El Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, este 2 de diciembre ha hecho pública su más reciente carta al gobierno ecuatoriano, en la cual responsabiliza al Ecuador por el peligroso destino de Julián Assange y le conmina a investigar y sancionar a los funcionarios con responsabilidad en lo que considera fue un trato degradante e inhumano del periodista, así como a proporcionarle una reparación al mismo.

El Relator ha elogiado la decisión de Ecuador de otorgarle asilo a Julián Assange en el 2012, porque “demostró un compromiso valiente y loable con los principios fundamentales del derecho internacional", al tiempo que reconoció que “los primeros cinco años de coexistencia entre el Sr. Assange y el personal de la Embajada ecuatoriana desde junio de 2012 hasta mayo de 2017 parecen haber estado marcados por relaciones respetuosas y amistosas”.

Sin embargo, “después de la elección del actual Gobierno ecuatoriano en 2017, las autoridades ecuatorianas comenzaron a crear y mantener deliberadamente circunstancias que hicieron que las condiciones de vida del Sr. Assange sean cada vez más difíciles y opresivas” ha dicho el Relator, añadiendo que el Ecuador no le ha proporcionado “ninguna evidencia creíble de la existencia de urgencia médica, amenaza inminente de seguridad u otra necesidad temporal para la terminación del asilo del Sr. Assange”.

En su carta, Nils Melzer afirma que Julián Assange fue sometido a:

1. Difamación sistemática y sin fundamento por parte de las autoridades ecuatorianas, incluidos varios ministros, el vicepresidente, e incluso el propio presidente, que lo acusaron públicamente desde piratería y violaciones de privacidad, hasta de “esparcir heces en los muros de la embajada”, todo esto sin ninguna evidencia creíble.

2. Imposición arbitraria de un régimen de aislamiento del 28 de marzo al 31 de octubre de 2018, con prohibición de recibir visitas, acceder a internet, usar teléfonos o hablar en público. Según la investigación del Relator, en ese periodo la embajada instaló bloqueadores de señal y Assange recibió un total de apenas 6 visitas sociales (aparte de la entrega de alimentos, visitas médicas, terapéuticas y legales).

3. Imposición de un régimen burocrático innecesario, conocido como "Protocolo Especial" desde el 16 de octubre de 2018, cuyo incumplimiento tenía como consecuencia la violación de la prohibición del principio de “no devolución”, exponiendo al asilado a un riesgo real de tortura o malos tratos. Dado que el principio de “no devolución” es de carácter absoluto y no derogable, el "Protocolo Especial" impuesto a Julián Assange “debe considerarse no solo ilegal, sino jurídicamente inválido ab initio”, ha dicho el Relator.

4. Vigilancia sistemática de partes sustanciales de la vida privada de Julián Assange y de todas sus visitas, incluso de abogados y médicos, lo cual es un incumplimiento grave de la confidencialidad abogado-cliente y médico-paciente.

5. Amenaza constante de ser expulsado, arrestado y extraditado ilegalmente a los Estados Unidos después de procedimientos judiciales arbitrarios en el Reino Unido o Suecia.

Todo lo cual expuso a Julián Assange a “un aislamiento progresivamente severo, ansiedad, vulnerabilidad y abandono que equivalía a un trato cruel, inhumano, degradante o incluso tortura psicológica” bajo la responsabilidad de las autoridades ecuatorianas y legalmente atribuible al Ecuador.

Según el Relator de la ONU, al entregar a Julián Assange el Ecuador no solo violó legislación internacional, sino su propia constitución, recordándole que ésta contempla el respeto y la garantía del principio de “no devolución”, así como la prohibición de extradición de un ciudadano ecuatoriano, por lo cual “hace que la anulación de su asilo por parte del Gobierno de Su Excelencia sea jurídicamente inválida ya como una cuestión de derecho nacional.”

Nils Melzer ha dicho: “…desde su arresto por la policía británica el 11 de abril de 2019, los temores de Julián Assange han demostrado ser correctos, debido a reiteradas y continuas violaciones de su derecho a un juicio justo en los procedimientos penales y de extradición británicos llevados a cabo contra él…” “… Ecuador también ha terminado el asilo del Sr. Assange y, por lo tanto, es responsable del riesgo futuro de tortura o malos tratos que enfrenta en relación con su posible extradición a los Estados Unidos”

“Como una cuestión de derecho internacional, el Ecuador tiene la obligación clara e inequívoca de llevar a cabo una investigación pronta e imparcial sobre estas denuncias y, en caso de violaciones, enjuiciar y castigar a los perpetradores, y proporcionar reparación y rehabilitación a Julián Assange” ha concluido el Relator de la ONU, cuya carta completa al gobierno ecuatoriano puede ser leída en su versión original en inglés aquí.