Hay razones, hechos documentados y pruebas judiciales suficientes para demostrar ante las cortes internacionales, que en Colombia hay genocidio, en tanto aniquilación y exterminio planeado de uno o más grupos sociales por diversos motivos. Racial y social contra pueblos indígenas y contra el partido político FARC.

La reciente revelación sobre la conducta del presidente Virgilio Barco asintiendo el exterminio de la Unión Patriótica (UP), sumada a la permanente intervención de asesores militares secretos procedentes de Israel, Reino Unido, Estados Unidos, las recurrentes reuniones con directores de la CIA, la formación de más de 17.000 militares colombianos en el comando sur en Panamá especializado en operaciones de horror y sostén de las más crueles dictaduras y la interiorización del odio contra los “enemigos de la democracia” definidos por las elites, dejan poco espacio para la duda.

Es en los llamados territorios, donde la muerte acecha de manera sistemática a sus pobladores y es el partido en el poder el principal obstáculo para remover barreras que lleven a incorporar a estos territorios en la agenda pública, salvaguardando la perspectiva y concepción propia, sin invalidar el sentido de la vida, la solidaridad y la justicia producida allí con otras lógicas y autonomías legalmente establecidas. La memoria de esos territorios, guarda la historia, causas, consecuencias y responsables de la mayor parte de los más de 11 millones de hechos victimizantes del conflicto armado, sus acciones bélicas, minas antipersonales (en más de 673 municipios), huellas de los bombardeos desde helicópteros y naves de combate y de los incontables e imparables éxodos de desplazados, cuyo horror desborda cualquier pretensión por desviar las causas, y negar la sistematicidad, alegando desde los cargos del estado, que son hechos aislados, disputas entre particulares que cierran entregando a algún chivo expiatorio.

Lo común en estos territorios es la persistencia de una cosmovisión que guarda el equilibrio naturaleza-cultura y promueve la protección del patrimonio común de la nación, representado en importantes recursos mineros, agrícolas o de importancia estratégica que son el botín de elites, empresarios y trasnacionales. Allí las llamadas rutas del narcotráfico son apenas un factor de muerte, no la totalidad. En la determinación de la sistematicidad se define la existencia del genocidio, que en términos descriptivos y legales, evidencian que allí aparte de la eliminación física de los integrantes de un grupo concreto, hay un propósito para destruir los cimientos y soportes de su existencia política, sus vínculos, cultura y concepción del mundo y aparte de la vergonzosa cantidad de hechos victimizantes y del número de asesinados, lo fundamental es que hay una intencionalidad con el propósito de destruir de manera planeada en tiempos de guerra o de paz.

En esos territorios, los rasgos del genocidio confluyen en la matanza planificada, extendida en el tiempo por las mismas causas y por los mismos responsables y herederos; las graves afectaciones físicas y mentales a su población, ejercida mediante persecución, acoso, amenaza, asesinato, desplazamiento, crueldad y barbarie; el sometimiento a condiciones que degradan su plan de vida, mediante militarizaciones, señalamientos, tortura, agresiones sexuales, confinamiento.

La sistematicidad, ha tenido por objeto negar el derecho de existir de dichos pueblos, destruir su vida con existencia política, negar sus derechos y libertades, impedir su autonomía, su justicia, su proyecto político. Esta tipificación demuestra que hay afectación de la dignidad humana y por tanto que el país está ante una sistematicidad programada, pensada en un centro de mando, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad, del que es directamente responsable el Estado y el gobierno, ya que por ser un crimen internacional (CPI) es al Estado a quien le corresponde evitarlo y sancionarlo, lo que por sus indicadores no ocurre y que tendría que empezar por reconocer y aplicar la constitución del 91 y con debida diligencia adoptar las figuras jurídicas de autonomía de los territorios en los que se produce el genocidio, el resguardo para pueblos indígenas, consejos comunitarios para comunidades afro y zonas de reserva para los campesinos, y de manera más reciente espacios territoriales (ETCR) para quienes firmaron el acuerdo de paz.

Aplicar la constitución exige comprender que para los pueblos indígenas el territorio es el centro del espacio de vida y desarrollo cultural (CRIC), para los pueblos afro la base para construir autonomía y autodeterminación y el espacio para crear y recrear su identidad cultural, para los campesinos el lugar para organizar su plan de vida digna y para los excombatientes el escenario de transito de su plan de vida de la guerra a la paz. En síntesis, el territorio no es la medida de tierra, ni la fábrica de riqueza privada, que el gobierno vacía de contenido político, dejándolo bajo control del terror que invalida el sentido de la vida, la memoria, su biodiversidad y cultura.

Un ejemplo de sistematicidad en este siglo XXI, se corresponde con el anuncio de Amnistía Internacional de que 32 pueblos indígenas tenían su supervivencia gravemente amenazada y destacó que entre 2002 y 2009 (años de la Seguridad Democrática del partido en el poder), más de 1.400 hombres, mujeres y menores indígenas fueron asesinados, 90 secuestrados, 195 desaparecidos forzosos, 4.700 amenazas colectivas, decenas de violaciones sexuales, reclutamiento de menores y miles de familias forzadas a huir. Nada de esa memoria indica hechos aislados, el genocidio continua.

La más reciente sistematicidad, inicio con el No a la paz, del partido en el poder y tiene expresión contra los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz y mantienen sus vínculos con una misma política y proyecto ideológico, que genera el despliegue de odio despertado por quienes no lograron consolidar sobre ellos una derrota militar y no conciben la participación en democracia de su antiguo enemigo ni lo aceptan como adversario. El genocidio que apenas inicia es contra el partido político FARC del que han sido asesinados más de 250 militantes y de conjunto como grupo padecen asedio, amenaza y sometimiento a condiciones de estigmatización social, incertidumbre jurídica, acoso, orientados a afectar su dignidad y a provocar lesiones mentales y destrucción física total o parcial.

Ante la sistematicidad genocida, el paso inmediato de los pueblos indígenas y del partido FARC, tendrá que ser el de acudir a través de sus congresistas, al sistema internacional (CIDH y la CPI) invocando la intervención de una justicia efectiva e imparcial, en tanto el estado, es un actor corresponsable del genocidio y éticamente estaría impedido para el ser juez contra sí mismo, y adicionalmente ha mostrado con sus políticas que prefiere gobernar con una doctrina para la guerra de maniobras y barbarie que sirve al exterminio, y con soportes en la dilación y trampa a los códigos judiciales y atrincherada en las mayorías legislativas y en altas posiciones en el Estado.