Todo es cuestión de percepción:

“el Tigre, el león y la pantera son animales inofensivos.

En cambio, las gallinas, los gansos y los patos,

son animales altamente peligrosos,

decía una lombriz a sus hijos”.

Bertrand Russell

Leí el proyecto de Ley Antibloqueo que el presidente Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo leí varias veces buscando descifrar muchas interrogantes que me surgieron con la lectura. No logré despejar algunas, por tal motivo celebro la convocatoria hecha por el propio presidente a que se debata, y como estamos en revolución, el debate debe ser participativo y sobre todo protagónico, es el pueblo, todo, el que debe conocer y opinar sobre una ley con estas características y de tanta trascendencia.

Nos sumamos entonces al debate, y lo hacemos compartiendo nuestras dudas que esperamos sean escuchadas y sobre todo respondidas por los Constituyentes, principales responsables históricos de tamaña decisión. Lo hacemos desde la trinchera de lucha que nos ha correspondido en este proceso revolucionario. Trinchera que no es ni más ni menos importante, ni más ni menos respetable, ni más ni menos necesaria, que el resto de las trincheras. Trinchera desde donde se batalla con las ideas no solo para combatir al verdadero enemigo, el imperialismo, sino para aportar en el avance seguro hacia el socialismo bolivariano. Y no me refiero a la trinchera académica, me refiero a la trinchera del pueblo, a la de la clase obrera.

Somos conscientes de la arremetida que como pueblo hemos padecido desde la desaparición física del comandante Chávez en 2013. No solo somos conscientes, lo hemos estado alertando desde por lo menos el 2015, cuando aún era imperceptible, cuando todavía las prácticas del enemigo eran encubiertas. Desde ese momento, no solo nos limitamos a alertar de la guerra no convencional, y en particular de la guerra económica como una de las dimensiones, además mostramos y demostramos las armas que estaban incipientemente empleando, y describimos cómo actuaban dichas armas¹.

Somos conscientes también de la magnitud criminal de las agresiones. La hemos calculado². Solo entre 2016 y 2019, según nuestras estimaciones, han tenido un impacto económico de 194 mil millones de dólares, de los cuales, alrededor de 25.000 corresponden al bloqueo financiero y robo de nuestros activos en el exterior, una parte de esos 25.000, alrededor de 6.000 millones de dólares, están retenidos en el sistema financiero internacional. Los otros 168.000 millones de dólares que suman a dicho impacto, los hemos dejado de producir entre 2016 y 2019 por dos razones: 105.000 millones por el ataque al bolívar y 63.000 por la afectación a PDVSA³.

No desconocemos ni dudamos de la guerra económica y su magnitud, pero insistimos en que no es solo el bloqueo financiero y comercial el arma empleada por el imperialismo para desestabilizar política, económica y socialmente nuestra Patria y con ello, acompañado de un discurso que busca responsabilizar al “modelo socialista fracasado” derrocar la revolución bolivariana. El Ataque al bolívar también es un arma y tiene mayor peso e impacto a lo interno y para efectos del día a día de todos los venezolanos que incluso el propio bloqueo (no es que éste no lo tenga) como también tiene impacto el desabastecimiento programado y selectivo que durante los primeros momentos de la arremetida jugó un papel protagónico. ¿O es que vamos a olvidar las largar colas a las cuales fuimos sometidos para adquirir harina de maíz, arroz, pastas, aceite, margarina, huevos, leche, o la angustia para conseguir un antihipertensivo, una simple solución fisiología o una insulina, o hasta una batería para vehículos? ¿O es que vamos a obviar el desplome del poder adquisitivo de los venezolanos consecuencia del aumento veloz de los precios a su vez inducido por la manipulación política del tipo de cambio? ¿O es que vamos a dejar de lado el desfinanciamiento de toda la administración pública también consecuencia del aumento de los precios de los insumos y servicios de mantenimiento, a su vez inducidos por el ataque al bolívar?

