Independientemente de cualquiera sea el ganador a la presidencia en el Ecuador, Andrés Arauz o Guillermo Lasso, se tendrá que enfrentar a una brutal crisis, herencia de Lenin Moreno. Por ejemplo, la crisis de salud, ocasionada por la pandemia del coronavirus, atendida con absoluta ineficacia y corrupción; la crisis económica más seria que ha tenido el país en cuatro décadas (de acuerdo con los datos estadísticos, los estudios nacionales y los informes de los organismos internacionales se agravó el desempleo, el subempleo y la pobreza); la crisis de las funciones e instituciones del Estado, cuya credibilidad, legitimidad y organización están derrumbadas. Crisis que mencionaremos brevemente.

Y es que históricamente, las elites de la derecha económica ecuatoriana, representan una fuerza social que lo ha hecho y quiere controlar el Estado para subordinarlo a sus intereses, mediante la implantación del modelo empresarial-neoliberal, que ha sido la tendencia hegemónica durante las décadas finales del siglo XX y que se restauró con el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021).

Reiteramos, Lenin Moreno, en sus casi cuatro años de desgobierno, ha dejado a Ecuador en una crisis económica-social-sanitaria lamentable, unida a una corrupción institucionalizada, con elevados índices de pobreza y desempleo, y una enorme deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional.

El presidente Lenin Moreno dejará un gobierno desgastado, que a lo largo de sus cuatro años de mandato se ha caracterizado por enfrentar constantes manifestaciones en reclamo de mejoras laborales, salariales y sociales, beneficios que habían disfrutado los ecuatorianos durante los diez años de presidencia de Rafael Correa (2007-2017).

La pandemia del coronavirus

Basta citar un dato contundente: alrededor de 40 mil personas fallecidas en 2020 por encima del promedio registrado en los tres años anteriores, según información del Registro Civil. Semejante dato, en términos comparativos, ubica al Ecuador entre los países con mayor exceso de fallecimientos del mundo, sobre todo si se revisan las cifras por tamaño de población: más de 2 mil muertes en exceso por millón de habitante (segundo país a nivel global luego de Perú). Parte importante de esta tragedia corresponde al infierno que vivió Guayas en los primeros meses de la pandemia y que de ninguna forma puede quedar en el olvido y la impunidad.

A la enorme mortalidad, se suma el hecho de que el testeo para identificar a la población infectada con COVID-19 en el país es bajo: según datos al 30 de noviembre, en Ecuador solo se realizaron 34,3 pruebas de coronavirus por cada mil habitantes, cifra menor a varias naciones sudamericanas como Perú (38), Paraguay (62,5), Argentina (73,8), Colombia (99,4), Uruguay (123,8), Chile (276,6), y apenas superior a Bolivia (30,7).

Y por si no fuera suficiente, el manejo de la pandemia por parte del gobierno ecuatoriano ha estado cargado de improvisaciones (por ejemplo, medidas desordenadas de confinamiento y restricción de movilidad, manejo nada transparente de la información), corrupción (sobreprecios en insumos médicos), y deficiencias infames en el sistema de salud (denuncias de desabastecimiento de anestésicos en unidades de cuidado intensivo que atienden a pacientes con coronavirus). Tan grave es la situación que incluso países como Estados Unidos han recomendado a sus ciudadanos evitar viajes a Ecuador por el alto riesgo de contagio.

En general, la pandemia ha agudizado en el Ecuador una crisis multidimensional sin precedentes, cuya solución no podrá lograrse con meros diagnósticos y políticas coyunturales, trampas en que podría caer el próximo presidente de Ecuador.

Crisis económica ecuatoriana

Bajo los duros golpes provocados por la pandemia de la Covid-19, a lo que se suma la mala gestión económica-financiera de Moreno y la baja en los precios del petróleo, su principal producto de exportación, el país sufrió en 2020 una caída del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Según información del Banco Central del Ecuador (BCE), se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país caería en –8,9% durante 2020, mientras que para 2021 se estima una recuperación de 3,1%. Dentro de dichas previsiones, puede notarse una caída económica generalizada en las diferentes ramas de actividad, con casos drásticos como las actividades de transporte que caerían un –21%, o el alojamiento y servicio de comida con una contracción de –20,2%.

En las previsiones del FMI se estimaba que el PIB ecuatoriano caería –11%, aunque en noviembre esta previsión mejoró a –9,5% con la firma de la carta de intención entre el país y el Fondo. Pese a dicha mejora, el FMI y de la CEPAL coinciden en prever que el Ecuador en 2020 tendría una de las caídas económicas más graves de Sudamérica (FMI: –9,5%; CEPAL: –9%), solo superada por Venezuela (–25%; –30%), Perú (–13,9%; –12,9%) y Argentina (–11,8%; –10,5%).

