Al mismo tiempo que el Congreso de la República aprobó la pena máxima de 60 años de cárcel, también reconoció como delitos la presión, la amenaza y el soborno a testigos en procesos penales. De lo primero se puede establecer que 60 años de cárcel son per-se una cadena perpetua, conforme a la esperanza de vida de 76 años y el ingreso a la cárcel a partir de los 18 años de edad. El objetivo de una cadena perpetua desborda la justicia y se mete en la venganza. Se necesita tener una ideología autoritaria para creer hacer pudrir a alguien en el encierro acaba una tipología de delito atroz. Quienes llegan a la cárcel aprenden a reproducir la vida biológica, a ser muertos que sueñan que están vivos como en el poema, y sobreviven en precarias condiciones, sin comida sana, sin aire limpio, sin orinales, sin derechos, sin garantías para humanos (muy distantes de los privilegios de unos pocos abrigados en guarniciones o establecimientos públicos).

Mientras el presidente anuncia traer al debate social la cadena perpetua, creyendo que el encierro definitivo resuelve los problemas el jefe del partido de gobierno es llamado a juicio por el otro cuerpo de delitos asociados al soborno a testigos y deja oír que solo le teme a dios, en coherencia con las elites que desde hace doscientos años evitan el pecado aplicado por la ley divina, pero manipulan pruebas y eliminan testigos en la ley penal. Como sea los dos tipos de actos criminales, los de cadena perpetua y los otros, son parte de un sistema social circular, del que las elites compuesta por políticos, funcionarios, togados y empresarios, son corresponsables de las causas del horror que victimiza a niños y niñas y de la barbarie de la guerra que enfermó a la sociedad y descompuso algunas de sus partes que ya están podridas. Aunque no resulte fácil acusar a las elites de violaciones directas, han sido artífices de la presión, violencia, explotación y marginación de niños y niñas abusados y asesinados, gracias a su condición de debilidad que los mantiene expuestos a múltiples agresiones, sometidos al riesgo cotidiano de continuar padeciendo otras violencias, reclutamiento para oficios criminales o estar disponibles a merced de mafiosos que sacan ganancia de la humillación.

El gobierno se aferra a la obsesión del populismo punitivo americano y equivocadamente cree que mediante la judicialización y el castigo sin retorno a la vida social podrá recuperar la convivencia y el respeto a la vida y dignidad humana, sobre todo para el grueso de población excluida, marginada, a la que en las políticas públicas desconoce y niega. La impunidad superior al 95% y el ánimo vengativo de la pena perpetua, le quita el sentido como herramienta disuasiva de la criminalidad. El gobierno al politizar la pena olvida que las causas de la tragedia son muy hondas y exigen más estudio y comprensión de la realidad del país, para evitar la mala copia de fórmulas ajenas que no fijan valores si no temores, a la vez que confunden y distorsionan la capacidad de la justicia real, imparcial, que se requiere en el contexto nacional de desigualdad, violencia, saqueo y miserias que se repiten.

El debate por la cadena perpetua propuesto por el gobierno, no es social, ni informado. Es una trampa jurídico-política, que sigue la lógica de manipulación de la conciencia indignada del mismo sector de población victimizada. Que es la misma que cree en la paz pactada que el gobierno le esconde y que ha venido enterrando a un líder social y a un niño asesinados cada día. La reacción espontánea ante sucesos repudiables que tocan el fondo de sus corazones, no puede ser aprovechada por el poder, para hacer llamados a estar de acuerdo con reglas nuevas que ocultan tanto las causas como a los responsables de la ideología que acecha y ataca a los débiles y de paso desaparece al estado de su condición de responsable de la tragedia colectiva de deshumanización y barbarie.

El gobierno y el partido en el poder no pueden pretender poner en la agenda pública el llamado a usar el derecho penal como artefacto de venganza, ni aprovecharse del dolor para convocar al repudio, al odio o al linchamiento a delincuentes. Su papel es crear democracia para cerrarle espacios al crimen. La cadena perpetua en el siglo XXI, es una obsesión de los Estados Unidos, que a 2009 mantenía a más de 140.000 personas en esta situación, incluidos 2500 menores de 18 años (proyecto sentencia ONG) justificados en la naturaleza excesivamente punitiva de su sistema de justicia, que los hace pensar que con cada sentencia mandan un mensaje disuasivo, que sin embargo nunca les ha dado resultados como lo muestra su promedio cercano a una masacre diaria en su país, en el que también la pena de muerte es la mancha reluciente de su condición de estado legalmente asesino. Seguir la obsesión ajena lleva a creer que el gobierno y el partido en el poder no buscan que el Estado sea respetado, si no temido y eso no es justicia si no venganza, inocencia violentada por lo siniestro.

El gobierno sabe que su obligación es proteger y Unicef le recuerda que “los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad”. A 2017 eran 869.000 niños explotados laboralmente (U del Rosario, elespectador.com) y las condiciones no han cambiado, habitan la calle, carecen de oportunidades de escuela y vida digna, y que con una educación abierta, inclusiva y de calidad, podrían modificar el curso de su camino a ser víctimas del horror y evitar que se repita la tragedia. Los niños y niñas que viven la niñez en contextos de pobreza y sin derechos, tienen mayor riesgo de ser humillados porque “igualmente existe una fuerte asociación entre pobreza y desnutrición, mortalidad, abandono escolar, soledad, trabajo infantil, exposición a situaciones de riesgo y otras circunstancias que constituyen obstáculos para el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas en sus primeros años” (Mustarf, 2002), modificar esas condiciones es la tarea del gobierno, nunca amenazar con ayudar a pudrir más lo que está podrido.

P.D. Los hornos crematorios eran para desaparecer los muertos y evitar que a los militares les reclamaran por sus crímenes, dijo alias el Iguano, ex jefe paramilitar en audiencia de agosto de 2019. Así mismo indicó que en el Catatumbo habría entre 50 y 100 fosas comunes de asesinados por ellos.