No es solo el bloqueo lo que está incidiendo sobre las condiciones de vida del pueblo venezolano, que, dicho sea de paso, hay que, obviamente, combatir, por lo que celebramos un proyecto de ley que debió haberse pensado mucho antes. Pero también es el ataque al bolívar y es el desabastecimiento inducido, programado y selectivo de bienes esenciales, de los cuales, desde el gobierno nacional no se hace mención.

Primera duda: ¿Y el ataque al bolívar, el poder adquisitivo y la producción nacional?

Así que una de las preguntas que surge al leer el proyecto de ley es hasta qué punto una normativa como la allí propuesta, con todas las implicaciones jurídicas que han sido expuestas y alertadas por abogados en cuanto a la desaplicación discrecional y confidencial de las normas, tendría un verdadero efecto sobre las condiciones de vida de la población si ni siquiera se consideran el ataque al bolívar y el desabastecimiento.

¿Hasta qué punto los ingresos adicionales de divisas que, obtendríamos gracias a esta ley y que en el mejor de los casos se destinen al salario nominal o a financiar los servicios de la administración pública no terminarán nuevamente diluidos como consecuencia de una arremetida en el ataque al bolívar?

¿Hasta qué punto esta ley que dará concesiones al capital transnacional para que “traiga” sus divisas, permitirá una reactivación de la producción nacional, si está siendo obviada una de las principales armas de la guerra económica, el ataque al bolívar, que como hemos venido mostrando y demostrando econométricamente no solo induce la hiperinflación, sino que contrae la producción nacional? Recordemos la secuencia, atacan el bolívar, aumentan los costos de producción, aumentan los precios, cae el poder adquisitivo, disminuye la cantidad de bienes y servicios demandados, el productor u oferente no produce porque no tiene quién le compre, cae la producción nacional.

¿Hasta qué punto, esta ley, que dará confidencialmente todo tipo de protección e incentivos al capital transnacional, entre ellas libertades económicas, por ejemplo, cambiarias, no impedirá que los ingresos adicionales de divisas, en lugar de tributar a la producción nacional por las razones antes expuestas, terminen, como ha ocurrido en toda nuestra historia económica, particularmente en los momentos de libre mercado cambiario, en paraísos fiscales, más aún en el contexto de una depreciación inducida del bolívar que es incentivo para dicha fuga?

Hemos dejado de producir alrededor de 170 mil millones de dólares entre 2016 y 2019. Si bien de estos 170 mil millones, 65 mil millones corresponden al ataque sufrido por PDVSA debido al bloqueo, el cual, entre otras razones, ha afectado los niveles de producción de hidrocarburos, lo que a su vez ha incidido sobre las exportaciones petroleras y la posibilidad de captar mayores ingresos de divisas necesarios para reactivar la producción nacional, los otros 105 mil millones han sido consecuencia del ataque al bolívar.

En el mejor de los casos, si este proyecto de ley impidiese el bloqueo a PDVSA y permitiese reactivar la producción petrolera, aumentar las exportaciones de hidrocarburos y generar divisas para la Nación, eso no exime que el imperialismo intensifique el ataque al bolívar contrarrestando cualquier efecto positivo de sortear el bloqueo a PDVSA. Veamos algunos ejemplos.

En 2014, según el BCV, las exportaciones ascendieron a 76.583 millones de dólares, nada mal para nuestra economía, sin embargo, ese año la producción nacional no registró crecimiento, por el contrario, cayó 4%. Ese año intensificaron el ataque al bolívar e indujeron una depreciación de 170%.

Igual ocurrió en 2015, las exportaciones fueron US$ 37.236 millones, nada mal tampoco, y con una disponibilidad de reservas internacionales de US$ 16.370 millones, sin embargo, la economía disminuyó aún más, 6% debido principalmente a la intensificación del ataque al bolívar que generó una depreciación de la moneda de 430%.

