Las movilizaciones de protesta en América del Sur y España, no tienen en sus fuentes las violencias, ni provienen de asociaciones al terrorismo, ni las fomenta la izquierda. Son expresiones producto de la cada vez más notoria ruptura entre el orden económico, que da ganancias y poder político a pocos y el orden social más injusto y desigual. Las mayorías en protesta solo reclaman garantías a derechos ya ganados. En América por derechos sociales, en España por derechos políticos. Son levantamientos no orientados a obtener algo nuevo, si no a impedir la continuidad del desastre y acceder a lo suyo. 

  En el camino de la protesta se atraviesan tres grandes obstáculos, que conducen hacia la violencia y por esta vía la pérdida del capital político y organizativo que podría ganarse en cada movilización. La primera es la intransigencia, autoritarismo y arrogancia del gobierno, que descalifica, amenaza, estigmatiza y condena de antemano creando condiciones adversas; después la ferviente militancia periodística de los medios que confunde, miente y reduce a espectáculo morboso lo que ocurre, llenando sus parrillas de presunciones y prejuicios y; tercera la arremetida policial, forzada a alterar, reprimir y provocar escenas de violencia que minan la legitimidad de la protesta, reducen la calidad de ciudadanos responsables de quienes protestan y debilitan la capacidad de organización. 

 En América la movilización la nutren sectores medios y empobrecidos, que dinamizan protestas indetenibles en poco tiempo y unen sentimientos reprimidos de desesperanza, desesperación, temor y rabia, forman multitudes, antes que masas conscientes que respondan a un proyecto social u organización política. Este modo de acción concentra los inconformismos por el abandono y olvido del Estado, que no ve, oye, ni atiende las demandas urgentes de quienes carecen de los bienes materiales para satisfacer necesidades que parecían superadas. Son luchas transversales, en las que confluyen múltiples agendas complementarias. Son movimientos espontáneos, aunque en ellos participen sectores de amplia y sólida tradición, conducidos especialmente por jóvenes, en lucha contra el poder hegemónico, al que se le reclama haber tomado partido por el capital, entregado la democracia del pueblo al mercado (legal e ilegal) y proveerlo con los bienes públicos el enriquecimiento, despojo y acumulación de los recursos que corresponden a derechos. 

 La reivindicación en América es por garantías a derechos sociales y económicos. Son grandes movilizaciones, a las que el Estado ofrece fuerza policial desbordada. En el centro de Santiago arde el edificio de energía por un aumento en las tarifas del metro y se revive el fantasma de Pinochet; hace una semana fue Quito por un aumento en las tarifas de combustibles, por eliminación de subsidios y se revive el fantasma de de los buscadores del tesoro de Atahualpa que no dudaron en torturar y quemar a los indios y; desde hace unos días en Bogotá y otras ciudades retumba un eco de descontento y recriminación por dilaciones a los derechos de educación, salud, jubilación y empleo y medidas latentes como la regulación de la protesta. Son multitudes, que denuncian desigualdades y reflejan las consecuencias de la voracidad criminal de los financistas, que ganan expulsando del sistema humano a miles de personas que quedan sin garantías para llevar la vida con dignidad. 

A diferencia de América del Sur, Barcelona encarna otra lucha, de reivindicación política centrada en la libertad y contra una especie de totalitarismo en democracia. Cientos de miles de catalanes, hacen pueblo y no muchedumbre, ni multitud espontanea, convocan a Europa a ser consecuente con su mejor conquista: libertad. Llaman al gobierno y a la sociedad española a recocerles su derecho a ser libres a su modo y a tener soberanía sin la injerencia del estado español bipartidista, cuyas partes contaminadas de dictadura franquista, impiden desactivar el espíritu de dominación y conquista, así como pudieron desactivar las armas por acuerdo pacífico. 

El pueblo catalán, no responde a la lógica de lucha transversal ni espontánea, son sectores medios y acomodados de población, resultado de un acumulado de tradición histórica, que trata de completar su libertad y su autonomía, pidiéndole al estado que la realidad jurídica y social que hay en las líneas de la constitución española, les permita vivir como nación con territorio, lengua, costumbres y modos de ser catalanes antes que españoles y hacer realidad el derecho a ser independientes, conforme a la autonomía señalada con la práctica y la cultura jurídica de posguerra. Cataluña, hace tiempo reclama que se cumpla la constitución que en su primer artículo proclama el carácter democrático del estado, que ampara su validez en las decisiones de los poderes públicos cuando derivan del consentimiento de los ciudadanos. Hay percepción de doblegamiento de las cortes al poder político y de alejamiento de la voluntad popular, al tratar de imponer la supremacía constitucional (dictadura constitucional?) que ahoga la vitalidad de una democracia tomada como ejemplo en la misma américa latina, en la que dejó enterradas sus espadas y sus cruces, para que nunca regresaran al viejo mundo. Encarcelando y silenciando a sus líderes y gobernantes, por reclamar autonomía, en Cataluña el estado español parece hacer renacer el espíritu de su pasado invasor en américa, del que todavía permanecen vigentes sus huellas en casos como Colombia, donde “el único delito es estar contra el gobierno” y donde la desobediencia al poder del soberano (y su partido) no se paga con cárcel, si no con amenaza, destierro y muerte, como lo muestra la tenebrosa cifra superior a 700 líderes y defensores de derechos asesinados a la sombra de la revuelta social y la construcción de paz. 

En América y en Barcelona, se pueden estar sentando las bases de una agenda global común contra el capitalismo y su espíritu depredador de la política, la democracia y la vida misma en todas sus condiciones. Además queda claro que la violencia es “preparada y producida en contra de las movilizaciones”, para deslegitimar, dispersar y estigmatizar y es incubada en las ultraderechas políticas, que se valen de la acción policial, como herramienta de fuerza desbordada que alienta, empuja y crea condiciones de caos utilizables para reprimir, enjuiciar, limitar y amedrentar el ánimo de resistencia pacífica y organizada y “llenar de razones” al gobierno para promover la seguridad y la fuerza y declarar que el estado está en guerra contra un enemigo implacable.