“La tensión fundamental tiene que ver con que yo no quería estar involucrado en un proyecto en el que el gobierno no quería permitir que hubiera un mandato democrático”

Paul Romer

Honduras aprobó una legislación inconstitucional que viola la soberanía nacional y el derecho de las personas al desarrollo, entendido este más allá de un simple ingreso por trabajo asalariado, menor al costo de reproducción material de la vida humana. Este es el caso de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), aprobadas en septiembre de 2013 mediante decreto ejecutivo 120-2013, mucho después que Paul Romer, el laureado premio nobel de economía y promotor del proyecto inicial denominado “Ciudades Modelo”, se retiró porque los legisladores, burócratas y políticos del Partido Nacional, Liberal y Democracia Cristiana, decidieran modificar la propuesta inicial en cuanto a la presencia de un personal de alta calidad moral y ética como Comisionados o Directivos Administradores de las ciudades, y la Corte Suprema de Justicia las declarara inconstitucionales.

Desde esa fecha de aprobación de la ley ZEDEs, se han ejecutado acciones orientadas a realizar estudios de factibilidad para construir la primera ZEDE en el sur de Honduras, principalmente en los municipios del Golfo de Fonseca (GF) e Isla del Tigre, fundamentada en el espacio logístico para la prestación de servicios a inversionistas extranjeros, facilitados por una administración independiente y sin relacionamiento directo con la institucionalidad pública. Al parecer el estudio se concluyó, pero la dinámica política y social interna, y la posición de grupos empresariales y políticos locales, ha impedido que ello se materialice. Otras acciones se encaminaron a identificar aquellos lugares potenciales para la instalación de las ZEDEs, sean estos poblados o no. Pero, además de ello, se avanzó en estructurar una especie de contraparte local con el nombramiento de un Comisionado Especial que recayó en un exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El articulo N.1 del decreto de creación, declara que las ZEDEs son parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y el gobierno nacional, pero también un instrumento de desarrollo para generar mayor valor agregado, empleo y aumento de la competitividad del país; incluso orientadas a garantizar el cumplimiento de la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022), el cual ya es historia por decreto ejecutivo y desuso.

El problema es que las ZEDEs se constituyen en un régimen político-administrativo independiente del gobierno central, con personería jurídica propia y un gobierno interno, que como señala un dirigente político del partido Libertad y Refundación (LIBRE), de dudosa reputación ya que no se saben quiénes son los inversionistas extranjeros, nacionales y si utilizarán recursos del Estado, tal como ha sido en otros negocios como la concesión de las carreteras y el Aeropuerto Palmerola; recursos de los ciudadanos pero sin rendición de cuentas por el gobierno.

Ello se hace más evidente y la preocupación crece en la población, ya que las ZEDEs, “contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas, los que pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, debiendo garantizar los principios constitucionales de protección a los Derechos Humanos” (Articulo 3).

Contrario a Romer, cuyas “Ciudades Modelo” tenían un énfasis en la generación de empleos, productos exportables, mayor valor agregado, exportaciones y mejora sustancial en la competitividad, acompañado de normas para la transparencia y combate de la corrupción, reducción de trámites burocráticos y autonomía en la toma de decisiones, las ZEDEs pueden crearse con objetivos diversos como Centros Financieros Internacionales (paraísos fiscales), Ciudades Autónomas, Cortes Comerciales Internacionales, Distritos Energéticos Renovables, Zonas Turísticas, Zonas Mineras, Zonas Forestales o Sociales; otras. Todo ello sin consulta previa a los ciudadanos, o al menos no establecida como requisitico o condición para su aprobación por el gobierno de la República, especialmente cuando se trata de actividades o proyectos extractivos.

Aunque las personas que habitan en los territorios donde operará la ZEDEs, son iguales en derechos y deberes, su administración está obligada a “establecer convenios de convivencia ciudadana con las personas que libremente deseen habitar o residir en su ámbito espacial de competencia respetando los principios morales universales”. Igual a crear espacios públicos para que ellos se manifiesten, pero sin violar derechos de terceros. A ello se le atribuye la vigencia de un régimen de confinamiento ciudadano, donde los derechos a la participación ciudadana, protesta pública, tránsito y reivindicación de derechos económicos y sociales, están sujetos a lo que diga la administración del nuevo gobierno corporativo.

