Resurge la esperanza de reconstruir la integración latinoamericana, basada en un eje movilizador entre Ciudad de México y Buenos Aires, con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de volver la mirada al sur y la expectativa del gobierno de Alfredo Fernández y de su visión geopolítica puesta en la región y no en el Norte.

Si la elección de López Obrador fue un tsunami, la de Fernández también será un cimbronazo, por sus efectos en una región que se está moviendo y donde la derecha y sus medios hegemónicos se apresuraron demasiado a hablar del fin del ciclo progresista. Fernández ofreció algunas interesantes definiciones sobre integración desde Argentina y durante sus visitas a varios países y también al expresidente Lula, en la cárcel.

“La región tiene que volver a unirse. Frente a un mundo que se globaliza, nosotros vamos a tener que enfrentar ese desafío y es mucho más fácil enfrentarlo si estamos unidos que separados (…) Lo que pasó en los últimos tiempos es que como consecuencia de la ruptura de Unasur, la poca importancia que el dieron Brasil y Argentina al Mercosur”, señaló el –seguramente-próximo presidente argentino.

Para Fernández es imprescindible “volver a vincularnos, con todos y más allá de la situación interna de cada país n acuerdo de intereses de la región, con prescindencias de la ideología de los partidos de los gobiernos de turno, y ayudar a los venezolanos en encontrar una solución para su país. La solución no es la intervención, sino ayudar a que Venezuela encuentre esa solución.”

Estas opiniones significan un cambio de 180 grados en la política exterior argentina, donde en lugar de la agresividad y animosidad del régimen de Mauricio Macri hacia el gobierno venezolano, y la postura aliado-dependiente de Washington, se mostró partidario de una salida política, coincidiendo en eso y también en la necesidad de retornar la mirada al sur (desde el sur) con el discurso de López Obrador.

La cancillería mexicana sorprendió al afirmar que está dispuesta a asumir la presidencia de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) el año próximo, para poner a funcionar el organismo de 33 países de la región –sin Estados Unidos ni Canadá—, que los gobiernos de derecha, asumiendo la estrategia de Washington, quieren congelar, desarticular, invisibilizar.

Suspendido un encuentro entre Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (pactado en principio para la semana pasada), en el mes de noviembre está programado en Buenos Aires el segundo encuentro del Grupo de Puebla (GP), con presencia de decenas de líderes políticos de América Latina, tras la reunión inaugural del 12 de julio en la ciudad mexicana de Puebla (de ahí el nombre del grupo).

En su documento fundacional este espacio progresista latinoamericano se plantea el objetivo de analizar los desafíos comunes de cada uno de los participantes y trazar iniciativas conjuntas, en pos del desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos.

Si bien Alberto Fernández no participó del encuentro de Puebla, varios de sus colaboradores estuvieron presentes: Jorge Taiana, Felipe Solá, Carlos Tomada y Julián Domínguez (los dos primeros candidatos a ocupar la cancillería desde el 10 de diciembre).

El GP cuenta ya con siete expresidentes: Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), Ernesto Samper (Colombia) y Fernando Lugo (Paraguay); y dos actuales candidatos: Alberto Fernández (Argentina) y Daniel Martínez (Uruguay).

También integran el grupo, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad (excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores); dirigentes chilenos como el senador Alejandro Navarro, el presidente del partido Progresista Camilo Lagos; la diputada comunista Karol Cariola y el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza; y Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial mexicano y fundador del PRD.

Antecedentes

El Grupo de Puebla tiene sus antecedentes en los esfuerzos del Foro (anual) de Biarritz, iniciado en el año 2000, que fue encrucijada de los intercambios entre dirigentes de Europa y América Latina. Plataforma de debates, de reflexión y de análisis de las problemáticas comunes, el Foro de Biarritz reunió cada año a líderes políticos y económicos de ambos continentes.

Tuvo como principales animadores al expresidente colombiano Ernesto Samper y a Didier Borotra, alcalde de la ciudad de Biarritz, en Francia y como director ejecutivo al galo Xavier Cazaubon.

En 2008, los líderes latinoamericanos –entre ellos más de 20 expresidentes- reunidos en el Foro de Biarritz plantearon en un libro la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo de gobernabilidad en la región, amenazada por las desigualdades.

El tema de la gobernabilidad fue identificado ya entonces como el mayor desafío de la región, tras la quiebra del modelo de desarrollo del Consenso de Washington, que detuvo el crecimiento y amplió las condiciones de desigualdad social, dando lugar a las protestas sociales, producto de la inconformidad popular con la situación de la región.

Otro de los temas abordados, once años atrás, fue el de las denominadas "patologías globales", en relación al narcotráfico, la corrupción y el armamentismo, ya que por el mismo canal por donde circulan las mercancías, los servicios y la tecnología, también circulan las drogas, los corruptos y la armas, señalaban.

Hoy el GP deberá estudiar viejas y nuevas problemáticas: cambio climático, migración, narcotráfico, desigualdad social, nuevas tecnologías y trabajo, brecha digital, defensa regional, necesidad de reconstruir entidades financieras regionales, el afianzamiento de la democracia, la participación ciudadana, entre muchas otras

Tomando posición

Tácticamente, el GP no apunta a confrontar con Estados Unidos (en lo que está enfrascado el Foro de Sao Paulo, de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde centroizquierdistas hasta colectividades de izquierda, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil), sino a trabajar en la consolidación de un sistema de alianzas que permita la gobernabilidad sin dependencia.

En realidad, se presenta como contracara del Grupo de Lima, formado por EU con sus más cercanos aliados-cómplices con el fin de derrocar al presidente constitucional venezolano Nicolás Maduro.

