Hace más de 6 años que Barak Obama, presidente de EEUU (2009-2016), designó a Joe Biden, en aquel entonces vicepresidente de la República, liderar un plan de desarrollo para el Triángulo Norte de la región centroamericana, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Este plan, denominado Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) contemplaba recursos iniciales por un monto de 5 mil millones de dólares, de los cuales EE. UU. aportaría unos mil millones anuales, pero que, en 2016, el Congreso de la República solo aprobó 750 millones de dólares.

Una de las causas es que los gobiernos de la región no estaban haciendo lo suyo, en especial un mayor control del narcotráfico, corrupción, migración y reducción de la pobreza, violencia y protección de los derechos humanos; pero, además, cabe destacar que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, no estaba convencido de que esta era la mejor estrategia para frenar la migración, sobre todo de mujeres y menores de edad.

Con la llegada al poder de Donald Trump, las exigencias aumentaron, sobretodo la presión a los gobiernos para frenar la llamada migración ilegal, para lo cual se aceleró la construcción del muro en la frontera EE. UU.-México y la creación de un “cuchumbo” de países seguros, o sea países cuyos gobiernos retienen al migrante y no le permiten avanzar en su ruta hacia el país del norte, al menos que desde allá se mande una autorización que nunca llega.

El principal país seguro ha sido y lo sigue siendo México, donde Trump amenazó a López Obrador con aranceles a los productos que ingresen a EE. UU., si no controla y retiene a los migrantes, solicitando envió de la Guardia nacional a las fronteras. Le siguió Guatemala y Honduras, pero sin recursos para enfrentar las causas de la migración masiva como la falta de tierras, equipos y créditos para producir, empleo seguro y de buena calidad, violencia y corrupción a galope, que sustrae recursos cada año para el desarrollo.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con apoyo de otras agencias de Naciones Unidas, elaboró el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala y Honduras y el sur-este de México, cuyo propósito fundamental es atacar las causas estructurales de la migración irregular, buscando desarrollar las economías de estos países en forma integrada con la vigencia de un enfoque innovador, supuestamente más allá de las recetas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ejecución de programas y proyectos productivos aislados sin garantías de sostenibilidad y empoderamiento de los llamados actores reales, o sea las familias que sufren la pobreza, inseguridad alimentaria, violaciones de derechos humanos, violencia, narcotráfico y corrupción generalizada. Ello, en el marco regional para la Protección y Soluciones al Desplazamiento Forzado (MIRPS), donde participan actores diversos, incluyendo organizaciones de sociedad civil y cooperantes internacionales.

El bajo ritmo de crecimiento económico de los países, la pobreza y la desigualdad económica y social, son las principales causas de la migración según el diagnóstico elaborado por CEPAL, lo que demanda una fuerte inversión en sectores productivos como el agroalimentario, pero también políticas públicas tributarias progresivas regionales que aumente en forma sostenida los montos de la inversión pública (una meta de 25% PIB) y elimine de raíz prebendas y exoneraciones fiscales. Estas inversiones incluyen también a sectores como el energético, logístico, infraestructura y digitalización, donde los mayores beneficiados son empresarios locales ligados a empresas transnacionales.

Aunque la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, ha venido destacando avances en la ejecución de este Plan y su compatibilización con la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS), donde a marcha lenta se ha ido creando la institucionalidad técnica requerida en cada país, lo cierto es que el Plan se encuentra desfasado -se aprobó a mediados de 2019-, no solo por la pandemia Covid-19 y fenómenos naturales, sino por problemas de gestión pública donde los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, han sido acusados de autoritarios, corruptos y proclives a la inestabilidad política y violencia.

El desfase ha sido evidente en el monto de los 10 mil millones de dólares que deberían ejecutarse, según el gobierno de México, para atender los programas y proyectos productivos, pero también un ofrecimiento de 5,800 millones de dólares del gobierno de los EE. UU. para la atención de los migrantes y familias, y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE. UU. y sus ofertas de campaña política en el tema migratorio, varias acciones tomadas se han flexibilizado, como ejemplo los llamados países seguros y el patrullaje de la frontera México-USA. No obstante, es evidente que los costos, más allá del aumento del número de inmigrantes y mejora de las condiciones materiales en los centros de retención, siguen asumiéndolos los gobiernos de la región, sobre todo en lo que respecta al retorno del migrante y protección social. Ello está generando un problema mayor, por la pérdida de credibilidad de la población en gobiernos como el de Guatemala y Honduras, y el mal uso de los recursos destinados al Covid-19. Cada vez más estos gobiernos tienen dentro de la población retornada y deportada, a personas sin recursos ni empleos dignos, con hogares desintegrados y faltos de esperanzas.

La reciente visita de la vicepresidenta del EE. UU., Kamala Harris, a Guatemala y México, al parecer, llenó las expectativas de gobiernos de los países centroamericanos, pero con un largo camino por recorrer para cumplir con lo prometido. En el caso de Guatemala, el acuerdo de cooperación con EE. UU. incluye la creación de un grupo de trabajo anticorrupción (ojalá en operación lo más pronto posible) con apoyo del Departamento de Estado y de Justicia, donde participarán fiscales y expertos estadunidenses para investigar y procesar casos de corrupción de los países del Triángulo Norte con nexo en EE.UU. A ello se suma el Grupo de Trabajo contra el Tráfico Ilícito y Trata de Personas, y otro para prevenir e interrumpir operaciones de tráfico de migrantes y trata de personas.