Otro buen ejemplo para mostrar que no necesariamente la recuperación de las exportaciones petroleras, incluso cualquier fuente de divisas se va a traducir en una recuperación económica mientras persista el ataque al bolívar como arma de guerra es lo ocurrido entre los años 2016 y 2017. En 2017 las exportaciones petroleras aumentaron 24% con respecto al 2016, ascendieron a US$ 34.030 millones, nada mal tampoco (recordemos que en 2016 fueron relativamente muy bajas debido a la mayor caída del precio del petróleo, también arma de guerra), no obstante, la producción nacional no mostró recuperación, cayó muchísimo más que en 2014, 2015 y 2016, la caída fue 16% en 2017. Ese año, la arremetida contra la moneda indujo una depreciación de 3420%.

Mientras persista el ataque al bolívar como arma de guerra (arma que ni siquiera es reconocida en el proyecto de ley lo cual nos sorprende porque el senador republicano Richard Black ya confesó que ha sido el imperio el que nos ha inducido la depreciación del bolívar además que ha sido parte explícita de los planes del Comando Sur para derrocar al gobierno) cualquier ingreso adicional de divisas, cualquiera sea la vía para obtenerlas, no necesariamente se verá reflejado en una reactivación económica, ni en una recuperación del poder adquisitivo. A menos que, mágicamente cese el ataque al bolívar.

En este punto comienzan a surgir otras interrogantes. Nos preguntamos ¿Por qué el imperio, de buenas a primeras depondría su mejor y más potente arma sin haber logrado su objetivo de derrocar la revolución bolivariana? ¿En qué condiciones aceptaría deponerla? ¿A cambio de qué? El precio que nos fijarían para nuestra República, nuestro Estado Nación, nuestra soberanía, para el pueblo todo, sería muy alto dado el poder de dicha arma. Soberanía que los venezolanos no estamos dispuestos a entregar.

En todo caso, es necesario que, en el marco del debate, se nos explique cómo y a través de cuáles mecanismos, este instrumento jurídico permitiría la mejora del poder adquisitivo de la clase obrera y la reactivación económica, así como, el control de la hiperinflación inducida, factor clave a derrotar.

La posibilidad de generar ingresos adicionales de divisas para importar alimentos y medicamentos, lo que sin dudas es necesario, no incide en la recuperación del salario real ni de la actividad económica.

Al seguir leyendo y releyendo la ley, nos surgen otras muchas interrogantes, que seguimos compartiendo.

Segunda duda: ¿Venta de activos, cuáles si y cuáles no?

No queda claro a cuáles ingresos adicionales de divisas se refiere el proyecto de ley, pero sabemos cuáles son las maneras de obtenerlas: 1) exportando, 2) endeudándonos, o 3) vendiendo activos, lo que nos lleva a otras preguntas.

¿Cuáles activos serán eventualmente vendidos en su totalidad o en parte accionaria? ¿Serán los de sectores estratégicos, tan estratégicos que tocan nuestra independencia y soberanía como, por ejemplo, el petrolero, aurífero o el minero en general? ¿O serán las empresas estatizadas en revolución, también y sin duda estratégicas por cuanto son garantía de soberanía, entre ellas, la de electricidad, telecomunicaciones, agua, transporte aéreo y terrestre, la banca financiera, las aseguradoras?

Hemos escuchado que esta ley no cederá ni un milímetro de nuestra soberanía. Por tal motivo y dada la importancia estratégica de este asunto no solo para avanzar en revolución, sino para combatir al imperialismo, sugerimos que de ser aprobada esta ley quede de manera explícita, por escrito, cuáles son los activos de la República que en ninguna circunstancia serán vendidos a los capitales transnacionales, independientemente de su personalidad jurídica, sea matriz o filial. Conocer el alcance y los límites de esta ley es necesario.

En revolución, a veces hay que ceder, dar concesiones, lo decían y lo hacían Chávez y Fidel, si y solo si, no se toquen los principios y valores revolucionarios, mucho menos la soberanía. Los activos que fueron estatizados en revolución son garantía de independencia y de soberanía como lo son todas nuestras riquezas y los ingresos que éstas generan.

