Las teorías sobre el socialismo, que nacieron en Europa durante el siglo XIX, eran prácticamente desconocidas en América Latina, incluyendo al marxismo. Con el avance del siglo XX ingresaron entre inmigrantes, elites políticas e intelectuales y acompañaron al incipiente desarrollo del movimiento obrero. La Revolución Rusa (1917) aceleró la difusión del marxismo, el nacimiento de partidos marxistas en la región y el sueño por el “socialismo”.

Si bien los partidos marxistas idealizaron la necesaria toma del poder, participaron en procesos electorales y cumplieron decisivas labores en la organización de los trabajadores y clases populares, no lograron el control del Estado que hiciera posible el camino al socialismo. A su vez, los -mal llamados- regímenes “populistas”, a partir de la década de 1920 (que también hay que identificar con la izquierda de la época), construyeron economías sociales con modernización capitalista, que fortalecieron capacidades estatales, promovieron educación, salud y seguridad social, y reconocieron amplios derechos laborales. Ocurrió tempranamente con los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) en Ecuador; José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y, sobre todo, la segunda presidencia, 1911-1915) en Uruguay; Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) en Argentina, o parcialmente con Arturo Alessandri Palma (1920-1925 y 1932-1938) en Chile; pero con mayor claridad y definición con Getulio Vargas (1930-1945; y 1951-1954) en Brasil; Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México y Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) en Argentina. Todos esos gobiernos se ubican en el largo proceso de superación de los regímenes oligárquicos tradicionales.

Pero el camino definitivo al socialismo en América Latina solo se hizo posible a partir de la Revolución Cubana (1959). Se ha escrito miles de páginas sobre ella. En esencia fue el resultado de la eficaz lucha armada guerrillera, con enorme apoyo popular, en el marco del enfrentamiento a Fulgencio Batista y al intervencionismo de los EEUU. Tanto el bloqueo norteamericano, como el cerco latinoamericano impuesto por la guerra fría, explican la larga relación de la isla con la URSS hasta que el derrumbe del socialismo en ese país y en Europa del Este determinó el “período especial” de la década de 1990, durante el cual en Cuba se redefinió la economía para continuar el camino socialista.

Las guerrillas, que se generalizaron en la región a partir de la década de 1960 sobre la imagen de lo ocurrido en Cuba, no tomaron el poder, excepto en Nicaragua, con el triunfo de la Revolución Sandinista (1979); pero no pudo afianzarse la vía al socialismo, impedida por la “Contra” y los EEUU a través de la CIA, y porque el Sandinismo perdió las elecciones en 1990.

El proceso que merece particular atención y estudio, por las experiencias que dejó para la izquierda latinoamericana, es el de Chile.

La primera “República Socialista” se instaló el 4 de junio de 1932, tras el derrocamiento del presidente Juan Esteban Montero. La Junta cívico-militar integrada por el “socialista” Eugenio Matte, el general Arturo Puga y el abogado y político Carlos Dávila, la proclamó. Apenas duró 12 días, porque Dávila logró expulsar a los otros dos miembros y autoproclamarse presidente, aunque duró en el cargo solo hasta el 13 de septiembre, cuando fue derrocado.

Esa “República Socialista”, apoyada por jóvenes seguidores de Matte y de Marmaduke Grove (prestigioso marino y uno de los fundadores del Partido Socialista, que nació al siguiente año), demócratas radicales y un sector de los militares, paradójicamente no tuvo el apoyo del Partido Comunista (por entonces enemistado con los socialistas) ni de una serie de federaciones obreras; pero encendió la oposición de los estudiantes católicos (la Universidad Católica de Santiago tenía una tradición política y conservadora de años), capas medias y empresarios. La Junta y Dávila apenas esbozaron un programa, pero se logró, al menos, la creación del Ministerio de Trabajo y de Salubridad Pública.

El Frente Popular, que ya logró unir a comunistas y socialistas chilenos, junto a sectores democráticos y bases sociales, logró la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), bajo la consigna “socialista” de “Pan, Techo y Abrigo”, una idea que entre los ecuatorianos inmediatamente recuerda la propuesta de campaña electoral del socialcristiano y rico empresario León Febres Cordero (1984-1988), quien tuvo éxito con su fórmula “Pan, Techo y Empleo” que, desde luego, no cumplió, pues su gobierno inauguró el modelo empresarial-oligárquico que rigió en el país hasta 2007 y revivió a partir de 2017.