Esta iniciativa anticorrupción se suma a la creación del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), anunciado por Ricardo Zúñiga, enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica. Se estima que la región pierde cada año 13 mil millones de dólares por la corrupción, que deberían servir para salud, educación, producción de alimentos y combate de la pobreza.

En el tema económico, las iniciativas son varias, dentro de las cuales destacan: a) En conjunto con el sector privado y socios como PriceSmart, apoyo al empoderamiento de mujeres, principalmente mujeres jóvenes indígenas que enfrentan problemas de violencia de género, mejorando el acceso a la justicia, salud y educación, en aquellas regiones o zonas de alta emigración, con un costo de 40 millones de dólares; b) Apoyo al espíritu empresarial y la innovación para el desarrollo, a un costo de 48 millones de dólares, en sectores como energía renovable, resiliencia climática, salud, agua y saneamiento, telemedicina, agricultura, educación y finanzas; c) Vivienda de bajo costo; d) Apoyo a la agroindustria y MiPymes.

Se espera que esta iniciativa concertada con el gobierno “chapín”, sobre todo en lo económico, sea parecida para el caso de El Salvador y Honduras, aunque el liderazgo y ejecución de los programas y proyectos lo asuman organizaciones privadas y de sociedad civil, ya que las relaciones del país del norte con ambos gobiernos no son las más cordiales, por las acusaciones de narcotráfico y denuncias de corrupción del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y la falta de “democracia” en El Salvador y el acercamiento del presidente Bukele con China.

En México, se apela a las relaciones de mutua cooperación y de socio estratégico en temas de comercio y seguridad regional. El problema central es la inmigración ilegal y la necesidad de poder constituir grupos de trabajo conjunto transfronterizos para enfrentar la criminalidad y resolver las desapariciones de personas, muy comunes en zonas fronterizas. Es de esperar una mayor atención directa a las personas, sobre todo mujeres y niños; siendo clave el flujo de información y el fortalecimiento de centros de prevención y retención. México no ha renunciado a su rol de primer país seguro de la región, y socio estadunidense en el control de la migración, lo que implica también mayor involucramiento y ayuda a los países de la región Centroamérica en educación, salud, agricultura y comercio. 

No obstante la importancia de estas acciones e interés del gobierno de EE.UU., existen varias dudas sobre este nuevo enfoque al problema migrante. Lo primero es el énfasis por seguir con un modelo de producción y exportación de productos agrícolas sustentado en el extractivismo y los agronegocios, donde los mayores beneficiarios han sido las empresas y productores con acceso a recursos financieros y tecnología, integrando las cadenas comerciales y supermercados mayoristas. Hay poca mención a las pequeñas economías campesinas y comunidades étnicas que no tienen acceso a recursos y servicios públicos, y enfrentan problemas de inseguridad alimentaria, particularmente las mujeres y jóvenes. En Guatemala y Honduras hay evidencia que estas poblaciones se resisten a ser desalojados de sus tierras y cambiar prácticas agrícolas ancestrales, enfrentando el extractivismo y uso de semilla transgénica en sus cultivos, por lo que la iniciativa y programas de EE. UU. y los gobiernos tendrán un impacto marginal, ya que la desigualdad económica y social seguirá igual.

En el tema de la corrupción, las instancias creadas con apoyo de EE. UU. enfrentan desde ya una falta de compromiso visible de los propios gobiernos de los países, ya que lo consideran una injerencia directa que viola la autonomía en la toma de decisiones; las comisiones contra la corrupción y la impunidad creadas (ejemplo la MACCIH en Honduras) frente a la demanda de la sociedad civil fueron desmanteladas, donde no solo se involucra al Ejecutivo, sino también al Congreso Nacional, Fiscalía e incluso la Corte Suprema de Justicia, sin que la Organización de Estados Americanos (OEA) pueda revertir estas decisiones y establecer sanciones a los gobiernos.

Kamala Harris se refirió muy poco al problema del narcotráfico, que tiene relación directa con la corrupción e inmigración ilegal. Se necesita de acciones contundentes y la presencia de una fuerza de tarea regional, con apoyo del gobierno de México, Departamento de Estado y la justicia norteamericana, tal como demandas organizaciones de sociedad civil y partidos políticos de la región. La evidencia muestra que los militares y policías son parte del problema, no de la solución, lo que implica la creación y fortalecimiento de un espacio decisorio regional.

El uso del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) como instancia o espacio de colaboración supraregional debe fortalecerse, tal como lo demuestra el compromiso previo del gobierno de España, EE. UU. y la Unión Europea para apoyar a los países del Triángulo Norte por un monto inicial de 110 millones de dólares. Sin embargo, conviene revisar e integrar los planes y estrategias de desarrollo anteriores, y concretar el compromiso de EE. UU. de apoyo por un monto de 4 mil millones de dólares, con objetivos y metas claras anuales, organizaciones, familias y personas beneficiadas.

Tutele, la Paz, 14 de junio de 2021