“Aunque el neoliberalismo puede anotarse algunos éxitos, especialmente en lo

que respecta a su capacidad para consolidarse como fuerza ideológica

dominante entre los formuladores de políticas, hasta ahora ha demostrado ser

incapaz de resolver los problemas endémicos de vulnerabilidad ante fuerzas

externas, exclusión social y pobreza que tiene América Latina –agravando más

bien algunos de ellos”.

Cristóbal Kay

Los que pensaron que las políticas neoliberales desaparecieron por el Covid-19, se “fregaron”. La urgente necesidad de fortalecer los sistemas de salud, aumentar el gasto público para compensar la reducción de impuestos y facilitar apoyos a los cesanteados y trabajadores de las MiPymes y sector informal, no ajusta para pedir e institucionalizar un cambio de políticas y modelo. Las políticas de corte neoliberal siguen vigentes y han tomado nuevos brillos, incluso dentro de la pandemia, con el fortalecimiento y rescate de nuevo del sistema financiero, sobreendeudamiento, la proliferación de programas de compensación social y el autoritarismo burocrático, entre las más importantes.

Y es que Naomi Klein ha venido denunciando este tipo de políticas en tiempos de desastres naturales y pandemias, que se venden como la única solución que existe para salir de la crisis, aunque ello implique, a un mayor plazo, la profundización de dicha crisis. En Latinoamérica, iniciaron con el golpe de Estado a Salvador Allende, y rápidamente se fueron generalizando tanto en gobiernos de derecha como de corte progresista, o en democracia tutelada y autoritaria. Se cuestiona la participación del Estado en la gestión de la pandemia o crisis, y reivindica el rol y las capacidades técnicas del sector privado, aun cuando han sido los mayores beneficiados con las políticas ejecutadas por el mismo Estado.

Los grupos empresariales corporativos, gran parte de la prensa ligada a estos, iglesias evangélicas, universidades (incluyendo algunas públicas), FFAA y organizaciones de sociedad civil que reciben plata del exterior, empiezan por proponer soluciones a la crisis e involucrarse en las instancias creadas por el gobierno. Cuando estas propuestas y opiniones no son tomadas en cuenta, se cuestiona y denuncia la inoperancia del gobierno y la burocracia. Incluso, hablan que deben garantizarse mecanismos de transparencia en el uso de los recursos, involucrándose también en las comisiones creadas para integrarse con otros actores en la búsqueda de consenso para ejecutar acciones y políticas que, en países como Honduras, Guatemala, Bolivia, Ecuador, agravan el problema.

“La emergencia planetaria supone para los países latinoamericanos una imprevista y urgente necesidad de liquidez externa, no solo para afrontar los gastos derivados de la emergencia sanitaria y económica sino, también, para enfrentar la fuga masiva de capitales que viene ocurriendo en la región. Esta salida de capitales añade presión sobre las reservas internacionales y los tipos de cambio con efectos perjudiciales sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar de la población (…). Los países latinoamericanos han iniciado un nuevo proceso de endeudamiento con el FMI, que seguramente supondrá alivio en el corto plazo para afrontar un frente externo muy adverso, pero que ciertamente tiene su contrapartida en los condicionamientos de políticas macroeconómicas y sus conocidas consecuencias.¹

Este mayor endeudamiento externo, en el mediano plazo, hace poco sostenible el gasto incremental en salud y sectores sociales por la pandemia, por lo que de nuevo el expediente de las privatizaciones de recursos naturales, bienes y servicios públicos se hace visible. Un eslabón débil es el gasto en educación, sobre todo en educación superior, donde existe el compromiso del gobierno, tal como sucede en Honduras, de trasladar cada año a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 6% del presupuesto de ingresos y egresos de la República Ya existen voces por cercenar dichos recursos, incluso después de la pandemia, y endurecer las medidas para que los jóvenes cursen una carrera en universidad pública. La educación virtual gana terreno, incluso en aquellos países que se resisten a incorporar la mayor parte de las carreras y contenidos en aulas virtuales, sin preocuparse si las familias tienen ingresos, los despidieron, tienen alimentos, agua potable o recursos para pagar el internet.

La condicionalidad que impone el mayor endeudamiento externo, hace posible que los cambios que se pensaron en el sector real de las economías para superar la crisis de Covid-19 y recesión económica, no se puedan concretar. Para el caso, organizaciones campesinas, indígenas y de sociedad civil, hablan de parar el extractivismo (minero, agronegocios, energético), y favorecer políticas de apoyo al desarrollo de unidades productivas dedicadas a granos básicos, frutas, hortalizas, pero todavía las leyes siguen vigentes y más bien se han fortalecido; igual, los recursos financieros no están disponibles en los montos requeridos para apoyar las economías campesinas. Se ha dicho que el COVID-19 es benigno con el libre comercio, pero los impactos negativos los sufren pequeñas economías rurales solidarias. Antes de la pandemia, la lucha era contra los tratados comerciales y el libre comercio, hoy dicha lucha sigue vigente en los territorios.

El aumento de la deuda externa que, en el caso de Brasil, Ecuador y México será superior al 9% en 2020 (Banco Mundial, abril de 2020), sumado a más de 18 millones de nuevos desempleados si se compara con 2019. (CEPAL: 2020), demanda la vigencia de planteamientos renovados y alternativos al modelo neoliberal. Ha venido ganando terreno una propuesta que busca cambiar la matriz productiva de los países latinoamericanos, con énfasis en bienes y servicios que generen mayor empleo, valor agregado, reduzcan la pobreza, con procesos ecológicamente sostenibles. Ello pone en el tapete de la discusión el tema de las políticas económicas, sectoriales e institucionales para lograr una estabilización heterodoxa post pandemia, que no destruya los logros en aumentos de gasto público en salud y apoyo alimentario, y permita un manejo más adecuado de los espacios fiscales, no solo mejorando la recaudación y los mecanismos de control de la evasión fiscal y gasto tributario, sino también captando más recursos por impuestos a la propiedad ociosa, riqueza y prácticas contaminantes al medio ambiente, en el marco de un relativa estabilidad cambiaria sin ataques especulativos a la moneda ni devaluaciones abruptas.

Un tema no muy discutido en esta post pandemia Covid-19, es el rol que debe cumplir el Estado. Desde ya se ha propuesto la sustitución de las instituciones públicas, por una especia de liderazgo corporativo empresarial territorial o provincial, que demanda que las competencias públicas asignadas al gobierno central deben ser asumidas por este liderazgo que involucra también autoridades locales o subnacionales, iglesias y demás organizaciones de sociedad civil. Frente a los malos resultados obtenidos por el gobierno centralista, burocrático y corrupto, se reivindica el rol de estas organizaciones en la gestión de la pandemia y recursos financieros, utilizando a la autoridad central solo para captar recursos, promulgar leyes y crear incentivos económicos (contratos electrónicos, suspensión del pago de impuestos, moratorias en deudas, importaciones de bienes y servicios sin trámites burocráticos, recepciones de donaciones externas). Una experiencia destacable es la de Guayaquil, Ecuador, donde el empresariado y gobierno local pudieron revertir la tendencia de casos y muertes causadas por el Covid-19, ocupando poco de las instituciones centrales.

La consigna es, solo el pueblo salva al pueblo; entendido éste por todo lo que no es gobierno central y organizaciones afines.

Tegucigalpa, 4 de agosto de 2020