El miércoles 27 de mayo, se presentó el foro virtual “Privadas de libertad y delitos asociados a drogas en tiempos de pandemia”, el mismo fue organizado por el Centro de Estudios Latinoamericano, “Justo Arosemena” (CELA). El debate, así como su análisis son propicios ante la situación que viven cientos de mujeres privadas de libertad en momentos de pandemia y crisis a nivel global. El panel estuvo conformado por Eugenia Rodríguez antropóloga e investigadora asociada al CIEPS, Nelly Cumbrera abogada penalista y Sharon Díaz, abogada y ex subdirectora de la Dirección General del Sistema Penitenciario, DGSP. Estuvo moderado por el sociólogo Carlos Escudero Núñez investigador asociado al CELA.

Entre las interrogantes iniciales se consideraron los siguientes aspectos: las actuales condiciones de las cárceles son un caldo de cultivo para la propagación del Covid19, siendo que no mantienen las medidas adecuadas dado el hacinamiento y el inadecuado manejo de las normas sanitarias en los recintos prisionales, en donde existe una sobrepoblación de más de 3 mil personas por cárcel.

De las 17,837 personas que se encuentran privadas de libertad en el país, 995 son mujeres, un 5.6% al 2020. Alrededor de 2,364 personas se encuentran detenidas por delitos contra la seguridad colectiva (posesión de drogas, tráfico, traspaso etc.) siendo el 85% masculino, sin embargo, al desagregar datos por sexo encontramos que las mujeres detenidas por este delito representan un 70%, en comparación con un 31% que representa el par masculino, teniendo en cuenta la sobrerrepresentación que existe sobre los datos en cuanto a la cantidad de mujeres detenidas, de acuerdo con el libro: Ley, Casa, Justicia y Cárcel, de la autoras Eugenia Rodríguez y Nelly Cumbrera.

En Panamá la proporcionalidad de la condena por delitos asociados a drogas es más elevada que el homicidio, violación, blanqueo de capitales o el enriquecimiento injustificado, con condenas que pueden ir de 8 a 25 años, por encima de delitos como blanqueo de capitales o enriquecimiento injustificado que van de los 5 a 15 años y de los 3 a los 6 años respectivamente.

La legislación actual sobre drogas es altamente punitiva y no contempla aspectos como género, condición social o violencia estructural, siendo que la mayoría de las mujeres que están detenidas estuvieron motivadas por las condicionantes socioeconómicas en sus hogares, además de verse involucradas en actos delictivos por medio del hombre, sea marido o esposo.

Existe un estigma social muy marcado hacia las personas que han sido detenidas por delitos asociados a drogas y todo lo relacionado al mismo que las criminaliza aún más, esto lo podemos ver en el peso de las penas impuestas por los diferentes delitos.

En la actualidad hay más de 96 casos de mujeres infectadas por Covid19 de los cuales 36 se encuentran en hoteles hospitales, existen muchas interrogantes en materia sanitaria, pero también en materia de hacinamiento y reintegro a la sociedad.

A pesar de que nuestro país es signatario de tratados internacionales en materia de derechos, al momento de administrar justicia no se considera el género ni tampoco si la persona tiene dependientes en el hogar como niños, adultos mayores o bebes, dejando la condena muchas veces a la sana discrecionalidad de los administradores de justicia, creando mayores riesgos y vulnerabilidades ya que como se tiene documentado, el encarcelamiento trasciende más en las mujeres hacia sus familias que si de la misma forma se encarcelara a los hombres y las repercusiones familiares.

Se plantearon recomendaciones para descongestionar las cárceles, presentar acciones alternativas, indultos para tipos de penas, reducción de condena para mayores de 60 años, para mujeres embarazadas con menores de edad, facilitar las comunicaciones con sus familiares, así como alternativas para establecer procesos simplificados, implementar programas de atención a la salud mental de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario entre otros aspectos para evitar continuar incidiendo en un hacinamiento que pone en riesgo a la salud y desmejora las condiciones de las privadas de libertad.

Carlos Escudero Núñez

Sociólogo e Investigador Asociado al CELA.