La historia sustancial revelada por la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), explicando las razones que dieron lugar a las capturas del candidato a presidente de Guatemala por el partido Unión del Cambio Nacional UCN, Mario Estrada Orellana junto a Juan Pablo González, tercer secretario general adjunto de esa organización política, ocurridas en Miami, Florida el 17 de abril del presente año, indica que ambos están acusados por presunta conspiración con el cártel mexicano de Sinaloa, para introducir cocaína a los Estados Unidos a cambio de recibir 12 millones de dólares destinados a apoyar la campaña electoral de los sindicados y por posesión ilegal de armas de fuego defensivas. Los capturados también negociaban la contratación de sicarios internacionales para eliminar al menos a dos de sus adversarios políticos. Esta semana la presidenciable Thelma Aldana, postulada por el Movimiento Semilla, reveló que en marzo de este año la DEA la alertó sobre los planes de Estrada. Es seguro que con el curso de las investigaciones, saldrá a luz la identidad del segundo presidenciable, quien junto con Aldana estuvieron en riesgo inminente de muerte.

Según afirma la DEA, Estrada Orellana había ofrecido que al ganar la presidencia nombraría a funcionarios afines al cartel de Sinaloa en los Ministerios de Defensa, Gobernación, aduanas terrestres, puertos y aeropuertos para asegurar que el tráfico de drogas se hiciera con todas las seguridades y garantías en su paso por Guatemala. El colmo de la historia es que, el ahora ex candidato Estrada Orellana estaba dispuesto a empeñar y entregar el control del país a los poderosos intereses del crimen organizado transnacional.

Al comprender el fondo de tales acusaciones, es fácil concluir en lo que antes eran puras especulaciones, rumores y sospechas que ahora son una terrible realidad confirmando lo que tanto se dijo pero no se podía probar, o sea, si se comprueban los cargos que la DEA les imputa a Estrada y González, quedará demostrado lo que muchos han sostenido, esto es, que dentro de la clase política hay partidos y actores políticos que mantienen vínculos con redes narco criminales de carácter transnacional y que en anteriores ocasiones, han recibido dinero sucio para sus perversos propósitos e intereses, es decir, financiamiento electoral ilícito. No dudo que muchos partidos y sus políticos están embarrados por los nexos con este tipo de criminales.

Si a lo anterior sumamos la reciente captura de Julio Rosales Morales, candidato a diputado por el partido Visión con Valores VIVA, reclamado por Estados Unidos y acusado de introducir heroína a ese país, además, la orden de captura contra el presidenciable Roberto Arzú, candidato de la coalición de los partidos de Avanzada Nacional y Podemos PAN-Podemos, emitida el 24 de abril por una jueza de Miami, Florida, por una deuda que supera los 47 millones de Quetzales, así como, otros casos en los que varios políticos están condenados o procesados por nexos con narcos y traficantes de drogas, se comprueba que redes del crimen organizado tienen cooptados a muchos partidos políticos que utilizan para mantener y prolongar su impunidad y no perder el control de las cuotas de poder que han logrado copar.

Así de turbias están las aguas en el actual proceso electoral, cuando faltan escasos cincuenta y dos días para que se realice la primera vuelta de votaciones, pues seguro habrá un balotaje entre los dos primeros contendientes. Algunos candidatos ya anticipan que podría haber fraude y también quienes perciben la posibilidad de actos que interrumpan el proceso electoral, por ello, la ciudadanía no muestra entusiasmo por la votación.