Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, nuestros últimos tres Presidentes, se encuentran hoy condenados o vinculados respectivamente a la obtención de dinero fruto de actos ilícitos. Estamos hablando de la máxima autoridad nacional que caería en los tentáculos del dinero sucio y entonces ¡sálvese quien pueda! Ni el actual presidente Ollanta Humala se salva de estas vinculaciones. El ex presidente García, en su afán de defenderse de las acusaciones de la Megacomisión, llegó a vincular a Humala a las actividades del narcotráfico cuando era capitán del Ejército en el Huallaga. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué futuro político nos espera?

 

El lavado de activos en Perú mueve unos US$6,500 millones al año y el narcotráfico bordea los US$2,000 millones, informó la procuradora antidrogas Sonia Medina. El lavado de activos se desarrolla en etapas como alejar los fondos ilícitos de toda asociación directa con el delito, así como borrar toda pista para burlar cualquier intento de rastrear el dinero. Medina precisó que su despacho maneja 18,856 procesos por tráfico ilícito de drogas, 59,602 procesos por tráfico ilícito en pequeña escala y 289 por lavado de activos.

 

Los mecanismos de lavado de activos son disímiles. Desde fachadas de negocios fantasma hasta la compra de inmuebles por miles de dólares.  Lo más grave, quizás, es la inmersión del dinero ilícito en las organizaciones políticas. Los continuos casos de autoridades elegidas vinculados a negocios ilícitos vienen dando las campanadas de alarma. Las denuncias van desde los gobiernos locales, como serían los casos del alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y el presidente regional de Ancash, César Álvarez, hasta lo nacional, con los casos de con congresistas investigados y hasta desaforados del parlamento nacional por sus vinculaciones a casos de corrupción. 

 

 

Frente a la cercanía de las principales elecciones en el Perú, del 2014 y 2016, un importante paso sería otorgar un financiamiento público a los partidos a fin de prevenir que el "dinero sucio" ingrese a las campañas políticas. El financiamiento público directo está contemplado en la actual Ley de Partidos Políticos, pero no se ha aplicado debido a una disposición transitoria que lo supedita a la disponibilidad de la caja fiscal. Esta ley debió implementarse a partir del 2007, pero no se hizo.

 

El ex magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ulises Montoya, advirtió que el financiamiento público a los partidos contribuiría a la transparencia en los fondos partidarios, aunque señaló que aún falta fortalecer los mecanismos de fiscalización y de control sobre los mismos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

 

La Comisión de Constitución del Congreso  aprobó en setiembre de 2013 hacer efectivo el financiamiento público para los partidos políticos a partir del 2014, pero la norma entrará en vigencia cuando el pleno confirme la decisión. ¿Qué espera nuestra representación nacional para hacer efectiva esta importante norma?