Estado de derecho y pueblos indígenas

Andrés Cabanas

26/12/2013

Opinión

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Presentación en Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, Nim Ajpu, 13 de diciembre de 2013.

Es un reto hablar de Estado de derecho y pueblos indígenas, en un contexto de falta de concreción y progresiva restricción de estos derechos. Podríamos, así, titular esta ponencia "Estado de derecho versus pueblos indígenas".

El reto para el análisis incluye contradicciones legales, argumentativas y sobre todo políticas.

Punto de partida: qué entendemos por Estado de Derecho

El ejercicio parte de una comprensión común del Estado de derecho. Este, según definición de Immanuel Kant, se “rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita”.

Aunque, añaden los teóricos, no debe confundirse Estado de derecho con Estado democrático, ambas condiciones deben darse simultáneamente. O sea, debe haber leyes definidas por la sociedad (el pueblo) en función de los intereses de esa sociedad.

Así, el Estado de derecho se diferencia de las dictaduras porque en éstas el deseo del dictador es la base de muchas acciones, que no están mediadas por una norma jurídica o se hacen en contraposición a las normas jurídicas.

(Aló, Guatemala. Si preguntamos a Otto Pérez Molina qué es Estado de derecho nos dirá que es la gestión por resultados, o hacer “lo que hay que hacer”, ambigüedad que presenta como razón de Estado las medidas destinadas a la acumulación y reproducción política del reducido círculo gobernante).

En qué momento estamos

No vivimos en un estado de derecho, sino en una fase autoritaria (reconfiguración autoritaria) en el marco de un modelo neoliberal militarista. Este modelo, que no inicia pero se fortalece con la llegada al gobierno del Partido Patriota, se fundamenta en cinco ejes de acción (y de poder):

Uso institucional de la violencia

Remilitarización/poder del ejército

Extractivismo y transnacionalización de la economía

Ideologización neoconservadora

Autoritarismo/centralización del poder.

El parteaguas en este estado de cosas es el golpe de estado de 28 de junio de 2009 en Honduras (de corte militar y rasgos fascistas), que legitimó pronunciamientos/gobiernos militares e inauguró una fase de "dictaduras civiles".

Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, comparte las características principales del ejercicio del poder político hoy, en Guatemala. Entre otras:

la falacia de la supremacía de la ley,

la democracia judicial (sentencias judiciales que deciden asuntos relativos al poder político democrático y electo),

el autoritarismo,

el control de los recursos del Estado,

el control ilegítimo de los recursos de las comunidades,

el debilitamiento de derechos,

la existencia de un gobierno de facto y no de derecho,

la ausencia de una visión de país,

la posibilidad de rupturas institucionales.

Además, vivimos y sufrimos en un marco de: persecución sistemática a organizaciones y comunidades en resistencia, lo que incluye ataques para debilitarlas y asfixiarlas económicamente; criminalización y judicialización de la protesta, a partir del control de los operadores de justicia; restricción de derechos (estado de excepción permanente); institucionalización de la impunidad y la mentira; gobierno por excepción (compras por excepción, contrataciones por excepción, estados de excepción) en los que la norma y el cumplimiento de la ley son eso, excepcionales.

Lex mercatoria: poderes por encima de la ley y los derechos

La lógica de derechos se pulveriza porque el Poder determinante (Alejandro Teitelbaum) o el Poder configurador (Martin Heidegger), léase el Poder Corporativo, no es electo ni democrático, y se fundamenta en la legalización de la impunidad. Es decir, en un conjunto de “contratos, normas de comercio e inversiones de carácter estatal, multilateral, regional y bilateral, y de decisiones de los tribunales arbitrales, que protegen sus intereses, e irradian a las legislaciones locales” (Juan Hernández Zubizarreta).

Este poder corporativo, que incluye la economía criminal y los actores locales coaligados, requiere su propia normatividad e institucionalidad. Cuando éstas no son suficientes como garantía de negocios, desconoce/niega/anula las decisiones de instituciones.

