Vecinos bonaerenses denuncian que en plena pandemia se sigue fumigando con agrotóxicos en cercanías de las viviendas. En Mar Chiquita se desoyó un fallo judicial y se habilitaron venenos a solo 150 metros de hogares y escuelas.

Ciudades y pueblos de casas bajas, con ritmo distinto a las grandes urbes y rodeadas de naturaleza. Ideales para vivir, aún más en tiempos de coronavirus. Pero las fumigaciones con agrotóxicos alteraron la tranquilidad de las familias. Así lo testimonian en Mar Chiquita y General Las Heras, partidos bonaerenses que denuncian los problemas que sufren por el avance del agronegocio transgénico. Aún con un fallo que establece distancias de protección de 1500 metros, las autoridades de Mar Chiquita autorizaron fumigaciones a solo 150 metros de las casas. Los vecinos señalan la contradicción de las políticas públicas de cuidado ante la Covid-19, pero al mismo tiempo permiten los agrotóxicos.

El partido de Mar Chiquita cuenta con 30.000 habitantes. Es conocida por su importancia en biodiversidad a partir de la Reserva de Biósfera Parque Atlántico (reconocida en 1996 por la Unesco). Las autoridades locales suelen publicitar el cuidado del ambiente: la primera semana de julio la Municipalidad difundió que retomaba la separación de residuos en los hogares.

Los vecinos, agrupados en la Asamblea Paremos el Desierto Verde, habían presentado en 2018 al poder político local decenas de estudios científicos de universidades públicas para alejar las fumigaciones de las casas, pero no tuvieron respuesta.

El 12 de diciembre de 2019, el juez Héctor Casas (del Juzgado en lo Civil 15 de Mar del Plata), emitió una medida cautelar para prohibir las fumigaciones a menos de 1500 metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.

La sorpresa sobrevino el 13 de mayo pasado, en plena cuarentena. El Concejo Deliberante aprobó de imprevisto una ordenanza que contradice el pedido de los vecinos y va a contramano del fallo judicial: establece distancias mínimas de protección para la viviendas, escuelas y cursos de agua (de 150 a 25 metros). Fue votada por concejales de la Coalición Cívica, Frente de Todos y Cambiemos.

El repudio se incrementó cuando autoridades de la Sociedad Rural de Mar Chiquita señalaron que ellos fueron parte de la redacción de la ordenanza. En forma de rechazo se organizó una marcha de más de tres kilómetros de autos sobre la Ruta 11. Exigieron que el intendente Jorge Paredi (Frente de Todos) derogue la ordenanza y priorice la salud de la población.

Verónica Taglioretti, de la Asamblea Paremos el Desierto Verde, explicó que además de la toxicidad, los agroquímicos son inmunosupresores (debilitan el sistema inmunológico), “cuestión que agrava y deja aún más vulnerable a la población ante la pandemia del Covid-19”. La Asamblea emitió un comunicado en el que resaltó la contradicción gubernamental: “Resulta llamativo que los mismos funcionarios que nos protegen de manera extrema y rigurosa ante los efectos del Covid-19, nos exponen a las fumigaciones con agrotóxicos a distancias irrisorias”.

El partido de General Las Heras está ubicada en el noroeste bonaerense, a 70 kilómetros de Capital Federal. Viven 15.000 personas y una de sus localidades es General Hornos, cuya tranquilidad fue sacudida en marzo de 2019 cuando productores agropecuarios fumigaron en cercanías de la escuela y viviendas. Comenzó un proceso de diálogo con la Intendencia y el Concejo Deliberante, impulsado por el espacio Vecinos/as Autoconvocados/as por la Salud y el Medio Ambiente de Las Heras.

Realizaron charlas informativas sobre las consecuencias de los agrotóxicos, fueron visitados por afectados de localidades vecinas, agrónomos, abogados y médicos. Los vecinos llamaron la atención sobre la ordenanza 69/2010, que establece 2000 metros de protección para las viviendas, pero solo 200 para las escuelas.

Propusieron una serie de medidas: que el Municipio realice un convenio con la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama) para comenzar una transición hacia un modelo agropecuario sin venenos, creación de un registro de aplicadores de agroquímicos e implementar un protocolo de denuncia de fumigaciones, entre otras propuestas. El reclamo recibió la adhesión y apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que reclamó 2000 metros de protección para alumnos y docentes.

El gobierno municipal (a cargo de Javier Osuna hasta inicios de 2020 y en la actualidad por Marcelo Sartori) no aplicó ninguna de las medidas.

El 19 de abril y el 7 de mayo, en plena pandemia, las familias de Hornos volvieron a sufrir los agrotóxicos. “Se fumigó a escasos metros de las viviendas, incluso de noche, incumpliendo con la ordenanza vigente”, denunciaron los Vecinos Autoconvocados en un comunicado. Gisela Fredes, habitante de Hornos y parte de la organización, explicó que hubo familias afectadas con “las reacciones típicas de esos venenos”, problemas para respirar, inflación de garganta y ojos, picazón. “Tenemos que encerrarnos en las casas. No podemos abrir ventanas porque el veneno ingresa y queda adentro. El padecimiento es mucho, nos afectan la salud”, afirmó.

Los Vecinos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de General Las Heras dirigieron los reclamos a funcionarios de los tres niveles: Municipio, Provincia y Nación. Remarcan que no están contra la actividades agropecuaria ni contra ningún sector político, reclaman diálogo para obtener “acciones urgentes y concretas” con un objetivo fundamental: “Generar alternativas donde el negocio no se imponga por sobre la salud de toda la comunidad”.

Fredes resaltó que los productores no respetan los 2000 metros establecidos en la ordenanza y que fumigan con viento (hace más descontrolable los venenos), e incluso de noche, para eludir las posibles denuncias.

Artículo publicado el 27 de julio de 2020 en el diario Página12.