Cierto es que son más abundantes las preguntas sobre los sucesos de Culiacán, Sinaloa, alrededor de la detención, los enfrentamientos desplegados en forma muy bien organizada por los sicarios del cártel de Sinaloa en contra de grupos de fuerzas federales, y la posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, que las respuestas posibles de formular con seriedad así sea tentativamente, a pesar de que la información disponible ya es mayor.

La abundancia de las interrogantes es lo de menos, lo principal es que se trata de preguntas delicadas, pero que no alteran la extraordinaria pertinencia del punto de quiebre con la estrategia de muerte a toda costa de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, en los que la población civil pasaba a un segundo plano, se le sacrificaba bajo el concepto de “daños colaterales”, tomado de los manuales del Pentágono de USA, y mexicanizado por Juan Camilo Mouriño bajo la criminal fórmula de “que se maten entre ellos. Sólo que no previeron que en medio de la guerra de Calderón estaba la población civil.

“Eso ya no, eso se acabó”, para usar expresiones del presidente Andrés Manuel de uso frecuente y que, enhorabuena, colocó en el centro la vida de los culiches por encima de la detención de un júnior de la banda criminal, por poderosa que sea y que, dicho sea de paso, ninguna ni todas juntas tienen más poder de fuego que el Estado mexicano.

De acuerdo con el general secretario Luis Cresencio Sandoval González, el operativo para detener a Guzmán López, se realizó de manera “precipitada, con deficiente planeación y falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores; consecuentemente, el gabinete de seguridad no fue advertido de las acciones que realizó un grupo de 40 hombres, integrado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano”.

Una pregunta: ¿Es posible emprender un operativo de cateo de un domicilio particular sin tener en la mano la respectiva orden de aprehensión de una pieza financiera de una gran banda delictiva que fundó y dirigió Guzmán Loera?

La interrogante clave y con varias aristas consiste en: ¿Es factible realizar un operativo como el de Culiacán sin “obtener el consenso de sus mandos superiores?” Está claro que la disciplina militar no contempla eso que denominó el secretario de la Defensa Nacional “consenso”. Los mandos superiores autorizan y ordenan y sin esos dos elementos no hay operativo posible, aunque el Culiacán del jueves demostró, por desgracia, lo contrario.

Y derivada de la anterior pregunta y todavía más delicada sigue esta. Un operativo como el de Culiacán de 12 horas de balaceras, con ocho muertos, decenas de prisioneros fugados y un millón de habitantes sometidos al terror, ¿puede ser puesto en acción sin la autorización del jefe del Estado Mayor del Ejército?

Aún más: ¿Sin que el divisionario Sandoval González sea informado e incluso el comandante supremo de las fuerzas armadas, simplemente por la magnitud y alcances de la detención del hijo de quien fue capo de capos durante años en México?

No es un asunto que compete sólo a la cadena de mandos de las fuerzas armadas, en este caso el Ejército y la Guardia Nacional y, por ello, está muy bien la investigación que la Sedena mantiene en curso, sino a la misma institucionalidad castrense y los niveles de coordinación de los componentes del gabinete de seguridad nacional y su jefe, el presidente López Obrador.

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