El próximo 28 de junio se cumplirán 10 años del Golpe de Estado al presidente electo, Manuel Zelaya Rosales. Fue un golpe blando, ya que los militares no se instalaron en el gobierno y poder, tal como había ocurrido en el pasado, sino que la Embajada “Gringa” y empresarios aceptaron que el representante de otro poder del Estado, en este caso del poder legislativo, ejerciera la presidencia con carácter temporal (resto del periodo de gobierno de Zelaya).

Este golpe de estado y su larga vigencia, ya que ha venido mutando con la violación sistemática de las reglas democráticas con el robo de dos elecciones generales: Una a Xiomara Castro de Zelaya en 2013, y otra a Salvador Nasralla en 2013, ha generado un clima de creciente ingobernabilidad que se traduce en menos democracia y más autoritarismo, corrupción, impunidad, represión y muerte; acompañado de violaciones evidentes de derechos humanos fundamentales (salud, educación, alimentación) denunciado por las organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta situación de crisis total e ingobernabilidad no es sostenible, ya que genera una sensación de rechazo a la gestión y gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y su equipo, complementado con demandas y protestas exigiendo cumplimiento de derechos ( salud y educación por ejemplo) y la renuncia del dictador, que curiosamente recibe el apoyo de la Embajada “Gringa”, los militares y cierto grupo de empresarios que se han enriquecido haciendo negocios con el Estado, aunque su discurso sea la ineficiencia y achicamiento de esté ; pero también de los organismos, agencias y países cooperantes aglutinados en el G-16, una especie de club de cooperantes creado después del paso de la tormenta tropical y huracán Mitch en el país ( 1998), pero que no le interesan los antecedentes ni las características del gobierno autoritario y corrupto, sino los negocios.

Uno de los legados del golpe de Estado y la usurpación del poder por JOH, es la represión del movimiento social y estudiantil. Se ha perdido la cuenta de los campesinos e indígenas que han sido asesinados y que guardan prisión por defender sus territorios, bienes y recursos naturales, pero también de los jóvenes asesinados por las protestas públicas.

El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) ha sido brutalmente reprimido, ya que viene exigiendo desde hace años la integración del gobierno universitario, la defensa de la autonomía universitaria y reivindicaciones de las luchas sociales y gremiales por los derechos a la salud, educación y protección social. Defiende el acceso universal a una educación universitaria pública de calidad, pluralista y con órganos participativos e integrados con académicos, autoridades públicas y estudiantes; decanos y jefes de departamento y carreras electos con base a méritos y formación humana, no impuestos por JOH, tal como ha sucedido en la actualidad. Incluso defienden una educación sustentada en el conocimiento, la innovación y desarrollo de la tecnología, para poder insertarse de mejor manera en los mercados y sociedades globales.

EL MEU ha sido el principal soporte de la lucha política del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en la ciudad capital, Movimiento de “Indignados” y de la Plataforma de Defensa de la Educación y Salud. Ha aguantado gases tóxicos, que los ha vuelto inmunes, si se valora la capacidad de respuesta frente al lanzamiento de bombas lacrimógenas por las fuerzas de seguridad pública. Igual, han sido golpeados, encarcelados y violentados sus derechos de debido proceso al ser acusados de terroristas. Esta resistencia espontánea se ha venido realizado con poco apoyo externo, donde muchas de los pañuelos que usan para protegerse de gases y cubrirse los rostros, se construyen con ropas viejas y usadas.

Recién, las fuerzas de seguridad pública, siguiendo el mandato de su jefe, el presidente Hernández, penetraron los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y dispararon bala viva a los estudiantes, hiriendo a cinco (5) de ellos. Estas acciones se realizaron sin tener una orden de la Fiscalía o Corte Suprema de Justicia, donde se explicara que se estaba persiguiendo a un delincuente por actos terroristas cometidos. Al parecer, la violación de la autonomía y predios universitarios, se hizo sin el visto bueno del Rector Universitario, lo cual muchos académicos y analistas políticos ponen en duda, ya que es manifiesto la sumisión de las autoridades universitarias a las decisiones arbitrarias que toma JOH.

El repudio y la indignación a estas acciones de las fuerzas de seguridad publica ha sido total, y solo la prensa tarifada dice lo contrario, justificando que un miembro de las fuerzas de seguridad tambien fue herido de un “chimbazo”; igual, a nivel internacional debe denunciarse este hecho, ya que los disparos fueron hechos cuando existía un gran número de estudiantes y empleados que no participaban de las protestas. Se tiraron gases en edificios de la UNAH, cuando varios maestros de la facultad de ciencias jurídicas y sociales se encontraban impartiendo clases. Estas denuncias deben trasladarse al plano internacional, no solo a través de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), las organizaciones de derechos humanos internas, sino de las propias universidades, caso particular de las asociaciones y consejos de educación superior a nivel latinoamericano.

La UNAH ha venido vendiendo una falsa certificación que, supuestamente, le ha permitido avanzar en el escalón de las mejores universidades de la región, aunque en la práctica está muy lejos. Para el caso, tiene un número muy limitado de doctores formados en el exterior brindando clases, y es muy pobre el trabajo de investigación científica de revistas especializadas, ya que una de las que existían, la Revista Centro Americana de Economía y Planificación, fue clausurada.

Todavía no se ha integrado el gobierno universitario, donde los estudiantes tengan una cuota de poder, ya que no se ha convocado en tiempo real a elecciones. Pareciera que la estrategia es no hacer elecciones o seguir alargando o dilatando las fechas de las elecciones, más allá del calendario aprobado para el tercer periodo académico. Esta dilatoria es uno de los factores causales para que el MEU se manifieste, y curiosamente, para permitir la violación de la autonomía universitaria por las fuerzas policiacas e infiltrados.

Tegucigalpa, DC, 25 de junio de 2019