La discusión sobre política económica presenta algunas variantes interesantes.

En un sentido aparece la política aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri y las primeras disposiciones de la actual gestión de Alberto Fernández, donde la discusión apunta a descifrar cuánto hay de ruptura y cuánto de continuidad.

Por otro lado, aparece la crítica al macrismo por derecha, de los ultras liberales, quienes acusan a la gestión macrista por haber perdido la ocasión de avanzar a fondo en el ajuste fiscal y en la realización de reformas estructurales, especialmente en materia laboral y previsional, quita de derechos, en definitiva.

Más aún y desde otro ángulo, en la crítica al gobierno actual, el debate apunta al límite de lo posible en los cambios económicos necesarios, puesto en evidencia en las polémicas en torno a la suspensión de la movilidad jubilatoria y las políticas asumidas en torno al endeudamiento público.

Algunos sostienen que lo que se hace es todo lo que se puede hacer, y acusan a los críticos por izquierda, de apresurados que no comprenden los límites de lo posible. Incluso están los que sostienen que lo que hay es mera continuidad de lo anterior.

Los libertarios pro capitalismo

Son los mimados por los medios de comunicación, defensores a ultranza del orden capitalista, agresivos polemistas que descalifican cualquier adversario local o global.

Son enemigos intelectuales de la tradición crítica anticapitalista desde Marx hasta el presente, e incluso descalifican airadamente a Keynes y sus derivas actuales, descalificando cualquier versión de reforma progresiva o ilusoria del capitalismo.

Por esa razón confrontan toda posibilidad de experiencias concretas, sea Cuba o Venezuela, como las recientes experiencias regionales, caso de Sudamérica y el “populismo”, forma esta utilizada para descalificar el complejo y diverso proceso de cambio desplegando en los primeros quince años del Siglo XXI en la región nuestramericana.

También lo hacen en el plano teórico confrontando con la lógica de reformas sustentadas por el diálogo entre el Papa Francisco y Joseph Stiglitz, acrecido en el último año. La polémica alcanza a otros que sustentan una línea de pensamiento y política económica crítica de la corriente principal, neoliberal, hegemónica en el orden capitalista contemporáneo.

Parten de un razonamiento sencillo, sustentado en la libertad de mercado y la hegemonía del sector privado como aspiración de organización del orden económico y social. Se trata de una valoración a-histórica, que convalida al capitalismo como única perspectiva de existencia de las relaciones sociales en el proceso de producción y circulación.

Tienen predicamento en ámbitos académicos y especialmente sustento mediático como guardianes de última instancia del orden liberal, proyecto esencial del capital más concentrado. Estos capitales, en tanto hegemónicos, pueden entender el accionar político y apoyar ideológicamente proyectos como el de Macri, pero foguean desde sus usinas propagandísticas el pensamiento esencial pro mercado.

Vale asumir que tuvieron bautismo de fuego como alternativa electoral por derecha y aparecen como desvinculados de cualquier lectura de fracaso del gobierno macrista.

Se presentan como la reserva de un capitalismo “ideal”, a tal punto que hasta hace muy poco su ejemplo modélico era Chile, hoy noticia por la rebelión popular que desnuda los límites de cualquier modelo que intente endulzar el orden del capital.

Asumen una crítica a toda intervención estatal, omitiendo el papel del Estado para el sostenimiento del capitalismo en todos los territorios, sea por medios económicos, militares o ideológicos.

Rupturas, continuidades y polémicas

La principal ruptura deviene del sentido socio político e ideológico de la votación en octubre del 2019 y lo que se explicita como expectativas esperanzadas para terminar con la desigualdad, la pobreza, el desempleo y las miserias derivadas del combo combinado de inflación y recesión.

El triunfo del Frente de Todos expresó la demanda para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados por la política de los últimos cuatro años.

La unidad del peronismo fue el fenómeno que facilitó la unidad más amplia en una propuesta electoral crítica a la continuidad de otro periodo de gobierno de la derecha argentina.

Pero esa unidad más amplia contiene proyectos contradictorios sobre el orden económico, social, político y cultural, incluso del tipo de inserción internacional del país, lo que hace más compleja la discusión sobre las rupturas y las continuidades.

¿Qué piensan en la coalición oficialista sobre el modelo productivo actual y por dónde modificarlo o reencauzarlo?

La experiencia mendocina relativa al agua, la mega-minería a cielo abierto y la movilización social en defensa del agua y los bienes comunes nos puede dar claridad sobre las dificultades para trazar líneas divisorias en aspectos estructurales que involucran a la oposición y al oficialismo.

Argentina modificó su modelo productivo y de desarrollo ante la crisis de los setenta y la emergencia del “neoliberalismo” sustentado desde el terror del Estado.

