Parte 1 https://rebelion.org/latinoamerica-el-caribe-y-sus-luchas-i/

Parte 2 https://rebelion.org/latinoamerica-el-caribe-y-sus-luchas-ii/

Parte 3a

Marco histórico y teórico-crítico reciente

En esta tercera parte del ensayo, igual que en sus partes anteriores, hicimos una revisión general, no detalladamente exhaustiva ni extendida (ya que ello llevaría escribir un libro para cada caso o país analizado), pero sí tratando de mantener un marco general conceptual ecléctico y relativamente contemporáneo, que tiene enfoques analíticos y críticos de ciertas interseccionalidades[1] iniciales que forman parte y explican los recientes movimientos y protestas sociales en América Latina y el Caribe (LAC). En esta dirección, nos decidimos a una breve revisión a través de un marco histórico, teórico y crítico macro, meso y micro de los casos de país: Chile primero en esta entrega y Bolivia en una segunda entrega seguida en corto tiempo. Es importante hacer un repaso critico comparativo dados los resultados actuales de sus procesos sociopolíticos y socioculturales que no solo han sorprendido mundialmente, sino que son importantes de señalarse, por los problemas macroeconómicos y microeconómicos y sus derivados. En el caso de Chile se ha conjugado un rechazo generalizado de su población o la resistencia al modelo de intrusión, agresivo y dominante neoliberal global. Allí las búsquedas de las reivindicaciones y reparaciones son múltiples, dinámicas, interrelacionadas e interseccionales. Estamos conscientes que propusimos otros cuatro países (Colombia, Haití, Honduras y Nicaragua), los cuales vamos a desarrollar en una cuarta parte de la serie de ensayos pidiendo por adelantado nuestras disculpas por priorizar los dos países arriba señalados y justificando las razones puntuales y trascendentales del por qué adelantamos esta tercera entrega con ambos países y sus realidades actuales.

Presentamos en la segunda parte de este ensayo publicada anteriormente una discusión teórico-metodológica que nos sirvió para analizar con profundidad y cierto nivel de extensión el fenómeno de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS)[2] en LAC (ver los enlaces electrónicos al inicio si se desean consultar). En esta tercera parte, en los países ya señalados en la introducción, desarrollamos un análisis macro sociológico y político, de contenido crítico y comparativo, utilizando una aproximación marxista posestructuralista y posmoderna. Utilizaremos también al nivel meso y un tanto al nivel micro, los conceptos sociopolíticos y socioculturales de “marcos de interpretación” de Goffman (1974)[3] y de “marcos de acción colectiva” de Gamson (1988)[4]. En esa misma dirección metodológica, influenciados y derivados por lo anterior, utilizamos los conceptos sociopolíticos y psicosociales de “las dimensiones y las estrategias de enmarcamiento”, y las categorías conceptuales y comparativas de “acción colectiva” y de ‘tipologías de repertorio(s)’; explicadas por Revilla (2010) y Tricot (2012)[5] respectivamente, y descritas y analizadas también en la segunda parte del ensayo. Los autores Mejías y Suárez (2015)[6] han explicado que los Nuevos Movimientos Sociales (NMS), han adquirido experiencias contemporáneas, reformulando sus estrategias y focalizando sus demandas de acuerdo con las coyunturas políticas y las necesidades sociales, económicas, psicológicas y culturales sentidas tanto individual como colectivamente. Además, los NMS tienen una importante particularidad: la capacidad de autorreflexión y autotransformación. Incluyen una nueva manera de ejercer la democracia, la civilidad, la ciudadanía, las pertenencias, adscripciones e identidades étnicas. Tratan de (re)construir una democracia que permita (re)definir los conceptos, prácticas, percepciones y significados de ciudadanía y de participación popular. Plantean una realidad que permita también (re)edificar el concepto de sujeto y de nuevas formas de construir y concebir la emancipación. Es decir, que sea la transformación de la práctica social llevada a cabo por el campo social de la emancipación, al campo de la justicia, la dignidad y ‘la verdadera democracia participativa’ donde los intereses de la mayoría sean, finalmente, la respuesta a tanta exclusión, abuso y marginación, sobre todo en un continente tan desigual y con tantas brechas sociales, económicas y culturales como LAC.

De acuerdo con Colussi y de León (2020)[7], como se explicó en la segunda parte de este ensayo, en los últimos 30 años en la región se vivió el período en el que los países de Latinoamérica y el Caribe “retornaron a la democracia”, viéndola consolidarse como sistema de gobierno. Los movimientos sociales fueron claves, tanto en la “oposición a las dictaduras” de corte militar, como en las “transiciones a la democracia” (principalmente en algunos países de Centroamérica y en algunos de Sudamérica). No obstante, esas transiciones en general fueron ‘formales, contrainsurgentes, prescriptivas o de fachada’[8], según la evidencia examinada y analizada por estudiosos, académicos e investigadores. Aunque en general los movimientos sociales producen demandas de reconocimiento por parte de los otros actores y del sistema político, en el caso de los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños contemporáneos se involucran en la producción de una concepción más alternativa de ciudadanía. Así, estos movimientos sociales están implicados fundamentalmente en la multiplicación de escenarios públicos, en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado no solo a la exclusión sociopolítica, socioeconómica y sociocultural, sino también la de género, identidad étnica y ecológica, entre otras emergentes y en proceso de consolidación[9].

El neoliberalismo posmoderno globalizado de las últimas dos décadas de este siglo, como racionalidad socioeconómica y sociopolítica, no ha servido para resolver las necesidades sociales, económicas y políticas de las sociedades en Latinoamérica y el Caribe. El “sálvese quien pueda” no funciona; la supremacía de lo individual es un gran escollo ahora que se piden esfuerzos colectivos para superar la recesión económica y la pandemia del COVID-19[10]. La cooperación socializada, colectiva, más comunitaria y horizontal está tratando de volver a reconstruirse, restablecerse y crecer, de imponerse a la competencia individualista fomentada por el modelo neoliberal tecnocrático elitista[11]. Asimismo, los mercados no saben cómo autorregularse; no existe mano invisible que los regule; y tampoco se cumple el mito de que los agentes privados logran sus beneficios por asumir más riesgos dentro de la especulación bursátil. Ha nacido entonces en estos tiempos, un nuevo desorden económico global, con crisis cíclicas cada vez más recurrentes, amplias y profundas (entre las últimas, la recesión del 2008 y la actual debida en parte, a la pandemia del COVID-19, pero existente ya desde antes que comenzara la misma)[12].

Con relación a lo anterior, Billion y Ventura (2020)[13] han descrito varias características y relaciones sobre los NMS en Latinoamérica y el Caribe recientemente. Los NMS han sido parte importante de los medios sociales existentes para hacer visibles las reivindicaciones y demandas propuestas por la ciudadanía y hacer notar y tratar de resolver los problemas sociales en el continente, debidos mayormente, aunque no exclusivamente, al neoliberalismo globalizante a ultranza. Pero los movimientos y las protestas sociales son también mucho más que un medio: son espacios en los que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas. Son la voz de la sociedad, los mensajes que la sociedad envía a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están implicados en la gestión de lo público dentro del Estado en el continente. Los movimientos y las protestas sociales como procesos de identificación colectiva, como ejercicios de autoafirmación y como prácticas de solidaridad grupal son, ante todo, una escuela de ciudadanía: fantasías, deseos, objetivos y metas colectivas que van abriendo paso en la historia nacional, sociopolítica y sociocultural de las poblaciones en los países. No son política alternativa: son política per se, producto, por un lado, de las fuerzas sociales y de la lucha de clases; por otro lado, son reivindicaciones y reparaciones sociales y políticas, como las étnicas, culturales y territoriales, entre otras. De acuerdo con Revilla (2010)[14], éstas se manifiestan muchas veces con la siguiente dinámica de la acción colectiva de Gamson (1989)[15] donde se presentamos algunos ejemplos en el caso de Chile:

1. La acción colectiva (de protesta y de fomentar o presionar al cambio de situación) es la que lleva a cabo un sujeto colectivo (en Chile, a su inicio, fueron inicialmente los grupos de jóvenes estudiantes urbanos de clase media y pobre asalariadas y trabajadoras quienes iniciaron la acción colectiva, después fue la población en general, incluyendo en varias ocasiones las clases dominantes o privilegiadas[16].

2. La acción colectiva es siempre un proceso interactivo y comunicativo (en Chile, la organización y comunicación de la población escolar joven se dio mayormente en los centros educativos y a través de las redes sociales)[17].

3. La existencia de agravios o condiciones estructurales o coyunturales de conflicto potencial no es siempre lo suficiente, lo completo y lo extensivo, para explicar la acción colectiva (en ambos países la represión inicial y sistemática de los aparatos de control y seguridad -policía y ejército- de los dos Estados, a través de medios violentos contra la población manifestante y protestataria por las reivindicaciones y reparaciones civiles, humanas, étnicas y políticas principalmente); suscitaron una reacción mucho más violenta de la población que la inicial).

4. La acción colectiva, aunque se habla de que es una acción racional, no siempre es una acción racional para todos en lo individual y en lo colectivo, a pesar de que tenga y contenga una intencionalidad clara, (consideramos abiertos a la crítica y a la discusión, constructiva que este enunciado teórico-metodológico en la práctica, no puede ser completamente cierto o corroborado totalmente en varios casos y situaciones de la realidad, donde se pone a prueba la inteligencia emocional). En Chile la población se ha organizado sin liderazgos aparentes, definidos, contra la existencia de un Estado alienado en la burbuja política partidista, alejado de la realidad nacional para las mayorías bajo el modelo socioeconómico excluyente, racista y plutocrático, con un contenido constitucional dictatorial.

5. En el proceso de la acción colectiva se pone en juego una dimensión instrumental y también una dimensión expresiva[18]. En Chile la dimensión instrumental se dio a través de la comunicación conscientizante y unificadora/organizadora de la población escolar joven inicialmente y de allí se expandió al resto de la población de acuerdo a la evidencia histórica revisada.

Tenemos entonces, que en el estudio de la acción colectiva en la región LAC se han estado utilizando las teorías de los NMS, a través de la noción de ‘repertorio(s)’; esto es muy relevante, ya que no solamente alude a lo que los participantes hacen cuando están inmersos en un conflicto contra otros (en Chile la gran mayor parte de sus poblaciones contra sus Estados, los cuales, en ambos casos, se han vuelto autoritarios y antagónicos a los intereses de la mayoría de la población). Los NMS vienen a ser una serie de conceptos sociales, estructurales y culturales en un proceso paralelo (a ratos divergente y a ratos convergente), continuo y discontinuo, puesto que los cambios fundamentales en la acción colectiva han dependido de las grandes fluctuaciones en los intereses en disputa, en las oportunidades y las formas coyunturales de organización para las formas de demostraciones y protestas públicas. Éstos, a su vez, van acompañados de transformaciones en los Estados. En transformaciones mínimas del capitalismo, con sus variantes y ciertos elementos de su composición orgánica, en la sociedad y el sistema sociopolítico y socioeconómico donde se manifiestan los movimientos y las protestas sociales para incidir en esos cambios o modificaciones.

