Alejandro Giammattei asumirá la conducción del Gobierno nacional de un país cuyas condiciones de vida se deterioran producto de un modelo económico atrasado, deficiente, deficitario en lo productivo, excluyente, impuesto y expulsor en lo social, con una economía en crecimiento sostenido de alrededor del 3.4 %, cuyos beneficios se concentran en una clase dominante voraz mientras el 62.4 % de los guatemaltecos subsisten en pobreza multidimensional y las capas medias tienden a sentir cómo sus condiciones de vida se deterioran.

Cualquier gobierno con voluntad de cambio asumiría la responsabilidad de transformar un modelo que se reproduce a costa de sacrificar la soberanía alimentaria de la población, de mantener a uno de cada dos niños menores de cinco años con desnutrición crónica, de expulsar del país a miles y miles de jóvenes y niños: un modelo dependiente del flujo de remesas, que rondan el 11 % del producto interno bruto y sin las cuales estaríamos en una crisis todavía más profunda.

Un gobierno coherente se vería ocupado de inmediato en el cambio de políticas permisivas del saqueo de los bienes comunes y públicos, que mantienen una carga tributaria regresiva (del 9.9 % para 2018), que avalan salarios que impiden cubrir el costo de la canasta básica alimentaria (que asciende a Q3,600). Es decir, políticas que privilegian los intereses de las élites económicamente poderosas.

Un gobierno bien documentado sabría de la insostenibilidad del actual régimen político, cuyas normas e instituciones impiden la representación e intermediación de las mayorías sociales, cuyas necesidades sociales carecen de políticas públicas que las satisfagan. Esto, debido a que tales normas e instituciones han sido diseñadas y son controladas por poderes económicos, políticos y militares que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad en función de aumentar sus márgenes de ganancia y enriquecimiento. Esto explica la ausencia de políticas estratégicas y de recursos suficientes para atender los problemas fundamentales del país e incluso para resolver urgencias, emergencias y catástrofes sociales y ambientales.

Giammattei toma el control del aparato gubernamental después de cuatro años de una administración desastrosa, que contribuyó al acumulado de problemas históricos y coyunturales que caracterizan al Estado, como aquellos relativos a la captura de las instituciones, a la corrupción y a la impunidad. Al respecto, deberá tomar la decisión de romper con estas relaciones que atentan contra el interés público para no acumular un desgaste que lo puede llevar al deterioro de la mucha o poca legitimidad con que cuente al inicio.

Muy probablemente, desde el comienzo del nuevo gobierno habrá peticiones y gestiones, así como reclamos y protestas. Si el nuevo gobierno tiene el más mínimo conocimiento teórico y empírico de la problemática, sabrá que las concreciones del modelo económico y las políticas de Estado provocan el rechazo de comunidades, pueblos y movimientos sociales. Sabrá que estas reacciones se originan de las afectaciones que estos enfrentan, así como de la falta de respuesta a sus derechos, demandas, reivindicaciones y propuestas. Así las cosas, también sabrá que, sin una gestión gubernamental democrática y de solución a los problemas sociales, la protesta social se mantendrá y posiblemente se incremente.

Esperemos que el nuevo gobernante recuerde su carácter de funcionario público y su obligación de instituir e implementar políticas que trasciendan el exclusivo enfoque e interés empresarial, que ha sido la tónica de los últimos gobiernos. Contrariamente, que decida la implementación de políticas generales y sectoriales que atiendan y den solución a las necesidades y problemas sociales prioritarios.

El gobierno de Giammattei deberá decidir el tipo de respuesta que dará a la protesta social sabiendo que tendrá dos opciones: instituir una política de diálogo, negociación y gestión de políticas públicas que resuelvan las demandas sociales o recurrir a medidas de control, criminalización, judicialización y represión. Si esto último sucede, el mismo gobierno estaría contribuyendo a un nuevo momento crítico en el país. Esto sucedería en un contexto donde subsisten causas sociales e institucionales que han sido el sustrato de las crisis que antecede a este momento. Si así sucediera, podría instalarse un escenario muy parecido al que se observa en países latinoamericanos como Colombia, Chile, Ecuador, Brasil u Honduras, cuyos gobiernos insisten en la aplicación de medidas de corte neoliberal y autoritario.

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