Aún en formación, el Grupo de Puebla rechazó el 11 de septiembre "cualquier intento de uso de la fuerza que quebrante el principio de solución pacífica de las controversias y que posibilite una intervención militar en Venezuela por parte de fuerzas extranjeras, incluida la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento arcaico para intervenciones militares en países de América Latina durante la Guerra Fría".

La declaración del GP fue en respuesta a la decisión de once países de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Rcíproca (TIAR), herramienta que contempla "el empleo de la fuerza armada" para una eventual intervención. El Grupo respalda la necesidad de una salida negociada, propugnada en los foros regionales por México y Uruguay.

Poco antes el GP había condenado las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. "Estas agresiones demuestran, una vez más, que Bolsonaro no puede convivir de manera civilizada y democrática con la comunidad internacional", señalaron. Bolsonaro también reivindicó la dictadura de Augusto Pinochet.

Marco Enriquez-Ominami, el aun joven precandidato presidencial chileno y uno de los articuladores del Grupo, señala que el progresismo cuando gobierna, lo hace con una lógica pragmática, sin pelearse con el mercado ni dogmatizar el rol del Estado, sino que poniendo como norte la necesidad de mejorar las condiciones de vida de todas y todos.

Debe haber una relación entre la total libertad de los mercados (laissez faire) y la jibarización del Estado (laissez passer). Para ellos (la derecha) los problemas del mercado se solucionan solos (porque los mercados se auto-regulan). El Estado, que es hoy un estorbo, debiera convertirse en poco más que una Pyme, añade.

Los promotores del Grupo señalan que el modelo progresista no es anti-mercado. Y señalan que las sociedades contienen al Estado y al mercado como herramientas constitutivas de su ordenamiento. Solo un Estado fuerte y protagonista podrá ofrecer al mercado las certezas que necesita para funcionar de manera armónica.

Para el modelo progresista la democracia es fundamental y no resiste medidas que pongan a sufrir a la gente para favorecer los indicadores financieros. Es que el modelo de Mauricio Macri, Esteban Piñera, Jair Bolsonaro y también el que pretenden imponer en Uruguay los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado, ve a los mercados y a la economía desde una simpleza negligente.

Las medidas progresistas necesitan mercado y Estado; inversión privada y extranjera, crecimiento, pero, también redistribución. Porque si la economía no tiene un componente moral, es mera matemática, añaden.

Desde su punto de vista, el principal problema no es que nuestros países sean pobres, sino que son desiguales. El Estado debe hacerse cargo de esa desigualdad para que los mercados puedan funcionar desde el consumo. La prosperidad debe ser social, porque de otro modo, no hay consumo, crece la desigualdad y la democracia comienza a hacer aguas.

¿Otros progresistas?

Con calculada precisión intentan quedar bien distanciados de la derecha que se disfraza de renovada, pero sobre todo de la izquierda del siglo 21, que va desde la revolucionaria de Hugo Chávez, a los modelos de Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva y Dilma Rousseff, de los pasivos que dejaron sus gobiernos, agigantados por la falta de autocrítica y por el terrorismo mediático de los medios hegemónicos.

Esto significa zafar la estigmatización mediática de pertenecer a lo viejo, lo caduco, frente a lo “moderno” y “la inclusión en el mundo” prometido por los gobiernos neoliberales.

Pese a la instalación del imaginario colectivo de que “no se puede” cambiar el orden establecido, se produjo en los últimos dos años unos renovada ola progresista en la región, con Andrés Manuel López Obrador en México; Gustavo Petro en Colombia, Verónika Mendoza en Perú; Gabriel Boric y Giorgio Jackson en Chile, que surgen con reivindicaciones de derecho social y soberanía en países con gobiernos neoliberales.

Estos liderazgos no nacen de movilizaciones multitudinarias, de estallidos sociales, de la lucha obrera tradicional y, quizá por ello, las nuevas propuestas no son revolucionarias, rupturistas. Es una nueva apuesta por el quizá sí se puede y es, entonces cuando la derecha ve peligrar su hegemonía, al paso del fracaso de las políticas neoliberales, el crecimiento de la desigualdad, la miseria, la exclusión.

Generalmente estos grupos tienen origen, su punto de partida en la variopinta izquierda, uno actualizando sus propuestas y tratando de armar un proyecto político común. Así, la vía electoral se presenta como la salida, sin necesidad de salir a las calles. Muchas veces es apenas una salida individual, pero otras son en beneficio de las mayorías.

Estos grupos seguramente se sumen al polo progresista en construcción y aún sin mayores definiciones, aunque parten de la exigencia de derechos sociales básicos, políticas inclusivas, oportunidades más igualitarias, mayor grado de soberanía y defensa de la democracia.

Hoy, ninguno de los gobiernos de derecha neoliberal en la región se muestra sólido. Colombia vive su calvario de asesinatos sistemáticos y desintegración, Ecuador acaba de abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a pedido de Washington.

En Perú la gente en la calle exige que se vayan todos (gobierno, congreso), en Paraguay la corrupción, el narcotráfico y el desgobierno minan al régimen que amenaza con sacar al Ejército a las calles. Chile vive su peor época desde la dictadura pinochetista y en Brasil –¡ay Brasil!— gobierna la extrema derecha oscurantista, xenófoba, homofóbica, racista, misógina.

Hay aires de cambio en la región. Aires progresistas, centroizquierdistas, que intentan terminar con esta noche de unas derechas, que sirven al capital financiero internacional, a las grandes empresas trasnacionales y a las elites de sus países, ese poder fáctico que lucra para que crezca la desigualdad, la precarización del trabajo, el hambre, la miseria y para que los recursos naturales dejen de ser de los pueblos y pasen a poder de las trasnacionales.

- Aram Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y surysurtv.net.