Los horrores de la Segunda Guerra Mundial hicieron acuñar un nuevo término jurídico, el genocidio, en Núremberg en 1945, que desde entonces ha quedado fijado en el imaginario colectivo como el peor crimen posible contra la humanidad. Hoy el mundo vive un momento similar, en el que las crecientes y devastadoras evidencias sobre la grave destrucción causada por el ser humano en la naturaleza hacen emerger otro término que permitiría juzgar los peores crímenes contra el medio ambiente: el ecocidio.

La Fundación Stop Ecocidio define al ecocidio como “el daño masivo o la destrucción de los ecosistemas, cometidos con conocimiento de los riesgos. En otras palabras, es un daño grave al mundo natural vivo”.

Un análisis etimológico del término nos lleva a un neologismo formado por eco- sustantivo griego oikos (casa, morada, ámbito vital) y cidio, derivado del verbo latino caedo (matar, exterminar), siendo su significado etimológico algo así como “asesinato o exterminio del medio ambiente”.

El ecocidio, cometido repetidamente durante décadas, ha creado la emergencia climática, ecológica y la pérdida de biodiversidad que ahora enfrentamos.

Jojo Mehta, activista medioambiental, una de las fundadoras de la ONG Fundación Stop Ecocidio (Stop Ecocide Foundation) con base en los Países Bajos y también fundadora de la campaña Stop Ecocidio, explica: “Nuestra misión es apoyar el establecimiento del ecocidio como un crimen internacional, con el fin de prohibir y prevenir más devastación de la vida en la Tierra. Somos la única campaña global con un objetivo único”.

Los abogados internacionales están elaborando planes para un delito de ecocidio jurídicamente exigible - que penaliza la destrucción de los ecosistemas del mundo que ya está atrayendo el apoyo de los países europeos y las naciones insulares en peligro por el aumento del nivel del mar.

El panel que coordina la iniciativa está presidido por el Prof. Philippe Sands QC, del University College London, y Florence Mumba, ex juez de la Corte Penal Internacional (CPI).

El objetivo es elaborar una definición jurídica de “ecocidio” que complemente otros delitos internacionales existentes, como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio.

La emergencia climática y ecológica es el resultado de muchos años de actividades industriales dañinas como la de los combustibles fósiles; textil y del curtido; fracking (fracturación hidráulica); minería ilegal y legal del oro y remoción de cimas; contaminación de los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos, etc. No obstante, las empresas han decidido continuar con estas prácticas pese a conocer los riesgos que implican. La responsabilidad recae sobre las decisiones tomadas en la cima de la industria, de las finanzas y de los gobiernos.

Muchas veces el Estado acaba normalizando determinadas formas de producción y consumo destructivo. Muchas empresas se aprovechan de aquellos países business-friendly (propicios para los negocios) que sacrifican su territorio por una falsa promesa de crecimiento económico.

Como ciudadanos de a pie, podemos y debemos asumir la responsabilidad por lo que comemos y lo que compramos, pero no somos los que tomamos las decisiones de alto nivel político y de inversión. Por lo tanto, no se puede culpar a la ciudadanía por el ecocidio.

Ecocidio por desmontes, incendios y muerte

5 millones de hectáreas de bosque arrasadas en los Llanos de Chiquitos, por una serie de incendios forestales provocados, en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni (Bolivia). La aprobación del Decreto Supremo 3973 en el mes de julio del 2019, que el gobierno boliviano utilizó para legalizar y autorizar la expansión de la frontera agrícola y ampliar la plantación de coca, mediante el desmonte y la “quema controlada” de bosques en los mencionados departamentos, fue una terrible decisión gubernamental.

Estos incendios forestales en 2019 quemaron 2 millones de hectáreas, calcinaron 40 millones de árboles y mataron a 6 millones de animales silvestres, según las investigaciones realizadas por el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Ciencias Puras y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

En aguas del Mar de Cortés, conocido como “El Acuario del Mundo” debido a su grandiosa fauna marina, ubicado en las costas del puerto de Guaymas, estado Sonora (México), se derramaron 3 mil litros de ácido sulfúrico cometido otra vez por la empresa minera Grupo México.

