“La corrupción es más grande que el pecado… es la gangrena de un pueblo”

Papa Francisco

El odio es más poderoso que el rencor y el rechazo a los corruptos más eficaz que la seducción que pudieran ejercer en tiempos electoreros los integrantes de la nueva élite política empresarial”

Luis Alberto Quevedo/Flacso

Era de esperar que después del golpe de Estado a Zelaya Rosales (junio 2009), se profundizaran las políticas neoliberales iniciadas en 1990, con el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas, que espera sentencia en EEUU por soborno y corrupción. Un ajuste tipo shock, en tanto la crisis política generada era una oportunidad para avanzar más rápido en términos de objetivos económicos como bajo déficit fiscal, inflación y aumento de los impuestos, pero, ante todo, con la liberalización comercial y financiera, y la privatización de los recursos naturales, salud, educación y empresas y servicios públicos.

Esta vigencia institucional de las políticas neoliberales, contaba con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que Zelaya Rosales hizo caso omiso de ellas, sobre todo en los que respecta a la devaluación del tipo de cambio, aumento de impuestos y la venta de empresas públicas; introduciendo, según el lenguaje del FMI, distorsiones en el sistema económico que afectaban el cumplimiento de los objetivos de estabilidad económica y libre comercio, como ejemplo los encajes diferenciados y subsidios indiscriminados a un número mucho mayor de consumidores de energía eléctrica.

Estas políticas también recibieron el beneplácito de un fuerte sector de la empresa privada, como los maquiladores, que serían favorecidos con mayor flexibilidad en la tasa de cambio, exoneraciones fiscales y costos prudenciales por pago de servicios públicos.

A Manuel Zelaya se acusó de violar las reglas del juego, aquellas normas y preceptos jurídico-institucionales que, en la tradición liberal clásica, acompañan el buen funcionamiento de un gobierno democrático. Por el lado de la economía, puso en vigencia una nueva fórmula de importación de carburantes que bajó el precio del galón de gasolina pagado por el consumidor final, aunque las Transnacionales del petróleo decían que era una clara violación de las reglas establecidas. Igual, autorizó un ajuste del salario mínimo arriba del 60%, según el costo de la canasta básica de alimentos, siendo denunciado por los maquiladores de violentar el pacto con los trabajadores (as) y centrales obreras, de ajustar los salarios en función de la inflación anual, no de dicho costo que es mucho mayor.

A ello se suma la prohibición de la minería de cielo abierto con uso indiscriminado de cianuro, lo que fue mal visto por las empresas mineras, ya que era violatorio de la legislación establecida, aunque la misma tenía vicios de inconstitucional. La legalización de tierras privadas en poder de los campesinos (decreto 18-2008) que buscaba cumplir con la mora agraria del Estado con los campesinos, generó además denuncias por los terratenientes agrupados en la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), ya que era confiscatorio de la propiedad privada y el gobierno pretendía pagarles una indemnización con bonos de la deuda agraria.

De acuerdo al argumento de los neoliberales “bastardos”, estas acciones tomadas por el gobierno del Poder Ciudadano violentaban reglas establecidas entre los actores privados y el Estado, por lo que su gobierno era, desde el punto de vista institucional, arbitrario. Había que profundizar las políticas propuestas en el modelo de desarrollo neoliberal (cuyas bases ya existían), y, sobre todo, conformar un gobierno que restituyera la legalidad y convivencia violentada por Zelaya y su Socialismo del Siglo XXI.

El problema es que, contrario a lo enunciado por los teóricos neoliberales (Friedman y Hayek), donde la separación de poderes es una condición necesaria para la vigencia y buena marcha de la economía de mercado y garantías individuales, el propio golpe de Estado era ya una ruptura del orden constitucional establecido, por tanto, constituía una violación de las reglas del juego democrático garantes de las libertades económicos y políticas. En el imaginario de los golpistas hondureños, estaba viva la experiencia del General Pinochet que ejecutó una política económica supuestamente exitosa bajo los postulados teóricos neoliberales, después de un golpe de Estado a otro presidente electo democráticamente, Salvador Allende.

Las elecciones de finales de 2009, fueron ganadas por el Partido Nacional, con “Pepe” Lobo a la cabeza, siendo electo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), actual presidente de la República. El Partido Nacional tenía en el Congreso una mayoría absoluta, por lo que fue fácil acelerar la aprobación de leyes a favor del capital. Destacan, entre estas: La Ley de empleo por hora, que flexibiliza el mercado laboral, desvaloriza el trabajo y afecta la capacidad de reproducción material de la fuerza de trabajo; las Alianzas Público-Privadas (APP), que pone en subasta los recursos del Estado como puertos, carreteras, edificios, para que sean administrados por empresas privadas, sin que se garantice un cumplimiento en cuanto a la asignación de recursos frescos por esta. Ello ha sido evidente con el concesionamiento de carreteras y cobro de peaje, ya que los recursos programados a desembolsar por la empresa no se hicieron efectivos en tiempo y forma, incumpliéndose el contrato por la falta de construcción de tramos pendientes en la carretera CA-5.