En Latinoamérica y el Caribe esto tiene connotaciones e implicaciones más complejas, donde la violencia común o la delincuencia o el crimen organizado es una forma política y económica de control social, de un sistema de gobierno o de la estructura de un aparato de Estado. La narcoactividad, el narcoestado, la narcoeconomía, serían algunos ejemplos concretos de la complejidad del fenómeno. En la actualidad existen condiciones para que se desarrolle con mayor frecuencia la acción colectiva contenida y de confrontación en ambos países presentados en esta parte del ensayo. Aunque la violencia ha existido ciertamente, esta violencia ha sido mayormente de parte de las fuerzas de seguridad y de las políticas de control y confrontación de esos Estados y/o de sectores políticos organizados radicales, recalcitrantes o extremistas[19]. Las reacciones de confrontación y violencia se han dado como reacción a la represión instaurada por esas primeras fuerzas del Estado. Las manifestaciones pacíficas en gran medida han sido el recurso y están disponibles para una mayor variedad de organizaciones y para la participación de un número mayor de personas de diferentes segmentos o estratos sociales[20].

La inesperada pandemia del COVID-19 que ha llegado a toda LAC abre interrogantes, más allá de los problemas estructurales complejos ligados directamente a esa crisis de salud pública. La mayor parte de los sistemas de salud de LAC están colapsados desde hace mucho tiempo. La mayoría de los países de LAC tienen sistemas muy limitados, débiles e ineficientes: La situación económica mundial no muestra un cambio sustancial ni trascendente, al menos de momento. Está claro que el sistema capitalista neoliberal global no resuelve (ni quiere, ni puede) los acuciantes problemas de la humanidad. Sin dudas, la pandemia contribuye a la crisis económica y social generalizada. Pero no se puede negar ni perder de vista que la crisis sistémica (comparable a la Gran Depresión de los 1930s), es anterior a la aparición de la pandemia del COVID-19. Tal vez se pueda usar a esta última como excusa, pero no se puede olvidar que el capitalismo global, neoliberal a ultranza; ya desde fines del 2019 entró claramente en una fase recesiva mayor a la del 2008[21].

Las burbujas financieras y el capital financiero-especulativo explotaron una vez más, aunado a la guerra económica entre los tres grandes bloques económicos mundiales (el asiático, el norteamericano y el europeo) y las dos potencias económicas globales (China y Estados Unidos); a pesar de que los medios de comunicación corporativos se abstuvieron de darle una mayor difusión y cobertura. De momento no se puede predecir qué pasará en los meses venideros, esperando quizá que la crisis mundial vaya a traer un cambio de paradigma y los capitales se tornen “solidarios” con el sufrimiento de la población mundial. Ello no pasa de ser hasta el momento, una ilusión muy ingenua o infantil en cierta medida. Los planes del capitalismo global no han cambiado, aún con la combinación de la recesión acelerada en parte por la pandemia del COVID-19. Las deudas externas, aún con recesión y pandemia, siguen siendo cobradas puntualmente por los bancos acreedores[22].

Chile: el malestar, el cuestionamiento y el rechazo al modelo liberal post-pinochetista

En los países del llamado Tercer Mundo, contrario a lo que ocurrió en el Norte, generalmente próspero (Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón), las políticas neoliberales que se impusieron en las últimas décadas del siglo pasado, pudieron ser implementadas solo a partir de regímenes dictatoriales. En Chile tuvo un lugar un evento que serviría como símbolo de un cambio muy violento en la historia política del país, con efectos perniciosos que han perdurado hasta la actualidad. El 11 de septiembre de 1973, se daba allí el golpe de Estado del ejército chileno, comandado por el general Augusto Pinochet, contra el presidente democráticamente electo Dr. Salvador Allende. La dictadura del general Pinochet fue icónica en el sentido de instaurar y promover el modelo neoliberal capitalista (analizado en la primera parte de este ensayo).

La asonada militar, nada nueva ni en la historia de Chile ni en la historia de Latinoamérica y el Caribe, tuvo un carácter especial: dio pie a la instalación de las primeras políticas neoliberales por parte de un gobierno nacional, no solamente en el continente, sino que también al nivel mundial. Las peores calamidades de los planes de reducción ostensible del Estado, la privatización de todo lo privatizable, la contención de la protesta social por todos los medios posibles y la represión policial y militar, tuvieron lugar en Chile. De hecho, Milton Friedman en persona, eje central de la ‘Escuela de Chicago’ impulsora de las políticas neoliberales fundamentalistas y fondomonetaristas (también analizadas en la primera parte de este ensayo), estuvo de visita en Chile en dos ocasiones, en 1975 y en 1981, bendiciendo y evaluando las medidas tomadas por la dictadura militar.

El derrocado presidente chileno propiciaba el paso al socialismo por la vía democrática. Propuesta difícil, que la historia se ha encargado de rebatir infinidad de veces (la institucionalidad democrática dentro del capitalismo periférico y pos-neocolonialista no permite la construcción de alternativas socialistas reales; es decir: la socialización de los medios de producción y la democracia popular de base). Experiencias similares de procesos revolucionarios abortados sobran en el contexto latinoamericano y caribeño durante el siglo pasado (Haití, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, entre otros). Lo importante de lo acaecido en Chile en aquel 1973 fue la puesta en marcha de ese laboratorio social y económico con las políticas de ajuste del modelo neoliberal, como el inicio de su implantación progresiva al nivel global. Con los años, entonces, fueron instalados similares planes neoliberales a ultranza no solo en LAC sino en, prácticamente, el mundo entero (un estadio agresivo de expansión global de mega capitales e industrias corporativas).

Chile como ejemplo de dicho modelo, vendió sus activos estatales de servicios públicos y sociales a capitales privados nacionales, internacionales y mixtos. El país promovió nacional e internacionalmente sus sectores agrario, forestal, agropecuario y extractivo (minerales, acuícolas y otros recursos naturales[23]), a empresas nacionales y transnacionales de alta explotación intensiva de recursos y de exportación masiva de las producciones a mercados globales. Chile se abrió y recibió rápidamente inversiones fuertes, amplias y continuas, a través de variados paquetes de incentivos arancelarios, fiscales y financieros distribuidos regionalmente; los recursos naturales renovables y no-renovables fueron rápidamente privatizados.

La nación trasandina comenzó a ser exhibida por cierta academia, varios círculos políticos internacionales, por el BM, el FMI y por la corporación mediática capitalista global, como el ejemplo más exitoso de estas políticas. De hecho, comenzó a circularse la idea que ya había ingresado al exclusivo club del “Primer Mundo” por meritocracia de ser uno de los países punta de lanza, a la vanguardia en la aplicación del modelo “socioeconómico en creciente moda”. La narrativa de la propaganda repetida hasta el cansancio, tanto dentro como fuera del país, fue transformando a la nación trasandina en un “modelo de éxito” “el modelo a seguir por el resto de LAC y el mundo”, “Los Jaguares de Latinoamérica” disfrutaban del éxito económico y el bienestar total como país, como nación (aunque esto último hay que analizarlo con más cuidado, puesto que la causa del Pueblo Mapuche no se resolvió, ni se ha resuelto hasta la actualidad).

Ello se debió en muy buena medida a la necesidad de la ideología neoliberal dominante del primer mundo al resto, de tener una joya que mostrar, un espejo donde se reflejaran otras economías nacionales “principalmente del tercer mundo” al nivel mundial, para consolidar su hegemonía. Al lado del pretendido “fracaso” de los modelos socialistas (por falta de incentivos para “mejorar el nivel y calidad de vida y perpetuar la pobreza generalizada”); o más aún, de los capitalismos periféricos con “Estados muy grandes y benefactores parasitarios” -o, al menos, de lo que la prensa dominante intentaba mostrar como tal-, Chile fue elegida la presea perfecta[24], el arquetipo de éxito con las privatizaciones. El tiempo vino a demostrar que las cosas no eran precisamente como se planteaban. Lo cual demuestra, igualmente, que la población puede ser perpetuamente engañada por los medios de comunicación: en muchos casos, éstos presentan falsa propaganda o desinformación sistemática (puras y viles mentiras, históricas y actuales).

El Plebiscito en 1988 para que renunciara Pinochet y que hubiera elecciones de “transición hacia la democracia”, propicia la salida de Pinochet durante la década de los años 90s. Para ese entonces, Washington estaba cambiando su estrategia de dominio de su “patio trasero latinoamericano y caribeño” reemplazando las sangrientas dictaduras militares por la modalidad de “democracias transicionales vigiladas”. Con los planes de ajuste estructural encaminados, ya no era necesaria la “mano dura” de los militares; las “democracias representativas” -entendidas solo como el ejercicio de votar y elegir mandatarios cada cierto tiempo- alcanzaban para mantener el control hegemónico entendido. Así, todo el subcontinente fue abriéndose a esos nuevos tiempos “democráticos”. En Chile tuvieron lugar varias elecciones, y diversos candidatos civiles se sucedieron en la presidencia: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet en dos oportunidades intercaladas, y Sebastián Piñera, también en dos ocasiones intercaladas (quien se encuentra actualmente en el poder).

Durante el inicio del periodo de transición, el primer gobierno civil de Patricio Aylwin (1990-1994), los nuevos poderes del Estado sintieron al igual que el resto de la sociedad un temor justificado (dados los antecedentes recientes en ese periodo), que los militares pudieran regresar al poder y volver al pasado autoritario, obscuro y tenebroso; se siguieron los contenidos y lineamientos de la constitución pinochetista. En 1994 bajo la presidencia de Eduardo Frei (1994–2000), se privatizaron todos los servicios públicos a gran escala. Por su parte, el presidente Ricardo Lagos (2000-2006), hizo un acuerdo con los militares de permitir que escogieran representantes para el senado dentro de sus filas, no sujetos a voto popular. Y Michelle Bachelet organizó durante su segundo mandato un cambio de la constitución con sectores políticos y civiles de la sociedad chilena. Sin embargo, al final quedó todo suspendido y ya no se realizó, el proyecto no tuvo movimiento, quedando estancado desde el 2018 en su primer trámite constitucional, a la espera de ser debatido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado[25]. En síntesis, ningún mandatario modificó un ápice las políticas impuestas por la banca internacional (FMI y BM) ni la Constitución política de 1980[26], herencia de la dictadura pinochetista.

