El 26 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales en Haití. De los siete candidatos inscritos, se da por descontado que ganará el ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, único candidato que cuenta con un amplio respaldo en la población. También se debe renovar en esta fecha a un tercio del senado. No obstante, el proceso electoral se encuentra impugnado por la oposición, hecho que amenaza con poner en duda la legitimidad de los resultados. De hecho, la mayoría de partidos de oposición se han retirado de la contienda electoral, en razón de su inconformidad con el manejo de las elecciones legislativas del 21 de mayo pasado. Aquellos comicios fueron impugnados por los partidos de oposición, como también por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos -OEA-, debido a la forma de calcular los votos, que permitió que Fanmi Lavalas (FL -partido actual de gobierno, creado por Aristide hace cuatro años) saliera como el gran ganador de la primera vuelta. La oposición consideró que el método fue inventado, en violación de la Ley Electoral, para permitir a FL controlar el parlamento. Los partidos de oposición, desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha, e incluyendo el principal partido de oposición, la Organización del Pueblo en Lucha, OPL, conformaron la Convergencia Democrática (CD), para llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno, intermediadas por la OEA. Inicialmente pidieron la anulación de las elecciones de mayo. Luego accedieron a reconocerlas, a condición de que se nombre un nuevo Comité Electoral Provisional, que tendría a su cargo reconsiderar el cálculo de votos del escrutinio de mayo y organizar las elecciones presidenciales, cuya fecha sería postergada. Cinco meses de intentos de negociaciones entre la CD y la FL resultaron, el 20 de octubre, en un fracaso, a raíz de lo cual se produjo el retiro de la oposición del proceso de noviembre. Con este motivo, la comunidad internacional ha tomado distancia del proceso actual, pidiendo a las facciones en pugna llegar a un acuerdo antes de la realización de nuevas elecciones. El Secretariado de Estado Adjunto de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Peter Romero, ha expresado reservas sobre la legitimidad de la administración que surja de este proceso; y por su parte, Luigi Enaudi, jefe de la misión de la OEA, opinó que la realización de elecciones en las actuales condiciones sería la peor opción para el país. No obstante, el presidente Robert Preval, allegado a Aristide, reconfirmó su realización, y ratificó el 7 de febrero próximo como fecha del cambio de mando. Una campaña sin debate El candidato Aristide, quien fue Presidente entre 1991 y 1996, con un paréntesis de tres años debido a la dictadura, ha prometido ?un país nuevo? y ?la paz?. El programa de FL pone énfasis en las obras de infraestructura a nivel nacional, el crecimiento de la agricultura y la industria de exportación, la sustitución de importaciones y el impulso a la artesanía, un plan de educación y de salud. No obstante, se ha observado que hay poco desarrollo de las propuestas y ausencia de debate sobre un proyecto de país. Las organizaciones populares haitianas están divididas en cuanto al proceso electoral. Un sector de organizaciones cercanas a Aristide está comprometido con el proceso, al considerar que contribuirá a la construcción de una democracia participativa. Otras en cambio están inconformes. Por ejemplo, el Movimiento de Campesinos de Papaye, del este del país, que hace dos meses realizó una movilización de unas 8000 personas contra el Gobierno -la primera de esta envergadura- rechazó el proceso electoral de mayo, además de denunciar la situación socioeconómica. Otra evidencia del escaso entusiasmo popular hacia el proceso es el hecho de que, al 20 de noviembre, solo 25 mil de los 800 mil jóvenes que recién cumplieron 18 años, se habían inscrito en el registro electoral. Otro factor que ha contribuido al desconcierto es la ola de violencia que se desató en el país desde inicios de noviembre. Testigos han informado de vehículos sin placas desde donde se dispara con armas de fuego sobre los pasantes y las colas de quienes esperan los autobuses. Se reportó al menos cinco muertos y varios heridos. Gobierno y oposición se enfrentan en acusaciones mutuas en cuanto a la responsabilidad de estos hechos. El 21 de noviembre, la OPL denunció un complot "concebido por el poder Lavalas" para responsabilizar a la oposición por un atentado que tendría lugar el día siguiente, como pretexto para desatar la represión. Al día siguiente se produjeron siete atentados con bombas y centenares de miembros de organizaciones populares salieron a las calles a exigir la arrestación de dirigentes de la CD. Las iglesias se pronunciaron pidiendo la reanudación del diálogo.