700 áreas afectadas en Brasil por fuga de hidrocarburos durante el año 2019, que contaminaron 300 playas en más de 100 municipios ubicados al noreste del país. La marea negra petrolera que contaminó el noreste brasileño en el 2019 demuestra que la monetización de las actividades industriales es más importante que la salud de los ecosistemas.

Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) revelan además que en los 10 primeros meses del año 2020 fueron detectados 93.356 focos de incendios, a los que hay que sumarles los incendios en el Pantanal que aumentaron más de 230% en relación con 2019, según datos del Laboratorio de Aplicaciones de Satélites Ambientales (LASA), de la Universidad Federal de Río de Janeiro donde las llamas devastaron 4 millones de hectáreas de este bioma en Brasil.

En Argentina, durante el 2020, en plena pandemia, se contabilizaron incendios simultáneos en 14 provincias y el 95% estuvo relacionado con la acción humana entre intencionales (90%) y por negligencia (5%). El saldo fue de 1.500.000 hectáreas calcinadas y miles de animales muertos.

Estados que avanzan

Varias pequeñas naciones insulares, como Vanuatu, en el Pacífico, y las Maldivas, en el océano Índico, pidieron que se “considere seriamente” un crimen de ecocidio en la asamblea anual de Estados parte de la CPI en 2019.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió el 29 de junio de 2020 con los 150 miembros de la Asamblea de Ciudadanos por el Clima, durante la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), y aprobó que la legislación establezca este nuevo delito de ecocidio en Francia.

Macron dijo: “Hay que asegurar que este término se consagre en el derecho internacional para que los líderes rindan cuentas ante la Corte Penal Internacional”.

El Papa Francisco pide que el ecocidio se convierta en la “quinta categoría de crímenes contra la paz” en la Corte Penal Internacional.

El Parlamento Europeo votó a favor de que los Estados miembros apoyen el reconocimiento del ecocidio como crimen en la Corte Penal Internacional.

El gobierno belga se comprometió a “emprender acciones diplomáticas para detener el crimen de ecocidio” como parte de su programa de gobierno. Bélgica estima que sería útil examinar la posibilidad de introducir los llamados crímenes de ecocidio dentro el sistema del Estatuto de Roma.

El movimiento obrero insta a Suecia a liderar la propuesta para crear el crimen de ecocidio.

Elisabeth Dior Fall Sow, jurista de la ONU y consultora para la CPI, dijo: “El ambiente está amenazado en todo el mundo por los gravísimos y persistentes daños que se le causan y que ponen en peligro la vida de las personas que viven en él. Esta definición contribuye a subrayar que la seguridad de nuestro planeta debe garantizarse a escala internacional”.

Si los miembros de la CPI lo aprueban, el ecocidio se convertirá en el quinto delito que persigue el tribunal -junto con los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión- y en el primer delito internacional nuevo desde la década de 1940, cuando los líderes nazis fueron procesados en los juicios de Núremberg.

Conclusión

Desde la Asociación Amigos de los Parques Nacionales argumentamos que la destrucción a gran escala de los ecosistemas es un crimen que no debe quedar en el ámbito civil, sino que el ecocidio debe tipificarse en el ámbito penal, para que se procese no solo a individuos sino a Estados y empresas responsables de cometer el daño con conocimiento de los riesgos.

La Tierra necesita buenos juristas y mejores leyes. Una persecución universal de eventos que destruyen ecosistemas de forma constante permitiría que, aunque un país tenga una legislación ambiental muy tolerante, delitos cometidos en su territorio no queden impunes y puedan ser juzgados en el derecho penal internacional.

Norberto Ovando es presidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN) y Experto en Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y Educación y Comunicación (CEC), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).