Es una política que intentó ser morigerada en pocas ocasiones desde 1983, pero que mantuvo su sesgo esencial de concentración y dominación del capital externo, con mayor subordinación del trabajo en el capital; una reforma estatal reaccionaria que consolidó, no solo las privatizaciones del capital público, sino que instaló una tendencia a la mercantilización de los derechos; pero también una inserción subordinada en la lógica de la mundialización del capital, con escasas experiencias transitorias por una integración alterativa.

Hay que estudiar el censo agropecuario del 2018[1] para verificar la tendencia a la concentración de la tierra, expresión del modelo de transformaciones regresivas de la producción agraria y agraria industrial asociada a la exportación y subordinación al capital extranjero transnacional. Del mismo modo se verifica la extranjerización en el sector industrial y de servicios constatado por la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC (ENGE). [2] La vigencia de la Ley 21.526/77 de entidades financieras, el mayor logro según su autor, el Ministro de la Dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y la lógica especulativa desarrollada por décadas, con el trasfondo del gravoso endeudamiento externo, remite a continuidades esenciales que no pudieron ser modificadas.

Son temas postergados en el debate y cuando mucho, las rupturas, no solo ahora, sino en cada momento de este largo ciclo de acumulación de capitales (por más de cuatro décadas) remite a la distribución del ingreso, no tanto a la de las riquezas.

La coyuntura nos presenta temas para el debate, donde la suspensión de la movilidad en el ingreso de jubilados y jubiladas aparece en el primer lugar, en simultáneo con el qué hacer relativo al endeudamiento público.

Jubilaciones

El presidente acaba de anunciar, flanqueado por los responsables del ANSES y el PAMI la grilla de ingresos y beneficios sociales a partir de marzo, develando las primeras claves de un asunto que en principio tendrá propuesta de nuevo cuadro de ingresos previsionales y de seguridad social antes de junio próximo, bajo nueva legislación.

Los argumentos explicativos son confrontados. Desde el gobierno se señala que han sido beneficiados por encima de la fórmula previa de actualización el 86,8% de las prestaciones de seguridad social, 11,8 millones de personas (4,1 millones por AUH, 3,2 millones por asignaciones familiares y 4,5 millones de jubilaciones de la mínima). Del otro lado se argumenta que el resto de las categorías percibirán menos de lo que les hubiera correspondido, calificando a la medida adoptada como un “ajuste”.

El aumento que debió otorgarse según la legislación suspendida era de 11,56% y en la difusión de las nuevas escalas el gobierno enfatizó el casi 13% para la mínima, asignaciones familiares y la AUH; incluso se difunde que el aumento de la jubilación mínima alcanzó al 18,8% sumando los bonos otorgados por 5.000 pesos en diciembre y enero pasados.

La crítica señala que todas las otras categorías actualizan ingresos por debajo del guarismo oficial, desde 9,80% a quienes perciben 20.000 pesos mensuales, en escala descendente hasta el 3,80% de los que perciben entre 100.000 pesos mensuales y la máxima que era de 103.800 pesos hasta ahora. Se argumenta que el incremento destacado de la mínima alcanza a los 197 pesos al mes, y para el resto de las categorías, pierden por ausencia de actualización, desde -352 en los que perciben 20.000 pesos mensuales hasta -8.038 en las jubilaciones entre 100.000 a 103.800 pesos al mes.

Se trata de un ahorro en la seguridad social que disminuye el compromiso del gasto social y es por ende calificado como “ajuste”, al tiempo que achata la pirámide de ingresos previsionales.

Entre los anuncios se destaca el proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, aumentando los aportes de los activos, elevando progresivamente la edad jubilatoria y reduciendo la relación del haber, del 82/85% a un 60% aproximado. Junto a ello y sin precisiones se informó sobre distribución gratuita de medicamentos.

La cuestión de fondo se discutirá bajo nuevo régimen legal antes de junio próximo.

El debate es si la distribución de ingresos al interior del régimen jubilatorio es lo que correspondía, o si se debiera pensar la solución más integralmente, modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados del orden económico en su conjunto. Esto requiere de una reforma tributaria progresiva que no aparece aún en la agenda.

La reflexión apunta a la gran rentabilidad de grandes productores y exportadores del agro y la minería; del sector industrial altamente tecnificado y asociado al mercado mundial, por no hablar de la rentabilidad financiera y especulativa claramente beneficiada en el último tiempo.

Se trata de un debate de política económica que interpela el sentido del voto y las expectativas de cambio que actúan en la sociedad y fundaron la opción electoral ganadora en octubre pasado.

Deuda pública

La misión del FMI está en la Argentina y discute con diferentes áreas del gobierno.

El tema es la renegociación encarada por el gobierno, explicada ante el Parlamento por el Ministro de Economía, sin precisiones concretas y medibles sobre la política económica, porque resta conocer el final de una compleja discusión, no solo con el FMI, sino y muy especialmente con los acreedores privados.

