El 18 de octubre de 2021, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso declaró estado de excepción por 60 días. Esta declaración se tradujo en la suspensión de los derechos constitucionales de ecuatorianos y ecuatorianas y en tropas ​​– fuertemente armadas – inundando las calles del país. El hecho puntual que definió la medida fue el asesinato, el 17 de octubre, de un niño de once años llamado Sebastián Obando. Sebastián estaba en una heladería del barrio del Centenario, en Guayaquil, y cayó muerto durante un tiroteo entre “un ladrón armado y un policía”.

El niño recibió tres impactos: un tiro en el corazón, otro en el brazo derecho y otro en la espalda, según declaró su padre, Tomás Obando. La declaración de estado de emergencia por parte de Lasso se basó la reacción pública ante este asesinato. El presidente dijo que necesitaba suspender los derechos constitucionales del pueblo de Ecuador para enfrentar el dominio de las bandas de narcotraficantes en el país.

El 19 de octubre, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken llegó a Quito para brindar el apoyo estadounidense a Lasso. Blinken y Lasso se reunieron, reafirmando los estrechos vínculos entre los Estados Unidos y Ecuador. En una rueda de prensa conjunta de Mauricio Montalvo (ministro de Relaciones Internacionales de Ecuador) y el secretario de Estado de EE.UU., este declaró, “en las democracias hay momentos en los que, con circunstancias excepcionales, es necesario tomar medidas para enfrentar emergencias y situaciones urgentes, como las que se viven ahora en Ecuador”.

Lasso, quien fue electo en abril, ha presidido situaciones excepcionales, una tras otra. La economía de Ecuador se tambalea mientras el Gobierno se esfuerza por responder al aumento de la violencia en el país. En septiembre, un motín en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) terminó con 116 vidas. Antes, en febrero de 2020, una serie de motines coordinados en cuatro cárceles provocó la muerte de 79 reclusos en Ecuador. Tras el incidente de septiembre, Lasso declaró estado de emergencia en las cárceles ecuatorianas. Esto fue el antecedente del estado de emergencia nacional.

Un problema wstructural, no una situación excepcional

La declaración de Lasso sugiere que hay algo apremiante en Ecuador que requiere medidas. Nela Cedeño, una jóven líder de Revolución Ciudadana, nos dijo que Ecuador se ha mantenido en una crisis de largo aliento. Solo este año, dice, ha habido 1.213 asesinatos, muchos de ellos no relacionados con el tráfico de drogas. “El decreto [de estado de emergencia] no se justifica”, dice Cedeño. Las estadísticas muestran un “incremento de la violencia en el país en los últimos seis años, lo que entendemos como un problema estructural y no una situación excepcional”, agregó Cedeño.

De los – aproximadamente – 18 millones de personas que viven en Ecuador, 5,7 millones viven “en la pobreza”, y de “estos 5,7 millones de personas, unos 2,6 millones” de ecuatorianos y ecuatorianas están viviendo “en la pobreza extrema”, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. UNICEF calcula que tres de cada 10 niños y niñas menores de dos años en Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil. “El país es el segundo con mayor proporción en América Latina y el Caribe, después de Guatemala”, según UNICEF. La vida cotidiana en Ecuador se ha deteriorado radicalmente desde la implementación de un programa de austeridad impulsado por el Fondo Monetario Internacional bajo la gestión del presidente anterior, Lenín Moreno. El acuerdo de Moreno con el FMI, en marzo de 2019, dio lugar a protestas generalizadas a lo largo del país.

