Campaña electoral, terminación del conflicto armado y participación de la sociedad civil
05/04/2014
- Opinión
Las conversaciones en La Habana entre los Delegados del Gobierno Nacional y los de las FARC-EP siguen su desarrollo previsto, es decir, abordando los temas de la agenda acordada y avanzando en esa dirección de construir los Acuerdos. El 4 de abril iniciaron el ciclo 23 –recordemos que cada ciclo tiene una duración de once días- y luego un período de receso y consultas. Todo indica que el tema de “solución al problema de las drogas ilícitas” está ad portas de un acuerdo entre las dos Delegaciones –se esperaría que lo anuncien en el curso de este ciclo y se preparen para abordar el importante y complejo tema de “Derechos Humanos de las Víctimas. Verdad”. Aquí debemos decir que los colombianos no podemos darnos el lujo de ser pesimistas frente a la terminación concertada del conflicto armado interno.
Lo anterior para señalar que a pesar de la ‘fatiga’ de sectores de la opinión, que a juicio de ellos no produce resultados rápidamente –como si fuera tan sencillo construir acuerdos para resolver un conflicto de medio siglo de duración-, o que peor aún consideran sus enemigos que allí lo que se está es haciendo una pantomima, lo cierto es que las dos Delegaciones están abordando con total seriedad la búsqueda de construir acuerdos que nos permitan a los colombianos cerrar este período de la historia política colombiana en el cual el uso de la violencia por parte de distintos actores fue una constante. Pero, claro, no faltan los adversarios tanto de sectores de la derecha, como de la izquierda política, cosa que es normal y no debería preocuparnos excesivamente.
Ahora bien, ya iniciada la campaña presidencial se comienzan a dibujar las posiciones acerca de qué hacer en relación con esta posibilidad de solución a uno de los problemas estructurales más complejos del país –que paradójicamente en la medida que se ha dado una distensión de facto y tenemos una Fuerza Pública más fortalecida y por consiguiente no se dan tantos hechos de violencia, pierde importancia en las preocupaciones de los ciudadanos-, las diversas campañas presidenciales definen poco a poco sus posiciones. Tenemos que la campaña de Clara López es la única, obviamente después de la del presidente Santos que ha hecho todo el esfuerzo para que las conversaciones estén donde están, que apoya estas conversaciones sin ambages ni titubeos. En el extremo se encuentra la campaña de Oscar Iván Zuluaga que claramente se opone a estas conversaciones; muy próxima está la posición de la campaña de Marta Lucía Ramírez. La campaña de Enrique Peñalosa, si bien dice que apoya las conversaciones y le parece serio y competente el equipo negociador, cuando avanza en planteamientos empiezan a aparecer posiciones que pondrían en cuestión los acuerdos entre las partes. Lo anterior permite concluir que estas conversaciones para terminar el conflicto interno armado tienen una continuidad garantizada y la posibilidad de una conclusión exitosa, incluido el inicio de la implementación de los Acuerdos que es un aspecto fundamental de las mismas, porque el tema no termina firmando unos documentos, sino empieza el desafío de la implementación de los mismos-, si hay una continuidad del Gobierno que las inició y las ha venido llevando a cabo. En cualquier otra circunstancia entraríamos en una situación de incertidumbre o peor aún de riesgo de frustración de este importante esfuerzo. Eso seguramente esperamos lo valoren los colombianos al momento de hacer sus escogencias electorales.
Para bien o para mal la experiencia colombiana es que las políticas de terminación del conflicto armado interno han sido políticas de Gobierno y no de Estado, con excepción de los casos exitosos de los Presidentes Virgilio Barco y César Gaviria, pero allí hubo una clara continuidad del segundo en relación con el anterior mandato –equipos negociadores, estrategias de negociación, implementación de lo acordado-.
Ahora bien, el presidente Santos ha planteado que está dispuesto a convocar el Consejo Nacional de Paz –claro que todavía no ha precisado cuando-, lo cual es considerado por muchos actores relevantes del país como una oportunidad muy importante de vincular activamente a sectores diversos de la Sociedad y el Estado a dar sus luces, especialmente en la tarea de construcción de paz, que es la que empezará con la implementación de los Acuerdos para terminación del conflicto armado –porque la tarea de la negociación de la terminación del conflicto armado, es algo que compete al Gobierno con los Delegados de la guerrilla y la participación consultiva y propositiva de la sociedad por medio de los mecanismo establecidos en el Acuerdo General para la terminación del conflicto armado firmado entre los delegados de ambas partes-.
Sin embargo, previo a una nueva convocatoria del Consejo Nacional de Paz, que esperamos se haga de manera pronta, es necesario poner a tono una serie de aspectos previstos en la Ley, cosa posible de realizar a través de un decreto reglamentario: los participantes, incluyendo allí nuevos actores políticos y sociales; las tareas en las cuales se deben centrar las deliberaciones de este organismo consultivo del Gobierno; el impulso a los Consejos Territoriales de Paz en departamentos y municipios; el funcionamiento y la periodicidad del mismo y otros aspectos relevantes.
Creo que la preocupación en este campo, como dice un dicho a la moda por estos tiempos, no deben ser las próximas elecciones sino las próximas generaciones y eso conlleva que no podemos condenar a nuevas generaciones de colombianos a continuar en una guerra fratricida, antes de volver a intentar con seriedad una solución al enfrentamiento armado. Ese lujo creo no nos lo podemos dar los colombianos.
Alejo Vargas Velásquez
Profesor titular Universidad Nacional, Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 394
Semana del 4 al 10 de abril de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
https://www.alainet.org/en/node/84609?language=es
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