En un claro mensaje al gobierno de Mauricio Macri, las autoridades supremas de la Justicia electoral establecieron que ninguna innovación tecnológica o con pretexto tecnológico podrá alterar la legalidad del sistema de escrutinio vigente y permitir fraude o sospechas de fraude, que surgían de la insistencia oficial de contratar los servicios de la empresa Smartmatic, para un proceso cibernético con oscuros antecedentes.

En su dictamen, la Cámara parece elogiar el entusiasmo del Poder Ejecutivo por la modernización del sistema electoral, pero luego repite que los procedimietos deben seguir iguales que hasta ahora. En los considerandos señaló que el punto clave es “el recuento provisional de resultados”, y ello “en virtud de la incuestionable trascendencia que tiene en la formación de la opinión pública sobre la legitimidad de las elecciones”.

La autoridad electoral buscó asegurar la vigencia del actual sistema de recuento provisional para preservar el eventual chequeo de votos válidos si hubiera después algún conflicto en el conteo final. En cuanto al párrafo sobre la legitimidad, la interpretación fue que la preocupación de los jueces es que ni haya fraude ni que parezca remotamente que lo hubo.

La acordada constata que el Ministerio del Interior ya informó que quiere incorporar “innovaciones tecnológicas que permitirán la digitalización y transmisión de los telegramas desde los propios establecimientos de votación”.

63% de la población desaprueba la gestión macrista

Los graves problemas de gestión del presidente Mauricio Macri y la crisis económico-financiera y sobre todo social que engendró en poco más de tres años de gobierno, lo mantienen abajo en las encuestas de percepción ciudadana: el 63% de la población desaprueba la actuación del gobierno, mientras que el 33% aprueba algo (26%) o todo (7%).

Pese a todo eso Macri ya asumió que será candidato a su reelección y para los analistas argentinos, agotará todas las herramientas para coronar sus aspiraciones (manipulación de la información, fake-news y, por qué no, el fraude electoral. Por ahora, Macri es el único en colocarse en ese lugar, aunque desde la dirigencia de Cambiemos surge la candidatura de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mientras sus socios de la Unión Cívica Radical desean imponer un candidato propio a la vicepresidente.

Esta situación de deterioro grave de la imagen presidencial propició la decisión de muchas autoridades provinciales de “escalonar” las elecciones provinciales y desligarlas de la nacional. Algunos aliados de la coalición neoliberal Cambiemos (que llevó al poder a Macri) entendieron que el deterioro del mandatario podría contagiar de forma negativa sus aspiraciones de gobierno provincial o local. El gobierno ha contrarrestado esta posición castigándolos con obviar la transferencia de recursos a las provincias.

Desde la oposición peronista tratan de posicionar otros candidatos, como el exministro de Economía, Roberto Lavagna –antikirchnerista, pero con el aval de EEUU-, el diputado Agustín Rossi, o el exgobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, quien se acercó al kirchnerismo en los últimos meses. Y, obviamente, la expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner con la mejor intención de voto, a quien el gobierno quiere impedir su participación con artimañas judicial (lawfare).

El macrismo optó por la comunión entre servicios de inteligencia y justicia que atentan contra el sistema democrático utilizando extorsiones, coacciones, carpetazos, causas y abogados falsos para exigirle dinero a ciudadanos para armar y dirigir causas judiciales, con el apoyo de organismos estatales estadounidenses y quizá también israelíes. Y ese entramado, similar al usado en Brasil en la Operación Lava Jato, lo ha movilizado para demonizar la figura de la expresidenta, y evitar que compita en las elecciones.

El fraude, una herramienta al estilo Macri

 El fraude ya está organizado, alertó Ariel Garbarz, especialista en Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN): “Ya controlan el software, lo que indica que la transmisión electrónica la van a manipular. Éste es un “recurso” que ofrece el software contratado a la trasnacional Smartmatic, y para eso suspendieron el telegrama electoral, que es la única garantía de transparencia en la trasmisión de los datos, desde las escuelas (donde se emiten los votos) al Correo”.

