ser consultadas sobre los asuntos que afectaran a sus tierras ancestrales, como la explotación de recursos naturales o la construcción de presas. Amnistía Internacional temía que algunos activistas del colectivo de gays, lesbianas y personas transgénero pasasen a la clandestinidad tras la creciente homofobia que se observaba en Jamaica y otros países del Caribe. Las dificultades y peligros que enfrentaban las personas dedicadas al activismo en América abarcaban desde intimidaciones y restricciones para viajar hasta detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas de terrorismo y otras actividades violentas. Las autoridades frecuentemente se negaban a tomar con seriedad las denuncias de violación de los derechos humanos, insinuando que eran falsas o exageradas. En Brasil, Colombia, Guatemala y México fueron víctimas de homicidio activistas que trabajaban localmente sobre la pobreza rural y el desarrollo, muchas veces en zonas aisladas, y periodistas que cubrían cuestiones como la corrupción. En Ecuador, los miembros de una organización no gubernamental que hacía campaña para proteger a las comunidades indígenas y el medio ambiente de los efectos adversos de las perforaciones petrolíferas y de la fumigación de las plantaciones de coca, fueron amenazados de muerte. En Cuba se continuó hostigando e intimidando a activistas en favor de los derechos humanos, disidentes políticos y sindicalistas, y los ataques contra la libertad de expresión y de asociación fueron frecuentes. El uso del sistema judicial con el fin de obstaculizar el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, amenazándolos con investigarlos o detenerlos por cargos infundados, fue un problema grave en Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y México. Se denunciaron casos también en Estados Unidos. Las largas demoras de algunas autoridades a la hora de responder a peticiones de medidas cautelares para proteger a determinados individuos, como recomendaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, malograron los esfuerzos de los gobiernos por proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo. Algunos gobiernos tan sólo lograron ofrecer medidas de protección como chalecos antibalas y no pudieron reunir suficiente voluntad política para abordar la profunda hostilidad que existía hacia el trabajo en favor de los derechos humanos dentro de sus propias estructuras gubernamentales o corregir disposiciones legales que restringían el derecho a defender los derechos humanos.