Otro artículo polémico es el N. 11, donde se autoriza la creación de un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, conformado por personas nacionales e internacionales con liderazgo y capacidad técnica, incluyendo miembros de la academia. Entre sus funciones destacan: a) Aprobar la normativa Interna; b) Aprobar o desaprobar las actuaciones del Secretario Técnico de la ZEDE; c) Proponer un listado de diez (10) personas para ocupar el cargo de juez o magistrado de la Jurisdicción Especial de las ZEDE; d) Fijar un área en una zona continua para la expansión futura y planificación en el diseño de una ZEDE. Todos estos miembros del Comité y el Secretario Técnico son nombrados por el presidente de la República, lo que justificó que Paul Romer se diera a la “Fuga”, ya que deberían ser nombrados todos sin la participación del gobierno central, o a lo sumo por el Congreso Nacional.

De acuerdo a Christopher Castillo, Coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras “Ahora más que nunca, tenemos que dejar de posponer cambios culturales para entender la génesis de Ciudades Modelo, que tiene que ver con el racismo, por ejemplo, Bárbara Kolm, presidenta del Comité de Buenas Prácticas de Ciudades Modelo, es militante del Partido Neonazi en Austria, y fue juzgada por actos de corrupción” (Radio Progreso, 02-10-2020). Otros miembros son Mark Klugmann, experto en ganar elecciones fraudulentas y asesor de Pepe Lobo (2010-2013), expresidente de Honduras, y Michael Reagan, hijo de Ronald Reagan.

Agregado a ello, la administración de la ZEDE reconoce la propiedad de los bienes inmuebles de personas naturales o jurídicas en la ZEDE y establece el régimen de valorización, pero es confuso cuando se trata de la tierra. El Artículo 25 señala que la propiedad del suelo donde están asentadas, creadas en zonas o regiones de baja densidad poblacional, será administrada por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en nombre del Estado de Honduras, que podrá expropiar previa indemnización a los propietarios de las mismas. El justiprecio será determinado con base en los valores referenciales de mercado de bienes de igual calidad que se encuentren fuera de ese régimen especial. La preocupación es que se pague con bonos o se reconozcan valores por dejado del precio de mercado, haciéndose efectivos dichos pagos mucho tiempo después y tal como sucede con las indemnizaciones de los pobladores y propietarios de tierras en la zona de la Represa Hidroeléctrica “Patuca” en el departamento de Olancho.

Ligado a ello, otra pregunta es ¿Qué pasa en el medio rural con las tierras nacionales o ejidales? ¿Acaso se pagarán a 100 lempiras la manzana, tal como autorizó el Congreso de la República para apoyar la producción agroalimentaria y enfrentar la hambruna del Covid-19? A lo mejor el Estado no les cobra, y los inversionistas son premiados con el cobro de una especie de renta de la tierra por solo el hecho de declararse el territorio como ZEDEs, pero también autoriza a que puedan ser arrendadas y los ingresos obtenidos formen parte del presupuesto de estas.

“Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) establecerán impuestos sobre el valor de la tierra de propiedad privada que se beneficien del desarrollo promovido por las mismas y que se encuentren ubicados dentro de su ámbito espacial de competencia. A este efecto deben hacerse avalúos periódicos sobre los mismos a fin de determinar los montos a pagar en base al valor de mercado actualizado de dichos bienes inmuebles”. (Artículo 24).

Las ZEDEs tienen su propio régimen fiscal y cambiario, de bajos impuestos y tasa de cambio libre. Se autoriza que el porcentaje de impuesto sobre la renta a personas naturales no debe ser superior al 12%, a personas jurídicas menor de 16%, impuesto al valor agregado no mayor del 5%, y los impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad de la tierra serán fijados por la ZEDE. A ello se suma que pueden vender productos y ofrecer servicios en el territorio nacional (¿Qué pasa con las MiPymes?) pagando los impuestos al fisco, control sobre actividades marítimas, aéreas y portuarias cuando estén dentro y cobro de tasas por uso de estos servicios, contratar el 85% de trabajadores hondureños si el Congreso de la República no dice lo contrario.

