Febrero: El conflicto en el campo llegó a extremos con el asesinato de Nery Benítez
16/03/2014
- Opinión
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| Moto de Nery Benítez, luego de su asesinato. Fuente: Luz Bella Comunicaciones. |
El debate sobre los efectos de las fumigaciones influyó en la agenda política. Además, cinco presos del caso Curuguaty iniciaron una huelga de hambre clamando por su libertad y el esclarecimiento de la titularidad de la tierra de Marina Kue. San Isidro del Jejuí fue declarado Sitio Histórico y de Conciencia. El gobierno de Cartes liberó una soja y un maíz transgénicos.
Ya es característico que con el inicio y desarrollo de cada campaña sojera detonen las contradicciones en el campo, que se expresan básicamente entre la poderosa expansión sojera y la decidida resistencia campesina que busca seguir recreando su vida y cultura en sus históricos territorios.
Desde setiembre de 2013 hasta febrero de 2014 se registraron más fumigaciones, intoxicaciones, represiones policiales, civiles armados, apresamientos e imputaciones que en otras épocas del año.
En los últimos tres meses se registraron 110 imputaciones sólo contra miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC), la organización que encarnó el rechazo de las fumigaciones y al modelo sojero en esta zafra. (1)
Los cargos por los cuales se les imputó son varios, de acuerdo a la creatividad de los agentes fiscales: coacción grave, invasión de inmueble ajeno, transgresión de la ley de armas, asociación criminal, amenaza de hecho punible, robo, homicidio en grado de tentativas...
En ninguna de estas imputaciones algunos de los o las fiscales investigaron las denuncias que sustentaban la resistencia campesina: la irregularidad de las fumigaciones, las afectaciones a la salud, la pérdida de sus cultivos y animales por los agrotóxicos, la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad, el no cumplimiento de la franja de seguridad de 100 metros, la ausencia de las barreras vegetales de protección, el acaparamiento de lotes campesinos para la reforma agraria, la presencia de pistoleros armados enviados por los sojeros que amedrentaban a la comunidad.
En los últimos meses de 2013 la resistencia campesina resistió embates, represiones y encarcelamientos en asentamientos como Maracaná, Tapiracuay Loma, Crescencio González, Tacuarí, Joajú, Tava Jopói y otros.
A pesar de todo esto, al contrario de mermar, la resistencia tuvo la capacidad de recrearse con fuerza y salió a denunciar a nivel nacional las irregularidades de las explotaciones sojeras. Esta denuncia transcendió públicamente, en parte por el apoyo de otros actores como medios convencionales y alternativos, instituciones civiles y aislados parlamentarios.
El 1 de febrero en el asentamiento “7 de abril” del distrito de Luz Bella, departamento de San Pedro, hubo una gran represión a bases de la FNC que se negaban a seguir siendo fumigados. Al día siguiente, aparentemente los productores sojeros locales contrataron sicarios y mandaron asesinar al agricultor Nery Benítez, simpatizante de la FNC y denunciante de las injusticias que viven las familias del lugar. (2)
Tras esto se intensificó la presión contra el Estado y el gobierno de Horacio Cartes. Como parte de este escenario, el mismo ensayó un discurso afín a descomprimir un poco el ambiente. Habló de un protocolo especial para que la policía resguarde sojales, entre cuyos elementos figura el revisar si el sojero cumple las normativas ambientales.(3 )
El ministro de Salud, en un rapto de sensibilización, prometió investigar la vinculación entre agrotóxicos y la salud de las personas del campo, aunque no podemos descartar que esto haya sido simplemente una estrategia mediática de ese momento. (4)
El asesinato de Benítez deja al descubierto la tendencia de que algunos sectores sojeros no escatiman a recurrir al servicio de sicariato si no logran frenar la resistencia campesina con los aparatos represivos del Estado.