En declaraciones al portal AgendaSur, Garbanz indicó que es el “Software Election-360” desarrollado por la empresa Smartmatic y que se utilizará para “registrar, controlar y contar” los votos en las propias elecciones, dice claramente en su ficha técnica que cuando se escanea el acta de cierre, y antes de llegar al Correo, pasa por un punto intermedio que está a disposición del contratante, que es el gobierno que lo compró.

Y ahí la misma cartilla técnica de la empresa especifica que se puede modificar una imagen electrónica por otra, argumentando cualquier anomalía, se reemplaza y se retransmite al correo. Este proceso de triangulación del acta de cierre, que no va directamente al correo, es lo que permite hacer fraude: por eso el gobierno lo compró”, dice Garbanz, un reconocido experto.

En su página web, Smartmatic afirma que Election-360 recopila los datos del campo tan pronto como ocurren los eventos y (los) transforma en información valiosa y manejable. “Les mostré a los políticos en la cara cómo se hace fraude, cómo se cambiaba el voto del candidato rojo al verde (o viceversa), acercando a la máquina o a la boleta un celular que tuviera instalado este software. Se cambia el estado electrónico del chip con un campo electromagnético que sale del celular, similar al que usa Bluetooth”, indicó.

En enero, el Gobierno habilitó la compra de este software por decreto, lo que viola el artículo 103 del Código Nacional Electoral, y elimina los tradicionales telegramas firmados por las autoridades de mesa que se enviaban al Correo.

Los medios hegemónicos insisten en que Smartmatic es una empresa venezolana y que gracias a ella los gobiernos chavistas han logrado sumar sucesivas victorias desde 1999. Pero la realidad es que no operan en Venezuela y que el mandamás de la empresa es Lord Mark Malloch-Brown, presidente Grupo Empresarial SGO, con el que asoció Smartmatic en noviembre del 2014.

Desde ese entonces, Antonio Mugica, fundador de Smarmatic, ocupa la posición de CEO del grupo. Al nuevo grupo se asociaron además Sir Nigel Knowles, en aquel momento director global de DLA, la firma de abogados más grandes del mundo, y David Giampaolo, un renombrado empresario y director ejecutivo de Pi Capital [2].

Según la página web de Smartmatic, el lord inglés fue “el segundo a bordo en las Naciones Unidas. También prestó sus servicios en el Gabinete Británico y en la Oficina de Relaciones Exteriores. Actualmente forma parte de la Cámara de Lores y se mantiene activo tanto en el mundo de los negocios como en el de las organizaciones sin fines de lucro”

Añade que “entre otras de sus posiciones”, ha sido “vicepresidente de los fondos de inversión de George Soros, así como de su instituto Sociedad Abierta, vicepresidente del Banco Mundial y el principal socio internacional en Sawyer Miller, una firma de consultoría política”. O sea, son sólidos sus vínculos con el especulador, promotor de revoluciones de colores y controlador de la izquierda, George Soros. Así lo confirma Wikipedia.

Según el escritor y analista ruso Daniel Estulin, el gobierno de la Revolución de las Rosas de Georgia “fue financiado por Soros y por su colega Lord Mark Malloch Brown, que participó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. Soros tumbaba los gobiernos de Europa del Este y luego entraba la consultora de comunicaciones Sawyer-Miller Group – con sede en EEUU y de la que Malloch Brown es principal socio internacional y copropietario-, para asesorar en “la privatización y otras cuestiones de reformas económicas “a sus nuevos líderes.

El mandamás de Smarmatic, preside los consejos de varias juntas “sin fines de lucro” entre ellas el International Crisis Group, que cuenta en su junta directiva a personajes como Soros; Zbigniew Brzezinski exasesor presidencial y exdirector de la Comisión Trilateral y Joanne Leedom-Acckerman, ex miembro de la junta directiva del Albert Einstein Institution, vinculado a Gene Sharp y a los “golpes suaves”.