Tercera duda: ¿Y las condiciones de los prestamistas, hasta dónde comprometerán la revolución?

Siguiendo con los ingresos adicionales de divisas nos preocupan las condiciones que nos exijan en el caso de que estos provengan de la eventual reestructuración de la deuda externa o de nuevos créditos. Quien presta el dinero pone sus condiciones, y si no preguntemos al FMI, claro que no estamos diciendo que la negociación vaya a ser con ese nefasto organismo, pero nadie da créditos sin condiciones, hipotecas, garantías, etc.

Es por esta razón que la competencia de endeudamiento es del poder legislativo donde, luego de un debate apegado a la Constitución y a las leyes prevalece la decisión de la mayoría. Consideramos riesgoso, además de injusto, que el Ejecutivo Nacional se eche esa broma de tener que lidiar con los capitales financieros internacionales que buscarán imponer sus condiciones leoninas, seguramente contrarias al proyecto socialista. Más aún cuando prontamente tendremos la oportunidad de cambiar a la actual y apátrida Asamblea Nacional.

Cuarta duda: ¿Seguro que no se volverán a fugar?

Otro aspecto que no nos queda claro es la necesidad de la confidencialidad en el uso de tales ingresos adicionales de divisas, sea que éstas provengan de las exportaciones, de endeudamiento o de la venta de activos. ¿Por qué deben ser gestionados estos recursos en un sistema paralelo de la tesorería nacional que, según lo establecido por el mismo proyecto de ley, se mantendrá en absoluta confidencialidad impidiendo los mecanismos de contraloría? ¿Por qué tanto secreto en el uso de dichos recursos, o es que acaso los organismos de inteligencia del imperialismo a través de los sistemas financieros, no se enterarán de dichas transacciones?

Si bien el proyecto de ley establece que dichos ingresos adicionales serán destinados a “la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano, así como a la recuperación de su calidad de vida y la generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades y potencialidades”, es necesario tomar en cuenta la vía a través de la cual, dichos recursos, pudiesen llegar al pueblo venezolano. Allí surgen otras interrogantes.

¿Llegarán al pueblo mediante el fortalecimiento de lo público y lo colectivo como esperaríamos en revolución, o a través de mayores incentivos a un sector privado transnacionalizado que históricamente ha hecho negocio con las divisas que capta del Estado sin que necesariamente se vean reflejados en mayores inversiones en nuestro territorio? Recordemos que el gran negocio de los capitales transnacionalizados ha sido llevarse las divisas de los venezolanos, desde 1970 se han llevado 700 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad se encuentra en cuentas bancarias del exterior. Adicionalmente, mientras más divisas han recibido por parte del Estado, menor ha sido la inversión privada en territorio nacional.

Sería importante que se explicase cómo en el marco de una liberación del mercado cambiario acompañada de un ataque permanente al bolívar, evitaríamos que los ingresos adicionales de divisas se terminen fugando.

Quinta duda: ¿Sistema de salario compensatorio?

Otra pregunta que nos surge al leer el proyecto de ley es ¿Por qué se habla de “sistema de salario compensatorio”? ¿De dónde salió ese término? Aquí y en la Conchinchina, salario es salario. El salario es el precio de la mercancía fuerza de trabajo, es la contraprestación al trabajo del obrero, luego de restarle el plusvalor claro está. No existe esa figura de salario compensatorio. O es salario, o es compensación al trabajador. Nos preguntamos ¿compensación por qué y cómo? ¿Por qué no incremento y recuperación del salario real directamente?