El entramado jurídico-legal del abuso transnacional se apoya en exenciones legales (licencias ambientales y otras) y exenciones fiscales (sustituidas por aportes voluntarios). No existen mecanismos que limiten, auditen u obliguen. Las formas de control están basadas en la “voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad” (Juan Hernández Zubizarreta). Los mecanismos de evasión de responsabilidad (empresas subsidiarias, testaferros, opacidad societaria) dificultan la auditoría y las demandas jurídicas.

La impunidad se convierte en sustento de la expansión económica y reduce el poder político legítimo (es decir, el gobierno electo y la construcción colectiva de instituciones, leyes y estado). El Presidente Gerente y el Gobierno gerente se convierten en operadores de los intereses transnacionales, en un marco de intereses mutuos:

La crisis económica en Europa determina una ofensiva de expansión transnacional.

El gobierno patriota, inestable, débil, acaparador, incapaz de construir consensos y un proyecto colectivo, pierde apoyos –incluso entre elites económicas- y encuentra su sostén más firme en el respaldo transnacional y las embajadas de los países amigos, especialmente España.

La matriz ideológica ultra liberal o fascista de la que se alimentan el Partido Patriota y el Partido Popular, gobernantes en Guatemala y España, facilita las coincidencias.

Este Gobierno Gerente “se transforma en una oficina otorgante de contratos, licencias y concesiones… Renuncia a la rectoría económica del país y entrega a potencia extranjeras y grupos privados la soberanía nacional” (Gilberto López y Rivas).

En los territorios: un modelo de expansión y una práctica de explotación

En los territorios, en las comunidades, se perciben procesos de debilitamiento de la autonomía municipal, de eliminación de la organización propia, la democracia y los derechos de los pueblos, de recolonización (nueva conquista).

El debilitamiento de la autonomía municipal se produce, entre otros, cuando se pretende eliminar la obligatoriedad de extensión de la licencia de construcción para las empresas, otorgada por las Municipalidades y objetivamente factor de control sobre sus acciones, como se ha demostrado en Santa Cruz Barrillas y en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (torres de transmisión). La iniciativa de Ley para la constitución de servidumbres legales de transmisión eléctrica, en trámite en el Congreso, obliga a las Municipalidades a apoyar de forma irrestricta este Plan y delimita la autonomía municipal a favor del interés nacional y público determinado por el Estado.

La eliminación de la organización propia, la democracia y los derechos de los pueblos implica que las empresas y el gobierno pueden avalar o construir modelos políticos y modelos paralelos de representación y poder comunitario, cuando los existentes no son funcionales a sus intereses. En Santa Cruz Barrillas, la empresa impulsó las Asociaciones Microregionales (ONG o grupo de interés), en detrimento de los Consejos de Desarrollo. O legitimó una parte de estos (Consejos de segundo nivel) para minimizar la oposición de los Consejos de primer nivel.

Así, las empresas y el poder económico necesitan modelos políticos propios, que gestionen la implantación y la acumulación económica. Las formas democráticas, las leyes y las representaciones comunitarias autónomas no son funcionales a estos intereses de acumulación. Las transnacionales aceptan la democracia por corrección política y no por convencimiento: “Todos los extractivismos, no solamente la minería, son procesos verticales, que desplazan, que uniforman, que dominan y colonizan. En esas visiones no existen los colectivos o las plurinacionalidades” afirma el ecuatoriano Alberto Acosta.

La recolonización de territorios y la nueva conquista no es una figura retórica, una exageración o una evocación histórica. Se está produciendo: la propuesta de ciudades modelo, avanzada en Honduras y en gestación en Guatemala (uno de sus promotores, Michael Strong, es asesor de la Universidad Francisco Marroquín) entrega porciones de territorio a otro país, “un gobierno garante”, que lo administra con legislación, fiscalidad y gobierno específicos. Esta recolonización de territorios, en general este esquema de poder, regresa a la región a los tiempos previos a la independencia criolla.