Pero el camino más fundamentado y desarrollado para lograr conducir Chile al socialismo solo se alcanzó con el ascenso presidencial de Salvador Allende (1970-1973). Cabe seguirlo desde la campaña electoral, pues, aunque la Unidad Popular (UP) logró la convergencia de sectores importantes de las izquierdas (partidos Socialista y Comunista, MAPU y otros), hubo grupos minoritarios que dudaron o no se unieron. Desde luego, las derechas procuraron impedir el triunfo y contaron con apoyo de la CIA y de un sector militar, a quien estorbó la posición asumida por el general René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército en aquellos días, quien proclamó el respeto institucional a la democracia y a los resultados en las urnas (“doctrina Schneider”). Esa posición explica su asesinato (1970). Instalado el gobierno, Allende debió utilizar la Constitución y los “resquicios legales” para lograr los cambios. A momentos incluso contó con el apoyo de la Democracia Cristiana (por entonces proponía el “socialismo comunitario”), que con el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) había iniciado la “chilenización del cobre”, la reforma agraria y mantuvo la inclinación política a favor de los trabajadores, acciones coincidentes con lo que haría la UP en el gobierno. Las reformas sociales fueron inéditas; pero la economía, que creció el primer año, empezó a tambalear desde el segundo. En estricto rigor histórico, nunca se instaló una economía “socialista”, pero sí fue desestabilizada la economía “capitalista”. Allende procuró actuar de acuerdo con las circunstancias. El MIR y la VOP demandaron siempre la radicalización acelerada. Pero el peligro de una guerra civil frenaba al mismo gobierno. Como el “socialismo” de aquellos tiempos se asociaba a la estatización completa de los medios de producción, Allende se preocupó por extender el sector de “propiedad social” frente a la privada y la mixta; sin embargo, en diversas oportunidades, las tomas de tierras y las de fábricas y otras empresas, para que se transfirieran a la administración de sus trabajadores, rebasaron el control del gobierno y aceleraron las quejas, reacciones y resistencias de las clases propietarias. Las acciones de persecución, amedrentamiento y agresión derechista crecieron en manos de organizaciones como “Patria y Libertad” (“Tradición, Familia y Propiedad” – TFP-, grupo que también se estableció en Ecuador). Los “camioneros” se convirtieron en la fuerza opositora más efectiva. Las damas de la burguesía lanzaron sus marchas y “cacerolazos”. Los empresarios confabularon para el desabastecimiento general o la subida de precios. La sociedad se polarizó. Se confió demasiado en la institucionalidad chilena de cuatro décadas, en la que los militares siempre se mostraron respetuosos de la democracia y apartados del conflicto político.

La construcción del “socialismo por la vía pacífica” despertó enemigos poderosos en plena guerra fría: ante todo los EEUU, pues el gobierno de Richard Nixon, (1969-1974), asesorado por Henry Kissinger, su Secretario de Estado, y contando con las acciones desestabilizadoras de la CIA, no estuvo dispuesto a permitir una segunda Cuba (incluso se buscó comprometer a los militares anticomunistas brasileños y argentinos); los empresarios hicieron lo suyo para boicotear la economía, incluyendo los paros patronales; sectores de las clases medias acomodadas imaginaban riesgos; los medios de comunicación bombardeaban con su propia labor opositora; y entre los militares incubaba la conspiración definitiva. El sector militar más pervertido por el macartismo dio el golpe final y el 11 de septiembre de 1973 acabó con el gobierno socialista y con toda democracia, imponiendo la dictadura terrorista de Augusto Pinochet (1973-1990).

Años más tarde, el derrumbe del socialismo real iniciado en la URSS, junto con las reformas en la República Popular China (RPCh) y, sobre todo, las que introdujo Cuba a raíz del “período especial”, permitieron comprender mejor que la vía al socialismo puede tener diversas condiciones y caminos, en los que no se descarta la democracia representativa. Ha quedado claro que la estatización total de los medios de producción no es necesariamente inmediata ni forzosa. Incluso V.I. Lenin lo advirtió, al acudir a la Nueva Economía Política (NEP, 1921-1928), bajo la cual en Rusia tuvieron que revivir formas de propiedad privada, un proceso que igualmente merece estudiarse con rigor. En la actual RPCh hay un evidente sector privado y “capitalista” (hay multimillonarios chinos), pero el Estado no ha renunciado al control de la economía, proclama al marxismo como guía, pero asume la construcción de la nueva sociedad como un proceso de más largo plazo, bajo la fórmula de la “vía China al socialismo de mercado”.

Hoy, la vía al socialismo en América Latina está en discusión. La izquierda no es únicamente marxista, sino variada. El progresismo latinoamericano, como nueva tendencia en el siglo XXI, demostró las virtualidades de una economía social de transición, pero igualmente sus propios límites. Nadie puede atribuirse la verdad revolucionaria. Porque si algo debe asimilarse de la experiencia histórica, es que el socialismo constituye un proceso en construcción desde nuestro presente, bajo las particularidades y experiencias diarias de cada país, ya que no es posible reproducir las vías y modelos que han ejercitado otras sociedades.

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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