La Misión del FMI fue recibida con movilizaciones callejeras. El día previo a la llegada de los funcionarios del Fondo se inició un Juicio Popular como parte de la campaña por la “suspensión de los pagos y la investigación de la deuda”, preludio de concentraciones y marchas diversas en todo el país en rechazo al FMI.

Algunas manifestaciones sustentan el repudio de la deuda, la auditoria de la misma e incluso el apoyo a las negociaciones en curso.

La diversidad de consignas y propósitos identifica el debate sobre el qué hacer con la deuda pública, el costo de pagar o no pagar; de negociar o de sostener la cancelación de los pagos y el alcance de una auditoria, tanto como quién debe investigar.

No resulta sencillo dividir las aguas sobre estos matices, donde la razón de Estado involucra a oficialistas y opositores, evidente en la aprobación prácticamente unánime de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa pública.

Aun así, en el oficialismo se escuchan voces a favor del default, antes que un mal acuerdo, en el convencimiento que ello supondría una línea de ajuste en política económica, agravando la situación de sectores empobrecidos.

Mientras se discute, los acreedores privados muestran su escasa voluntad para resignar “derechos” y por dos veces en 15 días rechazaron intentos de re-perfilamiento de los vencimientos de la deuda con el Estado Nacional, como antes lo hicieron con la Provincia de Buenos Aires.

El resultado evidente es nuevamente el riesgo país por encima de los 2000 puntos y las presiones alcistas sobre el tipo de cambio y por ende el posible impacto en el crecimiento de los precios de la economía.

La especulación es una continuidad, no solo en materia de acreedores, sino evidenciada en la suba de los alimentos en el mes de enero. Si la inflación medida por el INDEC señaló un incremento del 2,3% para enero, los alimentos lo hicieron en un 4,7% para el primer mes del año.

Es cierto que el IVA recuperó su alícuota tradicional e impacta en evolución de los precios finales, pero sin duda hubo especulación ante la difusión de la tarjeta alimentaria y el destino en alimentos de los ingresos de los pobres.

La especulación con alimentos incluye el mecanismo tecnológico detrás de las tarjetas alimentarias, con rentabilidad para proveedores privados de los plásticos y el sistema de gestión.

¿Podría haberse hecho de otra manera? Si, mejorando los ingresos de los beneficiarios de planes sociales sin el estigma del mal uso imaginado desde la racionalidad de quienes tienen el estómago lleno y sospechan sobre los usos y consumos de los sectores empobrecidos.

La solución ante la deuda es generadora de un debate que necesita extenderse aún más en la sociedad, relativo al carácter de la misma, legal o ilegal; legítima o ilegitima, incluso odiosa, sustentada en la teoría que denuncia que la deuda no contribuyó a resolver ninguna necesidad social y, además, tanto acreedores como deudores sabían de la imposibilidad de devolver los desembolsos.

Una cuestión más

Como si esto fuera poco apareció “Vicentín”, el pulpo del agro negocio, solicitando su “concurso preventivo de acreedores” argumentado en el “estrés financiero” que no le permite atender sus deudas en el corto plazo y demanda tiempo para recomponer su situación.

El pedido es simultáneo con la imputación a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación del macrismo por haber actuado fuera de las normas bancarias con la empresa y resolver créditos que alcanzaron los 18.500 millones de pesos. El ex funcionario se escuda en que la mitad de la deuda es responsabilidad de gestiones anteriores. Vicentin debe a otros bancos, productores y proveedores una cifra mayor, agravando su actual incapacidad de pago, lo que suena a maniobra.

Hay varis cuestiones para debatir. Una de ellas remite al modelo productivo antes mencionado, y al papel de la concentración de grandes empresas, que originadas localmente se asociaron a grandes transnacionales, caso de la suiza “Glencore”, que con Vicentín son socios en “Renova” como parte de una cadena de producción y circulación de bienes diversos, no solo derivados de la producción primaria y que actúa en la circulación mundial de capitales, formas que asume la fuga (remesas de utilidades al exterior).

Todo está muy documentado en información del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE [3], ámbito de estudio y difusión integrado por profesionales y docentes de la Universidad Nacional de Rosario. Es la base documental que sustentó las denuncias en la provincia de Santa Fe realizadas por el diputado Carlos del Frade y por Claudio Lozano desde su cargo en el Directorio del BNA.

¿No será tiempo de pensar en terminar con la impunidad empresaria y la fuga de capitales, sea por pagos de una deuda odiosa o por remesas de utilidades al exterior o incluso la evasión tributaria, tal como la demanda de la AFIP hacia Vicentin?

Es un interrogante para incluir en los debates de esta coyuntura, que trasciende la discusión local y se hace necesaria en todo el continente y en el mundo.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2020

Notas

[1] INDEC. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87

[2] INDEC. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_207610BFF62A.pdf

[3] Twitter: https://twitter.com/MatEconomia

Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Ciudad de Buenos Aires.

www.juliogambina.blogspot.com