Desde hace casi dos semanas, el suroccidente colombiano está en jaque por el paro indígena, en protesta por los históricos incumplimientos de varios gobiernos para con estas comunidades. El paro es un coctel explosivo: choques entre manifestantes y la represión que ya dejaron ocho indígenas muertos y decenas de heridos.

Si bien es una historia que se repite cada cierto tiempo, resurgió con fuerza: se inició con reuniones, concentraciones, pero evolucionó y pasó a bloqueos en la carretera Panamericana, la arteria que comunica a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño con el resto del país,

Una grave denuncia realizaron en la noche del jueves "los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del suroccidente colombiano", horas después de un estallido de un artefacto explosivo en un resguardo indígena del municipio de Dagua (Valle del Cauca), que dejó a ocho personas muertas y cuatro heridas de gravedad, lo cual tildaron de "masacre".

La semana pasada, la comisión de Derechos Humanos denunció que mientras campesinos e indígenas se encontraban en una reunión acerca de la misión médica y humanitaria en El Cairo y El Túnel de Cajibío, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) quemó los campamentos y robó implementos de los manifestantes.

En el momento de la agresión no se habían llevado a cabo bloqueos ni hostigamientos por parte de los campesinos e indígenas, sin embargo el ESMAD lanzó gases lacrimógenos para luego destruir los campamentos por completo. Así mismo, los uniformados se llevaron en carpas, celulares, documentos, comida y motocicletas de los manifestantes.

A este hecho se suman intimidaciones, hostigamientos, estigmatización y falsas noticias que ponen en riesgo la integridad de las distintas delegaciones de los procesos sociales que participan en la Minga.

Desde el 10 de marzo, le piden al mandatario que presida unas conversaciones con las que esperan se construya la hoja de ruta para ejecutar los compromisos pendientes con esa región. En el Cauca siguen esperando al mandatario, mientras la tensión crece y hay pocas luces de que el diálogo comience. El presidente asegura que no cederá a la presión que se agudiza con la extensión de los bloqueos y que ya empieza a generar preocupación en los gremios empresariales y comerciales.

Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, para resolver los compromisos adquiridos con estas comunidades es necesaria una inversión de 3,6 billones de pesos (más de un millón de dólares) que serían ejecutados en este cuatrienio. La respuesta del gobierno es que esta población ya quedó incluida en un capítulo particular del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene presupuestado 10 billones de pesos para los próximos cuatro años. Para las comunidades, el gobierno, a pesar de ser reciente, no demuestra voluntad para resolver la situación de la población.

Los indígenas reclaman su inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la protección a los líderes sociales, el respeto a la soberanía, el uso de la tierra, la garantización de las consultas previas y la defensa de la paz, acuerdos adquiridos por gobiernos anteriores y que siguen sin cumplirse en el gobierno del ultraderechista Iván Duque.

Las comunidades siguen esperando que Duque cumpla su promesa, dos días después de asumir el cargo en agosto, de iniciar conversaciones para trazar una ruta en su gobierno que permitiera subsanar las necesidades prioritarias de los pueblos étnicos y campesinos.

“El Gobierno tiene radicados en el Congreso unos proyectos que son totalmente agresivos con las poblaciones indígenas”, explicó Giovanni Yule, portavoz del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Para las comunidades, el presidente debe revisar el proyecto que busca reformar la Ley 160, que le quitaría la función ecológica y ambiental al uso de la tierra en el país. Las comunidades consideran que el gobierno corre el riesgo de instrumentalizar la tierra y convertirla en mercancía para las multinacionales.

Dentro de las exigencias que le han expresado al Gobierno, esperan que se garantice la comunicación alternativa y que el presidente no permita la privatización de las comunicaciones en general, que no haya una reforma al derecho de la tutela ni que se le pongan límites a la protesta social.

“No estamos de acuerdo con el ‘fracking‘. Este mecanismo generará grandes afectaciones a nuestro territorio, así que le vamos a plantear este debate al Gobierno nacional”, agregó Giovanny Yule. Los líderes de estas comunidades se levantaron de una mesa de Comisión Mixta porque consideraron que el gobierno le estaba dando la espalda a las peticiones.

