En los momentos actuales, en nuestro país –y ojalá que en el mundo—, la prioridad la tienen las personas, familias y grupos sociales más vulnerables, no sólo en lo que atañe a los efectos directos del Coronavirus, sino en las implicaciones y complicaciones económicas que se están haciendo sentir desde ya en sus condiciones de vida. Después habrá tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, las decisiones (acertadas o no) que se tomaron y sobre lo que se hizo, se pudo haber hecho o no debió hacerse desde el Estado, la empresa privada y la sociedad misma. Incentivar debates o polémicas que hagan perder de vista lo esencial –que miles de familias están en una situación de incertidumbre laboral y económica que puede agravarse aún más— significa seguir atrapados en telarañas ideológicas que no abonan a la mejor solución que pueda encontrarse a una problemática que, si no se ataja, repercutirá negativamente en la estabilidad social y económica de nuestro país.

Una diputada de la República apuntó bien a la necesidad de poner la mirada en la recuperación de los empleos, una vez que la situación de crisis se vaya superando. Y en la consecución de ese objetivo el Estado debe jugar un papel fundamental, en coordinación con el sector empresarial, pero también con la participación de los sectores laborales. Las universidades, los colegios profesionales y los intelectuales deben aportar sus conocimientos y experticia para que la estrategia de recuperación de empleos sea firme en lo técnico-científico y en los valores éticos que la sustenten.  Se trata de un esfuerzo nacional, con el Estado como gestor y propiciador de los mecanismos que, de manera pronta y eficaz, permitan apuntalar una dinámica de empleos que sea mejor, mucho mejor, que la prevaleciente. En el fondo, se trata de implantar las bases de un nuevo modelo económico, más justo, incluyente y equitativo. Encarar este reto por el lado de ideologías trasnochadas o de disputas de poder mezquinas, o anteponiendo intereses empresariales abusivos, no nos llevará a ningún lado.

No hay que esperar a salir de la crisis para dar los primeros pasos en la dirección apuntada. Y uno de los pasos iniciales consiste en asegurar los ingresos de la población, de forma tal que no se la prive, por falta de dinero, del acceso de los bienes necesarios para vivir. Esto debe hacerse, en primer lugar, por razones de justicia y humanidad, pero también, en segundo lugar, por razones económicas: si se paraliza el consumo se perderá uno de los factores centrales en el ciclo económico de mercado. Esta lógica choca con la visión tradicional –que hay que superar de una buena vez— que considera que sólo tienen derecho a un ingreso monetario quienes trabajan. El asunto es que si no hay trabajo –o las personas son forzadas a abandonar sus empleos— se privaría las familias que dependen de ellas –si no se les asegura un ingreso— de lo necesario para vivir. Y nada más pernicioso para la convivencia social que tener a personas desesperadas por llevar al sustento a sus hogares. Además, como ya se dijo, ello rompería el ciclo económico, poniendo dificultades mayores a la recuperación de la economía.

En El Salvador, hay señales claras de que, en el equipo de conducción gubernamental, liderado por el Presidente Nayib Bukele, se entiende muy bien la necesidad de garantizar un ingreso monetario para las personas y familias afectadas directamente por el Coronavirus o por las medidas de emergencia que se han impuesto a nivel nacional. Es lo correcto desde criterios éticos y desde criterios económicos. Lejos de oponerse a esa decisión de gobierno, los actores que tienen una preocupación genuina por el rumbo del país deberían aportar sus conocimientos o sus recursos –especialmente, si los tienen en abundancia— para hacerla más eficaz y completa. La economía nacional seguirá activa en tanto que haya personas de a pie que sigan comprando los bienes básicos para vivir. Y la reactivación de la economía dependerá fuertemente del dinero que cada familia tenga en el bolsillo de los jefes y jefas del hogar. Entender esto no requiere devanarse los sesos con interminables razonamientos ideológicos, sino simplemente usar el sentido común y el buen sentido.

Sentido común y buen sentido nos hacen mucha falta en este país, en el cual fácilmente lo secundario se convierte en relevante. Hoy por hoy, la preocupación social fundamental debe ser por las familias cuya condición de pobreza y exclusión las hace particularmente vulnerables ante la enfermedad y el deterioro económico. Las decisiones de gobierno destinadas a disminuir esa vulnerabilidad deberían ser respaldadas, sin ponerse a divagar acerca de los presuntos motivos o presuntas intenciones que están detrás. Obras son amores, y no buenas razones.

San Salvador, 22 de marzo de 2020

-Luis Armando González es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.