El debate sobre las fumigaciones subió de tono aún más en febrero con la actitud y discursos del ministro de Agricultura, Jorge Gattini, el primero en promocionar la agricultura mecanizada en base a semillas transgénicas y agrotóxicos. (5)
Éste dijo en varios actos oficiales que quienes se oponían al modelo sojero y sus fumigaciones lo hacían por ignorancia, también que lo hacían desde una “trinchera ideológica”, que los agrotóxicos no hacen daño a la salud. Y desafió al campesinado, especialmente a la FNC, a que le demuestren que hacían daño.
La respuesta se expresó con creatividad en varias acciones, pero llegó a su máxima expresión cuando la FNC desafió a Gattini a comprobar en el jardín de su casa los efectos de los agrotóxicos. “Vinimos a comprobar acá que no hacen nada”, decían con ironía la comitiva de referentes de la organización que fueron hasta la residencia. Finalmente no pudieron concretar la idea por la masiva presencia policial.
Durante este mes, además, la policía y la fiscalía mostraron que no solamente persiguen a agricultores que se oponen al modelo sojero, sino a cualquier actor de la comunidad que lo haga. En Luz Bella policías desprovistos de sus identificaciones interceptaron al comunicador y docente Roberto Franco y le amenazaron de muerte. El motivo responde a que él había tomado fotos y filmado la brutal represión policial ocurrida días antes. (6)
Días después de que las bases de la FNC frenaran los trabajos de un tractor que preparaba el terreno para la siembra mecanizada de maíz, en Táva Jopói, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, la fiscalía y la policía arrestaron al docente Ricardo Peralta.(7)
Tierra y libertad
Durante enero varias familias del asentamiento de Yvy Pyta, muchas de ellas con esposos, hijos, hermanos, parientes fallecidos, imputados o apresados en la masacre de Curuguaty decidieron ocupar parte de las tierras aledañas a donde se registró la masacre en junio de 2012.
El objetivo de las mismas fue evantar en el lugar una chacra comunal desde la cual mitigar la acuciante situación económica y alimentaria que enfrentan varias de ellas. La fiscalía local imputó a tres de los principales dirigentes de esta lucha, Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta bajo los cargos de invasión de inmueble ajeno.
Fueron llevados a audiencia preliminar y el juez local les concedió medidas alternativas a la prisión, con restricciones de acercarse al lugar de la masacre, de salir del país sin su permiso y de mudarse de domicilio.
El 14 del mes los cinco presos del caso Curuguaty, Néstor y Adalberto Castro, Rubén Villalba, Felipe Benítez y Arnaldo Quintana empezaron su segunda huelga de hambre desde que están presos hace poco más de un año y medio. "Es en homenaje a nuestros compañeros, nuestros once compañeros caídos, que hemos decidido iniciar esta huelga de hambre indefinida hasta conseguir la liberación de las tierras de Marina Cué para el campesinado pobre y también nuestra libertad", decía su comunicado.
A pocos días de esta medida, la solidaridad de familiares, organizaciones sociales, civiles, artistas y religiosos se hizo sentir, especialmente articulaciones urbanas y rurales que vienen exigiendo el esclarecimiento de los sucesos
En los últimos días de este mes, además, el sistema judicial fijó la fecha del juicio oral que deberán enfrentar los 11 campesinos y campesinas acusados del caso. Será del 26 de junio al 11 de julio en la ciudad de Salto del Guairá.
Arroceros que desvían ríos
En el ámbito de los agronegocios y los derechos humanos, otra información resaltante fue el desvío de los cursos de los ríos Tebicuary, Yhaguy y otros arroyos y cauces hídricos por parte de arroceros en los departamentos de Caazapá, Misiones y Cordillera.
Las autoridades del Ambiente, parlamentarios, medios alternativos de comunicación o denuncias individuales hicieron pública esta situación. Resaltó el hecho de que uno de los principales productores de arroz que desviaba el curso del río Yhaguy, en la ciudad de Arroyos y Esteros, e infringía las leyes ambientales de acuerdo a las denuncias, resultó ser el poderoso empresario de intereses inmobiliarios, bancarios y propietario del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo. (8)
San Isidro del Jejuí, Sitio Histórico
El 8 de febrero se recordaron 39 años del atropello y represión sobre la comunidad de San Isidro de Jejuí, durante la dictadura estronista. Para recordarlos, los componentes de la asociación realizaron una asamblea y un karu guasu(9) en el lugar donde también asistieron invitados e invitadas de otros sectores de la sociedad.