En su ejecutoria en América Latina, en el campo de las relaciones públicas y la asesoría de políticos, Mark Malloch asesoró las campañas presidenciales del prófugo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1989, del escritor nacido en Perú Mario Vargas Llosa en 1990, y también fue contratado en Chile y en Colombia.

Malloch es el autor de “La Revolución Global inacabada”, un libro en que entre otras cosas se plantea que el proceso de globalización ha creado su propia reacción contraria, y ahora estamos condenados a que “en un extremo está la globalización y su promesa de gran integración de todo, desde el comercio a las ideas, mientras que en el otro está el nacionalismo”. Es el argumento que usa la derecha internacional, la apología a la globalización neoliberal y contraposición y estigmatización del nacionalismo.

 Breve historia de Smartmatic

En 2008, Smartmatic ingresó al mercado electoral de Filipinas y, a pesar de múltiples advertencias y denuncias sobre los problemas de seguridad de sus sistemas, participó de varios procesos electorales. En junio de 2017, tres ejecutivos de la empresa y varios integrantes de la Comisión Electoral de Filipinas fueron acusados por “acceso ilegal, interferencia en los datos e interferencia en los sistemas” (fraude electoral) en las elecciones presidenciales de 2016.

Más adelante, tras establecerse en Panamá y en Barbados -otros dos paraísos fiscales-, en octubre de 2012 proveyó equipamiento de voto electrónico en la región belga de Flandes con un contrato de 40 millones de euros, pero por las fallas técnicas del sistema fue multada en más de 6 millones. Desde el mismo año Smartmatic provee equipamiento de comunicaciones para la transmisión de resultados electorales en Brasil, y en 2014 se asoció con la empresa Cybernetica que desarrolla el cuestionado sistema electrónico a través de Internet, en Estonia.

A las dudas que genera el sistema de voto electrónico de Smartmatic respecto de la violación del secreto y la posible adulteración de resultados, se suman los riesgos del sistema de identificación biométrica por huellas digitales de la misma empresa. La registración de cada votante es informada en tiempo real a un centro de cómputos, de manera que el gobierno podría disponer de dicha información para optimizar el manejo de su sistema clientelar, incluso decidiendo en qué establecimientos prolongar la votación si fuese necesario.

Smartmatic desembarcó en la Argentina en enero de 2015, presentándose a la licitación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para proveer el sistema de voto electrónico denominado “boleta única electrónica”. La primera participación concreta de la empresa en el país ocurrió en julio de 2015, cuando realizó el escrutinio provisorio de las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba. El candidato oficialista Juan Schiaretti (PJ) se impuso a Oscar Aguad (UCR) -quien había cuestionado la contratación de Smartmatic– por poco más de seis puntos porcentuales.

Para las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno argentino decidió adjudicar el operativo electoral y el escrutinio provisorio a Correo Argentino, ahora dirigida por el ex gerente de Socma (empresa de la familia Macri) Jorge Irigoin. Pero Smartmatic de todas formas logró participar de ese proceso electoral. Por una iniciativa de los ministros de Justicia Germán Garavano y de Seguridad Patricia Bullrich, se decidió la realización de una “prueba piloto” de identificación biométrica en 1.052 mesas de localidades fronterizas de seis provincias.

Para ello, a través del Consejo de la Magistratura se realizó una licitación que fue adjudicada a Smartmatic, que proveyó 1.250 dispositivos con su software de identificación mediante huellas dactilares, similares a los que había utilizado en 2016 en las elecciones de Uganda. Luego, la Cámara Nacional Electoral, a través de una acordada extraordinaria, decidió la implementación de este sistema.

La seguridad de los dispositivos, sobre todo en lo que respecta al resguardo de los datos biométricos de más de 240.000 ciudadanos, fue seriamente cuestionada en las reuniones informativas realizadas en la Cámara Nacional Electoral los primeros días de agosto de 2017.

Rubén Armendáriz

Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/04/02/la-justicia-electoral-argentina-impide-eventual-fraude-electoral-de-la-mano-de-smartmatic/