Así que el supuesto “milagro económico” y la expectativa de “ya viene la alegría para todos”, siguieron ofreciéndose como “productos y eslóganes exitosos” derivados de esas iniciativas y del alineamiento del pinochetismo demagogo con la retórica Reganómica neoliberal global. La mayoría de las poquísimas reformas o intervenciones del Estado que se hicieron durante las presidencias arriba señaladas (ya sea de la derecha o de la centroizquierda), fueron mayormente cosméticas, paliativas, casuísticas y temporales, sin transformar el modelo heredado, más bien fueron consolidándolo. La clase política, independientemente de las alas de “su ideología y compromiso político”, se relacionó y acomodó a través de alianzas plutocráticas, nepotistas y corruptas con la oligarquía nacional de la cual son representantes en varios casos, y también con el capital transnacional, alineándose con los intereses estratégicos de explotación generalizada dentro y fuera del país.

No obstante, algo sucedió rompiendo esa supuesta “tranquilidad y armonía social” en el país que duró tantos años en apariencia. En la segunda presidencia actual de Sebastián Piñera, iniciada en el 2018, el aumento del boleto del metro propuesto a mediados de octubre del 2019 desató enormes protestas, iniciadas por el movimiento joven estudiantil en principio, al que se le sumó luego masivamente una gran parte de la población, las cuales hicieron retroceder al final al mandatario. El aumento del pasaje en el metro de la ciudad capital de Santiago, en sí mismo, no fue especialmente significativo, pero fue una afrenta detonante para la precariedad económica de mucha de la población chilena, principalmente la juvenil en edad escolar y para sus familias. Su valor en hora pico subiría de 800 a 830 pesos, equivalente a 0,042 dólares estadounidenses.

El aumento en realidad acentuó un descontento latente y creciente en la población, y dejó ver otra realidad distinta a la que se presentaba[27] oficialmente como de “éxito económico mundial”. Evidentemente, el descontento largamente acumulado, el malestar profundamente sentido y la cólera súbita mostrada por parte de la población con reacciones violentas (de moderadas a extremas de acuerdo a la información en los medios y el análisis descriptivo abajo, sobre los repertorios de la acción colectiva), ante las acciones represivas, divisivas y equivocadas del gobierno, fueron la expresión de algo que no se decía oficialmente: la pobreza generalizada extendiéndose principalmente entre los grupos de clase media y baja asalariada, las brechas socioeconómicas entre las clases y los sectores sociales acentuándose, la exclusión de grandes sectores de la sociedad nacional expandiéndose, y la discriminación étnica y cultural exacerbándose debido al neoliberalismo aplicado a lo largo y ancho del país.

La primera reacción del Ejecutivo fue la abierta represión bajo el concepto de seguridad nacional y terrorismo; “estamos en guerra” dijo oficialmente el presidente Piñera. La misma se prolongó por espacio de varios meses, resultas de la cual se registraron 31 muertos, de acuerdo con lo informado por la OEA. Según calcula el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de esa institución, luego de su visita entre el 25 y el 31 de enero del 2020, entre octubre de 2019 y enero de 2020 se registraron 400 heridos y al menos 347 personas perdieron parcial o totalmente la vista[28] “Chile vive grave crisis en derechos humanos”, manifestó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, citada por el diario La Tercera[29]. Por su parte, Joel Hernández, relator para Chile de dicha Comisión, manifestó que “las protestas registraron en varios casos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza [de los carabineros]” debido a “falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas civiles”.

Como dice el historiador y analista político Mario Garcés, “la protesta social que se desencadenó en Chile a partir del 18 de octubre ha sido un fenómeno masivo, de grandes proporciones que tomó diversas formas en la mayor parte de los barrios de Santiago y también en las regiones al interior del país. El pueblo “caceroleó”, salió a sus calles y avenidas, se reunió en sus plazas, reactivó sus tradiciones comunitarias, organizó actividades para los niños, revivió “Ollas Populares”, almuerzos colectivos, actos culturales, así como sus propias comunicaciones vía WhatsApp del vecindario o “poblacionales”. La memoria de la lucha en contra de la dictadura afloró, irrumpió y reanimó el encuentro con los vecinos y los sentidos colectivos y comunitarios, visiblemente debilitados en la prolongada y nunca acabada transición a la democracia.”[30]

La realidad del país no era, definitivamente, la preconizada abiertamente por la prensa nacional y global (“Chile = Primer Mundo”, según ese engañoso mensaje con sesgo ideológico); las rebeliones populares pusieron al descubierto una desigualdad social, económica y étnica monstruosas (octavo país del mundo en asimetrías socioeconómicas igual que Ruanda en el África, por ejemplo)[31], siendo el país latinoamericano que ha escenificado las protestas más grandes hacia fines del año 2019 e intermitentemente a lo largo del 2020. La población, hastiada de las medidas de privatización, falta de acceso a los beneficios reales de un supuesto desarrollo, endeudada con los bancos y otras empresas financieras, reaccionó visceralmente ante el alza del pasaje del metro, lo que motivó por parte del Ejecutivo (siguiendo la sugerencia de asesores estadounidenses), la declaración de estado de sitio y toque de queda bajo un enfoque de control, confrontación, choque y terrorismo poblacional.

¿Por qué esta explosión popular? Nuevamente citemos a Garcés: “Una línea interpretativa, relativamente consensual es que los chilenos se cansaron de las desigualdades y los abusos; otra, que corean los manifestantes en las marchas que refuerzan y enriquecen la línea anterior es la que indicó certeramente que “no fueron los 30 pesos, sino los 30 años”, es decir simbólicamente se culpó a la transición dirigida y organizada por la clase política, escindida del pueblo (La Concertación y la Derecha, ambas promotoras de la “democracia de los acuerdos” que quiere decir algo así como, solo podemos cambiar aquello que produce consenso entre la centroizquierda y la centroderecha).”[32]

Sin dudas, la población del país trasandino (junto a la de Haití en el Caribe), es la que más fuertemente ha alzado la voz en toda esta ola de protestas que se dieron a fines del año pasado, lo cual llevó a un brutal endurecimiento del gobierno, con la policía y el ejército controlando las calles. “América del Sur se nos puede embrollar de modo incontrolable si no tenemos siempre a la mano un líder militar, y en el caso de Chile, esto reclama un jefe de la calidad solidaria del general Augusto Pinochet”, pudo decir sin la más mínima vergüenza Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en una Comisión de Urgencia de la Cámara de Representantes de su país, ante “la preocupante situación de Chile”. Su recomendación, dada en voz baja y transmitida por los asesores militares de su país en Chile, fue “disparar a los ojos”, buscando con ello crear terror y desmovilizar a la población. Todo ello deja ver que LAC sigue siendo con muy pocas excepciones, tristemente, el patio trasero de la potencia del Norte, y lo que en esta zona continental sucede se decide en Washington.

El conflicto escaló cuando el gobierno solamente ofreció represión, control y vigilancia en varios barrios de la ciudad de Santiago y después en Valparaíso y Concepción las otras dos ciudades principales, y en pocas horas las manifestaciones de protesta se extendieron al resto del país. La represión del gobierno estimuló aún más la movilización que tomó formas inéditas: el ataque a las estaciones principales del Metro, varias de ellas destruidas. Hubo también incendios de distinta magnitud, provocados por la población enardecida por la reacción del gobierno. Los daños sumaron varios millones de pesos, dejando al Metro prácticamente fuera de servicio (aún se evalúan los daños y no se sabe cuánto tiempo tomará la restitución completa del servicio)[33]. Luego de la inicial salvaje represión y la incesante y creciente ola de protestas, el presidente Piñera se vio forzado a pedir perdón[34], comprometiéndose a implementar medidas de protección social, reconociendo la precariedad de muy buena parte de la población chilena, más allá del preconizado “milagro económico” del país que fuera primer laboratorio de ensayo de las políticas neoliberales.

Para entender la dinámica en juego, citemos nuevamente a Garcés: “El cuadro no sería completo si no tuviéramos en cuenta el desarrollo de los tradicionales y los nuevos movimientos sociales. En el caso de los primeros (sindicalistas, campesinos y pobladores) se han debilitado como sujetos colectivos mientras que los segundos – mapuche, feminismo, estudiantes y ambientalistas- han incrementado su presencia pública. El mayor desafío en la actual coyuntura tiene que ver con el fortalecimiento de estas dinámicas de la sociedad civil, que en lugar de archipiélago debieran ser capaces de constituir un “continente”, reforzando los intercambios y generando instancias de unidad social y política.”[35]

Como resultado de la movilización popular, el gobierno se vio forzado, además de dejar de lado el aumento inicial, a dar alguna respuesta que satisficiera a la población. De ahí que se llegó a la idea de un plebiscito para ver si se continúa con la Constitución vigente, o se va hacia una nueva. El plebiscito, “ejercicio democrático” provocado por las protestas, presentó dos preguntas que respondió la población: 1) ¿Apruebo o Rechazo una nueva Constitución? 2) ¿Qué órgano es el indicado para redactar la eventual nueva carta magna: una Convención Constituyente (100% de sus integrantes elegidos por voto popular) o Convención Mixta Constituyente (50% de sus integrantes elegidos por voto popular y 50% miembros del actual Congreso?). Dados los resultados del plebiscito, la población y las organizaciones o grupos organizados de la sociedad civil chilena, están consolidando el proceso de búsqueda de los notables constituyentes desde la base social y el consenso a través de cabildos abiertos y otras formas organizativas de base.

Originalmente el plebiscito se había fijado para el 26 de abril, pero la aparición de la pandemia de coronavirus vino a alterar los planes. Se postergó entonces para el 25 de octubre. Y finalmente, llegó esa fecha. Para cierta visión de los hechos, la participación de la mitad de la población (aproximadamente el 50% registrado para votar ejerció el voto; y el otro 50% restante no votó, se abstuvo de participar o estuvo escéptico con respecto al proceso). El resultado del plebiscito fue la aprobación del cambio constitucional a través de una Convención Constituyente. El plebiscito es un triunfo popular derivado de las movilizaciones y protestas del año pasado, porque permitirá dejar atrás el lastre neoliberal y fascista de la dictadura pinochetista plasmada como legado en parte por la constitución de 1980, aún presente en la institucionalidad del Estado chileno. Para otra lectura, esto es una jugada distractora del gobierno, una forma de ganar tiempo, una maniobra para que no cambie nada, en definitiva. No obstante, queda el beneficio de la duda y la fuerza de los movimientos y protestas sociales como antecedentes de una presión potencial y real de posible empuje hacia el cambio.

Con una relativa participación popular, a pesar de la pandemia de COVID-19, la población votó contra la Constitución pinochetista (77% por la redacción de una nueva Carta Magna, y 78% porque eso lo haga un órgano enteramente nuevo (constituyentes), elegido por la ciudadanía a través de voto). El “triunfo apabullante del “Aprueba” fue, a la vez el mayor desafío para quienes quieren encauzarlo en una movilización efectiva durante el proceso constituyente. A diferencia de lo que estamos acostumbrados; la coalición de votantes detrás de la nueva Constitución es la más amplia que se ha construido en la historia de Chile. Javier Sajuria ha expresado “que esto lleva a que los métodos tradicionales de la política del siglo XXI, que apelan o bien a la excesiva diferenciación de las audiencias o bien al ejercicio de dicotomizar la sociedad entre ellos y nosotros, se queden realmente cortos”[36], No hay dudas que soplan aires nuevos en el país. Las movilizaciones del año 2019 abrieron nuevas perspectivas. El órgano que redacte la nueva Constitución sesionará a partir de mayo del próximo año y tendrá un año de plazo para entregar el nuevo producto (mayo de 2022). El texto de esa nueva Carta Magna será plebiscitado para mediados de ese año. Allí se sabrá si, efectivamente, se superó la herencia constitucional de la dictadura, prolongada largamente duramente la Transición.