El encuentro estuvo marcado por el reciente triunfo de la asociación, que tras 23 años de gestiones administrativas, judiciales y de lucha, el año pasado recuperó 182 de las 230 hectáreas que les fueron arrebatadas desde aquel 8 de febrero de 1975.
Autoridades de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo,a través de su iniciativa de “Red de Sitios Históricos y de Conciencia del Paraguay”, declaró la comunidad como “Sitio Histórico y de Conciencia”.
Ese día de la declaración se descubrió una placa con la siguiente frase: “Comunidad San Isidro del Jejuí. Por su resistencia. Símbolo de la lucha por la democracia y la libertad en el Paraguay”.
Dos transgénicos más en Paraguay
El 20 de febrero el gobierno de Horacio Cartes, coherente con su “nuevo rumbo” de la derecha paraguaya, aprobó desde su ministerio de Agricultura dos semillas transgénicas. Una es la del maíz MIR162 de la corporación Syngenta y otra la soja CV127 de la BASF.
Con esto, en Paraguay están aprobados un total de 12 cultivos transgénicos hasta el mes de febrero, tres de ellos por el gobierno actual: Tres cultivos de soja, tres de algodón y seis de maíz. (10)
Antes del golpe de Estado institucional de junio de 2012 en Paraguay existía un solo cultivo transgénico. Con esto se tiene claro que uno de los objetivos de aquel quiebre democrático propiciado por los sectores poderosos de la economía apuntaba a reorientar la economía, para lograr la máxima expansión posible en todo sentido.
Laterza Cue y los acusados del caso Lindstron
En febrero el Instituto de la Tierra (INDERT) intentó reimpulsar la expropiación de las tierras de Laterza Cue, que representa un gran conflicto social con familias campesinas desplazadas en el distrito de Mcal López, departamento de Caaguazú.
Durante la última semana de febrero las autoridades del INDERT enviaron una nota a parlamentarios donde pedían tratar la ley de expropiación que duerme en el Congreso. El mismo instituto había “olvidado” esta estrategia por creer que existía un ambiente de posible arreglo entre los empresarios que se dicen propietarios del inmueble y las familias campesinas del lugar, asentadas hace más de 40 años.
Lo concreto es que los pobladores y pobladoras siguieron siendo amedrentados permanentemente y además reprimidos por la propia policía en varios casos. Y los empresarios se desentendieron de las autoridades del INDERT.
Durante los últimos días del mes, fueron liberados dos de los acusados de supuestamente colaborar con el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) en el secuestro del ganadero y político Luis Lindstron, hoy ya fallecido. Se trata de Águedo y Alcides Giménez (padre e hijo).
Luego de que la fiscalía, encabezada en el caso por la agente Sandra Quiñónez, cargara sobre los acusados (que en total son 14) los cargos más gruesos y comprometedores y los presentara como los terribles terroristas, finalmente y a conciencia de la falta de pruebas y desprolijidad de acusaciones, desinfla las acusaciones y plantea retirar varios de los cargos y proponer un procedimiento abreviado, si a cambio los acusados se declaraban como culpables.
Con esta salida, varios de los 14 campesinos acusados fueron puestos en libertad, y ahora también Águedo y Alcides, que recuperaron su libertad luego de estar cerca de dos años de prisión preventiva. Ambos declararon a la prensa que son inocentes, pero que se declararon culpables con tal de recuperar su libertad.
Lunes 17 de marzo de 2014
Notas
(1) Dato proveído por Marcial Gómez, secretario adjunto de esta organización, en el seminario Modelo de producción y Derechos Humanos, del 11 de marzo último.
(9) Comilona, en guaraní
(10) Como este boletín abarca hasta febrero, no se cuenta aquí el último cultivo transgénico aprobado el 4 de marzo, con el que Paraguay tiene 13 transgénicos en su territorio.
https://www.alainet.org/en/node/83990
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