Recién el gobierno de la República hizo el anuncio para la conformación de dos (2) ZEDEs, una en la Isla de Roatán, en el Departamento de Islas de la Bahía y la otra en Choloma, Departamento de Cortes, la cuna de la maquila golondrina hondureña. La primera se denomina “Roatán Próspera” y existe un espejito de invertir 500 millones de dólares y generar 10,000 empleos directos en cinco (5) años, como si la inversión extranjera directa dependiera solo del otorgamiento de una concesión y bajos tributos. En el primer departamento se esperaba que el Covid-19 no llegaría, pero hoy se habla de 1,572 infectados y 26 muertos; caso contrario de Cortes, el epicentro de la Pandemia, con 24, 073 infectados y 786 muertos. La preocupación de los pobladores es acerca del modelo de administración de las mismas y de control social de la pandemia, sumado a que, en el caso particular de Islas de la Bahía, los pobladores se han pronunciado en contra por la pérdida de la soberanía nacional y patrimonio local.

En una situación actual de alta incidencia del Covid-19, los beneficios esperados por el gobierno, en caso de concretarse estas iniciativas, son la generación de empleos de mala calidad y sin garantías de aseguramiento social, más que un aumento de la oferta exportable y servicios. Hemos insistido que el gobierno de la República no ha podido integrar una estrategia efectiva para enfrentar la pandemia del Covid-19 y los efectos negativos en la economía e ingresos y empleo de las familias. Se han generado varias iniciativas desde diversos actores como la UNAH, FOSEH, CESPAD, Colegio de Economistas, COHEP, camaras de comercio e iglesias, que han sido desechadas o poco consideradas por el gobierno de la República.

La aprobación de las ZEDEs ocurre en un momento de coyuntura política, donde los partidos se aprestan a celebrar elecciones internas de cara a las elecciones generales a finales de 2021. En el caso del partido Liberad y Refundación (LIBRE), su agenda política incluye manifestaciones públicas, foros y conferencias sobre las ZEDEs, y su propuesta de gobierno es hacia la total derogación de la ley, tal como exigen organizaciones del movimiento popular y social. Incluso, el Partido Liberal, por lo menos el lado menos contaminado, y el Partido Salvador de Honduras liderado por Salvador Nasralla, no se muestran a favor de una política de entrega de los recursos naturales al capital, sobre todo cuando se desconocen los socios de las empresas extranjeras y nacionales. Implica un conflicto potencial jurídico-institucional en el caso que la oposición política gane las próximas elecciones, ya que se anuncian decretos de inconstitucionalidad que suman a los presentados por las organizaciones de sociedad civil, especialmente por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Entre los dos (2) aspirantes a la presidencia de la República por el partido de gobierno, es evidente que Nasry Asfura, no se pronuncie públicamente a favor de estás iniciativas, pero no así en el caso de Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso de la República, proveniente de una Región donde se piensa instalar otra ZEDEs. En la medida que avance la campaña, es de esperar que ambos se distancian del gobierno en estos temas, y esperen que, si se instalan, los beneficios de mayor inversión y empleos masivos ofrecidos les beneficie políticamente.

No cabe duda de que los impactos del Covid-19 en la economía se harán sentir por mucho tiempo, y las cifras actuales son alarmantes. Se espera que la caída del PIB sea de 8% en 2020, cerca de 60% de las empresas cierren en forma definitiva o temporal, y se pierdan más del 52% de los empleos formales, unas 192,000 personas. En el caso de las finanzas públicas, el déficit fiscal aumentó en cerca de 11,900 millones lempiras, cuando en 2019 cerró con cerca de 2,600 millones de lempiras. Preocupa también la erosión de recursos por el pago del servicio de la deuda externa en más de 9 mil millones de lempiras (enero a julio de 2020) y el pago de gastos corrientes con préstamos.

El gobierno está convencido que las ZEDEs son la solución al problema del desempleo, pero puede suceder que no, o sea que se convierta en otro problema en 2021, cuando se empiece a despolvar el expediente de la democracia y Donald Trump este fuera de la Casa Blanca.

Tegucigalpa, DC, 7 de octubre de 2020