“El proceso que se le viene a Chile es complejo, pero ordenado. Lo importante será saber cómo los actores políticos dan cuenta de la repolitización y acusan el golpe. Si durante el proceso constituyente no contemplan mecanismos de participación e intermediación, la crisis política solo se habrá postergado, y no resuelto”[37]. Definitivamente, los movimientos sociales del año 2019 marcan el rumbo de lo que vendrá en el futuro inmediato del país trasandino. Por ahora, a pesar del resultado favorable y positivo del plebiscito las protestas han continuado intermitentemente, por momentos con intensidad y violencia, ahora se ha estado pidiendo también la renuncia del presidente Piñera y la de su gabinete.

Los repertorios de la acción colectiva: una aproximación al caso chileno

Para una mejor aproximación a la comprensión de los posibles cambios en los repertorios de acción en Latinoamérica y el Caribe, es preciso detenerse brevemente en el concepto y en las tipologías de repertorios y el análisis de la operatividad de estos para el caso chileno. Revilla (2010) y Tricot (2012)[38], indican que los repertorios pueden estar relacionados con: la política convencional, la probabilidad de alterar el orden público y el riesgo de violencia potencial o real implicado en la acción. Tenemos entonces, en el análisis crítico-comparativo de los repertorios de acción en LAC en los conflictos comunitarios, conflictos étnicos, conflictos sindicales, conflictos sociales de distinta índole, se distinguen tres tipos básicos de “repertorios de acción colectiva”:

1. Repertorio de la acción colectiva contenida

Este repertorio en general es conocido, comprendido y aceptado; no supone un gran compromiso e implica un riesgo escaso en su ejecución (independientemente de que sea un repertorio que se utilice en la competición electoral o no, o en un evento u acto similar como seria la participación ciudadana votando en un plebiscito para el caso chileno). Se basa en rutinas que la gente conoce y que son aceptadas por las autoridades, quienes pueden incluso llegar a facilitarlas (en chile el gobierno se vio obligado a aceptarlas dada los antecedentes de la presión social a través de las manifestaciones duras, constantes y consecutivas con repuntes de violencia). En LAC, predominan numéricamente estas acciones en general dentro de los movimientos sociales, y regularmente ya están institucionalizadas en la sociedad y en el Estado. Las acciones concretas que se incluyen son: mítines, campañas, propaganda, manifiestos, firma de peticiones, manifestaciones, marchas y huelgas.

Los temas críticos de una nueva constitución que sustituya a la constitución de Pinochet (1980)[39] en la actualidad, son en principio más de fondo socioeconómico que sociopolítico para la gran mayoría de la población chilena. No obstante, para llegar a una acción colectiva contenida (la constituyente abierta, plural y de base ciudadana tratando de evitar la negociación con los partidos políticos tradicionales y tratando de superar también los obstáculos derivados de los requerimientos pedidos para la inscripción de candidatos(as) propuestos(as), hay previamente antecedentes de acciones de confrontación y violencia al nivel nacional, a partir de octubre del año pasado hasta estos días. Entonces, las acciones colectivas han tenido una interrelación histórica, social y política en su pasado reciente y en el presente, entre las tres esferas de la acción colectiva emprendidas y realizadas por la población chilena.

El recorrido histórico para liberarse de la dictadura a través de la construcción de la transición cívico-militar llevaría “contradictoriamente” al país en 1980 a “prolongar los contenidos ideológicos y la dictadura”, a través de la aprobación de la nueva constitución pinochetista, así la prolongación de la dictadura y del modelo socioeconómico sociopolítico y sociocultural neoliberal a ultranza se consolida y afianza, para moldear a las instituciones del Estado. Entonces, estas acciones de protesta se debieron a que, en lo sociopolítico, se realizaron algunas modificaciones constitucionales en el pasado, tales como la eliminación de los senadores designados, provenientes en su mayoría del ejército. Sin embargo, en lo socioeconómico, la constitución concibió, incentivó y facilitó que los servicios públicos y los recursos naturales esenciales del país fueran propiedad privada, el agua potable, la electricidad, la limpieza de las ciudades y los recursos acuíferos, marítimos (de pesca), forestales, minerales y otros recursos naturales renovables y no-renovables, etc.); los cuales se han sido concedidos, o se han vendido para su explotación a la iniciativa privada nacional e internacional.

La constitución y las decisiones políticas equivocadas de sucesivos gobiernos pos-pinochetistas han ido limitando también estructuralmente el acceso para la mayor parte de la población a un sistema de seguridad social justo, balanceado y equitativo, sostenible a largo plazo (el sistema de pensiones de retiro, de discapacidad, de emergencia, etc.)[40] Está desapareciendo una educación gratuita de buena calidad en todos los niveles de la enseñanza, y lo mismo pasa con la salud gratuita universal, la cual no cubre satisfactoriamente el seguro estatal el cual pagan los trabajadores, pero que el Estado chileno no financia ni le provee adecuadamente con insumos, etc.[41] Entonces los gobiernos democráticos pos-pinochetistas electos (fueran de derecha o de centroizquierda), durante treinta años, no hicieron esfuerzos significativos para cambiar la constitución. En ese sentido, los gobiernos post-Pinochet de centroizquierda, en especial los de la Concertación Democrática, solo atinaron a prescribir modificaciones no sustantivas (en especial, como se decía, en materia socioeconómica, muchas veces con subsidios paliativos, casuísticos y temporales).

Ahora bien, hasta qué punto esas consignas recogen la necesidad impostergable de una nueva constitución, justa, plural y popular; en especial cumpliendo en parte con el eslogan de "la alegría ya viene", un término muy genérico que sirvió negativamente al final para dar a entender lo contrario y justificar la necesidad de un cambio estructural del Estado, después de tantos años de nepotismo, abuso, corrupción, punidad leve, risible y ridícula, e impunidad cínica, descarada y amplia. La nueva constitución buscaría que haya dos poderes más ciudadanos, dados o sancionados en su contenido: las auditorías sociales o ciudadanas y otros mecanismos de control, de chequeos y balances de la corrupción a todos los niveles, para restringir el amiguismo, el clientelismo, el compadrazgo, los intereses creados (sobre y bajo la mesa), las agendas obscuras y ocultas, (entre otras características negativas de la clase oligárquica, la clase política y el Estado corrupto), como ha sucedido hasta la actualidad.

La mayoría que votaron están de acuerdo en un cambio de constitución por medio de una Convención Constitucional independiente, viniendo de diferentes sectores sociales, de abajo hacia arriba principalmente; se desea con el cambio constitucional, llegar a tener escaños más independientes, más representativos desde la base social y los distintos segmentos de su población en el senado/congreso chileno, y romper con la hegemonía y abusos de poder de la clase política plutócrata chilena. Las diferentes etapas o pasos que se han dado y se van a dar en 2021, a partir de la votación que se llevó a cabo durante el plebiscito establecido este octubre del 2020 y las reuniones, acuerdos, entendimientos entre los diferentes grupos que presentarán candidatos a la constituyente abierta, representan en su conjunto repertorios de acción contenida derivados de acciones de confrontación y violencia previas.

2. Repertorio de la acción de confrontación

En LAC estos tipos de acción no predominan numéricamente en general, como parte de los movimientos y las protestas sociales. Se trata de acciones que conllevan cierto riesgo de alteración del orden público o de uso de la violencia relativa de baja intensidad (daños contra la propiedad regularmente) e implican un modo de organización, unos beneficios y unos costes particulares. El repertorio de la acción colectiva de confrontación, se han desarrollado por muchos años a través de los movimientos moderados y semi-moderados mayormente, los cuales se han constituido en un repertorio de acción social en general conocido, comprendido y no siempre aceptado. Han implicado desde un riesgo moderado hasta un riesgo alto en su ejecución, las acciones y reacciones de baja intensidad están regularmente “institucionalizadas” en la sociedad y en el Estado. Estas acciones concretas de baja intensidad incluyen: mítines, campañas, propaganda, comunicados y manifiestos, firma de peticiones, manifestaciones, marchas y huelgas y movilizaciones de protesta[42]. No obstante, muchas veces la alteración del orden público es el origen de buena parte de los cambios en los repertorios, del poder que sienten y ejercen los actores y de las circunstancias externas que rodean las protestas sociales de los grupos donde estos se ven involucrados participando. Son formas de acción que rompen con la rutina, sorprenden a los observadores y pueden desorientan por un tiempo a los gobernantes (un ejemplo de esto es el caso de Chile con las fuertes protestas sociales, que “no vio venir” el gobierno de Piñera).

Las expresiones de malestar, descontento y la reacción a la violencia inicial desplegada por las fuerzas de seguridad del gobierno y la reacción del ‘estallido social’, indignación y cólera de parte varios sectores de la población como respuesta durante las manifestaciones de octubre del año antepasado hasta la actualidad, han representado un escenario de repertorio de acción de la confrontación. En el proceso de la acción colectiva se pone en juego una dimensión expresiva y una dimensión instrumental. En la primera dimensión, la acción colectiva es el medio para alcanzar ciertos fines reivindicativos considerados individuales y colectivos. En la segunda, la acción colectiva en sí misma es el fin que se pretende (ambas son simultáneamente la expresión de valores y conflictos, la construcción y movilización de una identidad colectiva, la demostración de la fuerza propia, etc.). El plebiscito a través del voto ejercido por la ciudadanía chilena que participó tiene el apoyo de una parte de la sociedad que expresó su descontento en las manifestaciones de protesta (como un acto y un símbolo de cambio y como un anhelo de la esperanza de cambio).

Se ha basado en rutinas que la población ha conocido y en algunos momentos ha practicado, las cuales no han sido aceptadas regularmente por las autoridades de los países que las experimentan. En LAC numéricamente se han dado estas acciones en general y se han intensificado en los últimos tres años (con mayor fuerza en los últimos dos años en Chile, Bolivia, Colombia, Haití, Honduras y Nicaragua, entre otros), como parte de los movimientos y las protestas sociales recientes. Existe una racionalidad compartida en los grupos que forman los movimientos sociales, aunque algunas las acciones durante muchos de los momentos de explosión y de la protesta, no puedan ser siempre racionalizadas, calculadas y visualizadas completamente a corto y mediano plazos. Se puede esperar situaciones de elección equivalentes en la historia, y también que los actores, que nunca son los mismos, se comporten, una y otra vez, de modos semejantes con acciones de baja y/o alta intensidad, no siempre en forma lineal sino en forma desigual y combinada[43]. En Chile se han generado y combinado acciones de alta intensidad y riesgo, de alteración del orden público y de una violencia moderada hasta una violencia elevada (por ejemplo: ocupación de edificios, bloqueos del tráfico, pintadas, grafiti, ocupación de plazas y hasta daños a la propiedad y confrontación con las fuerzas de seguridad). Esto último, ha sido lo que se ha visto desde octubre del año antepasado para acá en varias de las ciudades chilenas, donde han coexistido las acciones contenidas y las acciones de confrontación en forma intercalada, constante y cíclica).