Igual sucede con la asignación de más recursos por el Estado por mal diseño de los contratos y/o cláusulas no visibles. Un caso especial, es la construcción del aeropuerto Palmerola, donde el Congreso de la República aprobó la asignación de mayores recursos, unos 46.2 millones de dólares ( más de 1,131 millones de lempiras), para que la concesionaria termine parte de las obras, con lo cual el Estado se convierte en el accionista mayoritario, lo que contradice la filosofía de las APP, donde los recursos nuevos deben ser aportados por la empresa privada beneficiaria con la prestación de los servicios aeroportuarios.

A ello se suman, las Zonas Económicas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), una especie de “protectorado” dentro de cada región del país, las concesiones mineras, uso de recursos naturales (agua) para proyectos de energía, áreas protegidas y culturales para ejecutar proyectos turísticos corporativos. En todos, la constante ha sido el desplazamiento de la población indígena y represión policial, donde más 100 dirigentes han perdido la vida, incluyendo a Bertha Cáceres. Es una política de despojo impuesta a la fuerza, sin importar los impactos negativos en las comunidades y población, cuyas únicas opciones son la lucha diaria y/o migración.

Un problema visible que tiene y tendrá repercusiones a futuro, es la persistente violación de las normas jurídico-institucionales, contrario a los postulados neoliberales de respetar las instituciones y basamento legal. Además de las violaciones sistemáticas a la Constitución de la República, donde destaca la reelección presidencial, son visibles las violaciones de los derechos humanos con la represión a la protesta pública de las organizaciones gremiales, estudiantiles y de participación social/política. Pero también, la captura de las competencias y funciones de las instituciones de gobierno por el presidente Hernández, que ha centralizado el poder de decisión y asignación de recursos. La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya no se consideran instituciones autónomas, en tanto quién decide es JOH; en esta última los militares penetraron los predios universitarios y dispararon “bala viva” contra la población estudiantil, atendiendo instrucciones de JOH, que no está dispuesto a tolerar más tomas por los manifestantes/estudiantes.

Este poder autoritario también abarca al Congreso de la República, Fiscalía, FFAA y Corte Suprema de Justicia. Ha sido un proceso ascendente, orientado a lograr la relección presidencial, ya que empezó con destituir magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia, se sustituyó al Fiscal General que no terminó su periodo para el cual fue electo, y se apoyó el nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia que, para muchos analistas, está atada al presidente JOH. Incluso se abrió el espacio para la creación de una nueva Policía, denominada Policía Militar del Orden Público (PMOP) que recibe órdenes directas de JOH, sumado al control de las cúpulas militares.

En el tema electorero, las reglas del juego fueron violadas varias veces. En las elecciones generales de 2017, donde se dio el triunfo a JOH, el sistema de registro y conteo de votos, supuestamente uno de más modernos y confiables de Latinoamérica, se cayó varias veces; los apagones estuvieron a la orden del día, la compra y trasiego de votos y la intimidación a los magistrados de los otros partidos fue evidente. Incluso, se legitimó el fraude con la participación de la encargada de negocios de la Embajada Americana, Heidi Fulton, que en otros países es prohibido, ya que la diplomática también contó y certificó votos válidos a favor de JOH, los llamados votos Fulton según Mel Zelaya.

Pero lo más vergonzante, es la institucionalización de una especie de jauría humana, preparada para la caza, pero no de un “conejo, sino de los fondos públicos. No se sabe como se organizó, pero una explicación es que varios de los funcionarios públicos y diputados se conocían desde hace tiempo, en las aulas universitarias como alumnos de la carrera de derecho de la UNAH, miembros del Frente Unido Universitario (FUUD); otros vienen del pasado inmediato, al ser diputados y miembros del gobierno del presidente Callejas, duramente cuestionado por actos de corrupción. Otros simplemente son empresarios deseosos de hacer negocios con el Estado y con inversionistas extranjeros y narcotraficantes, vendiendo influencias en el ejecutivo, legislativo y Corte Suprema de Justicia.

Este concepto y práctica de captura del Estado hondureño es distinto al concepto tradicional, donde empresas privadas pagan coimas o sobornan a funcionarios públicos y diputados para que aprueben leyes y políticas que les benefician, incluso para que asignen contratos de ejecución de proyectos (Hellman y Kaufmann, 2001). Con esta nueva modalidad, se trata de enriquecerse en forma ilícita al ser miembro del partido que alcanzó el poder, y ostentar un cargo público o político como diputado, alcalde o magistrado. La iniciativa viene del nuevo aspirante a rico, no de las empresas que buscan beneficiarse de decisiones publicas y pagar por ello, que también es evidente. Rápidamente los nuevos ricos empiezas a disfrutas de sus esfuerzos, al invertir en empresas, compras casas y vehículos de lujo, mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero y viajar; entre los beneficios más visibles; incluso a asociarse con narcotraficantes para aumentar más rápido sus ganancias.