Según el Cric, en la Comisión Mixta se avanzó y lograron plantear que en el marco de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo se dejaran dentro del presupuesto de la nación recursos para los programas afines a los pueblos indígenas. Sin embargo, cuando el Gobierno radicó el proyecto en el Congreso, sacó el capítulo étnico y simplemente lo dejó como uno de los anexos. Es decir, que no aparecen dentro de la estructura.

Duque apenas respondió: “Yo no voy a entrar a hacer juicios hacia atrás, pero sí tengo que mencionar que muchas veces se han hecho acuerdos imposibles, acuerdos multimillonarios que el Estado firma sin tener la capacidad de cumplir y eso no está bien”, dijo sobre los 3,6 billones de pesos que asegura el Cric son necesarios para lograr el cumplimiento de los acuerdos anteriores.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “son sectores de oposición al gobierno. Lo que esperan con la reunión que le están planteando al presidente es que el mandatario hable de temas como “el fracking, el control a grupos paramilitares, las objeciones a la JEP y la mortandad de peces en Hidroituango”.

“Todas las peticiones que hacemos por naturaleza son políticas, nosotros no podemos sustraernos del ejercicio político de nuestros planteamientos reivindicativos. Lo que s estamos solicitando es en el marco de nuestros planes de vida. ¿Que han venido otros sectores a respaldar la minga? Sí. Han venido congresistas indígenas, de la bancada opositora, se han pronunciado congresistas liberales. Bienvenidas todas las fuerzas que apoyan esta causa”, explicó Yule.

A las peticiones de los líderes indígenas se sumaron 1.200 organizaciones sociales y de derechos humanos que a través de una carta le hicieron llegar al presidente Duque su respaldo a la protesta. A los firmantes del documento les preocupa, sobre todo la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Rechazamos el tratamiento militar que su Gobierno le está dando a la protesta campesina, negra e indígena, con un alto saldo de personas heridas, golpeadas y retenidas, además del asalto brutal al campamento de uno de los cinco puntos de concentración, en el que el Esmad quemó la totalidad de las carpas, con sus víveres, colchones y prendas de vestir, pertenecientes a las 150 familias ubicadas allí, en el corregimiento de El Cairo, en el municipio de Cajibío”, dijeron.

De acuerdo con Diana Sánchez de la Asociación Minga, siempre le han pedido al Gobierno que no envíe como primera respuesta a la fuerza pública “porque siempre terminan negociando, pero después de que hay heridos e incluso muertos".

"Como se agotó el tema de las reuniones con los ministros, la Minga está exigiendo que venga directamente el Presidente y diga cómo es que va a ser el presupuesto. Esperamos firmar unos actos administrativos que nos permitan garantizar la inversión en estos cuatro años a los territorios indígenas", explicó Giovanni Yule.

El comandante de la Policía del Cauca, coronel Fabio Rojas, aseguró que la protesta estaba infiltrada por disidencias de las Farc y que prueba de ello es la influencia de grupos delictivos en el lugar de la Minga. Sin embargo, el oficial reconoció que las autoridades no tienen evidencia de que haya infiltración y dijo que entre campesinos e indígenas tienen frentes organizados que han aprendido a organizar los explosivos, excusa utilizada usualmente para deslegitimar las manifestaciones y justificar la represión.

Lo cierto es que los bloqueos sobre la vía Panamericana mantienen sin acceso terrestre a la principal arteria vial que conecta al centro con el suroeste del país, cortando el abastecimiento de al menos cuatro departamentos. Por el corredor se transportan en promedio 64 toneladas diarias entre alimentos y se abastece de combustible para el servicio público de transporte urbano. También está paralizado el transporte de materias primas que entran y salen hacia y desde Ecuador.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/03/24/paro-indigena-en-el-cauca-una-bomba-social-que-duque-no-atiend