Cuadro: Un modelo de implantación, al margen del Estado de derecho

Persecución a dirigentes y organizaciones.	Encarcelamiento, órdenes de captura, campañas mediáticas de desprestigio, ataques desde el gobierno (López Bonilla y Otto Pérez Molina).
Debilitamiento de la organización comunitaria (engaños, cooptación, división, enfrentamiento).	Compra de líderes, amenazas y otros.
Generación de estructuras comunitarias paralelas (cuando los Consejos de Desarrollo no son funcionales a las empresas).	Ejemplo: Asociaciones microregionales en Barrillas, formadas por la Cooperación (programa Decopaz) en los 80. Se constituyen como representación comunitaria e interlocutoción para el diálogo. No han renovado su dirigencia, por lo que son de hecho ilegales.
Control de los operadores de justicia para la persecución.	Jueces de Paz, redes de abogados, fiscales, etc.
Legislación e institucionalidad favorable a las empresas.	Licencias ambientales (previo a operar), exenciones fiscales durante 10 años, y otras.
Incumplimiento de la ley y desconocimiento de la institucionalidad.	Ejemplo: Municipalidades, cuando no otorgan la licencia de construcción.
No se respeta el derecho a la consulta.	En todos los casos.

Fuente: Elaboración propia

¿Qué nombre le ponemos a este desastre?

No gozamos de una democracia real, funcional, participativa. No está vigente un Estado de derecho democrático. Pero tampoco nos gobierna una dictadura clásica, porque se mantiene el régimen electoral y de partidos, los derechos formales, la libertad de expresión está apenas amenazada por el miedo al encarcelamiento.

Isabel Rauber caracteriza este modelo como democracia de mercado, que no excluye la vía electoral y la pluralidad de partidos:

“Cuando me convienen la democracia y la legalidad, sí, y cuando no me convienen, no… Se apela a canales legales para poner fin por la fuerza a los procesos de cambio que se están desarrollando en el continente”.

Boaventura de Sousa Santos habla de sociofascismo, porque siguen vigentes formas democráticas, pero crece el autoritarismo económico, ideológico y cultural.

A raíz del golpe de estado en Honduras, Emir Sader visualiza la restauración neoconservadora.

Gustavo Castro nos recuerda la vigencia del gobierno corporativo o la Corporación Nación.

Para el politólogo Álvaro Velásquez, “El sistema político guatemalteco, aunque formalmente democrático, dadas las características de las relaciones de poder establecidas y las formas de funcionamiento del mismo, se establece que tiene una democracia de élites, o mejor dicho, oligocracia”. Lejos del Estado de derecho, estamos en una etapa de “constitucionalización de la soberanía de las minorías”,que en la práctica da continuidad al proyecto de Pro Reforma e implica el fin del ciclo y el pacto constitucional de 1985, reforzado con los Acuerdos de Paz.

Qué hacer (qué estamos haciendo…)

Frente a la dictadura de los mercados y la pulverización del estado de derecho, se trata de preservar y promover la democracia de los pueblos, la democracia raizal y radical, a partir de:

Ejercer el derecho a la resistencia.

Fortalecer la capacidad de decisión de las comunidades.

Reconstruir y fortalecer el poder comunitario.

Generar alternativas al desarrollo transnacional.

Fortalecer la unidad de comunidades, organizaciones y sectores que enfrentan el sistema actual desde su especificidad y luchas distintivas (mujeres, jóvenes, otras).

Preservar la cultura, la economía y el territorio, y sus formas de organización y toma de decisiones (autonomía). Promover poderes políticos autóctonos, no subordinados a las empresas.

Muchas de estas acciones no son ideas futuras, no son consignas vacías, se están promoviendo ya desde el ejercicio del poder propio, frente al poder dictatorial.

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