Los actos de corrupción en estos diez (10) años de gobiernos nacionalistas han sido ampliamente destacados por la prensa nacional, internacional, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Lo que más destacada es la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se estima un impacto de más de 7 mil millones de lempiras. En esta se involucraron funcionarios públicos, diputados y empresarios, varios de ellos todavía no guardan prisión. Se agrega el caso “Pandora”, que involucra de nuevo funcionarios públicos, diputados y empresarios, donde se desviaron 282 millones de lempiras de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) a partidos políticos y cuentas de diputados y funcionarios públicos. Otro caso es la “Caja Chica” de la primera Dama, por un monto de 16 millones de lempiras, donde se ha visto involucrada la esposa del expresidente Pepe Lobo, funcionarios públicos y empresarios. Operaba como una red para malversar fondos públicos y lavar activos. También destaca el uso de ONGs para desviar y blanquear fondos públicos del presupuesto y proyectos de inversión, que involucra a la familia presidencia actual (según Pepe Lobo), diputados, empresarios, organizaciones de sociedad civil, iglesias evangélicas y medios de comunicación.

Los miembros de esta jauría no respetan las leyes y más bien las modifican para su beneficio, caso de las reformas al Código Penal (reducir las penas por corrupción y narcotráfico) y las llamadas federrata, donde se denunció que varios diputados pretendían cambiar (¿o cambiaron?) los dictámenes y votaciones del legislativo modificando la redacción de las actas, para que aparecieran distintas al publicarse en el diario oficial la Gaceta. Otras denuncias, refieren al pago de activistas políticos para que en los municipios se aprobara la construcción de represas, explotando los recursos naturales de las comunidades sin su consentimiento. Las compras amañadas del Estado, pago de “coimas” por obras asignadas y la entrega de los bienes y servicios públicos a empresarios y políticos es otra práctica corrupta tradicional; no digamos el control de las consultorías con los OFIs, las que deben ser asignadas a los activistas políticos o militantes del partido en el poder, aunque varias agencias de cooperación elevaran su protesta.

La experiencia latinoamericana ha demostrado que los miembros de estas jaurías para el asalto y robo de fondos públicos, no tienen partido político ni ideología, por lo que deben establecerse medidas preventivas para su control, aunque en el marco de las políticas neoliberales, son una necesidad para avanzar -supuestamente- por la senda de la democracia y desarrollo, insertando el país en la economía global. El FMI, los OFIs e incluso agencias de cooperación bilateral agrupadas en el G-16, siguen apoyando al gobierno de JOH en el logro de los objetivos de estabilización económica, la reforma o privatización de sectores estratégicos (salud y educación) y promoción de las exportaciones y comercio libre, pero dicen muy poco sobre la corrupción y el asalto a los recursos del Estado. Pareciera que mientras el gobierno no se salga del libreto establecido con Fondo y cumpla su papel de gendarme de la política de EEUU en la región, sus funcionarios, diputados y empresarios pueden seguir robando.

El nuevo inquilino de casa de gobierno, además de una auditoria forense internacional detallada de la gestión pública (2009-2019), debe hacer una caracterización y tipología de los miembros de la (s) jaurías más visibles, buscando devolverle al pueblo lo mal habido y sentando un precedente para disminuir su incidencia en el futuro. Los dirigentes de los partidos de oposición (Libre, Liberal, PINU-SD y PAC) han manifestado que el principal problema que enfrenta el país es la corrupción. Incluso dirigentes de la Plataforma para la Defensa de la Educación y Salud, caso de Suyapa Figueroa y Edwin Rodríguez, también comparten dicha opinión, por lo que debe ser un eje central en sus planes a todos los niveles de gobierno.

Desde las organizaciones populares, también existe una mayor conciencia sobre los efectos e impactos negativos del golpe de Estado en la economía y sociedad hondureña, demandando la salida inmediata del usurpador del poder y jauría. Hay que reconstruir Honduras desde abajo, creando las condiciones necesarias para que un gobierno como el actual no vuelva jamás, por el bien de las generaciones futuras. Una plataforma o movimiento único popular debe emerger para avanzar en la consecución de ese objetivo en el corto plazo, construyendo una propuesta de desarrollo alternativo al neoliberalismo.

Uno de los errores cometidos por LIBRE fue la desactivación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que aglutinaba la mayor parte de las organizaciones sociales, gremiales y populares. En la coyuntura actual, donde se necesita integrar las agendas de los actores en oposición a JOH, conviene analizar la posibilitad de reactivar el FNRP, como una plataforma más amplia con objetivos y metas gremiales, sociales y políticos, ya que, según los dirigentes de la Plataforma para la Defensa de la Educación y Salud, su lucha es gremial no política, aunque el ejercicio de construir un nuevo sistema de salud y educación desde la bases y comunidades, más equitativo e incluyente, necesariamente los lleve a integrar cada vez más organizaciones sociales y populares..

Tegucigalpa, DC, 28 de junio de 201