Asimismo, entre varios antecedentes históricos de los movimientos y las protestas sociales en el Chile del siglo XXI, en la década de los 2000s el ‘Movimiento Pingüino’ encabezado principalmente por los estudiantes de secundaria, protestó contra la represión política y militar y la falta de servicios adecuados de educación de alta calidad[44], en este se instauró un estado de emergencia y después un toque de queda que se fue levantando paulatinamente. Primer triunfo de la movilización popular pidiendo y abogando bajo el eslogan: “si a la democracia y no a la dictadura prolongada”. El llamado "estallido social" de octubre del año antepasado para acá, no ha sido el resultado de políticas, prácticas o circunstancias particulares generadas por el segundo gobierno de Piñera, sino de los treinta años de neoliberalismo sin matices y compensaciones sociales y económicas desde la salida de Pinochet (ya sea que fueran gobiernos de derecha o gobiernos de centroizquierda)[45].

Luego, Piñera, ante el estallido social en progreso o desarrollo, solo atinó a decidirse por la decisión política de reinstaurar la represión que recuerdan precisamente a la figura de Pinochet y su dictadura, y algunas “decisiones cosméticas” a los problemas sociales y económicos (medidas paliativas insuficientes para satisfacer el clamor y la reivindicación popular de fondo), muy poco significativos ante las demandas sociales impostergables ante el descontento y el malestar social generalizados. Quizás pueda decirse que uno de los "errores" más crasos de Piñera (puede que no sea la palabra adecuada), fue el estímulo permanente a la represión de los carabineros, que avivó el fuego de la resistencia, la protesta y la violencia en última instancia. Canales (citado por Calderón, 2020), en el diario “La Tercera”[46]  alertaba que: “para encauzar el estallido hay que interpretar su esperanza, no sólo su rabia” desarrollando sus aportes en un diagnóstico de larga data sobre la subjetividad juvenil utilizando para ello varios autores a su vez[47].  

En octubre del 2019 también fue simbólico y desafiante entonces, la reacción de la población joven mayoritariamente, para congelar la subida de precios de dicho medio de transporte masivo. El malestar social estaba muy exacerbado por la creciente incidencia (en las últimas dos décadas) del cáncer de la corrupción y de la presencia del narcotráfico. Lamentablemente en las marchas de protesta, se han infiltrado grupos de choque muy violentos que causaron niveles extremos de saqueos y destrucción a la propiedad pública y privada. La ciudadanía organizó e instauró grupos de vigilancia que cuidaron los pequeños negocios para que no fueran saqueados o destruidos, tanto en el área metropolitana como en las ciudades secundarias y terciarias del país.

Por lo tanto, la dimensión individual de la acción interesa en la medida en que los individuos se constituyen en los sujetos colectivos: atribuyen significados a su acción, se reconocen en los otros y con los otros y llevan a cabo actos intencionados con un objetivo o fin último que pareciera inicialmente inconsciente, pero finaliza siendo consciente y determinante para tratar de generar cambios ya sea a corto, mediano y largo plazos. Es decir, hay un vínculo necesario entre acción individual y acción colectiva y ese vínculo es el que se reconoce como una dimensión potencial del análisis y crítica constructiva y comparativa dentro de los repertorios de acción. En el caso chileno, la acción colectiva de baja y alta intensidad de confrontación se llevó a cabo con un sujeto colectivo (la población joven estudiantil a través de la comunicación mayormente en los espacios de las escuelas primarias y secundarias, institutos y colegios, centros de enseñanza, vía las redes sociales); pero luego, se extendió al resto de las capas sociales de la población chilena, primero en la capital, luego a las ciudades secundarias y después al resto del territorio. Es decir, la reacción a la represión no se constituyó en una suma de acciones individuales limitadas y de muy corta duración, sino a una comunicación escalonada entre círculos y grupos estudiantiles jóvenes, esta suma de acciones individuales y de allí colectivas, se extendieron rápidamente al resto de otros sectores y grupos de la sociedad chilena al empatizar, solidarizarse y reflejar el sentir de las demandas iniciales y después extendidas de los grupos estudiantiles.

3. Repertorio de la acción de violencia en Chile

La clave para separar la violencia en un repertorio específico se encuentra en lo que se entiende como un paso más en la escalada, ya sea de conductas individuales y grupales: la violencia contra las personas y grupos, contra estructuras, símbolos y emblemas, contra instalaciones, edificios y la infraestructura. En LAC no predominan histórica ni numéricamente estas acciones en general, dentro de las acciones de los grupos sociales. Sin embargo, se pueden dar y se han dado en las últimas tres décadas en el continente, coyunturas de crisis socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales de confrontación y antagonismo agudas, graves y extremas contra el aparato del Estado, el statu quo, o el orden impuesto en forma de dictadura autoritaria o despótica, corrupta, inclinada a la cleptocracia y a la narco-actividad, fallida o ineficiente en el manejo del sistema socioeconómico, en condiciones de represión, sojuzgamiento, polarización, control social, opresión, sobrevivencias extremas, etc.; en que la escalada de acciones y reacciones individuales y grupales, puede llegar a ser muy violenta, agresiva e incontenida[48].

Cuando estalló la protesta social en octubre del 2019, la primera reacción del Ejecutivo fue la abierta represión bajo el concepto de seguridad nacional y terrorismo, “estamos en guerra” dijo oficialmente el presidente Piñera. El estudio sobre “La protesta Social en América Latina”, realizado por el PNUD (2012), mostró que en los países más desiguales y con menor capacidad institucional para procesar conflictos, hay más protestas sociales en las que se ven involucradas la violencia y los enfrentamientos[49]. Las características acumuladas que dieron lugar a una percepción, un sentimiento y un entendimiento de la corrupción del sistema político y los fallos del sistema sociopolítico y socioeconómico, han sido procesos y eventos de muchos años atrás. Estos han estado llenos de negligencia, las advertencias y amonestaciones al sector privado empresarial han sido intrascendentes, “formales”, anodinas e inconsecuentes; muchos de los procedimientos institucionales de resolución de conflictos en favor de defender los derechos ciudadanos o de justicia social han sido un fiasco. Ha habido varios acuerdos flexibles, incumplidos para fijar precios que fueron constantemente violados por el sector productivo privado sin sanción, penalización o castigo legal. Precios más caros de medicina, de la comida y  los abarrotes, la cadena de supermercados Líder (propiedad de Walmart), se ha caracterizado por maltratar, discriminar y manipular a sus trabajadores de una forma grosera y continua. Además, se opusieron a la organización sindical de sus trabajadores, aunque no pudieron evitarla al final. Algunos de estos supermercados fueron blanco de daños, fuego y saqueo en varias partes de la capital y en varias ciudades del país.  

El metro “no es de todos”, el metro es propiedad del Estado, una empresa con afán de lucro, boletos caros (para la mayor parte de estratos sociales usuarios mayoritarios de este tipo de transporte masivo), cada vez más los usuarios deben de tener mayor poder adquisitivo para utilizarlo como transporte diario. La evidencia comparada enseña otras dos cosas: el cambio constitucional puede “ayudar a atenuar el nivel del conflicto”. Pero ello será gradual y dependerá de cuánto cambie la distribución de poder. El conflicto social se entiende como un elemento integrante del actual momento en que se persigue formar y tener una Convención Constituyente. Esto implica que, por una parte, la violencia política es un determinante fundamental a la hora de reformar las instituciones y que, por otra parte, el cambio constitucional procesa y encauza esa misma conflictividad. La base de datos ACLED es una de las más utilizadas por la literatura especializada y sistematiza episodios de violencia política en más de 150 países[50]. En ella se muestra a Chile, como es uno de los países que ha generado más violencia extrema a través de las protestas sociales en estos dos últimos años en LAC.

Las protestas violentas están lejos de haber desaparecido y son un recurso latente y práctico de presión para el gobierno y el Estado chileno actual. El cambio constitucional debiera ser una herramienta efectiva para canalizar el descontento social y disminuir los niveles de frustración, descontento y violencia en la calle. Pero esta disminución de la violencia será gradual y distendida en el tiempo (a mediano y largo plazos). Se debe asumir la posible prevalencia y la persistencia de tensiones sociales en Chile. La sociedad, el Estado y el gobierno deberán acompañar el proceso constituyente con los mecanismos institucionales más apropiados para incorporar a la ciudadanía y encauzar el conflicto hacia una resolución que satisfaga a la mayoría. Los procesos de cambio constitucional muchas veces han venido precedidos; y hasta cierto punto, acompañados, por disturbios y protestas violentas para lograr sus objetivos sean estos parciales o totales en un periodo de tiempo[51]. El cambio constitucional canaliza y ayuda a atenuar el conflicto social, estará por verse si los resultados satisfacen o no a esa mayoría que protesto a diferentes niveles durante estos dos últimos años. La evidencia del acuerdo del 15 de noviembre del año antepasado es ilustrativa en este sentido.

El cambio institucional incide en la protesta de manera gradual en el tiempo, de acuerdo con cómo se vaya dando una reconciliación política entre la sociedad civil y el estado representado por los poderes constitucionales actuales. Es importante entender que el cambio constitucional establece una nueva distribución de poderes que solo se verá reflejada en las políticas públicas a mediano y largo plazo. En este sentido, la capacidad del proceso constituyente para afectar positivamente los niveles de conflicto depende de la manera en que se ejecute y los resultados que se den. La violencia es un fenómeno complejo y para salir de la crisis actual, se necesita una larga progresión de buenas decisiones políticas, no solo del gobierno sino también de los sectores civiles del país. Por ahora, pareciera aconsejable aprovechar la ventana que abrió el plebiscito para trabajar en mecanismos institucionales que fomenten la inclusión, la participación y el dialogo social prolongado y consensuado principalmente entre la sociedad chilena[52].