Cualquier política que mantenga los niveles de salario real a los niveles actuales, pero que busque “compensarlo” por la vía del Estado, no es otra cosa que aliviar la carga a la burguesía, carga que estaría asumiendo el Estado, entendiendo que el alivio de dicha carga se reflejará en mayores ganancias. Recordemos que, en el discurso del capitalismo, especialmente el neoliberal en su mayor expresión, la participación del Estado es mal vista, a menos que sirva para que cubra o se ocupe de las responsabilidades que le corresponde a la burguesía, permitiéndole mayor margen de ganancia y acumulación. No estamos diciendo en lo absoluto que el Estado no debe intervenir, obviamente debe hacerlo, más aún si la idea es avanzar hacia el socialismo, lo que estamos diciendo es que la intervención del Estado, en esta lucha de clases, debe ser siempre del lado de la clase obrera y no para aliviarle la carga a la burguesía, que ellos asuman su responsabilidad.

Si efectivamente esta ley generará los recursos que, según algunos voceros, hoy no tenemos para poder aumentar los salarios, una vez conseguido dichos ingresos debería entonces plantearse el ajuste del salario a niveles dignos, tal como lo establece la Constitución, y no “sistemas compensatorios”. No solo por el salario en sí mismo, sino por las repercusiones sobre las prestaciones sociales y sobre las pensiones y jubilaciones.

Formularemos nuestra duda de otra manera ¿Si hoy nos dicen que, debido al bloqueo, no hay suficientes recursos para aumentar los salarios, pero también nos dicen que de aprobarse esta ley contaremos con los ingresos suficientes, por qué no se establece claramente en la ley que serán usados para recuperar el salario real de los trabajadores a niveles dignos mediante ajustes del salario nominal en lugar de decir que “el uso de los recursos estará orientado a desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras.” No es salario compensatorio, ni es ingreso real, es salario digno.

Una duda más: ¿Y las sanciones?

Hay una duda, pero sobre todo un gran vacío que nos queda cada vez que leemos el Proyecto, y es que lo primero que uno piensa cuando nos hablan de una ley antibloqueo es que, para evitarlo, combatirlo y/o sortearlo, entre otras acciones, deberían contemplarse sanciones. No leímos en ninguna parte las sanciones a ser aplicadas para todo aquel que dentro de nuestro territorio se preste o promueva el bloqueo económico. La ley no toca a quienes van por el mundo robando nuestros activos, mandando cartas a los bancos para que realicen transacciones financieras con nuestro país o simplemente a quienes llamen al bloqueo. Al respecto, pareciera faltarle un título sobre las sanciones, especialmente cuando en el artículo 1 se establece que el bloqueo constituye un crimen de lesa humanidad.

En fin, estas son algunas de nuestras dudas, preguntas, inquietudes. Están relacionadas sobre todo con el impacto económico. Esperamos sirvan de aporte para el debate.

Otras dudas

Otros aspectos como por ejemplo los relacionados con la constitucionalidad, así como con las implicaciones y los riesgos jurídicos de la potestad que se da al Ejecutivo Nacional de desaplicar de manera discrecional las normas legales; o la confidencialidad de todos los actos; el riesgo de vender nuestros activos estratégicos; o el hecho de que las medidas adoptadas conforme a esta Ley continuarán surtiendo efectos aun cuando ésta perdiera vigencia; o la posibilidad de acudir a tribunales internacionales o cortes arbitrales para que decidan por nosotros la indemnización de los capitales extranjeros; o desaplicar decisiones judiciales, entre otras, se lo dejamos a los abogados especialistas.

Opiniones argumentadas y sustentadas han sido expuestas con respecto a estas otras dudas por parte de especialistas en la materia, las cuales esperamos sean consideradas y sobre todo respetadas en el marco de este debate convocado por el presidente Nicolás Maduro. Así como esperamos que sean respetadas todas y cada una de las observaciones que tengamos a bien hacer cualquier persona de esta Patria ejerciendo nuestro legítimo derecho a opinar, criticar y proponer. Así las cosas, quedamos a la espera de las aclaratorias y respuestas a las dudas aquí compartidas.

6 de octubre de 2020

- Pasqualina Curcio es Profesora Titular, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Simón Bolívar-Venezuela.