Y si las previsiones muestran que la caída de la economía ecuatoriana es excepcionalmente grave, una rápida comparación histórica confirma que se vive la peor crisis económica, combinada con un estancamiento de varios años. De hecho, dejando de lado el efecto de la inflación, la contracción del ingreso por habitante para 2020 sería de –10,1%, caída más drástica que aquella vivida en 1999 y que llegó a –6,8%.

En el campo del empleo, un mercado laboral estancado por años, colapsado en 2020, con un salario básico de 400 dólares mensuales que no crecerá en 2021, y lleno de incertidumbres por la flexibilización laboral impulsada por el morenismo, tiene graves implicaciones sociales. Si millones no encuentran alternativas de empleo que les permitan subsistir de forma digna, terminarán integrándose a actividades cada vez más cercanas a la criminalidad.

Como consecuencia, la violencia se irá agudizando. Basta ver que, entre enero y octubre de 2020, la provincia de Guayas registró 427 muertes violentas, equivaliendo a una tasa de 9,73 muertes por cada cien mil habitantes (la tasa mundial de referencia es de 5,78), dato que vendría aumentando desde 2018.

En términos de consumo, por ejemplo, hay patrones preocupantes. Según información de las matrices insumo-producto difundidas por el Banco Central, entre 2013 y 2018 se registró una reducción del gasto de consumo por habitante promedio mensual en lácteos (de 5,98 a 5,37 dólares) y productos de la molinería (de 4,78 a 3,60 dólares).

Estos datos muestran que, previo a la pandemia, ya existía en el país un estancamiento y reducción de la demanda de los hogares en productos alimenticios. Y con la crisis del coronavirus el problema de demanda se ha agravado, como ejemplifica la caída de 34% en las ventas de leche entre marzo y noviembre de 2020. De mantenerse semejantes tendencias, varios males no resueltos por décadas como la desnutrición infantil, posiblemente se irán agravando, como empiezan a sugerir algunas fuentes.

En síntesis, de hecho, los problemas son en extremo diversos: caída en los ritmos de extracción petrolera (y falta de inversión en el sector); ampliación de extractivismos que dejarán saqueo y destrucción ambiental y social (por ejemplo, la megaminería; posibilidad de una mayor concentración de los mercados en beneficio de grandes grupos económicos (a la vez que varias pequeñas y medianas empresas están al borde del colapso); aumento de la pobreza sobre todo en poblaciones rurales (pero de la cual aún no hay datos certeros para 2021); dificultades en la producción agrícola rural, con precios de miseria que subsidian la vida de las grandes urbes; aumento de las desigualdades de género (con el aumento de la explotación laboral sobre las mujeres trabajadoras en actividades necesarias para reproducir la vida y un imparable incremento de la violencia de género); mayores limitaciones para un acceso digno a la educación (con personas que simplemente han dejado de estudiar por falta de conectividad y de recursos económicos); aumento del número suicidios; entre otros.

Y un dato final, a finales del anterior año, el ministro de finanzas del actual gobierno, comunicó sobre un proyecto de ley para otorgar la “autonomía” al Banco Central del Ecuador, junto a una campaña desinformativa de las actuales autoridades económicas con el objetivo claro de su privatización. En efecto, lo que se busca es el retorno de la privatización del Banco Central al sector financiero y las crueles secuelas para la población ecuatoriana.

Crisis de las funciones e instituciones del Estado ecuatoriano

Solo mencionaremos dos datos que revelan la crisis en las Instituciones del Estado en Ecuador:

Por mandato legal, en el Ecuador las autoridades de control estatal, superintendente de Compañías, superintendente de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, Contralor General del Estado, otros, son designados de una terna enviada por el Presidente de la República, se posicionan en el cargo bajo compromisos políticos con el partido, movimiento político o grupo económico que le designó, por ende, son resultado del “clientelismo político” que nombran Ministros, Directores, Gerentes y Funcionarios, para la administración pública con un alto grado de desconocimiento en gestión pública y normas de control interno gubernamental.

En el caso de la Función Judicial, es incuestionable que los procesos que nacen de un aparataje tan condicionado no pueden cumplir con los mínimos requisitos de imparcialidad. Las vías judiciales se vuelven entonces canales idóneos para la persecución política. Paradójicamente, los órganos que no están sujetos a elección popular (y que en este caso dependen del beneplácito de autoridades transitorias) son los que acaban proscribiendo las vías democráticas de la oposición.

Asimismo, la arbitrariedad en la conformación del Consejo Nacional Electoral, encargado pone en riesgo los comicios celebrados este año, donde se eligen 5.670 autoridades. En definitiva, la judicialización de la política y el secuestro de las instituciones clausuran la vía democrática en el Ecuador de Moreno.

Como indicamos al inicio, la crisis legada por Moreno, es sobre todo para Arauz, un reto, un desafío, debido a la magnitud de la misma. Para Lasso o si hubiera otro, será una ocasión más para seguir se usufructuando los recursos del Estado, sin importar la mayoría de las clases más empobrecidas.