El conflicto de fondo en Chile se refiere principalmente a cuestiones de redistribución, desigualdad e injusticia económica y social, sobre todo en los ámbitos laboral, estudiantil y las pensiones, en ellos se concentran la mayor cantidad de protestas[53]. En función de los nuevos datos de los que dispone COES[54] y de la actual explosión de violencia, ya no se puede decir que en Chile haya baja conflictividad. Por contraste, el signo de radicalidad se ha mantenido y ha aumentado, hasta la explosión social que ha durado hasta estos días. No sabe las razones de nivel micro y meso de este aumento de la capacidad de movilización, pero la evidencia de aquello a nivel macro: a menos de adherir a una filosofía ingenua de la espontaneidad protestataria, es bastante evidente que detrás de toda protesta hay organización y lo que la teoría de la movilización de recursos llama una “infraestructura” (desde el barrio al grupo de amigos hasta el centro de alumnos, para citar tan solo tres ejemplos de esta infraestructura) (cita), a lo cual se suma el efecto de coordinación instantánea por parte de las redes sociales.

El análisis abre perspectivas de una eventual canalización del profundo conflicto social y su componente negativo de violencia, el Acuerdo del 15/11/2019, las trabas, los cerrojos y condicionantes del mismo, particularmente respecto de una efectiva participación directa de la sociedad civil en tan fundamental proceso, dejan muchas dudas sobre el efecto pacificador a atenuador del conflicto social del constituyente a corto y mediano plazos. Lo que sí está claro del proceso chileno, es que dicha participación no está para nada garantizada todavía. Y las elites políticas e institucionales no hacen el menor esfuerzo para dar esas garantías. Quizá aún sea tiempo de que dichas elites asuman y den cuenta de la profundidad del conflicto social puesto en evidencia a partir del 18-O[55] y reavivado en estos días previos al Plebiscito, eliminando ciertos cerrojos del proceso Constituyente para garantizar esa participación realmente activa y vinculante de la sociedad civil.

Se hace necesario dentro del proceso de “cambio constitucional” la validación vinculante de los Cabildos Territoriales o de comunidades que funcionen y deliberen en los diferentes temas de su interés o problemáticas paralelamente a la Convención de Constituyentes electos, de modo que ésta recoja los planteamientos de esos Cabildos y las comunidades se vean reflejadas en el texto constitucional que se plebiscitará al final del proceso[56]. Esa podría ser una buena forma de sustentar el proceso constituyente en la soberanía, en el pueblo soberano, y derribar en buena medida las desconfianzas que el mismo pueblo soberano mantiene sobre este proceso y sus eventuales resultados para el futuro del país. Y con ello, reducir o aminorar el alto nivel de conflictividad social y los focos violentistas que, aunque minoritarios, inevitablemente se producen y puedan producir.

Hay que estar conscientes que el caso Mapuche, su lucha de largo plazo por la recuperación territorial y de algunos recursos vitales sobre todo naturales, tanto del lado chileno como del argentino no han sido resueltos y en muchos casos, se han estado exacerbando negativamente. El proceso de la reconstrucción de la nación Mapuche está en pie de guerra con formas mixtas de interacción con los Estados nacionales opresores a ambos lados de la frontera (para una mayor información consultar los portales críticos Mapuches)[57]

Dimensiones y estrategias de enmarcamiento: una aproximación sintetizada del caso chileno

En esta sección hacemos un análisis basado en unas preguntas críticas de largo alcance, complejas de contestar y que sirven de puntos de partida para desarrollar un análisis crítico comparativo, para poder interrelacionar las dimensiones y estrategias de enmarcamiento de acuerdo con varias de las ideas de los autores Mejías y Suárez (2015)[58], quienes nos han explicado que NMS han adquirido experiencias, reformulando sus estrategias y focalizando sus demandas. Además, los NMS tienen una importante particularidad: la capacidad de auto reflexión y auto transformación. Incluyen una nueva manera de ejercer la democracia, una democracia que permita reconstruir el concepto de ciudadanía, de participación popular, una realidad que permita reconstruir el concepto de sujeto y nuevas formas de construir y plantearse la emancipación, es decir, que sea la transformación de la práctica social llevada a cabo por el campo social de la emancipación al campo de la justicia, dignidad y ‘la verdadera democracia participativa’ donde los intereses de la mayoría sean, finalmente, la respuesta a tanta exclusión, abuso y marginación, sobre todo en un continente tan desigual y con tantas brechas socioeconómicas y socioculturales como LAC.

1. ¿Cuál es la cuestión de fondo que trata de cambiar la Constitución Nacional y de formar una Convención Constituyente en Chile, y con ello el modelo sociopolítico, socioeconómico y sociocultural como parte de la “evolución o desarrollo más equitativo, menos discriminativo y excluyente” de la sociedad chilena; qué puede deparar el futuro del país?

A modo de referencia y de análisis comparativo para ciertos años de los cambios en las percepciones, conceptualizaciones y representaciones en la sociedad chilena (más abajo se vuelve crítico comparativo), el primer Informe de Chile IDH 1996, enfatizó los logros de Chile en el Índice de Desarrollo Humano al nivel de LAC (fortalecimiento de capacidad institucional, económica y de acción colectiva)[59]. El Informe de Chile IDH 1998 destacó la alta tasa de crecimiento, baja inflación y cesantía en el país (pero no habló del crecimiento del sector informal ni las distancias socioeconómicas entre distintos segmentos de población)[60], y la duplicación de los ingresos per cápita del país, “disminuyendo la pobreza en general”. El Informe de Chile IDH 2004 reveló el “nuevo piso” de oportunidades que había sido alcanzado por el país, y cómo las personas empezaban a exhibir un mayor optimismo ante el futuro (expansión de bienes materiales, menor temor al conflicto y sensación de que las personas tenían mayores libertades y capacidades para demandar derechos)[61]. El Informe IDH 2008 “demostró” que la sociedad chilena gozaba hasta entonces, de nuevas oportunidades económicas, políticas y culturales desde una visión (muy positivista y determinista de las formas de organización social y cultural en las áreas rurales y los territorios de poblaciones étnicas, entendiéndose como una “sociedad respetuosa, incluyente y participativa” (lo cual suena a una descripción un tanto exagerada o sesgada de lo que realmente sucede en algunas regiones rurales y semirrurales), del interior del país[62]. El Informe IDH 2010, destacó la alta valoración de la sociedad chilena a la “igualdad de género”, el incremento y la incorporación de la mujer al mercado laboral y su “creciente presencia en las esferas del poder”[63]. El Informe IDH 2012 mostró que el bienestar subjetivo individual de los chilenos(as) era alto y que había experimentado una mejora significativa en el tiempo (la mayoría de las personas considera que su vida era mejor la segunda década del siglo XXI que hace diez años)[64].

No obstante, algunas observaciones y conclusiones muy positivistas y desarrollistas sobre haber alcanzado mejores niveles de bienestar general en Chile según los Informes en el párrafo anterior, la experiencia de la desigualdad vuelve a destacarse, a hacerse evidente, a describirse y analizarse en las encuestas del IDH 2012 e IDH 2015[65]. El primer informe, muestra cómo uno de los elementos centrales del bienestar subjetivo de las personas (el “sentirse respetados en dignidad y derechos”), es una experiencia que muchas ciudadanas(os) no han tenido o no tienen, y que la capacidad de defenderse del abuso, de la discriminación y el maltrato está muy desigualmente distribuida entre la población (algo que no ha cambiado desde tiempos coloniales y poscoloniales). El segundo informe, retoma las variadas dimensiones de la desigualdad (en el trato, en la dignidad y el respeto y en los derechos ciudadanos); y señala que estos problemas afectan más que la desigualdad económica en la cotidianidad de la interacción social y cultural nacional. Este segundo informe también evoluciona críticamente, desde el anhelo de desear un futuro distinto, a la demanda por cambios profundos y radicales, y donde el malestar se personaliza se interioriza y reflexiona[66].

Las demandas acumuladas de los movimientos sociales actuales en Chile ya no apuntan solamente a la naturaleza y funcionamiento del sistema económico e instituciones, sino que hablan de intereses contrapuestos y abuso de poder, impunidad y doble estándar con relación a las posibilidades y oportunidades de ascenso social, económico y político. En el segundo Informe aparece, además, que mientras la ciudadanía otorga un rol preponderante al Estado en la prestación de servicios sociales, las élites se manifiestan renuentes. Las élites temen un desborde social, el retorno de la dictadura y la emergencia del populismo de extremas, tienen dificultades para “leer la realidad” que vive la mayoría de la sociedad, para interpretar las aspiraciones de la ciudadanía y las complejidades del momento presente. En 2016, la encuesta sobre Desarrollo Humano en Chile volvió a presentar algunos resultados de las ideas, opiniones y percepciones de la ciudadanía chilena. Entre los principales sueños e ideales eran tener un país “más seguro”, “más protector”, “más igualitario” y “más honesto”[67]. En otras palabras, la única manera de desnaturalizar lo social y volver a “soñar con el futuro”, es volver a creer en la política renovada, revertir el temor al desorden y reconstruir el vínculo entre lo individual y lo colectivo en el tejido social[68]. Se debe apreciar el rol del conflicto (como oportunidad de cambio y avance) y revalorar la utopía social, ciudadana y nacional.

Uno de los ejemplos importantes de mencionar porque se están tratando de dar cambios en la sociedad chilena se tiene con la situación de los profesionales graduados de universidades no elitistas, salidos de la clases pobres o bajas de la sociedad chilena, les llamaron la ‘nueva clase media’ y sus familias, de hecho, ya no son pobres, pero tampoco son una clase media alta con buenas posibilidades de ascenso. Aparecen y se sienten como héroes derrotados, que no encontraron el objetivo al final del camino: la mayoría trabaja en otra cosa y empiezan a resignarse a un destino limitado, tedioso y frustrante. Y a diferencia del 2011, ahora son ellas(os), no la antigua clase media, los intelectuales orgánicos del movimiento popular, son una conciencia social inédita en la historia del país. El problema es que un estado de explosión permanente podría darle continuidad al movimiento, pero le impediría tomar formas políticas e ideológicas más densas, articuladas y pragmáticas. El peor escenario sería que ciertos “vanguardismos impropios u extremismos atentatorios” vayan carcomiendo la dimensión política de la marcha del millón y medio el año antepasado, porque tarde o temprano se tiene que volver a la política, a la institucionalización del país, en otros términos, bajo otros constructos y visiones de ciudadanía democrática-participativa, más allá de la representatividad partidista formal que existe hasta ahora[69]. Es ahí donde el voto y las acciones encaminadas y los pasos logrados y programados para construir la Convención Constituyente se vuelven muy importantes y estratégicos para el futuro de la sociedad chilena[70]. Ya dependerá a partir de la nueva constitución escrita por la Convención Constituyente si trae un cambio real o no en la práctica, en las relaciones sociales para la mayoría de la población.