Como parte del acuerdo de Moreno con el FMI, se recortaron los fondos del Gobierno para la atención sanitaria, llegando a despedir a 3.680 trabajadores y trabajadoras de salud. Como resultado de esto, en Guayaquil – la misma ciudad en donde sucedieron los motines carcelarios y fue asesinado Sebastián – las calles se llenaron de cuerpos muertos durante el punto más alto de la pandemia del COVID-19: el sistema de salud estaba desbordado y no tenía recursos para atender la emergencia. Guayaquil fue el “epicentro del brote”, durante abril del 2020 y Ecuador tuvo una de las más altas tasas de COVID-19 en América Latina, como resultado del destrozo del sistema sanitario. Lasso, cuyo partido solo tiene 12 de los 137 escaños de la Asamblea Nacional, quiere profundizar el programa de austeridad de Moreno; este programa incluye recortes de los impuestos para los ricos y la disminución de derechos para los trabajadores y trabajadoras, así como la autorización para que las empresas extranjeras sigan operando en el sector minero ecuatoriano.

La agenda de austeridad de Lasso, nos dijo Cedeño, no resuelve los problemas de la gente. No hay una agenda que enfrente la precarización del empleo, el irrespeto del pago mínimo de sustentación (PMS) para los campesinos y campesinas, el aumento en el costo del combustible, la crisis carcelaria y los niveles de inseguridad y violencia que van en aumento. El Gobierno de Lasso es “políticamente incapaz” de afrontar los problemas reales, por lo que se refugia en la militarización de una crisis social, concluye Cedeño.

Militarización de una crisis social

El estado de emergencia de Lasso, dijo Cedeño, no ha calmado a una “ciudadanía aterrorizada y preocupada”. De hecho, se volvió aún más aterrador cuando Lasso despidió a su ministro de Defensa, Fernando Donoso, para reemplazarlo por un General retirado, Luis Hernández. Sacar a los militares a las calles de Ecuador e impulsar leyes que les permite actuar sin escrutinio (y con inmunidad de acción) crea las condiciones para una dictadura militar con una insignificante participación civil en el Gobierno. El decreto de emergencia de Lasso otorga amnistía a las fuerzas de seguridad que, según él, son “injustamente condenadas por su trabajo”.

Desde 2019, los movimientos sociales de Ecuador, incluyendo el movimiento indígena, han tomado con frecuencia las calles para exigir una vía alternativa. Este año, dice Cedeño, “hemos tenido varias paralizaciones y protestas contra la falta de gestión, y contra varias medidas adoptadas por el Gobierno de Lasso. Los protagonistas han sido agricultores, transportistas y maestros. Estos últimos [incluso] se declararon en huelga de hambre”.

El decreto de Lasso llegó, puntualizó Cedeño, justo cuando los movimientos sociales hicieron un llamado a las movilizaciones contra el alza de los combustibles y las propuestas de austeridad de Lasso. “Nos resulta fácil suponer que el estado de excepción [fue] declarado a conveniencia de Lasso”, para proteger sus políticas, “y no por la violencia que azota al país”.

Las protestas contra el decreto de estado de excepción comenzaron el 26 de octubre. Encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y Revolución Ciudadana, las movilizaciones han tomado fuerza. A pesar de que se encontraron con una fuerte resistencia opresiva de las fuerzas armadas, no desaparecieron. Las carreteras fueron bloqueadas en varias zonas claves de la Sierra y la Amazonia, y protestas masivas se congregaron en frente del Palacio de Carondelet, la sede presidencial de Quito. Después de algunos días de manifestaciones, el 28 de octubre, el presidente de CONAIE, Leonidas Iza, pidió que estas se suspendieran durante la conmemoración del día de los muertos. Iza declaró que las protestas se reanudarán después de las celebraciones.

Este artículo fue producido para Globetrotter.

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. También es miembro senior no-residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets, con una introducción de Evo Morales Ayma.

Taroa Zúñiga Silva es escritora asociada y coordinadora de medios en español de Globetrotter. Es co-editora, junto con Giordana García Sojo, del libro Venezuela, Vórtice de la Guerra del Siglo XXI (2020). Forma parte del comité coordinador de Argos: Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos. También es parte de Mecha Cooperativa, un proyecto del Ejército Comunicacional de Liberación.