“Alrededor de 50 mil millones de lempiras se pierden anualmente en el país por efectos de la corrupción y por ende esos recursos se dejan de invertir”.

Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)”.

Las agencias cooperantes, empresarios y gobierno han prendido las alarmas por la desaceleración de la economía hondureña en 2019 y, una eventual crisis en 2020 y 2021, como resultado de la “desaceleración” y posible recesión de la economía global. Se habla de medidas “paliativas” para reactivar los sectores productivos y las MiPymes que son las mayores generadoras de empleo e ingresos para las familias. El gobierno considera que ello será suficiente para enfrentar la crisis, pero hace muy poco por participar de la solución de la crisis política, que es, a lo interno, el principal factor explicativo. Un actor silencioso, lo es el FMI, que ha venido apoyando al gobierno en la ejecución del programa económico de corte neoliberal, independientemente de la ilegitimidad de mandato y las acusaciones de actos de corrupción y narcotráfico.

El mayor problema del FMI es que no cuenta muertos, ni desaparecidos, ni encarcelados, ni migrantes, ni mujeres violadas y golpeadas, resultado, entre otras cosas, de políticas económicas y sociales regresivas, muchas de las cuales han sido avaladas por sus propios funcionarios. Es más, incluso, tal como sucede en Honduras, no cuenta corrupta ni narcotraficante; más bien, consulta y negocia con ellos.

De nuevo y para cumplir con el protocolo, se encuentra en Honduras una misión del FMI para evaluar los avances (julio-septiembre) en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Acuerdo Stand Bay suscrito con el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en mayo de 2019, con una duración de 24 meses y acceso a recursos por 311 millones de dólares. Aunque este Convenio no ha sido socializado, las intervenciones del gobierno deben estar puestas en fortalecer la gobernanza institucional, mejorar el clima de negocios, resolver el problema financiero de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) y reestructurar el sector eléctrico, ya que afecta el cumplimiento de los objetivos de estabilización económica y la capacidad de endeudamiento y sostenibilidad financiera de las cuentas del país.

La misión del FMI es encabezada por Esteban Vesperoni, y los economistas, Cristian Alonzo, Constant Lonkeng, Javier Kapsoli, Francisco Arizala y el representante permanente del FMI en Honduras, Jaume Puig. Esta misión se ha estado reuniendo con miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes y Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la directiva del Congreso Nacional, y se espera se reúna-entre bastidores-con líderes de la opción política como Salvador Nasralla, Luis Zelaya y Suyapa Figueroa, que recién estuvieron en Washington exponiendo la situación del país y los problemas que genera la denominación de un narco-estado. Igual debería reunirse con directivos del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) y Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), para tener una visión más completa de la problemática actual y la crisis en marcha. El FMI no se reúne con la academia, ya que considera que tiene poco que decir y sus facultades en las universidades públicas están infiltradas de pensamiento subversivo.

Los miembros del COHEP manifestaron su preocupación por el menor ritmo de crecimiento económico esperado para 2019 y la caída para 2020, como resultado de la menor inversión, los bajos precios internaciones del café, aceite de palma, bananos, la fuerte caída de las ventas, aumento del desempleo, corrupción, inseguridad jurídica y crisis política; igual, la crisis de la ENEE, la no priorización del gasto presupuestario para 2020, un año político, donde SEFIN decidió elaborar un presupuesto con un aumento de más de 8% con respecto al año anterior ( Más de 20,000 millones de lempiras); y la no aprobación de nuevos tributos; parte de estos recursos serán destinados para que los militares se conviertan en ingenieros agrónomos y productores, según el nuevo programa de desarrollo agrícola aprobado por un monto de 4,000 millones de lempiras que serán manejados por las FFAA.

Algo curioso, siguiendo el espejo chileno neoliberal, roto por el estallido, ciertos empresarios recomendaron acelerar la aprobación de nuevas reformas estructurales en temas de mercado de valores, asociaciones de fondos de pensiones (AFP) y la liberalización total del mercado cambiario; ello, aun cuando, el presidente del COHEP, Juan Sikaffy, después de una larga luna de miel con JOH, considere que las medidas neoliberales ahogaron la economía hondureña, teniendo parte de culpa el FMI.

Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, el desempleo es el principal problema a enfrentar, ya que al tener “al 68% por ciento de la población económicamente activa (PEA) con algún problema de empleo, causa baja productividad, baja competitividad y crisis social que no se ha sabido manejar”. El problema es que la política económica aplicada es por definición contraccionista, en tanto la prioridad es reducir el gasto, mantener baja la inflación y orientar la inversión pública real a sectores con menor demanda neta en términos de empleos sostenibles y de buena calidad, sumado al gasto social para compensar los efectos de dichas políticas en grupos vulnerables y situación de pobreza. En el primer semestre de 2019, el 44.8% del gasto de inversión pública se destinó a los sectores de protección social, transporte y obras públicas, frente a un 7.9% para desarrollo productivo, 1.3 forestal y ambiental, 2.7% en salud y 1.4% en educación (SEFIN: 2019).

En la reunión con directivos del Congreso de la República, participaron el presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, la ministra de Finanzas, Roció Tabora, la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ethel Deras y el coordinar del Gabinete Económico y Restructuración del Sector Eléctrico, Marlon Tabora. Aunque no transcendió lo discutido, debe destacarse el interés porque se aceleren las reformas a dicho sector, y agilice la aprobación de nuevos recursos para enfrentar el pago de los operadores y demás deudas. Se cuestionó que la misión del FMI no se reuniera con diputados de la oposición, en especial del partido LIBRE, igual no se oyera sobre los actos de corrupción en marcha como el nuevo fondo departamental de apoyo a los diputados, una especie de bono por ser electo en el cargo (aunque fuera por fraude y dineros del narcotráfico), la quiebra de COALIANZA (vendida como un modelo transparente y efectivo de colaboración entre el sector público y sector privado), las leyes que ocultan y protegen información sobre actos de corrupción y la aprobación del nuevo Código Penal que blinda corruptos y narcotraficantes.

Frente a este panorama, empresarios y gobiernos hablan de un plan de reactivación económica, orientado a proteger el ingreso de las familias, aumentar la producción y los niveles de empleo. Los pronósticos destacan que el país cerrará 2020 con una tasa de crecimiento menor de 2 %, frente a 3% en 2019, ya que no piensa renunciar a los objetivos de estabilización económica acordados con el FMI, sobre todo de déficit fiscal e inflación. A ello se suma su decisión de mantener reservas monetarias (RM), equivalente a 5 meses de importaciones, pero solo ocupa mantener para 3 meses. Hay presión de la banca por bajar la tasa de política monetaria (TPM), de 5.75% a 4.50%, en una economía con demanda de recursos para producir, comer y educar a sus hijos como prioridades de desarrollo humano. Igual, economistas independientes, hablan de salirse un poco del libreto del FMI, y aprobar encajes diferenciados por actividades productivas, tipos de empresas y regiones, ajustando las tasas de interés, como también acelerar el proceso de reducción del gasto tributario representado por 33,000 millones de lempiras anuales en exenciones tributarias a empresas de zona franca y maquiladoras principalmente.

JOH, por su parte, mandó al Congreso de la República una serie de medidas para fortalecer la economía y generar fuentes de empleo, que incluye: a ) incrementar el techo de cobro del Impuesto Sobre Venta (ISV) en los pagos de alquiler comercial para que el rango de exención pase de 5.000 a 10.000 lempiras; b) incentivo de compra a los artículos electrodomésticos ahorradores de energía eléctrica con la devolución del 15% de dicho impuesto; c) la extensión del período de vigencia de la Ley de Apoyo a la PYME (Decreto 145-2018) para seguir gozando de los incentivos que tiene y por último la Ley de Amnistía Ambiental de Cooperativas Agroforestales en el pago de multas, intereses, otros cargos a los proyectos, obras o actividades de esas organizaciones. A ello se suman la rebaja del 15% de la factura de energía, ley de unificación de deudas (aprobada) y el aumento de la base gravable del pago de impuesto sobre la renta (pendiente). Incluso, habla de un pacto entre sector público, sector privado, sociedad civil y Comunidad Internacional, sin participación de la oposición política.

El FMI sigue fiel al librero y apegado a las metas del convenio establecido con el actual gobierno, pero debe empezar a valorar que parte de las soluciones de la profundización de crisis económica en marcha, pasa por la solución de la crisis política, donde el gobierno y su presidente ha perdido toda credibilidad. Igual, hacer más visible su apoyo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y Consejo Anticorrupción, que han venido soportando una campaña de desprestigio por funcionarios y diputados corruptos.

Tegucigalpa, DC, 6 de noviembre de 2019