La pandemia reforzó la idea y la sensación general en la gente, que la situación actual la enfrentan solos(as), sin un mando y moral de grupos con un liderazgo reconocido, legitimado y respetado en el orden político y social que existe. Se está dando una realidad que se descompone, donde hay un alto nivel de inestabilidad e incertidumbre a corto, mediano y largo plazo, y dónde los jóvenes están viviendo una conmoción de época importante, asociada al cambio climático, el propio estallido social, y a la pandemia del COVID-19 simultáneamente. Existió una creencia colectiva intergeneracional, que supuso una ruptura entre las nuevas generaciones que no han experimentado lo que las generaciones más viejas experimentaron y viceversa. Sin embargo, entre todas las generaciones viejas y jóvenes parece haber una confluencia de consenso hacia el hastío y al rechazo a la cultura neoliberal conservadora, oligarca corrupta que se ha ido consolidando en la última década y ahora las generaciones parecen estar alineadas (i.e. el rechazo a la política de lobby y a los consensos entre círculos nepotistas y/o clientelistas, a la falsa participación ciudadana o ciudadanía soberana limitada, con un Estado que no garantiza proveer derechos sociales universales como salud, educación, pensiones, vivienda, pero que financia a sectores y compañías privadas para que los proporcionen)[71].

Entonces, hay un cambio en las percepciones y prejuicios sobre la docilidad, individualismo, apatía y alienación de las nuevas generaciones; las nuevas generaciones han sido las primeras en reaccionar ante la crisis de promesas y credibilidad sobre las bondades del mercado y la oferta y demanda de servicios de contenido y proyección social entre otros (i.e. la educación como factor de movilidad social y mejoramiento de las condiciones de bienestar). Para las nuevas generaciones, tampoco existe una credibilidad en las cifras y en los símbolos del progreso social y económico presentadas por el sistema oficial. Las elites ya no son consideradas dignas de tener la representación política del sistema, ya no son más un espejo del éxito social y económico, de la hegemonía en la estructura estamental y de clases de la sociedad chilena, ven y creen en un rompimiento entre la clase política y las nuevas clases medias truncadas y limitadas; ven también el agotamiento irreversible en la composición del Estado actual; y una crisis institucional para satisfacer las demandas del bienestar integral de la población[72].

2. ¿A dónde llevan estas explosiones populares en Chile?, ¿Pueden ser un factor de conducción política con proyecto transformador los nuevos movimientos sociales que se han dado allí? ¿El enemigo a vencer es el neoliberalismo o se puede ir más allá, buscando cambiar al mismo tiempo las interseccionalidades de las reivindicaciones de distinta índole, entre diversos grupos sociales y sus movimientos, ya sea opuestos, afines o complementarios?

Narbona (2020), plantea que no se trata de eliminar el aspecto subjetivo de las condiciones de opresión, subordinación y explotación unas veces obvias otras veces no tan obvias, pero siempre presentes[73]. El modo de vida, al tiempo que fabrica desigualdad y trabajadores pobres, niega y destruye subjetividades, lo que se traduce en el explosivo aumento de trastornos mentales y emocionales, de comportamiento de grupos en las acciones de los movimientos sociales de protesta, que estos dos últimos años han llegado a violencias extremas para hacerse notar y escuchar y como reacción a la represión gubernamental. Por ello, se debe recuperar una visión de totalidad al análisis a la toma de decisiones en lo público. El mundo enfrenta una revolución en estas últimas décadas, a causa de la crisis de instituciones como sindicatos, partidos políticos e iglesias, que operaban históricamente como intermediarios entre la “élite gerencial” gobernante y la mayoría de las clases medias y las clases populares. Las ciudadanas(os) identifican como responsables a quienes tienen poder sobre los escenarios o los ambientes institucionales, políticos y sociales en los cuales despliegan sus vidas: los actores políticos, los empresarios, los personeros y altos funcionarios de gobierno, entre otros grupos. Entonces, se identifica a las élites como los principales responsables de los núcleos del malestar, descontento y rechazo a la situación social, económica y cultural en que se encuentra la mayoría de la población en estos momentos. 

Un artículo del año 2011 (“Las 4 mil familias que viven en el mundo de Bilz y Pap”)[74], resultó muy importante en la discusión pública, incluso en el empresariado, porque cambió el eje del debate tecnocrático-económico y confrontó la hegemonía del consenso neoliberal en Chile, demandando que temas como el salario mínimo, reforma tributaria, o igualdad ciudadana, fuesen parte de un debate político abierto y público. El artículo mostró que en Chile 4.459 familias tenían un ingreso autónomo promedio mensual de $19 millones de pesos (27 mil dólares estadounidenses aproximadamente, representando el 0.1% de los hogares más ricos en el país). Entre esas familias se encontraban los principales accionistas de los 114 grupos empresariales y los ejecutivos que sirven a las empresas que pertenecen a estas inversiones y negocios[75]. Hubo un reclamo sobre la colusión entre la élite política y los grupos económicos para favorecer a estos últimos, percepción reconocida por amplios sectores de la población en la actualidad con mayor fuerza y convicción, ya que el modelo socioeconómico chileno cada vez presenta una mayor crisis de deterioro y polarización, en términos de desigualdad, exclusión, nepotismo, impunidad y corrupción, lo que ha crecido y prolongado dramáticamente a niveles intolerables esta última década. Hoy las generaciones jóvenes en Chile asumen que estudiar y trabajar es normal, que lo anormal es tener que sacrificarse para sobrevivir, mientras la élite sólo relata su abundancia, sus privilegios y sus estándares privilegiados de vida. En este contexto, las clases medias y las generaciones jóvenes reconocen varios aspectos relevantes de observar, tales como: la meritocracia es en realidad una aristocracia u oligarquía informal y hasta parasitaria; las llamadas “izquierda”, “derecha” y “centro” son facciones de una misma élite (clase superior gerencial cada vez más nepotista y plutocrática); las opiniones y preferencias de la clase trabajadora se ignoran; la política pública refleja los intereses y valores de los donantes políticos, empresas organizadas, grupos de presión y grupos dentro de la propia clase superior educada; ahí prevalece una sociedad más atomizada e individualista pero al final alineada y apoyándose para sí misma[76].

Como consecuencia, el neoliberalismo tecnocrático, corporativo y sesgado mayormente a los sectores oligárquicos nacionales e internacionales, puede talvez curarse con una “democracia pluralista replanteada” que apunte al equilibrio informal de poder entre la clase alta gerencial y la clase trabajadora mayoritaria. La irrupción del movimiento estudiantil permitió asentar en la sociedad un rechazo al conformismo imperante y a la idea de lo que se denomina "la miseria planificada", logrando cuestionar el sentido común que permitió "naturalizar" la “visión societal de mercado" dominante y rampante su efectos e impactos en la sociedad. La multidimensionalidad (interseccionalidad) de los aspectos interclasistas de la sociedad chilena que la han ido polarizando, y no sólo como la distribución cada vez más amplia de la desigualdad, enfocándose solamente al nivel de ingresos y/o al acceso al consumo. Se habla de las energías sociales masivas que movilizaron las protestas del año antepasado, la percepción de que el poder político reaccionó por temor y no por convicción; los grupos estudiantiles y las generaciones jóvenes lo expresan como un aprendizaje que vendría de la “Revolución Pingüina” de principios de la última década en la historia del país y que han visto confirmado una y otra vez este dicho o enunciado popular “En Chile, si no te temen, no te ponen atención o no te escuchan; si no te escuchan, no hacen el intento por cambiar”. También hay otros grupos que critican en los medios convencionales y en las redes sociales, que dicen “oye, están saqueando negocios chicos, esto se convirtió en tierra de nadie, esto es violencia callejera y vandálica”[77].

Pero es la otra voz la popular y generalizada la que genera consenso, incluso entre los que no marchan: “es ahora o nunca”, “no hay de otra”. ¿Pero, es una esperanza sensata, no es maximalista? Las protestas no tienen hasta el momento nada de socialista, es casi una especie de liberalismo popular de refundación del modelo socioeconómico, dentro de ciertos límites institucionales legales, sin llegar a cambiar por completo los poderes del Estado chileno al momento. No obstante, en una sociedad estamental, rígida y últimamente sin mucha movilidad social y económica como la chilena, el movimiento ciudadano exige algo más parecido a una refundación progresiva sin finales totalmente conocidos en lugar de “algo más de lo mismo”[78]. El tiempo y los acontecimientos lo dirán. En este contexto que abarca lo político, lo normativo-legal y el derecho constitucional, la reacción de la élite dirigente ha sido muy errática, con una voz orgánica que aplica la misma ley a todo, pegada a las reglas de la realidad cotidiana, combinando al menos dos temores subyacentes: la violencia de la crisis, y un cambio desfavorable a sus intereses de modelo sociopolítico. Sin embargo, el “sujeto” de la crisis, ya no tiene el espejo oficial (la mayoría de la población de la clase media a la clase baja); a las que el aparato de propaganda y de política hegemónica les decía “vas bien, tú eres el que ha entendido estos tiempos”. La Elite oligárquica y plutocrática se siente sola y la pandemia también reforzó la idea y la sensación de la gente que la situación actual los enfrenta solos con gran riesgo y vulnerabilidad, sin un liderazgo ético y moral del “grupo dominante de la sociedad” (el grupo político dirigente, de otros tiempos ha quedado invalidado, sin admiración y carisma para seguirlo), perdió la legitimación de su hegemonía[79].

Volviendo al análisis que los informes de desarrollo humano (IDHs) hacen sobre la sociedad chilena, interpretándolos en un análisis crítico comparativo entre algunos informes y su contenido y significado y entre el tiempo transcurrido entre sus publicaciones se tiene que: el informe IDH 2000, señala que las personas aspiran a ser tratadas como iguales, pero el modelo socioeconómico neoliberal nepotista y plutocrático es exclusionista y discriminativo, ya no responde a las “aspiraciones de la clase media” de ascenso social y económico, el modelo está agotado desde finales de los 90s[80]. En el Informe IDH 2002, se analiza el imaginario – o lo que se visualiza como una utopía deseada, lejos de concretarse, y los resultados fueron al final muy preocupantes: se confirma la gran “debilidad del nosotros como colectivo, como sociedad, como ciudadanos, como seres humanos sujetos a un modelo socioeconómico que ya no garantiza un bienestar general para las clases medias”[81], y la ausencia de un relato común, una imagen colectiva, o de un futuro compartido sino fragmentado a lo largo y ancho de la sociedad, un modelo ante todo muy egoísta-individualista, hiper-competitivo pero al mismo tiempo discriminativo, sin permitir los ascensos sociales y económicos que promulga por meritocracia del esfuerzo, la capacidad y la disciplina a mediano y largo plazos. Las explicaciones se asocian a distintos factores, destacando la segregación, el clasismo y la exclusión cada vez más acentuados y generalizados. Aunque hay que reconocer que esto ha existido desde la época colonial en las formaciones sociales LAC y Chile tiene un pasado muy pasado y obscuro a ese respecto. Entonces en la investigación del PNUD, la demanda por la igualdad de derechos y oportunidades se repite en los distintos IDHs, principalmente en la última década.

