Una de las críticas más recurrentes a la política de austeridad republicana del gobierno de la cuarta transformación son los recortes, supuestos o reales, que se produjeron en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en el sector conocido como ciencia, tecnología e innovación.

A esta altura de las batallas que se inauguraron el 1º de julio de 2018 y que se intensificaron hace 10 meses, cualquier programa y política pública es sometida a la crítica sin matices y aun caricaturizada por las oposiciones –en plural porque son varias y confrontadas–, que no atinan a encontrar su espacio y tareas a pesar de que gobiernan la mayoría de los estados e importantes alcaldías. Todavía no saben qué hacer con su incomparable fuerza en dos de los tres niveles del Ejecutivo. Fuerza que, por cierto, se desgrana conforme transcurren elecciones estatales.

Y la mayor parte de la mediocracia se alinea con las oposiciones por convicción y/o conveniencia, ya que en el gobierno federal no tiene futuro cierto, y llega al extremo de ignorar las versiones institucionales, como la que acaba de ofrecer la directora general del Conacyt, sobre el muy probable incremento en 5 mil 82 millones de pesos para el gasto del sector en 2020, con lo que de materializarse pasaría a sumar 82 mil millones de pesos. Y con esto, a juicio de María Elena Álvarez-Buylla, “enviamos un mensaje claro en favor de las comunidades científicas y de la búsqueda de nuevas oportunidades para los jóvenes”.

E hizo definiciones que por supuesto son discutibles, como todo, pero que no registro en casi medio siglo (junio de 1970) dedicado al periodismo: No vamos a tener innovación soberana sin una alianza con las industrias nacionales que sean capaces de escalar, por ejemplo, la producción de los medicamentos.

La doctora María Elena, nieta del gran Wenceslao Roces, postuló en entrevista con Laura Poy Solano que México no necesita industriales abusivos, sino aquellos que tengan un compromiso ético y social por el bienestar del país. Queremos colaborar con el sector privado, siempre y cuando coloque en el centro al ser humano, al bienestar social y ambiental, con una ética y rigor intachables, que se resume en honestidad, ética, cuidado del otro, del ambiente, del bienestar social y de los derechos humanos (La Jornada, 27-X-19).

Metas inobjetables y difíciles de lograr en un país donde el capitalismo de compadres, en su vertiente neoliberal que millones de chilenos impugnan en las grandes alamedas, todavía mantiene su maquinaria bien aceitada aunque con piezas desmontadas por políticas y decisiones presidenciales convertidas en leyes aprobadas por el Congreso.

En aquella dirección se inscribe el convenio de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial para convocar a los empresarios honestos a participar en proyectos que generen un impacto en el bienestar social. Y realizarán foros para que los empresarios nacionalistas y comprometidos con México apoyen el desarrollo científico y tecnológico pertinente, para impulsar una transformación pacífica, democrática e incluyente.

Con tal perspectiva resulta natural, errores cometidos aparte, las resistencias en curso, más aún cuando fueron localizadas anomalías en algunos de sus 65 fideicomisos de los que ejercen recursos públicos, los cuales ya son fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública, y detectaron que un mismo proyecto se repite hasta en 20 ocasiones, así como la existencia de “agentes que se especializaron en obtener recursos del erario para fines distintos al ámbito de la ciencia y tecnología”. Amén de los cuantiosos subsidios con que el Conacyt favoreció a trasnacionales.

Así, resulta comprensible la resistencia de integrantes de la comunidad científica que perdieron prebendas e ingresos extras.

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