No cabe duda: otra vez estamos frente a una trampa montada por la casta política al servicio de la oligarquía. La demanda de una Asamblea Constituyente -que nació bajo dictadura- fue esquivada y en su reemplazo nos imponen una Convención Constitucional que carece de la soberanía de una Asamblea. La Convención funcionará en una jaula de acero de limitaciones y reglas que castran el poder originario. El resultado -si el pueblo no derrota esta maniobra- será un esperpento de Constitución.

El dilema es si participar o no en el plebiscito del 26 de abril; si entrar en la trampa en forma consciente intentar convertirla en un instrumento democrático. No participar significa dejar que la reacción conservadora haga con el rechazo o su Convención Mixta lo que le dé la gana.

La paradoja es que el plebiscito del 26 de abril es también una oportunidad de la plebe para organizar sus fuerzas, fortalecer conciencias, y, quizás por primera vez, lograr una Constitución democrática, redactada y visada por el pueblo. Se trata de un desafío mayúsculo a la altura de las grandes hazañas políticas. Consiste en entrar conscientemente en la trampa y reventarla mediante presión de una mayoría arrasadora. Sólo una fuerza cercana al 70% permitirá romper la camisa de fuerza del quórum de los dos tercios.

La victoria constituyente del pueblo crearía las condiciones democráticas necesarias para proponerse cimas políticas, económicas, sociales y culturales más altas en un país que padece desigualdad crónica y que necesita recuperar su dignidad.

En esta coyuntura se requiere un bloque político y social que apruebe una Convención Constitucional de 155 miembros elegidos por el pueblo.

La casta política ignoró las raíces históricas de la demanda por una Asamblea Constituyente. La iniciativa la tomó el Grupo de los 24 en julio de 1978, en plena dictadura. Lo integraban juristas de partidos ilegalizados: 7 demócratas cristianos, 8 radicales, 2 derechistas opositores al régimen, 3 socialistas y 4 independientes. El presidente fue el radical Manuel Sanhueza y secretario el demócrata cristiano Andrés Aylwin. Ambos abogados destacaban en defensa de los derechos humanos violentados por el terrorismo de estado. El Grupo de los 24 levantó la bandera de la Asamblea Constituyente -órgano que nunca ha tenido lugar en Chile-, y elaboró propuestas para una Constitución democrática. Organizaciones que luchaban en la Resistencia Popular contra la tiranía, como el MIR, también hicieron suya la demanda de Asamblea Constituyente.

La exigencia se diluyó cuando la Concertación llegó a un acuerdo con las FF.AA. en retirada. Los partidos de aquella coalición aceptaron respetar lo esencial de la Constitución del 80 que sólo fue remendada y zurcida el 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos.

En la coyuntura actual lo más importante para la Izquierda es cambiar el eje de la institucionalidad, que es el modelo económico neoliberal. La revolución de este tiempo es la revolución cultural que permita remover la indiferencia, el individualismo y el escepticismo con que la dominación oligárquica contaminó a la sociedad chilena. La revolución cultural está en marcha y la encabezan las mujeres y los jóvenes. A ellos corresponde asumir la dirección de este proceso.

Desarticular la trampa montada por la casta política, no será fácil. El requisito de dos tercios para aprobar cualquier disposición relativamente importante de la nueva Constitución, no es el único obstáculo. Vencida la etapa del plebiscito vendrá la elección de constituyentes junto con gobernadores, alcaldes y concejales. Un río revuelto de candidaturas en que la ganancia será de avezados pescadores políticos. “La Convención no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de los acuerdos”, reza la ley que modificó el capítulo XV de la Constitución. La Convención tampoco podrá modificar los tratados internacionales que forman la tupida red protectora del modelo neoliberal y de la inversión extranjera.

El obstáculo principal para alcanzar una mayoría democrática en la Constituyente, es el abstencionismo que ya alcanza niveles del 60%. La casta política dispuso que el voto será voluntario en el plebiscito de abril y obligatorio en el referéndum del proyecto de Constitución. Esta pillería le da cancha, tiro y lado a la alternativa conservadora si no conseguimos poner en marcha un gran movimiento popular por el “apruebo” y la Convención Constitucional.

El enorme esfuerzo necesario para descarrilar la trampa conservadora dejará un saldo positivo para el pueblo. Asimismo permitirá a la Izquierda reorganizar sus fuerzas y remozar su acervo ideológico.

Abril ofrece la oportunidad de que el pueblo protagonice el cambio social que está latiendo en el vientre de Chile.

11 de marzo de 2020

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