En el IDH 2004, se constata que la humillación, toda vez que el poder es sinónimo de abuso, la organización del poder social se percibe dominada por el autoritarismo, la subordinación y la sumisión, generando un orden asimétrico de dignidades, de privilegios y de oportunidades para unos pocos[82]. Ya en los reportes de los IDH de 1996 y 2010, se constatan desigualdades de género y territorial respectivamente, a pesar de tratar de tener un enfoque inclusivo y equitativo, el cual no se ha cumplido[83]. Por otro lado, varios empresarios han opinado que el hecho de que sean los propios capitalistas quienes se congreguen para resolver los problemas sociales y ambientales ante el riesgo de su obsolescencia como “sujetos sociales y de liderazgo” con poca o ninguna legitimización, indica que sus secuelas son reales y profundas, y que éstos saben muy bien que este sistema es una construcción social y no un dato de la naturaleza de la evolución social en una dirección positiva para el país. En este sentido, se evidencia una contradicción básica y esencial, respecto a que la acumulación de riqueza adicional es la “finalidad directa y motivo determinante de la producción, no así el contribuir a la sociedad ni resolver necesidades humanas”[84].

Como señala el sociólogo Immanuel Wallerstein (2012)[85], se trata de un principio ciego, “se acumula capital a fin de acumular más capital”, parece haber una compulsión obsesiva de acumulación, acaparamiento y explotación sin límites como parte de la expansión neoliberal capitalista global, sin permitir a la mayoría o al menos a un gran segmento de las sociedades, compartir algún tipo de verdadero bienestar trascendental y humanizante. En consecuencia, sólo algunos pagan el costo del bienestar ajeno o de los demás, el bienestar socializado y expandido al resto de la sociedad. Es interesante ver en algunas encuestas y bases de datos el puesto que ocupa Chile con relación a la felicidad, la satisfacción y los logros que auto estimulan o llenan. Por ejemplo, en el Informe de la Felicidad de las Naciones Unidas, destaca sobre la media: ocupa el puesto 43 de los 156 países del mundo y el puesto 12 en las 26 naciones en Latinoamérica[86]. En la encuesta Casen, que incorporó por primera vez la pregunta por la satisfacción general con la vida, los resultados son enigmáticos o no muy claros. Sólo un 20,8 por ciento de los chilenos se declara completamente satisfecho con su vida, pero el promedio de felicidad es de 7,2 puntos en una escala de uno a diez[87].

3. ¿Cuáles son algunas de las “representaciones fallidas, desprestigiadas y deslegitimizadas” sobre el bienestar general, la calidad de vida y las oportunidades de ascenso social, económico y político de “la sociedad chilena emergente”, bajo el lema de “ya viene la alegría para todos” y de que Chile ya estaba cerca de ser parte del llamado “Primer Mundo”?  ¿Qué se ha manifestado en el proceso de protestas desde el año antepasado en Chile? ¿Se logrará el cambio constitucional a pesar de los contratiempos y atrasos por la situación actual de la Pandemia y otros imprevistos a corto y mediano plazos?

La gobernabilidad chilena se hace más compleja y requiere de un Estado que aborde grandes temas pendientes (energía, transformación productiva, política vecinal o el tema indígena y territorial, entre otros), y se evite la sordera crónica intencional o no intencional, “tendenciosa o no tendenciosa” de quiénes toman las decisiones en el gobierno y el Estado, favoreciendo principalmente a la oligarquía o a las transnacionales. En consecuencia, las movilizaciones estudiantiles han demostrado una potencia significativa, en una sociedad que los deslegitima ante los grandes poderes económicos y políticos de la transición a un régimen neoliberal cada vez más a ultranza en sus objetivos y logros estructurales. La actual crisis (particularmente de los profesionales jóvenes que vienen de las clases populares, la nueva “clase media”), es la de sujetos que no se hallan a sí mismos en su vida cotidiana, pues la sociedad les ofreció un proyecto de vida y movilidad social que no ha sido materializado, no se ha logrado y no hay satisfactores que motiven para seguir en una situación incierta, truncada y frustrante.

El mercado laboral actual se basa en el trabajo simple, donde los egresados de instituciones no selectivas no encuentran plazas acordes a las expectativas que la sociedad les ha creado: ganar bien, obtener buenos empleos, ascender, valer por lo que saben (meritocracia tradicional), ser alguien, ocupar puestos directivos con una movilización que implique un ascenso en el estatus social y el económico. En ese sentido, los sujetos sociales cargan con el peso de vivir la experiencia como un fracaso personal, como héroes derrotados que no encontraron el objetivo al final del camino, la mayoría trabaja en otra cosa y comienzan a resignarse a un destino limitado donde se va acumulando la frustración y se va internalizando la cólera[88]. No se ve a corto o mediano plazo que el movimiento para lograr una Convención Constituyente tenga un sesgo ideológico político inmediato hacia la izquierda, más bien se ve una refundación hacia el centro del espectro, y del centro se proyecta y se tratará de expandir hacia las dos alas tradicionales de la izquierda y la derecha opuestas.  

El plebiscito ha sido, una etapa más de un proceso que se inició hace décadas, con grupos que han tratado de una forma u otra de modificar el legado constitucional de Pinochet. Así, en los años recientes, se han visto ejemplos como la campaña ‘Marca tu Voto’ en las elecciones de 2013, en la que 10% de los votantes escribieron AC, en sus papeletas para señalar su preferencia por la creación de una Asamblea Constituyente (que es el equivalente a la Convención Constitucional aprobada). Luego, durante su segundo mandato, Michelle Bachelet logró la participación de más de 200.000 personas en cabildos y discusiones dentro del proceso de Encuentros Locales Autoconvocados, en los que los participantes discutieron sobre la Constitución que querían. El resultado fue un proyecto de texto constitucional presentado en los últimos días del gobierno de Bachelet y rápidamente descartado por el nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Mucho se habla sobre los dos años de incertidumbre que se vienen en Chile, pero la verdad es que gran parte de los pasos siguientes se encuentran normados. En abril de 2021 estaba inicialmente programado la votación para elegir a los 155 miembros de la Convención Constitucional. Ahora se trasladó para mediados del mes de mayo en principio. Al momento de escribir este ensayo, estaba pendiente saber si el Congreso habilitaría cupos reservados para pueblos indígenas, o si haría más fácil la participación de personas independientes como candidatas[89].

El Parlamento chileno ha aprobado la reforma constitucional propuesta por el Gobierno de Sebastián Piñera, para aplazar las elecciones municipales, de gobernadores y de constituyentes por la crisis de la covid-19. Lo hace a solo cuatro días de la fecha original, el 10 y 11 de abril, en un debate largo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se planificaron para realizarse nuevamente en dos jornadas, para el 15 y 16 de mayo. Sin embargo, los números son críticos: actualmente el SARS-CoV-2. golpea sobre todo a los grupos que no están todavía inmunizados, mayormente a los grupos que están bajo los 60 años. El aumento de casos tiene que ver principalmente con el relajamiento de las normas de autocuidado durante el verano, lo que ha sucedido también en otros países del resto de LAC y del mundo[90], La Convención Constituyente estaba programada también, para empezar a sesionar desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022 y deberá elaborar y hacer llegar un texto que se puede aprobar o rechazar en un plebiscito posterior. Esta elección, está fijada para mediados de 2022, será con voto obligatorio, lo que permitirá saber realmente cómo operan las preferencias cuando no están condicionadas por concurrencia o no a las urnas por decisión propia. El proceso que se le viene a Chile es complejo, pero ordenado. Lo importante será saber cómo los actores políticos darán cuenta de la repolitización y acusan el golpe para producir los cambios necesarios de la constitución a la sociedad misma. Si durante el proceso constituyente no contemplan mecanismos de participación e intermediación, la crisis política solo se habrá postergado, y no resuelto los problemas de fondo que están afectando a la mayoría.

Luego de las elecciones de la Convención Constituyente programadas para mayo, el 13 de junio, Chile celebrará la segunda vuelta de gobernadores regionales y el 18 de julio la primaria presidencial. Para el 21 de noviembre, está planificada la primera vuelta presidencial y las parlamentarias, mientras que el posible balotaje se efectuaría el 19 de diciembre. Desde inicios de febrero, más de 7 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y, de estos, más de 4 millones han recibido las dos inyecciones (21,6% de la población), de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos[91]. A pesar de ello, el deterioro de la situación sanitaria ha llevado al confinamiento de más de 83% de la población del país y, ahora, a la postergación de elecciones que también afectará la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, inicialmente prevista para el 9 de mayo pero que ahora se realizará el 4 de julio, coincidiendo con las primarias presidenciales. Nadie sabe a ciencia cierta, si a mediados de mayo Chile estará en una mejor situación sanitaria para realizar las elecciones. Actualmente la curva de contagios e infecciones producidos por la pandemia ha resurgido y de nuevo con fuerza, hay confinamientos obligatorios en la mayor parte del país. Se pensaba que la vacunación permitiría desarrollar la agenda eleccionaria durante la mayor parte del año a partir del segundo trimestre, el gobierno principalmente abogó para que no se cambiara el extenso calendario electoral que tiene el país en 2021.

Finalmente, la formación la postergación del voto para formar la Convención Constituyente y las medidas del nuevo confinamiento casi generalizado en todo el país, parece no tratarse de una maniobra política dirigida a desactivar el movimiento, la protesta y el estallido social en estado latente. Su planificación como proceso contiene los pasos republicanos y democráticos necesarios para una transformación constitucional, (aunque ha habido quejas justificadas que los tramites y requisitos de inscripción de los potenciales miembros constituyentes han sido muy tardados y complicados y que algunas agrupaciones políticas y no ciudadanas de base, han sido favorecidas en este proceso). Habrá que ver si al final con la nueva constitución si se aprueba y es puesta en práctica, el país realmente se vuelva más incluyente participativo y justo y menos desigual, discriminativo y racista. Que revierta todo lo negativo en que se ha convertido en estas dos últimas décadas para una gran mayoría, principalmente con el aceleramiento del capitalismo neoliberal global a ultranza. Por otra parte, no soluciona todos los problemas de fondo de la historia y la realidad del país (por ejemplo, el tema mapuche de los territorios y los recursos naturales seguirá vigente con o sin cambio constitucional, ver nota al respecto arriba), aunque se apruebe o se haya aprobado la presencia de 17 asientos en el Congreso para los pueblos originarios. No obstante, fragmentará la protesta; desenganchará de la protesta a sectores muy descontentos y frustrados, que se vean contenidos, representados o satisfechos inicialmente con las reformas en progreso a través de la Convención Constituyente. Este será un proceso cuyos resultados se podrán ver y empezar a sentir, probablemente hasta en unos cuantos años (entre tres y cinco años como mínimo).

Nota: Agradecemos la colaboración de Oriana Salazar y Guillermo Pedroni por la informaciones y opiniones proveídas y vertidas para este ensayo.

Marcelo Colussi

Analista político e investigador social.

Mario de León

Consultor, investigador, analista y ensayista internacional.