Los países que invierten en educación e investigación son más ricos, tienen mayor bienestar, saben resolver problemas con menos odio y entender mejor el valor de la vida, no es por ser ricos que invierten más en ese campo.

La inversión en educación se pone a prueba en su capacidad de respuesta colectiva a las crisis y se valida la investigación medida por impactos respecto a asuntos vitales, como este de ahora de salud, higiene cuidado del cuerpo y equilibrio mental, en el marco de relaciones entre el yo-el otro- y el entorno.

La recuperación laboral y social de la profunda crisis del 2008, que dejó 230 millones de trabajadores sin empleo y acrecentó las migraciones y destierros, fue superada más rápidamente allí donde había mayores recursos del PIB en educación e investigación. De esta crisis la quedo a América latina la Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena) que concluyó de manera ejemplar que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado” (OEI.es). Como todo derecho, su reconocimiento de universalidad implica que las garantías de realización deben ser cubiertas por el Estado con recursos de la nación.

La educación como derecho, no como libertad, queda a cargo del Estado, de tal manera que, en este momento de crisis, el gobierno tiene todo a su favor para replantear su posición y de las enormes cifras económicas que se prevé movilizar en el contexto de la Covid 19 (117 Billones, U. Javeriana), no resultaría oneroso destinar al menos un adicional no mayor del 20% al presupuesto asignado y cubrir las matrículas de los estudiantes del sistema universitario estatal.

En el presente inmediato la justificación es irrebatible: El impacto económico sobre los 22.5 millones de personas que reciben salarios muestra un alto impacto de retroceso del derecho al trabajo con todos sus contenidos. Hay cálculos que anuncian 8 millones de personas que quedarán sin trabajo, procedentes especialmente de los 10.5 millones de la clase trabajadora (48% de la fuerza laboral, antes de la pandemia) que recibe un salario mínimo y de los otros 9 millones de empleados que alcanzan ingresos de 2 millones de pesos (larepublica.co, dic 2019). Solo 3 millones de personas ganan más de 2 millones al mes. Globalmente se esperan pérdidas económicas de entre $4,6 billones y $5.9 billones por mes, que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional y son los servicios, donde se destacan las actividades de alojamiento comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio, los más afectados (Banco de la República, mayo 2020). En estos sectores se originan los recursos para pagar la educación universitaria.

La composición del presupuesto de las universidades públicas se divide entre un aproximado 50% de recursos de la nación y otro 50% que debe producir cada una, de esos entre el 10% y el 20% viene por matriculas, es decir, están desfinanciadas, como se indicó ampliamente con las movilizaciones de 2018. La ventaja para el gobierno es que al asumir la educación como derecho puede de manera inmediata adicionar los presupuestos y mediante decreto anunciar la gratuidad. No resulta ajeno comparar que las demás instituciones públicas como Congreso, poder judicial, fuerzas militares, incluso educación básica y media o el SENA, aunque padezcan afectaciones por aplazamientos o recortes presupuestales, no están obligadas a producir para vender. Las instituciones públicas por su naturaleza dependen de los ingresos de la nación, los orientados a educación son inversión, no gasto.

Redireccionar recursos para el alivio social, decretando transitoriamente la gratuidad, como paso hacia la nacionalización definitiva de la educación superior en todos los niveles y modalidades, aparte de un gesto amable, es necesario, evitará un aumento de la desigualdad, hará justicia con las diferencias y brechas territoriales y evitará una deserción irreparable.

La salida generosa de las entidades territoriales trasladando recursos podrá apoyar un lado y desfinanciar otro. América Latina tiene ejemplos de inversión en educación a seguir para el mediano plazo, Cuba invierte el 12,9% de su PIB, Costa Rica 7.4%, Bolivia 7%; otros como Dinamarca 8.7%, Islandia 7.6%, Ghana 8.1%, (BM), que permiten mostrar que no es riqueza o pobreza lo que define a la educación como derecho humano sostenible como inversión, sino que es el compromiso y voluntad política del gobierno y de estado. Lo que ocurre en esos países quizá se refleja en los resultados de la pandemia.

El bienestar general está lastimado por desigualdades, inequidades, discriminaciones y violencias desbordadas e incontrolables, que convocan al gobierno a dar atención inmediata a ciertos sectores prioritarios y entre estos a la educación superior, ahora que tiene a su favor la declaratoria de la emergencia Económica, Social y Ecológica y recursos posibles que puede adicionar, en tanto su destino único y exclusivo será impedir una crisis de alto impacto social por deserción y abandono de las aulas y así conjurar en este sector la crisis desatada por la Covid -19.Es momento para que de los recursos anunciados de crédito por 1250 millones de dólares con el BM (actualidad.rt.com), 10.800 millones de dólares del FMI por línea de crédito flexible (imf.org), los aproximados 21 billones siguiendo el decreto 444 y otros, reinvierta con un adicional de menos del 20% de los 4.7 billones de 2020, suficientes para aplicar la gratuidad de la matrícula universitaria.

La educación es un derecho y un deber del Estado, hay que protegerlo de la Covid19. Quizá resulte poco pedir cuando las violencias y desigualdades han dilapidado tantas vidas, sueños y rebeldía de sus jóvenes, es momento para reinvertir en el bienestar y esperanzas de sus universitarios y hacer que la vida sea su mayor riqueza universal.